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viernes, mayo 17, 2024
Anticorrupción: Detenidos abogado de Dina Boluarte y su hermano/ Caso Oscorima/ Caso...

Anticorrupción: Detenidos abogado de Dina Boluarte y su hermano/ Caso Oscorima/ Caso Rolex

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Justicia/ Anticorrupción/ Investigación

Por: Luis Alberto Pintado Córdova y Alfonso Barba Caballero ABC

La revista Si crees, Innovas fiel a su trayectoria, el cual es  informar y denunciar todo tipo de investigaciones contra la corrupción que publicará como parte de un reporte.

Lacorrupción políticase refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados,​ para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.
Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.

Por ello continuamos esta ácida y mordaz columna de informes de diferentes medios de comunicación con datos actualizados sobre denuncias de los ciudadanos en materia de corrupción, como una forma de hacer pedagogía y decencia política.

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La policía y los fiscales escoltan a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte. Foto: AFP

La policía y los fiscales escoltan a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte. Foto: AFP

Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte: los chats, reuniones y testimonios contra el detenido abogado de Dina Boluarte

Castañeda es sindicado de pedir a policías del Equipo Especial archivar la investigación del hermano de la presidenta. Habría hecho el ilegal requerimiento a nombre de la mandataria, a cambio de mantenerlos en sus cargos. Nicanor Boluarte es señalado de haber ejercido un “poder de facto” para sus propios intereses.

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz
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Entre febrero y marzo de este año, se habría orquestado un plan desde el entorno de la presidenta Dina Boluarte para lograr el archivo de la investigación que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop) tiene en contra su hermano, Nicanor Boluarte.

Uno de los principales actores de este plan, habría sido Mateo Castañeda Segovia, abogado de la mandataria, quien fue detenido este viernes implicado por haber realizado presuntos ofrecimientos ilícitos a dos importantes integrantes del desactivado Equipo Especial de la Policía que apoya las labores del Eficcop, buscando el archivo de la investigació al hermano presidencial, según la resolución judicial a la que accedió El Comercio.

Junto a Castañeda, también fue detenido el mismo Nicanor Boluarte, a quien se le señala de haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político “Ciudadanos por el Perú”.

En el operativo “Valkiria-Jericó”, que contó con el despliegue de 28 fiscales de Eficcop y 169 agentes de la Diviac en Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Abancay, además fueron detenidos Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez.

Jorge Luis Ortíz Marreros y Jorge Chingay Salazar, para quienes también se dictó la medida de detención preliminar, no habían sido ubicados hasta el cierre de este informe.

El operativo se realizó un día después de que el Ejecutivo desactivó al Equipo Especial de la PNP que apoyaba las labores de Eficcop. Fuentes de este Diario indicaron que esto habría sido una represalia para evitar que se concrete la diligencia.

Todos los detenidos integrarían la presunta organización criminal denominada “Los Waykis en la sombra”, que hasta el momento comprende a 22 personas.

Según la resolución judicial de detención, emitida por el juez de Richard Concepción Carhuancho, el plazo de la medida será de 10 días y los afectados quedarán incomunicados durante este tiempo.

Mateo Castañeda, el abogado presidencial señalado como el «protector legal» de presunta red criminal

La situación de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, es complicada. Y es que, según la fiscalía, sería el “protector legal” dentro de la red criminal al ser sindicado como “operador y brazo legal” de la misma.

Dentro de ese rol, habría buscado archivar la investigación que el Eficcop abrió en noviembre del 2023 contra Nicanor Boluarte, presunto líder la organización criminal, implicado en la solicitud de dádivas económicas a cambio de ejercer una influencia ilícita en la designación de prefectos y sub prefectos y obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción de su partido político.

Es por ello que, en febrero y marzo del 2024, Castañeda Segovia contactó al entonces coordinador del Equipo Especial de la PNP que apoyaba al Eficcop, Harvey Colchado; y al integrante de dicho equipo, el coronel PNP, Walter Lozano Pajuelo, realizando ofrecimientos ilícitos a cambio de lograr su fines.

Según documentación, chats y recibos, el 9 de febrero del 2024, el abogado de la presidenta contactó al agente encubierto “Carlos” a quien le habría hecho un primer requerimiento para que se archive la investigación del hermano presidencial.

Mateo Grimaldo Castañeda Segovia informó al agente encubierto Carlos’ que se encontraba en representación de la presidente de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y manifestó como pedido expreso de la presidenta el archivamiento de la carpeta fiscal n°11-2023 a cargo del Eficcop, en la cual se investigaba a su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.”

Fiscalía-PNP

A cambio de ello, según la fiscalía, el abogado habría indicado al agente que la mandataria usaría su condición de jefa suprema de la Fuerzas Armadas y Policía para la protección del coronel PNP Walter Lozano Pajuelo en cualquier situación que pueda requerir en su institución.

Además, le habría mencionado que el ascenso al grado de general se da mediante resolución suprema firmada por el presidente de la República.

Pero esto no quedó allí, el abogado buscó llegar al jefe del desactivado EE de la PNP, Harvey Colchado. Por ello, según la tesis fiscal, Castañeda Segovia se contactó con el agente encubierto “René” el 12 de marzo del 2024, a través del aplicativo WhatsApp, para reunirse en un conocido restaurante.

La cita entre “René” y Castañeda se concretó dos días después, el 14 de marzo.

En esta reunión, según el agente especial, el abogado presidencial buscaba que el coronel Colchado interceda ante la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que se archive la investigación o la derive a la fiscalía anticorrupción, para que allí pueda ejercer sus influencias.

Castañeda le habría requerido tanto a Lozano Pajuelo como a Colchado Huamaní, que le brinden información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta Dina Boluarte y cualquier dato que se obtuviera sobre esta en los procesos especiales de colaboración eficaz.

