Opinión

El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, denominado Nueva Ley de Industrias

Las medidas incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, una recaudación tributaria mermada, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc. Todas sus medidas propuestas requieren un anaílis sobre su impacto fiscal donde la Universidad no puede estar ajena.

Por: Dr. Luis Alberto Pintado Córdova – Mg. Miguel A. Riojas Cieza

Presentan proyecto de ley para potenciar la industria nacional
Presentan proyecto de ley para potenciar la industria nacional | Fuente: Andina

El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, denominado Nueva Ley de Industrias, con el objetivo de iniciar un proceso de industrialización enfocado en ocho sectores. 

Las medidas incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, una recaudación tributaria mermada, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc. Todas sus medidas propuestas requieren un anaílis sobre su impacto fiscal donde la Universidad no puede estar ajena.

El paquete tributario tiene dos pilares: la reinversión de utilidades son un compromiso de gasto, y la depreciación acelerada son el corazón del proyecto.

Al respecto Jessica Luna, analista de Published, afirma que con este proyecto de ley, pareciera que se quiere volver al pasado, ya que se pretende aplicar políticas industriales probadamente fallidas. La evidencia muestra que estas medidas no funcionan, solo benefician a unos “privilegiados” y acentúan la corrupción y el mercantilismo. 

Basta ver el caso de la Amazonía, con beneficios tributarios como reducción del impuesto a la renta y exoneración del IGV (Ley N.° 27037) como mecanismo de atracción de la inversión privada. El resultado: el costo tributario suma S/ 5,450 millones al año, pero predominan la pobreza y precarias condiciones de vida. En Loreto, casi el 40% de su población es pobre y 3 de cada 5 loretanos es pobre multidimensional, es decir, carece de al menos un servicio básico que le asegure una calidad de vida digna. 

Peor aún, algunas de las medidas propuestas en el proyecto, como los beneficios para aquellos que utilicen materias primas nacionales, van en contra de nuestros compromisos internacionales y tratados de libre comercio (TLC). ¿Por qué el Estado fomentaría la adquisición de un bien nacional más costoso para beneficiar a alguien y no elegir el más competitivo y de mejor calidad?. Jessica Luna

La crisis de la COVID-19 y su impacto en la manufactura - La Cámara
La crisis de la COVID-19 y su impacto en la manufactura

Debemoa tener cuidado con las propuestas que crearían incentivos para la corrupción, tanto para congresistas que buscarían aprobar “privilegios” para sus regiones o ciertas industrias, como para las autoridades regionales que decidirían qué actividades favorecer con beneficios tributarios. Como si no hubiésemos tenido suficientes casos de corrupción en los Gobiernos regionales durante los últimos años. No olviemos al gobierno de Castillo que resulto antimenro y sus consecuencias de la crisis económica las vemos hoy.

El ingeniero Jesús Salazar Nishi señaló que el citado proyecto N° 5892, Nueva ley de Industrias, tendría la gran ventaja de crear una «visión de desarrollo sostenido para el país» y lamentó las críticas, sin fundamento, en torno a las exoneraciones tributarias que contempla la iniciativa.

Para Jesús Salazar la nueva ley de industrias es «la primera propuesta seria» que se hace en el parlamento de construir una «visión país de largo plazo».
Esta ley no está hablando para que el PBI crezca al 10 % está hablando que para los próximos 50 años al 2050 haya indicios de que el Perú pudiera estar acercándose al primer mundo, construimos una visión de desarrollo, ese es el gran éxito que tendría la aprobación de este proyecto de ley

El sector empresarial no puede ni debe pedir favores o beneficios especiales al Estado. Tampoco el Estado puede imponer medidas unilaterales sin participación de empresa privada en completa libertad. Así crecieron las países altamente desarrollados. Le corresponde exigir que se asegure un entorno competitivo, seguro y predecible para impulsar la inversión privada y, con ello, el empleo formal. Además, que el Estado cumpla su rol de proveedor de servicios públicos de calidad, como educación, salud, transporte, conectividad, y seguridad. Esta ley debe estar en favor del ciudadano, no de una industria o empresa que puede caer en el monopolio. 

Otorgar beneficios a algunos “elegidos” sin sustento técnico tiene también un alto costo fiscal (dejar de recaudar impuestos) que termina afectando a la población en su conjunto. No se puede permitir que un congresista otorgue privilegios a unos cuantos privilegiados, a costa de la mayoría de los ciudadanos. 