Por ello, les ofreció que respaldarían a los efectivos policiales, no los sacaría de la DIVIAC, ni de la coordinación del Equipo Especial PNP y tampoco los pasaría al retiro.

Esto ha sido reforzado por la declaración de aspirante a Colaborador Eficaz 02-2024, quien señaló que dicho abogado habría contactado a un efectivo policial que labora en la DIVIAC y en el Equipo Especial para pedirle que interceda ante la fiscal Marita Barreto Rivera a fin que apruebe el escrito presentado por Nicanor Boluarte para que su caso sea derivado a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, porque el investigado podría influir en dicho despacho fiscal para manejar la investigación.

Por ello, la fiscalía señala que el abogado presidencial podría obstaculizar la actividad probatoria de la investigación y habría peligro de fuga.

Sin embargo, ante la negativa de los agentes, Castañeda Segovia y otras personas de las más altas esferas por encima de la PNP y las FFAA, habrían coordinado para “defenestrar” al Equipo Especial de la PNP de apoyo al Eficcop.

En ese camino, “habrían desplegado acciones contra el Equipo Policial que se encuentra a cargo de la investigación en cuestión, como la suspensión del cargo del coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamani entre otras acciones”.

Precisamente, el jueves por la noche, el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, emitió un resolución desactivando al Equipo Especial de la PNP de apoyo al Eficcop.

Esto se dio a los pocos días de que la fiscalía solicitó el requerimiento de detención contra Nicanor Boluarte. Ese mismo día que el coronel PNP Franco Moreno Panta, fue convocado a Palacio de Gobierno.

Nicanor Boluarte, a quien la presidenta le habría atribuido un “poder de facto”, lideraría una red criminal

De otro lado, las investigaciones del Eficcop le atribuyen a Nicanor Boluarte, ser el líder de la presunta organización criminal “Los Waykis en la sombra” que habría actuado luego de que su hermana, Dina Boluarte, asumiera la presidencia de la República.

Al investigado se le atribuyen la participación ilícita en cuatro hechos, uno de los cuales es la designación ilegal de subprefectos en la región San Martín para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú y su financiamiento.

También, influencias ilícitas para la designación de subprefectos en Cajamarca para financiar la presunta red criminal y lograr la recolección de firmas para la inscripción del mencionado partido político.

También se le atribuye presuntas influencias ilícitas, a través de Víctor Hugo Torres Merino, para la designación de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado y estar implicado en los presuntos actos corruptivos del abogado Mateo Castañeda Segovia para neutralizar las investigaciones en su contra, en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.

Según la fiscalía, el hermano presidencial, “investido del poder de facto otorgado por su hermana Dina Ercilla Boluarte Zegarra actual presidenta de la República”, junto a su círculo de confianza, emprendieron un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior, mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en San Martín.

Para ello, se habría buscado manejar la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho ministerio a fin de lograr las designaciones ilegales de subprefectos.

En contraprestación por los nombramientos, habría solicitado dádivas económicas y dispuesto que los beneficiados estén bajo la sujeción de líderes políticos que respondían directamente a Nicanor Boluarte.

Para sostener esto, la fiscalía presentó la declaración del aspirante a colaborador eficaz N°CE-02-2024-EFICCOP, del 11 y 23 de abril del 2024, quien ha detallado las circunstancias en las cuales diversas personas le entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación o promesa, la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca.

(…) Luego de esa reunión, el señor Gilmer Flores Fernández, subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel Becerra Villalobos y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de subprefecto a cambio de un monto de S/3,500 soles para subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin Gómez Julca va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (…)”

Aspirante a Colaborador Eficaz N°CE-02-2024-EFICCOP

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Boluarte, además, habría instrumentalizando el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, para la recolección de firmas con la finalidad de lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por el hermano presidencial. Ello, con el propósito de tener una continuidad en el poder.

Para ello, señala la fiscalía, el investigado Boluarte Zegarra habría coordinado directa e indirectamente con los encargados de las regiones Cajamarca y San Martín, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, a fin de que con apoyo de los demás integrantes y operadores de la organización criminal capten a los prefectos y subprefectos a designarse para luego ser sometidos a los intereses de la red.

Las designaciones eran gestionadas y materializadas por el “hombre clave”, José Luis Ortiz Marreros, director general de Gobierno Interior del Mininter, añade.

Sobre la vinculación de Nicanor Boluarte en presuntos actos irregulares en Provías, la fiscalía presentó la declaración del testigo protegido Nro. 08-2024, quien el pasado 19 de abril, señaló al Eficcop que Víctor Hugo Torres Merino -amigo de los hermanos Boluarte Zegarra- habría obtenido también un “poder de facto” otorgado por la mandataria.

Debido a esa vinculación, la mandataria le habría pedido a Torres, que busque a una persona de confianza para ser designado como director ejecutivo de Provías Descentralizado.

Torres contactó a Juan José Enciso Torres, a quien habría llevado hasta la oficina del hermano presidencial -en la avenida Javier Prado- para que sea entrevistado por este.

Allí, Nicanor Boluarte le habría preguntado cuál era su puesto dentro de Provías, conversaron sobre la situación de las carreteras y hospitales de Chalhuanca (Apurímac) y le dijo que su hermana necesitaba hacer una buena gestión. Sin embargo, la designación no se logró concretar.

Además, señala la fiscalía, cuando se puso al descubierto todo el programa de actividades ilícitas y se iniciaron las investigaciones penales, como las más sofisticadas organizaciones criminales, habrían desplegado su aparato legal para poder captar a miembros del Equipo Especial de la PNP que apoya al Eficcop y procurar neutralizar la persecución penal a su líder Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la investigación que se viene desarrollando en su contra.

Estos hechos delictivos se han perpetrado de forma organizada con roles definidos uno tras otros, o en algunos otros casos desarrollándose en paralelo”.

Eficcop

Según fiscalía
Habrían penas de entre 31 y 12 años de cárcel

Según la fiscalía delitos imputados a los ocho investigados se encontrarían incursos en los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, los cuales han previsto un marco de pena conminada, así tenemos que el delito de organización criminal presenta un marco de pena conminada de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad, y el delito de tráfico de influencias de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.

En el caso concreto de Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (15 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por cuatro eventos (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 31 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos.

En el caso del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

Habrían penas de entre 31 y 12 años de cárcel

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Las joyitas del mal

Wilfredo Oscorima: dos empresas vinculadas al cuestionado gobernador registran S/69,3 millones de origen desconocido

Wilfredo Oscorima: dos empresas vinculadas al cuestionado gobernador registran S/69,3 millones de origen desconocido

Entre el 2016 y el 2020, dos compañías ligadas al gobernador de Ayacucho, dedicadas a los juegos de azar y actividades inmobiliarias, tuvieron ingresos que no se han justificado, según reporte de la PNP del 2023. El informe también advierte sobre la transferencia de bienes para que no sean detectados.

Miguel Gutiérrez R.
Miguel Gutiérrez R.

Unidad de Investigación

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La investigación que la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho sigue al gobernador Wilfredo Oscorima Núñez por el delito de lavado de activos también abarca a empresas vinculadas a él y su entorno familiar.

Como parte de esta indagación, iniciada por la fiscal Yvone Aguilar en noviembre del 2020, un equipo de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú preparó el informe 024-2023-Dirila-PNP/Divila-PTDI-D2, que incluye información de seis peritajes y reportes contables sobre los ingresos y egresos de Oscorima, de dos hijos suyos y de las compañías Wari Inversiones S.A.C., Vision Games Corporation S.A.C. e Inmobiliaria Los Castaños S.A.C.

El informe, al que El Comercio accedió, resalta en particular las operaciones millonarias realizadas por las dos primeras firmas.

Wari Inversiones, en la que Oscorima fue gerente general, se creó en el 2006 para realizar actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, según información registrada en la Sunat. Mientras que Vision Games Corporation, constituida en el 2006 por la madre de uno de sus hijos, está ligada principalmente al rubro de la explotación de máquinas tragamonedas y juegos de azar, el principal negocio de Oscorima y sus familiares.

El documento elaborado por la PNP indica, basándose en un peritaje, que Wari Inversiones tuvo movimientos bancarios por S/242′767.338 entre el 2016 y el 2020. Sin embargo, identificó que en el mismo período esa compañía registró una cuenta de ventas del estado de ganancias y pérdidas de S/164′172.565.

El mencionado estado es una herramienta que evalúa el desempeño económico de una firma a través de la correlación entre ingresos y gastos en un período específico.

El peritaje establece que, de la comparación entre ambas cifras, Wari Inversiones tiene una diferencia de S/63′676.690, dinero que “no se ha logrado identificar el origen, justificación o procedencia con documentos que acrediten otros ingresos, conforme se refleja en los estados bancarios” (S/63′676.690 es la cifra consignada en el reporte policial; sin embargo, la resta entre S/242′767.338 y S/164′172.565 da S/78′594.773).

En el caso de Vision Games Corporation, entre el 2016 y el 2020 tuvo movimientos bancarios por S/140′652.770 y una cuenta de ventas del estado de ganancias y pérdidas de S/134′986.438. La diferencia, según el peritaje policial sobre la empresa, es de S/5′666.332, monto cuyo origen tampoco se ha podido justificar.

La suma del dinero no identificado de ambas compañías es de S/69,3 millones (aumentaría a S/84′261.105 si se toman en cuenta los S/78′594.773 mencionados antes).

Según el abogado tributarista Fernando Zegarra, “cuando se dice [que] no se conoce la procedencia es porque no hay un documento que sustente si eso fue un préstamo ingresado a la empresa, un ingreso de ganancia extraordinaria o una inyección de aumento de capital”.

Para el experto, es necesario que la administración tributaria (Sunat) exija al investigado aclarar la procedencia del dinero. “Cuando hay movimientos que no son normales, tienen que activarse los sensores de alerta porque evidentemente se está propiciando un tema de posibles ilícitos”, afirmó.

Una de los domicilios que Wari Inversiones registra está en la Av. Los Próceres de la Independencia 1661 (San Juan de Lurigancho).
Una de los domicilios que Wari Inversiones registra está en la Av. Los Próceres de la Independencia 1661 (San Juan de Lurigancho).

ALESSANDRO CURRARINO

El domicilio registrado por Vision Games Corporation está en la avenida Guardia Civil 1321, dpto. 904 (Surquillo). La firma fue constituida por la madre de un hijo de Oscorima.
El domicilio registrado por Vision Games Corporation está en la avenida Guardia Civil 1321, dpto. 904 (Surquillo). La firma fue constituida por la madre de un hijo de Oscorima. / ALESSANDRO CURRARINO
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A los ingresos millonarios de las empresas ligadas a Oscorima se suma lo revelado la semana pasada por El Comercio. Un peritaje contable de la División de Lavado de Activos de la PNP, incluido en el informe 024-2023, concluyó que, entre el 2016 y el 2020, Oscorima recibió en sus cuentas abonos no identificados por S/4′942.476 por depósitos en efectivo, cheques y transferencias de terceros, los cuales “no contaban con documentación contable” que determinara su procedencia.

En este caso, Zegarra señaló que es necesaria una pesquisa más profunda. “Si hay una persona que no puede acreditar S/4 millones, lo primero es levantar información del valor de sus bienes y empresas a nivel nacional y regional. Se debe hacer una investigación más prolija, pero [se] requiere un equipo [fiscal] más robusto y las partes regionales no lo son necesariamente, por eso es muy fácil tumbarse una investigación [fiscal]”.

Sobre la indagación a Oscorima, la fiscal Aguilar consideró que los peritajes de la policía han sido insuficientes.