No podemos ver siempre el espejo retrovisor sino mirar hacia adelante con iniciativas consensuadas. Miremos hacia adelante con futuro prospectivista y siempre pongamos a las grandes mayorías en el centro de sus neceisdades sin caer en el paternailismo y en el populismo que origina más pobreza como en el caso de países totalitarios de la región.

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La Nueva Ley de Industrias buscaría favorecer a ciertos sectores específicos en perjuicio de la mayoría de la población

Apoyo Consultoría sostiene que la propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados.

La Nueva Ley de Industrias buscaría favorecer a ciertos sectores específicos en perjuicio de la mayoría de la población

Apoyo Consultoría
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El proyecto de la Nueva Ley de Industrias propone otorgar múltiples incentivos fiscales a sectores específicos de la industria. Esta iniciativa abarca, entre sus principales medidas, la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en ocho sectores para empresas que reinviertan por lo menos 20% de sus utilidades netas, la exoneración del IR e IGV para bienes de capital, insumos y materias primas para empresas ubicadas en zonas altoandinas y amazónicas que serían aprobadas por autoridades regionales, la creación de un fondo de desarrollo industrial con garantías crediticias y subsidios estatales, el trato diferenciado entre productor nacional y extranjero, además de otros beneficios para empresas relacionadas con la electromovilidad, la industria digital y las innovaciones tecnológicas.

Aprobar esta ley sería perjudicial para la economía y el desarrollo industrial en nuestro país por cinco razones principales.

1. En la década de 1970 y 1980, beneficios tributarios similares favorecieron el crecimiento de industrias ineficientes, incapaces de competir en el exterior. Además, un estudio realizado por Apoyo Consultoría revela que leyes parecidas en el pasado, como los beneficios para el sector agrícola o la Amazonía no han tenido un impacto positivo claro sobre los flujos de inversión, las ganancias de productividad o la mejora en la calidad de vida de la población en el sector o zona.

2. La propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. La decisión de qué actividades favorecer recaería sobre congresistas y autoridades regionales. En el pasado, proyectos como este generaron un entorno favorable para la arbitrariedad y la corrupción de funcionarios públicos, e incentivaron a los empresarios a destinar gran parte de su tiempo a obtener beneficios tributarios, en lugar de mejorar la competitividad de sus empresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, la mitad de la población considera que el principal problema del país es la corrupción. Además, el 79% de las personas no confía en su gobierno regional.

3. Otorgar un trato preferencial en las compras públicas a las empresas que utilizan materias primas o insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y perjudicar nuestras exportaciones. Estas medidas van en contra de los tratados de libre comercio y de la Constitución, que establece que la inversión nacional y la extranjera deben estar sujetas a las mismas condiciones. Asimismo, favorecer el uso de insumos locales que pueden ser más costosos o de menor calidad haría menos eficiente el proceso productivo, aumentaría el costo de producción para la sociedad y podría afectar la calidad de los productos finales para los consumidores.

4. Los ingresos fiscales en el Perú ya son bajos, en comparación con la región. Aprobar esta norma reduciría el espacio fiscal para gastar en medidas urgentes, como el cierre de brechas de infraestructura, educación y salud, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención a la emergencia climática.

5. Pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. La creación de un fondo estatal que garantice el crédito de empresas de ciertos sectores y otorgue subsidios está prohibida actualmente por la ley de endeudamiento y podría poner en riesgo la calificación de la deuda soberana y aumentar los costos de financiamiento.

Analizarán labor de mujer peruana en desarrollo de industria y empleo | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina
Debe analizarse la labor de mujer peruana en desarrollo de industria y empleo. Luis Pintado

En contraste, en aras de promover iniciativas que beneficien de manera trasversal a los distintos sectores económicos, es fundamental:

En primer lugar, simplificar los regímenes tributarios mediante la eliminación del Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT). En su lugar, proponemos un solo Régimen General Simplificado para empresas que facturen entre S/ 96 mil y S/ 1 millón, límite más alineado con regímenes especiales en la región. Este nuevo régimen aplicaría la tasa fija del Régimen General (29,5%) sobre la utilidad definida como ingresos menos egresos de caja. Se recomienda una tasa única y no creciente por tramos, como la que se aplica en el IR a personas, debido a que de esta manera se reducen los desincentivos al crecimiento empresarial y se simplifica la contabilidad que realicen las pequeñas empresas. Asimismo, en este nuevo régimen se permitiría llevar una contabilidad simplificada, solo de ingresos y egresos, y depreciar el 100% del gasto de capital, lo que reduce la carga fiscal durante los primeros años de funcionamiento e incentiva la inversión productiva. Se propone que esta propuesta entre en vigencia a partir del 2025.