«Ese es nuestro talón de Aquiles porque, si somos una fiscalía [de crimen organizado], estamos investigando lavado de activos y también trata de personas, que son delitos muy susceptibles; sin embargo, es importante contar con peritos [propios] para hacer una investigación completa. Siempre hacemos el requerimiento, siempre pedimos, pero no hay presupuesto».

Yvone Aguilar, fiscal contra la criminalidad organizada de Ayacucho

Los inmuebles y la familia

El documento policial refiere que, basado en información de los Registros Públicos, Oscorima ha tenido 17 inmuebles a su nombre desde el 2000 hasta el año pasado (fuera de otros bienes como vehículos). La inversión por esas propiedades fue de US$3′267.999.

No obstante, el informe alerta que los “bienes en la actualidad están siendo transferidos mediante ‘anticipo de legítima’ a nombre de sus hijos Pamela Oscorima Bedoya, Mariano y Judith Oscorima Prieto; esto con la única finalidad de poner a buen recaudo sus bienes (ocultar) y [que] no sean detectados por las autoridades y así evitar su posterior embargo y/o incautación”.

Elecciones regionales

Declaración de ingresos del 2021

Para las elecciones regionales del 2022, en las que logró su tercera elección como gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones que en el 2021 sus ingresos fueron de S/1’057.502, como se consigna en su hoja de vida.

Oscorima, quien cumple su tercer período como gobernador, también constituyó “diversas empresas de fachada” (por lo menos doce) con sus hermanos Yuri, Sócrates, Sabina, Julián y Norma Oscorima Núñez. Las firmas, entre ellas Wari Inversiones, “vienen siendo utilizadas para insertar el dinero producto de su accionar delictivo”.

En otra parte del reporte se indica que Oscorima y su entorno familiar están vinculados “a la explotación ilegal de salas de tragamonedas, empresas inmobiliarias (bienes raíces) y locales nocturnos (prostitución), siendo su centro de operaciones la ciudad de Lima; cuyas ganancias ilícitas estaría empleando para constituir por lo menos 10 compañías de diversos rubros que aparentan dar legitimidad a dichas actividades ilícitas, así como la adquisición de quince inmuebles y varios vehículos modernos de alta gama”.

La narcopolítica

En el 2015, el caso de Oscorima se discutió en la comisión del Congreso que investigó la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, movimientos regionales y locales. En su informe final, el grupo incluyó al gobernador, a quien entonces se había denunciado por segunda vez por lavado de activos procedente de actos de corrupción.

En la comisión, la entonces procuradora antidrogas Sonia Medina declaró en enero del 2015: “El caso del señor Oscorima estaba ciertamente avisado por el tema de tráfico [ilícito de drogas], pero no se llegó a nada. Dos días antes de la elección municipal del 5 de octubre [del 2014] le archivaron su caso”.

“Hay demasiado tráfico de influencias”, comentó Medina aquella vez.

  • Archivo El Comercio: La oscura fortuna del presidente regional de Ayacucho

El 18 de mayo del 2015, Wilfredo Oscorima declaró en la comisión del Congreso que investigaba la influencia del narcotráfico en las agrupaciones políticas. Ante el grupo, afirmó: “Quiero decir que no soy un narcotraficante”.

En el grupo también señaló que la primera investigación que se le siguió por narcotráfico y lavado de activos fue archivada.

Según el informe de ese grupo, Oscorima describió cómo eran sus ingresos al asumir como gobernador por primera vez (2011). Dijo que entonces tenía un patrimonio de S/1′700.000 y que por la función pública renunció a “muchos negocios”. Manifestó que se quedó con S/180.000 de patrimonio mensual más los S/15.000 que percibía como sueldo. Además, indicó que tenía rentas mensuales por US$80.000.

En junio del 2015, cuando cumplía su segundo período como gobernador, Oscorima fue sentenciado a cinco años de cárcel por corrupción. Estuvo prófugo hasta que fue capturado en el 2016. En el 2017, la Corte Suprema lo absolvió.

Este Diario buscó el descargo de Wilfredo Oscorima a través de su abogado William Molina, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Beto a Saber – ABR 02 – WILFREDO OSCORIMA: UN MILLONARIO INEXPLICABLE | Willax

¿Quién es Wilfredo Oscorima, el «Wayki» de Dina Boluarte? RPP

Dina Boluarte retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según la UIF #VideosEC #UI

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La fiscalía halló documentos vinculados a un reloj Rolex en la casa de Dina Boluarte

Operativo. En el allanamiento al domicilio de la presidenta se encontró un tarjetero de la marca Rolex, que contenía el código del modelo del reloj DateJust, y un estuche de la Casa Banchero, distribuidor de joyas de alta gama, además de una pulsera dorada y un collar. La medida se solicitó por las inasistencias de la mandataria a las diligencias fiscales.

En la vivienda de la presidenta se encontraron documentos vinculados a la marca Rolex y al distribuidor de joyas Casa Banchero.
En la vivienda de la presidenta se encontraron documentos vinculados a la marca Rolex y al distribuidor de joyas Casa Banchero.
Yesenia Vilcapoma
Yesenia Vilcapoma

Unidad de Investigación

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La noche del Viernes Santo, la fiscalía y la policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo. La diligencia, que duró unas cinco horas, fue parte de la investigación preliminar que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

La pesquisa, a cargo del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se inició el 18 de marzo último. Dos semanas después, y ante la inasistencia de Boluarte a dos diligencias programadas, el fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, solicitó al Poder Judicial que autorizara el allanamiento de la casa de la mandataria y el Despacho Presidencial, en Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte. Foto: Presidencia de la República
Dina Boluarte. Foto: Presidencia de la República

Melina Mejia

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El requerimiento fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley el jueves pasado.

A las 10:55 p.m. del viernes, un equipo de 17 representantes del Ministerio Público, entre fiscales y asistentes, y personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, llegaron a la casa de la mandataria.

Ingresaron al inmueble tras golpear la puerta con un ariete. En la vivienda estaba uno de los hijos de Boluarte y tres personas más. La intervención acabó cerca de las 3:20 a.m.

Diligencia de allanamiento en la casa de Dina Boluarte. Imagen: captura de video
Diligencia de allanamiento en la casa de Dina Boluarte. Imagen: captura de video
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Minutos después, el mismo equipo fiscal y policial llegó a Palacio de Gobierno para allanar el Despacho Presidencial.

Según manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien estuvo en la sede del Ejecutivo desde la madrugada del sábado, Boluarte presenció la diligencia. En Palacio, la intervención terminó a las 9:20 a.m. aproximadamente.

Allanamiento en Palacio de Gobierno al Despacho Presidencial por el "caso Rolex". Fotos: Giancarlo Avila. /@photo.gec
Allanamiento en Palacio de Gobierno al Despacho Presidencial por el «caso Rolex». Fotos: Giancarlo Avila. /@photo.gec/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Lo que se encontró

En una oficina ubicada en el segundo piso de la casa de Boluarte, que funciona como biblioteca, la fiscalía halló un tarjetero de la marca Rolex con un cuadernillo y un documento de garantía, que contenía el código 126284RBR. Este, según pudo conocer El Comercio, corresponde al modelo DateJust de Rolex. Esta información quedó consignada en el acta fiscal del allanamiento, que este Diario revisó.

En otro ambiente del tercer piso de la vivienda se encontró un estuche de la Casa Banchero, distribuidor de relojes y otras joyas de alta gama, además de “una pulsera dorada y un collar con dije de cruz”.

Acta de allanamiento
Acta de allanamiento

Este material fue incautado por la fiscalía. En el acta se remarca que no fue hallado ningún reloj de la marca Rolex.

En una entrevista a RPP realizada ayer en la mañana, Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, informó que la fiscalía había encontrado alrededor de 10 relojes en la habitación de la presidenta. “Han constatado los relojes, han tomado fotografías y no ha sido incautado ninguno”, mencionó.

Evitó pronunciarse sobre las marcas de estos objetos.

Sin embargo, al cierre de esta edición, a través de su cuenta en X la Fiscalía de la Nación detalló que durante la diligencia “no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió”. Además, descartó que esta intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

Comunicado del Ministerio Público
Comunicado del Ministerio Público

Evasivas

El 19 de marzo, se emitió una disposición fiscal con la cual se aprobaron dos diligencias claves en la investigación a la jefa del Estado. La primera era la exhibición de los relojes de Boluarte; la otra era la toma de su declaración. Ambas actividades estaban programadas para el 26 y 27 de marzo.

Según la fiscalía, “a pesar de encontrarse debidamente notificada”, la mandataria no asistió ni colaboró con ninguna de las acciones previstas.

Su abogado Mateo Castañeda presentó un documento ante la fiscalía para solicitar la reprogramación de las diligencias. El oficio tenía como fecha el 25 de marzo. Sin embargo, de acuerdo con la resolución judicial, fue recibido por la fiscalía el mismo 26, fecha en la que debía darse la exhibición de los relojes.

El argumento de la defensa fue que Boluarte tendría una “recargada agenda” durante dos semanas consecutivas.

Ese día, la fiscalía consignó en un acta la inasistencia de Boluarte y de su defensa a la actividad programada.

El 27 de marzo, a las 8 a.m., la fiscalía acudió a la casa de la jefa del Estado para recoger su declaración. En este punto, el personal policial encargado del resguardo de la vivienda informó a la fiscalía que Boluarte se encontraba en el inmueble. Sin embargo, luego negaron esa afirmación.

Posteriormente, la capitán PNP Edith Alvarado le indicó a la fiscalía que, “por información del jefe encargado de la División de Seguridad Presidencial, el comandante PNP Morales Alva [quien previamente se había comunicado con la investigada], el personal fiscal podía constituirse a Palacio de Gobierno para notificarle a la investigada”.

Dejaron la notificación en la casa de la presidenta para dirigirse luego a Palacio. El mismo personal fiscal llegó a la sede del Ejecutivo a las 9:10 a.m.

En ese lugar, el consultor de la subsecretaría general del Despacho Presidencial, Gerardo Zárate Alcántara, informó que la mandataria “no estaba disponible y que se podía dejar la cédula de notificación”.

La fiscalía lo hizo; sin embargo, remarcaron que llegaron a Palacio porque previamente en la casa de Boluarte los policías encargados del resguardo informaron que “la investigada se encontraba en Palacio de Gobierno y que en este lugar iba a atender al personal fiscal”, lo cual no ocurrió.

Detalles del pedido fiscal

Para la fiscalía y el Poder Judicial, las diligencias que no fueron atendidas por Boluarte eran de “especial relevancia” por tratarse de acciones que permitirían la corroboración de la existencia de los relojes de alta gama.

Calificaron de “indispensable” aplicar la medida que, además del allanamiento, implicaba el descerraje, registro domiciliario e incautación de bienes vinculados a la investigación. En la resolución judicial se remarca que existía el riesgo de que los bienes relacionados al caso puedan ser “destruidos, extraviados o modificados”.

El juez Checkley también aprobó el registro vehicular solicitado por el Ministerio Público.

Como sustento, la fiscalía presentó la declaración del gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, quien mencionó que para determinar la originalidad de este tipo de relojes era necesario “contar físicamente con ellos”.

Dato

La fiscalía también solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero esto no fue aprobado por el Poder Judicial. Según la resolución, esa medida no estaba relacionada con el recojo de relojes Rolex.

Hipótesis fiscal

Según la resolución judicial, que recoge el sustento de la fiscalía, Dina Boluarte se habría aprovechado de los cargos que ocupó como ministra y ahora como presidenta de la República para incrementar “ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos”.