En segundo lugar, promover un mercado laboral más flexible y predecible a través de medidas que reduzcan los costos de la contratación formal.

a. Impulsar una reforma constitucional que establezca que la reparación ante un despido que no cumpla los requisitos legales es la indemnización monetaria y no la reposición. La reposición aplicaría solo para los casos de despidos nulos (por maternidad, antisindicales y discriminatorios en general). Ello incentivará la contratación a plazo indefinido, la capacitación de personal y, por tanto, una mayor productividad en general.

b. Se debe establecer que cada dos años se evalúe si se realiza un ajuste a la RMV. Además, se debe establecer criterios que determinen cuándo debe proceder la actualización. Por ejemplo, solo se debería aumentar la RMV si la tasa de informalidad no ha aumentado y exclusivamente en aquellas regiones donde la relación entre el salario mínimo y el salario promedio sea menor al 50%. Para definir la magnitud del aumento se debe priorizar indicadores fáciles de medir, como el producto laboral promedio y la inflación, excluyendo componentes volátiles como alimentos y energía.

En tercer lugar, garantizar una infraestructura pública adecuada para las operaciones de las empresas:

a. Crear un Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) para acelerar la pavimentación de vías. Entre el 2015 y 2022 el porcentaje de vías pavimentadas ha aumentado solo de 13% a 17%. Proponemos establecer una norma legal que permita que aquellas funciones que los Gobiernos Regionales son incapaces de ejecutar eficientemente reviertan al Gobierno Nacional. Bajo esta regla, los gobiernos que no alcancen el umbral de ejecución perderían su capacidad de ser unidades ejecutoras.

b. Crear un marco para mejorar la contratación y desarrollo de estudios de ingeniería que permita auditar su proceso de elaboración. En los últimos cinco años, el Gobierno Nacional ha ejecutado solo el 68% del presupuesto asignado para inversiones y actualmente existen más de 1.800 obras paralizadas. Una de las causas de estas demoras es la mala calidad de expedientes técnicos para los proyectos. Como resultado, muchas obras de conectividad con proyectos de inversión privada se retrasan y limitan. Este marco legal se aplicaría a los tres niveles de gobierno, con incentivos para que los gobiernos regionales y locales se adhieran.

Finalmente, potenciar a las fuerzas policiales para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana con recursos para mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología, instaurar salas especializadas en el Poder Judicial para combatir el “crimen organizado”, y mejorar el control de fronteras, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en aprobar medidas transversales que faciliten el crecimiento empresarial y equiparen el entorno competitivo. Esto contribuirá a generar un entorno propicio para el desarrollo industrial y la atracción de inversión privada.

EC

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Nueva ley de industrias se propone en el Parlamento

Se plantea inversión de utilidades aplicada como reducción del IR.

Cómo ha evolucionado la industria del acero en Perú - Aceros Arequipa

2023 Un proyecto de ley que tiene como objeto empezar un proceso de industrialización en diferentes aspectos productivos del país e instituir el sustento de ordenación del sector, así como los criterios de coordinación en la administración pública, se presentó en el Congreso de la República.

La propuesta, que pertenece al parlamentario José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), busca posicionar a la industria como eje central para el desarrollo del país, así como fijar una estrategia de base productiva, sectorial que fomente la producción y el desarrollo de sectores industriales específicos.

Además, el Proyecto de Ley N° 5892/2023-CR tiene como a otro de sus principios rectores promover una descentralización económica de las regiones que distribuya el desarrollo y las oportunidades industriales de forma equitativa en las distintas regiones, evitándose una concentración excesiva en un área específica, entre otros aspectos.

Sobre la iniciativa, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, resaltó que, de aplicarse las medidas que plantea la iniciativa, se reduciría la pobreza en cerca del 20% y el producto bruto interno (PBI) per capita podría superar los 20,000 dólares hacia el 2050.

Enfoque

El enfoque del proyecto de la Nueva Ley de Industrias prioriza los sectores con abundantes materias primas y mercados internacionales en expansión, así como la generación de espacios regionales productivos que dejen atrás el centralismo y la sostenibilidad para una economía circular, anotó.