De acuerdo con el documento, Boluarte sumó a su patrimonio tres relojes de alta gama de la marca Rolex que se encuentran valorizados en US$32.000 en total.

Además, se le imputa haber omitido información respecto de esos bienes en sus declaraciones juradas durante el período 2021-2023.

“Es una medida absolutamente innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación”.

Mateo Castañeda Abogado de Dina Boluarte

En conferencia de prensa, su abogado Mateo Castañeda calificó de desproporcionada la medida que adoptó la fiscalía. Afirmó que Boluarte respondería primero al Ministerio Público antes que a la ciudadanía.

La declaración de Boluarte sería reprogramada para el próximo viernes, informó su abogado Mateo Castañeda.

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14/03

El portal La Encerrona publica una investigación sobre los relojes de Dina Boluarte, entre los que identifica uno de la marca Rolex.

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17/03

En declaraciones a medios de comunicación, especialistas en relojes identifican tres Rolex usados por Boluarte.

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18/03

La Fiscalía de la Nación inicia diligencias preliminares contra la presidenta por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

19/03

Se emite la disposición fiscal con la que se aprueba la diligencia de exhibición de relojes de Boluarte.

5

22/03

Boluarte emite un pronunciamiento, en el que afirma que declarará con “la verdad” ante el Ministerio Público.

6

26/03

La fiscalía recibe un oficio (con fecha del 25 de marzo) de Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, en el que solicita reprogramar la diligencia de exhibición de relojes y su declaración.

La fiscalía registra en un acta la “inasistencia” de Boluarte y de su abogado a la diligencia programada y previamente notificada.

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27/03

8:00 a.m.: La fiscalía acude a la casa de Boluarte en Surquillo, pero personal de resguardo policial informa que podían presentarse en Palacio de Gobierno. Se retiran a las 8:20 a.m.

9:10 a.m.: La fiscalía se presenta en Palacio de Gobierno, pero les indican que Boluarte no estaba disponible.

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29/03

Por la noche, personal fiscal y policial allana la casa de Boluarte en Surquillo.

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30/03

En la madrugada del sábado, la fiscalía y policía allanan las oficinas de Palacio de Gobierno.

En un mensaje a la nación que dio por la tarde, Boluarte informa que, por recomendación de su abogado, solo declarará a la fiscalía sobre el Caso Rolex.

Dina Boluarte retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según la UIF #VideosEC #UI

Humor académico

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Contraloría interviene sedes de gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco: este fue el propósito de la medida

Administraciones de Wilfredo Oscorima y Werner Salcedo en la mira.


Por Fabrizio Salas
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La Contraloría General de la República inspeccionó las sedes de los gobiernos regionales administradas por Wilfredo Oscorima (Ayacucho) y Werner Salcedo (Cusco).

Durante las primeras horas de este viernes, personal del organismo encargado en la supervisión y control se apersonó a las oficinas gubernamentales para verificar el estado de las contrataciones de obras, bienes y servicios, designaciones y el pago de las mismas durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y abril de 2024.

El sustento bajo el que actuó la Contraloría señala que ambos gobiernos regionales han mostrado riesgos en las inversiones públicas que direccionaron, casos revelados por “diversas fuentes de información pública”.

En cuanto a la intervención desarrollada en la institución administrada por Wilfredo Oscorima, el equipo de auditores recabó información referente al uso y distribución del presupuesto obtenido por parte del Ejecutivo en el que se describen ingresos de 66 y 15 millones de soles durante 2023, y 100 millones en 2024.

Asimismo, los integrantes de la Contraloría dirigieron sus ojos a la revisión de las transferencias que superan los S/ 500 millones para obras en el mejoramiento del servicio educativo en cuatro facultades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (S/ 232 millones) y contratación para obras del Hospital Apoyo de Puquio (S/ 294 millones).

Por otro lado, el Gobierno Regional de Cusco fue observado por el caso de licitaciones públicas dirigidas a transitabilidad y educativas por montos superiores a S/ 40 millones, en cuestiones de salud -mejoramiento de servicio y compra de bienes, por más de S/ 10 millones. También se analizó información sobre la compra de equipos de prevención y control de incendios forestales y otras contrataciones por el servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por más de S/ 1 millones.

 

Dina Boluarte retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según la UIF

La presidenta registra cientos de egresos en efectivo y por transferencias en sus cuentas del BCP, indica reporte de la UIF. El monto es casi medio millón de soles más alto que los ingresos que recibió en el mismo período. En total, tenía 16 cuentas en el BCP y otras en el BanBif y en la cuestionada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz.

Composición: El Comercio
Composición: El Comercio
Graciela Villasís Rojas
Graciela Villasís Rojas

Unidad de Investigación

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El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) no solo tiene información sobre los ingresos que Dina Boluarte recibió en sus cuentas del BCP: S/1′097.200 y US$2.200 por depósitos en efectivo “de origen desconocido” y S/274.848 por transferencias bancarias. También detalla los retiros de sus cuentas entre abril del 2016, cuando laboraba en el Reniec, y agosto del 2022, época en la que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo con el reporte, en ese lapso la ahora presidenta registró egresos en sus cuentas del BCP (mancomunadas y personales) a través de 745 retiros en efectivo por un total de S/1′356.849 y US$3.687, “los cuales no tendrían justificación económica que los respalde”. De esas cuentas también hubo retiros por transferencias: entre agosto del 2017 y agosto del 2022 se hicieron 204 por S/445.541 en total.

La suma de los retiros en soles es de S/1′802.390. Esta cifra supera en casi medio millón de soles el dinero que ingresó a sus cuentas.

Hace dos semanas, El Comercio reveló que la ahora mandataria recibió depósitos en efectivo y por transferencias en 11 cuentas bancarias que tenía en el BCP (cuatro mancomunadas y siete personales). El total es mayor a S/1,3 millones.