Oportunidad

“Industrializar el país significa brindar oportunidades de trabajo y de salir adelante a todos los peruanos. Tenemos la fortaleza para enfrentar al centralismo y exigir que haya, desde acá, una industrialización descentralizada, que es lo que quiere el país”, afirmó el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, en la presentación del Proyecto de Ley N° 5892/2023-CR.

Andina

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Iván AlonsoIván Alonso

¿Ley de industrias o de industriales?

“La experiencia demuestra que las leyes de industrias no sirven para desarrollar la industria, pero sí para enriquecer a unos cuantos industriales”.

Industria peruana crece 21.6% en récord histórico | Report Perú

Si algún proyecto de ley puede hacernos retroceder 30 años o más, es el proyecto de una nueva ley de industrias presentado por el congresista José Jerí. El proyecto reparte exoneraciones tributarias como quien reparte volantes de campaña, socavando los ingresos fiscales y distorsionando la asignación de recursos en nombre de un desarrollo industrial que por ese camino no va a llegar. Ningún otro proyecto que recordemos tiene tanta capacidad para destruir valor.

Hay de todo en los 124 artículos que lo componen, comenzando (artículo 3) con una reducción del 70% en el Impuesto a la Renta para empresas que reinviertan sus utilidades en alguno de los ocho sectores “estratégicos” o, mejor dicho, privilegiados. Hay depreciación acelerada (o sea, diferimiento de impuestos) para esos ocho sectores (art. 7); exoneración de Impuesto a la Renta, aranceles e IGV para todo tipo de industrias en zonas altoandinas y amazónicas (art. 16); incentivos para empresas que “articulen” a un número indeterminado de mypes (art. 20), para las proveedoras de insumos a los sectores privilegiados (art. 25) y para las que les compren sus productos (art. 27).

Hay también garantías de crédito para microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas (art. 29); deducciones impositivas por innovación tecnológica para proyectos de sostenibilidad y economía circular (art. 46); exoneración del IGV y reducción del Impuesto a la Renta por reinversión para empresas dedicadas a la electromovilidad (art. 54); deducciones tributarias, financiamiento a tasas preferenciales y subvenciones para la energía renovable (art. 57); incentivos fiscales para empresas de almacenamiento y transmisión eléctrica (art. 63); beneficios por reinversión de utilidades y depreciación acelerada (art. 73), además de deducciones especiales por la contratación de personal de “alto nivel” (art. 74), para las industrias digitales y del conocimiento, definidos de una manera tan amplia que abarca desde la producción de software hasta servicios jurídicos, contabilidad, consultoría empresarial, traducción, selección de personal, publicidad y otros.

El proyecto pone en peligro la estabilidad fiscal. Con tantos regímenes especiales, la política tributaria se vuelve inmanejable. El gasto tributario (o sea, el costo de las exoneraciones y otros beneficios) se va a las nubes. Pero eso no es todo y no es lo peor. La necesidad de controlar la sangría fiscal lleva inevitablemente a establecer condiciones para acceder a los beneficios. De allí a la corrupción institucionalizada hay solo un paso.

El problema fundamental con los incentivos tributarios es que, si bien promueven las actividades privilegiadas, destruyen valor y así empobrecen al país. Destruyen valor porque dirigen las inversiones y el capital humano hacia donde están los incentivos tributarios, desviándolos de otras actividades donde podrían producir los bienes y servicios que más valora la gente. La rentabilidad proviene del trato preferencial, no de la satisfacción de las necesidades del consumidor. Ese tipo de industria es particularmente vulnerable a la competencia, y tarde o temprano exige protección, no solamente contra las importaciones, sino también contra potenciales competidores locales, a los que hay que mantener fuera del mercado mediante licencias de producción y otros requisitos. La experiencia demuestra que las leyes de industrias no sirven para desarrollar la industria, pero sí para enriquecer a unos cuantos industriales.

EC

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  1. El artículo presenta una evaluación crítica del Proyecto de Ley, resaltando la importancia de políticas económicas fundamentadas y advirtiendo sobre posibles riesgos asociados con la implementación de estas propuestas. Además el articulo enfatiza en la importancia de no otorgar beneficios sin sustento técnico, ya que esto podría conducir a la corrupción y al mercantilismo. Se propone que el enfoque debe ser la creación de un entorno competitivo, seguro y predecible que impulse la inversión privada y el empleo formal, mientras se cumplen las obligaciones del Estado en la prestación de servicios públicos de calidad.Un aspecto clave de la crítica se centra en los beneficios tributarios propuestos, especialmente en las zonas amazónicas y altoandinas. Se argumenta que estas medidas pueden no tener el impacto deseado, y se señala el ejemplo de la Amazonía, donde a pesar de los beneficios tributarios, persisten la pobreza y las condiciones de vida precarias.

  2. El artículo «Concertando: El proyecto de la Nueva Ley de Industrias» discute el Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, conocido como la Nueva Ley de Industrias en Perú. Este proyecto tiene como objetivo promover la industrialización en ocho sectores específicos y propone una serie de medidas, como exoneraciones tributarias, beneficios para empresas que utilicen materia prima nacional, preferencia en compras públicas para postores nacionales y un fondo de desarrollo industrial. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre este proyecto. Algunos argumentan que estas medidas podrían beneficiar solo a unos pocos privilegiados y fomentar la corrupción y el mercantilismo. Además, se plantea que algunas de las propuestas van en contra de los compromisos internacionales y tratados de libre comercio del país. Apoyo Consultoría sostiene que la propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. Además, se menciona que, en el pasado, beneficios tributarios similares han favorecido el crecimiento de industrias ineficientes y no han tenido un impacto claro en la mejora de la calidad de vida de la población. Por otro lado, hay quienes defienden el proyecto y argumentan que busca crear una visión de desarrollo sostenido para el país a largo plazo. Se destaca la importancia de asegurar un entorno competitivo y seguro para impulsar la inversión privada y el empleo formal. En resumen, el artículo presenta diferentes perspectivas sobre el Proyecto de Ley de Industrias en Perú. Mientras algunos cuestionan su viabilidad y posibles consecuencias negativas, otros ven en él una oportunidad para impulsar el desarrollo industrial del país.

  3. Las medidas incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc.
    Con este proyecto de ley, pareciera que se quiere volver al pasado, ya que se pretende aplicar políticas industriales probadamente fallidas. La evidencia muestra que estas medidas no funcionan, solo benefician a unos “privilegiados” y acentúan la corrupción y el mercantilismo.

  4. El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, conocido como la Nueva Ley de Industrias, busca impulsar la industrialización en ocho sectores específicos. Las medidas propuestas incluyen exoneraciones tributarias (impuesto a la renta e IGV), deducciones de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas (sujetas a aprobación por gobiernos regionales), preferencias en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial con crédito subsidiado, incentivos a empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, y preferencias a inversionistas nacionales, entre otras.

  5. El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, conocido como la Nueva Ley de Industrias, busca fomentar la industrialización en ocho sectores mediante diversas medidas, como exoneraciones tributarias, deducciones por reinversión de utilidades y beneficios en zonas específicas. Aunque algunos, como el ingeniero Jesús Salazar Nishi, destacan su potencial para crear una visión a largo plazo y reducir la pobreza, críticos como Jessica Luna advierten sobre la ineficacia histórica de estas políticas y su propensión a favorecer a unos pocos, generando corrupción. Además, se plantea que algunas medidas podrían violar compromisos internacionales y tratados de libre comercio. Se argumenta que es esencial centrarse en medidas transversales que faciliten el crecimiento empresarial en lugar de favorecer a sectores específicos con incentivos tributarios, lo cual podría poner en riesgo la estabilidad fiscal y fomentar la corrupción.

  6. La propuesta de la Nueva Ley de Industrias busca impulsar el desarrollo económico mediante incentivos fiscales específicos para diversos sectores industriales. Entre sus medidas destacan la deducción del Impuesto a la Renta para empresas que reinviertan un porcentaje de sus utilidades, exoneraciones para bienes de capital en zonas alto andinas y amazónicas, la creación de un fondo de desarrollo industrial, y beneficios para la electromovilidad y la innovación tecnológica. También se enfoca en fortalecer las fuerzas policiales para abordar la inseguridad ciudadana y mejorar el control de fronteras.

  7. El Proyecto de la Nueva Ley de Industrias, propone medidas para impulsar la industrialización en el país, que incluyen exoneraciones tributarias, beneficios para zonas específicas, preferencias en compras públicas y la creación de un fondo de desarrollo industrial. Esta propuesta busca descentralizar el desarrollo económico y promover la sostenibilidad. Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias destaca el potencial de reducción de la pobreza y el aumento del PBI per cápita hacia el 2050. Sin embargo, existen riesgos como la falta de sustento técnico, el favorecimiento de la corrupción y la afectación de la competitividad de las empresas peruanas en el mercado internacional. En conclusión, este proyecto es un paso importante para el desarrollo de la industria peruana, pero es necesario implementarlo de manera adecuada a través de un plan de inversión viable y utilizando los recursos necesarios por parte del gobierno.