Dina Boluarte y su Rolex: ¿qué debió consignar la presidenta ...
Fiscalía pidió información sobre 15 relojes usados por Dina Boluarte, entre ellos al menos uno de marca Rolex. Fiscalía pidió información sobre 15 relojes usados por Dina Boluarte, entre ellos al menos uno de marca Rolex.

Inconsistencias

En el reporte de la UIF sobre los retiros en efectivo, el monto más alto se evidencia en la cuenta mancomunada de Boluarte con Néstor Amado Camargo, protesorero y secretario de economía del Club Departamental Apurímac (CDA) cuando la ahora jefa del Estado presidió esta asociación (2017-2021). En total, de esta cuenta se hicieron retiros en efectivo por S/852.240 entre el 2017 y 2022. El documento destaca que los fondos fueron retirados “principalmente” por Boluarte y Amado. En el caso de los retiros por transferencias, la hoy mandataria recibió S/104.190 entre el 2017 y 2022. Ambos montos suman S/956.430.

Según Amado, el dinero de esa cuenta pertenece al CDA. No obstante, en el reporte de la UIF se indica que, entre el 2016 y 2020, el CDA declaró ante la Sunat “ingresos anuales no mayores a S/100.000″.

A esa cuenta le sigue una personal de Boluarte (cuenta 1 del BCP). En esta se hicieron retiros en efectivo por S/407.305 entre el 2016 y 2022. Asimismo, hubo retiros por transferencias por S/189.824 entre el 2020 y 2022.

El monto total de retiros de la cuenta 1, de S/597.129, es más alto que los abonos que recibió entre el 2016 y 2022: S/242.882 en total.

Dina Boluarte retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según la UIF #VideosEC #UI

En la declaración que dio al fiscal Richard Rojas Gómez el 31 de enero del 2022, por la investigación a Vladimir Cerrón por el delito de lavado de activos (conocido como el Caso Perú Libre, en el que ella también es investigada), a Boluarte se le pidió especificar a qué actividades o servicios se había dedicado o qué experiencias laborales tuvo en el sector público. Contestó que entre el 2007 y julio del 2021 solo trabajó en el Reniec. Respecto a sus bienes inmuebles, mencionó que su casa (ubicada en la calle Los Halcones, en Surquillo) fue adquirida a través de un crédito hipotecario en el 2002 que su exesposo canceló. Sobre su camioneta (Honda CV-R), que compró en el 2018, precisó que “la pagó al contado a la empresa Honda, por un monto de US$26.000, dinero producto de mis ingresos y ahorros”.

El informe de la UIF muestra el formulario de Registro de Operaciones de Mayor Cuantía que Boluarte completó por la adquisición (marzo del 2018). En este, en cambio, dijo que el dinero con el que pagó la camioneta provenía “de ahorros y algunos préstamos”.

Boluarte también declaró a la fiscalía que con sus ahorros pagó su campaña a la Alcaldía de Surquillo del 2018. “La campaña mía de la Alcaldía de Surquillo fue con dinero de mis ahorros y dinero de apoyo de mi familia y simpatizantes. Creo que gastamos 20 mil soles”.

En su testimonio de enero del 2022 al fiscal Rojas, Boluarte afirmó que abrió más de cinco cuentas, “en el BCP todas”. Si bien en el informe de la UIF se describen 11 cuentas, El Comercio accedió a otros documentos que muestran que en esa entidad por lo menos tuvo 16 cuentas.

El documento de la UIF precisa que desde una cuenta de Boluarte en el BCP se transfirieron S/105.062 a otra suya en el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif). El Comercio corroboró que la ahora presidenta registra operaciones en esa entidad bancaria. Un reporte, que este Diario revisó, muestra un saldo disponible de S/207.862 en una cuenta abierta en mayo del 2020. Esta vencía en mayo del 2022.

Además, en agosto del 2019 Boluarte abrió una cuenta en la cuestionada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, que la SBS intervino en agosto del 2023. En esta entidad, la ahora mandataria realizó un depósito a plazo fijo por US$14.900 por un período de un año. En noviembre del 2020 hizo un nuevo depósito a plazo fijo por US$21.355 por un período de dos años. Luego realizó un incremento de capital de US$4.975. El depósito a plazo fijo, por US$26.330 en total, venció en noviembre del 2022, mes anterior a su juramentación como presidenta.

Sobre los fondos de las cuentas de Boluarte, el abogado tributarista José Verona consideró que “definitivamente tiene que haber un cruce de información para validar el origen y procedencia del dinero [así] como el destino”.

Sostuvo que “cuando este [monto] disponible no calza con su nivel de ingresos en bancos, hablamos de que hay incremento patrimonial no justificado”.

“Me parece clave que la fiscalía suprema ordene un peritaje de flujo de caja, donde se determine por la salud de la propia presidenta Dina Boluarte y de todos los peruanos el origen del dinero y el destino”.

José Verona. Abogado tributarista

Esto último en referencia a la indagación que la Fiscalía de la Nación sigue a Boluarte por el Caso Rolex, que incluye los fondos que ingresaron a sus cuentas.

DINA BOLUARTE: ¿Quiénes le DEPOSITARON en EFECTIVO en sus cuentas bancarias? | El Comercio - YouTube

Ante un pedido de descargo para este informe, la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno respondió que la presidenta Dina Boluarte “ha cumplido en presentar sus declaraciones juradas”.

“Desde que ha sido ministra, y cuando asumió como presidenta, ha presentado sus declaraciones juradas conforme a ley. Siempre ha sido totalmente transparente. La presidenta no tiene desbalance patrimonial alguno y el propio contralor de la República así lo ha señalado. Él ha descartado un desbalance patrimonial”.

También indicaron que, “habiendo diligencias preliminares de investigación en curso, que incluyen el tema de sus cuentas bancarias, no puede responder a la prensa sin afectar la reserva de la investigación”.

El sábado 30 de marzo, en su pronunciamiento tras el allanamiento a su casa de Surquillo por el Caso Rolex, Boluarte afirmó que el dinero que entró en sus cuentas entre el 2016 y 2022 era del Club Departamental Apurímac (CDA), que ella presidió.

La mandataria se refería a los S/1,1 millones de depósitos en efectivo que ingresaron a 11 cuentas que tenía en el BCP, las cuales aparecen en el informe de la UIF.

Como este Diario informó, no todo ese dinero se depositó en la cuenta mancomunada con Néstor Amado, dirigente del CDA.

Un caso es el monto ligado a la reparación de la iglesia de Chalhuanca (Apurímac), que pasó por una cuenta que la UIF reporta que está a nombre de Boluarte. En octubre del 2019, a ella le depositaron S/16.611. Dos días después, transfirió S/16.823 a la cuenta mancomunada que tenía con Víctor Torres, amigo suyo y de Nicanor Boluarte. La ahora presidenta se quedó con el dinero hasta mediados del 2023.

Los últimos tres gobernadores de Junín enfrentan líos con la justicia.

 

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18 Comentarios

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  1. Dina Boluarte no puede escapar a las sombras de la corrupción. Debe ser investigada , la unidad de investigación de El Comercio es bastante mordaz y las pruebas parecen involucrarla.
    La narcopolítica
    En el 2015, el caso de Oscorima se discutió en la comisión del Congreso que investigó la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, movimientos regionales y locales. En su informe final, el grupo incluyó al gobernador, a quien entonces se había denunciado por segunda vez por lavado de activos procedente de actos de corrupción.
    En la comisión, la entonces procuradora antidrogas Sonia Medina declaró en enero del 2015: “El caso del señor Oscorima estaba ciertamente avisado por el tema de tráfico [ilícito de drogas], pero no se llegó a nada. Dos días antes de la elección municipal del 5 de octubre [del 2014] le archivaron su caso”.
    “Hay demasiado tráfico de influencias”, comentó Medina aquella vez.
    Archivo El Comercio: La oscura fortuna del presidente regional de Ayacucho.
    Todos sabemos que Perú Libre esta involucrado con el VRAE, el narcotrafico y el terrorismo.

  2. La corrupción, hoy en día es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana, afectando directamente la legitimidad de las instituciones públicas y pérdida cuantiosa de millones de soles afectando nuestra economía. Si tienen que ir a la prisión deben estar en el lugar indicado, no jugando como el saso del Lagarto Vizcarra.

  3. Oscorima y Boluarte implicados en el caso Rolex y otras más que se debe investigar a fondo. En una oficina ubicada en el segundo piso de la casa de Boluarte, que funciona como biblioteca, la fiscalía halló un tarjetero de la marca Rolex con un cuadernillo y un documento de garantía, que contenía el código 126284RBR. Este, según pudo conocer El Comercio, corresponde al modelo DateJust de Rolex. Esta información quedó consignada en el acta fiscal del allanamiento, que este Diario revisó.
    En otro ambiente del tercer piso de la vivienda se encontró un estuche de la Casa Banchero, distribuidor de relojes y otras joyas de alta gama, además de “una pulsera dorada y un collar con dije de cruz”.

  4. No seamos ingenuos en creerle a una mentirosa comunista que trabajo codo a codo al incapaz y corrupto Pedro Castillo y Vladimir Cerrón jefe del Partdio Perú Libre, Partido marxista leninista y senderista que solo saben matar por la espalda y esconder la mano para robar y estar involucrados en todo lo que origine ingreos al comunismo oscuro y sin transparencia alguina. Ese es el comunismo que les parece.

  5. Picante denuncia que involucra y afecta la imagen presidencial. Wilfredo Oscorima recibió S/4,9 millones de origen desconocido entre el 2016 y el 2020.
    En este caso, Zegarra señaló que es necesaria una pesquisa más profunda. “Si hay una persona que no puede acreditar S/4 millones, lo primero es levantar información del valor de sus bienes y empresas a nivel nacional y regional. Se debe hacer una investigación más prolija, pero [se] requiere un equipo [fiscal] más robusto y las partes regionales no lo son necesariamente, por eso es muy fácil tumbarse una investigación [fiscal]”.

  6. El documento elaborado por la PNP indica, basándose en un peritaje, que Wari Inversiones tuvo movimientos bancarios por S/242′767.338 entre el 2016 y el 2020. Sin embargo, identificó que en el mismo período esa compañía registró una cuenta de ventas del estado de ganancias y pérdidas de S/164′172.565.
    El mencionado estado es una herramienta que evalúa el desempeño económico de una firma a través de la correlación entre ingresos y gastos en un período específico.

  7. Dina Boluarte ya sabía del allanamiento se puede dedudir, esta comprometida con la caja de Vladimir Cerrón y su mafia como opinión personal. :s una izquierdista que amaña por seguir acariciando el poder. La noche del Viernes Santo, la fiscalía y la policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo. La diligencia, que duró unas cinco horas, fue parte de la investigación preliminar que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

  8. La investigación que la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho sigue al gobernador Wilfredo Oscorima Núñez por el delito de lavado de activos también abarca a empresas vinculadas a él y su entorno familiar. Todo empezo con el caso Rolex que la Boluarte esta implicada y se resiste a abrir sus cuentas bancarias, causando prejuicio a la investigación y obtaculizandfo la transparencia.

  9. Ni vuelta que dar estamos nuevamente ante un red criminal que debe ser investigado, caiga quien caiga. Entre el 2016 y el 2020, dos compañías ligadas al gobernador de Ayacucho, dedicadas a los juegos de azar y actividades inmobiliarias, tuvieron ingresos que no se han justificado, según reporte de la PNP del 2023. El informe también advierte sobre la transferencia de bienes para que no sean detectados.
    El caso Rolex de Boluarte no debe quedar impine. S Huayki y su prastamo son sospechosos y los retiros deben conducir a un caso mayor