  8. El artículo expone las principales medidas que propone el proyecto de la Nueva Ley de Industrias, que busca incentivar la inversión y el desarrollo industrial en el Perú. Esta iniciativa interesante podría tener un impacto positivo en la economía peruana, siempre y cuando se diseñe e implemente de manera adecuada, considerando los aspectos técnicos, financieros, sociales y ambientales. Creo que es importante promover una industria diversificada, competitiva e innovadora, que pueda aprovechar las ventajas comparativas del país y generar valor agregado. También creo que es necesario fortalecer las capacidades productivas de las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como mejorar su acceso al financiamiento, al mercado y a los servicios públicos. Por último, creo que es fundamental fomentar una cultura empresarial basada en la calidad, la responsabilidad social y ambiental, y el trabajo en equipo.

  9. Según mi opinión el articulo resalta la importancia de la colaboración y el consenso en la creación de una Nueva Ley de Industrias. Asimismo, destaca la necesidad de involucrar a diferentes actores, como empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para tomar decisiones informadas y equilibradas. Además, menciona la importancia de abordar los desafíos actuales del sector industrial, como la sostenibilidad ambiental y la transformación digital, para promover un crecimiento económico sostenible. En conclusión, el artículo enfatiza la necesidad de una participación ciudadana transparente y la consideración de los desafíos actuales para lograr una legislación efectiva y beneficiosa para el desarrollo económico y social.

  10. El proyecto de la Nueva Ley de Industrias propone otorgar múltiples incentivos fiscales a sectores específicos de la industria. Esta iniciativa abarca, entre sus principales medidas, la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en ocho sectores para empresas que reinviertan por lo menos 20% de sus utilidades netas, la exoneración del IR e IGV para bienes de capital, insumos y materias primas para empresas ubicadas en zonas altoandinas y amazónicas que serían aprobadas por autoridades regionales, la creación de un fondo de desarrollo industrial con garantías crediticias y subsidios estatales, el trato diferenciado entre productor nacional y extranjero, además de otros beneficios para empresas relacionadas con la electromovilidad, la industria digital y las innovaciones tecnológicas. Finalmente, potenciar a las fuerzas policiales para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana con recursos para mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología, instaurar salas especializadas en el Poder Judicial para combatir el “crimen organizado”, y mejorar el control de fronteras, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en aprobar medidas transversales que faciliten el crecimiento empresarial y equiparen el entorno competitivo. Esto contribuirá a generar un entorno propicio para el desarrollo industrial y la atracción de inversión privada.

  11. Nos informa sobre el proyecto de la nueva ley de industrias. Este proyecto de ley incluye una serie de medidas en las cuales están implicadas las exoneraciones tributarias de impuestos a la renta e IGV. La analista Jessica Luna afirma también que con este proyecto de ley se pretende aplicar políticas anteriormente fallidas, beneficiando solo a unos pocos privilegiados acentuando la corrupción. Podemos notar ello, en la amazonia que es donde se dio antes este proyecto de ley, consecuencia de ello es el predominio de la pobreza y condiciones precarias, donde al menos el 40% de la población es pobre o pobre multidimensional, lo que quiere decir que al menos 3 de cada 5 personas carece de algún servicio básico.

  12. El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, conocido como la Nueva Ley de Industrias, ha desencadenado un intenso debate en Perú. Mientras algunos ven en estas propuestas una oportunidad para impulsar el desarrollo industrial y reducir la pobreza, críticos como Jessica Luna y Apoyo Consultoría argumentan que carece de un sustento técnico sólido y podría repetir errores del pasado, generando beneficios limitados y propiciando la corrupción. La propuesta busca incentivar ocho sectores con medidas como exoneraciones tributarias y preferencias en compras públicas. La discusión destaca la necesidad de equilibrar el estímulo a la industria con consideraciones sobre impactos a largo plazo y riesgos fiscales.

  13. Los proyectos de ley destinados a establecer nuevas regulaciones para las industrias suelen ser una respuesta a las necesidades cambiantes del entorno económico y tecnológico. «Concertando» podría referirse al proceso de consenso y cooperación entre diferentes partes interesadas, como empresas, gobiernos, y la sociedad civil, para lograr una legislación que beneficie a todos los involucrados.

    Este tipo de iniciativas legislativas a menudo buscan equilibrar el estímulo del crecimiento económico con la protección de los intereses públicos, abordando cuestiones como la sostenibilidad, la equidad y la competitividad. Sería importante conocer los detalles específicos del proyecto de ley y cómo se espera que impacte en las industrias involucradas, así como en la economía en general.

  14. La propuesta de la Nueva Ley de Industrias presenta una dicotomía entre la necesidad de impulsar la industrialización y la preocupación por posibles consecuencias negativas. Mientras algunos defienden la iniciativa como una visión de desarrollo a largo plazo que reduciría la pobreza y elevaría el PBI per cápita, otros critican la falta de sustento técnico, el riesgo de corrupción, y posibles conflictos con acuerdos internacionales. La clave está en encontrar un equilibrio entre fomentar la industria nacional y garantizar la transparencia, competitividad y cumplimiento de compromisos internacionales. La revisión de propuestas alternativas que promuevan el crecimiento empresarial de manera equitativa y sostenible podría ser una vía para construir consenso y evitar problemas pasados.

  15. El Proyecto de Ley Nueva Ley de Industrias plantea medidas fiscales para potenciar ocho sectores industriales, generando un intenso debate sobre su viabilidad y consecuencias. Mientras sus defensores destacan la visión a largo plazo y la creación de un fondo para el desarrollo industrial, críticos expresan preocupaciones sobre posibles efectos negativos, como la repetición de políticas industriales pasadas, la falta de sustento técnico, riesgos de corrupción, y el potencial perjuicio a la economía y las relaciones comerciales. En este contexto, se evidencia la importancia de un análisis exhaustivo y consensuado para impulsar el desarrollo industrial sin comprometer la sostenibilidad fiscal y la competitividad del país.

  16. El artículo destaca la preocupación sobre el impacto fiscal de las medidas propuestas y señala que algunas voces críticas, como la analista Jessica Luna, consideran que el proyecto podría llevar al país a políticas industriales fallidas del pasado. Se mencionan ejemplos de beneficios tributarios en la Amazonía que no lograron mejorar las condiciones de vida y la pobreza en la región.
    Además, se resalta la importancia de no otorgar beneficios sin sustento técnico, evitando incentivos para la corrupción y favores a ciertos sectores. Se argumenta que la propuesta puede afectar la sostenibilidad fiscal y perjudicar la competitividad y calidad de productos. Finalmente, se sugieren medidas alternativas, como simplificar los regímenes tributarios, promover un mercado laboral más flexible y mejorar la infraestructura pública.

  17. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ing. Jesús Salazar Nishi, participó en la exposición del proyecto legislativo Nueva Ley de Industrias (PL N°5892), presentado por el congresista José Jerí Oré, presidente del Bloque Parlamentario por la Inversión, y resaltó que, de aplicarse las medidas sectoriales que plantea esta iniciativa, se reduciría la pobreza en casi 20% y el PBI per cápita podría superar los US$ 20,000 hacia el año 2050.

    Salazar Nishi destacó que el enfoque de este proyecto prioriza los sectores con abundantes materias primas y mercados internacionales en expansión; así como la generación de espacios regionales productivos que dejen atrás el centralismo, y la sostenibilidad pensando en la economía circular.

  18. Este artículo destaca la Nueva Ley de Industrias, en el Congreso peruano. El proyecto busca impulsar la industrialización y desarrollo económico en ocho sectores específicos mediante una serie de incentivos fiscales y beneficios. Sin embargo, críticos, como Jessica Luna y Apoyo Consultoría, argumentan que estas medidas podrían repetir errores del pasado, generar corrupción, y no tener un sustento técnico sólido. Se nos plantea un debate sobre la eficacia de tales políticas y la importancia de medidas transversales que fomenten el crecimiento empresarial sin comprometer la estabilidad fiscal. La discusión sobre este proyecto es crucial para determinar su impacto en la economía peruana y su capacidad para promover un desarrollo industrial sostenible.

  19. Buenas noches, Lucho Pintado,hay muchos mototaxistas a nivel nacional, ellos no tributan nada y utilizan las calles y pistas ocasionando caos, desorden, hay un reglamento tributario p ellos. De no haber las municipalidades tienen la obligación de hacerlo aunque sea lo mínimo.

  20. Un punto sustancial que los intereses de la nación no puede descuidar es de otorgar un trato preferencial en las compras públicas a las empresas que utilizan materias primas o insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y perjudicar nuestras exportaciones. Estas medidas van en contra de los tratados de libre comercio y de la Constitución, que establece que la inversión nacional y la extranjera deben estar sujetas a las mismas condiciones. Asimismo, favorecer el uso de insumos locales que pueden ser más costosos o de menor calidad haría menos eficiente el proceso productivo, aumentaría el costo de producción para la sociedad y podría afectar la calidad de los productos finales para los consumidores. Espermos que un gobierno uñltraizquierdista como el de Pedro Castillo no vuelva a surgir por su incapacidad y corrupción.

  21. Consolo saber que la mayor parte de las Regiones y sus presidente regionales resultaron bien corruptos tenemos la cultura de sospecha contra ellos. Los ingresos fiscales en el Perú ya son bajos, en comparación con la región. Aprobar esta norma reduciría el espacio fiscal para gastar en medidas urgentes, como el cierre de brechas de infraestructura, educación y salud, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención a la emergencia climática.

  22. Aprobar esta ley sería perjudicial para la economía y el desarrollo industrial en nuestro país por cinco razones principales.
    En la década de 1970 y 1980, beneficios tributarios similares favorecieron el crecimiento de industrias ineficientes, incapaces de competir en el exterior. Además, un estudio realizado por Apoyo Consultoría revela que leyes parecidas en el pasado, como los beneficios para el sector agrícola o la Amazonía no han tenido un impacto positivo claro sobre los flujos de inversión, las ganancias de productividad o la mejora en la calidad de vida de la población en el sector o zona.
    La propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. La decisión de qué actividades favorecer recaería sobre congresistas y autoridades regionales. En el pasado, proyectos como este generaron un entorno favorable para la arbitrariedad y la corrupción de funcionarios públicos, e incentivaron a los empresarios a destinar gran parte de su tiempo a obtener beneficios tributarios, en lugar de mejorar la competitividad de sus empresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, la mitad de la población considera que el principal problema del país es la corrupción. Además, el 79% de las personas no confía en su gobierno regional.
    Hay otros aspecto críticos pero estos son los más importante. No raglemos nuestra riquezas.

  23. Felicito a la revista Innovas por crear conciencia de docencia política sobre temas de nuestra economía nacional. El Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, denominado Nueva Ley de Industrias. Tiene algunas medidasque incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, una recaudación tributaria mermada, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc. Todas sus medidas propuestas requieren un anaílis sobre su impacto fiscal donde la Universidad no puede estar ajena. Un artículo de debate y crítica. Excelente.

  24. Hay que tener mucho cuidado con los itereses creados de los congresistas tramposos. Algunas propuestas crearían incentivos para la corrupción, tanto para congresistas que buscarían aprobar “privilegios” para sus regiones o ciertas industrias, como para las autoridades regionales que decidirían qué actividades favorecer con beneficios tributarios. Como si no hubiésemos tenido suficientes casos de corrupción en los Gobiernos regionales durante los últimos años.

  25. Sino estamos actualizados, caeremos en la ignorancia profesional como universitarios. Al respecto Jessica Luna, analista de Published, afirma que con este proyecto de ley, pareciera que se quiere volver al pasado, ya que se pretende aplicar políticas industriales probadamente fallidas. La evidencia muestra que estas medidas no funcionan, solo benefician a unos “privilegiados” y acentúan la corrupción y el mercantilismo.
    Basta ver el caso de la Amazonía, con beneficios tributarios como reducción del impuesto a la renta y exoneración del IGV (Ley N.° 27037) como mecanismo de atracción de la inversión privada. El resultado: el costo tributario suma S/ 5,450 millones al año, pero predominan la pobreza y precarias condiciones de vida. En Loreto, casi el 40% de su población es pobre y 3 de cada 5 loretanos es pobre multidimensional, es decir, carece de al menos un servicio básico que le asegure una calidad de vida digna. Buen debate.

  26. Comparto la opinión de que el Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, denominado Nueva Ley de Industrias, con el objetivo de iniciar un proceso de industrialización enfocado en ocho sectores, debe darse pero previa concertación con todos los sectores involucrados. Lamentablemente e las universidades son muy pococ los entendidos y comentan.
    Las medidas incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, una recaudación tributaria mermada, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc. Todas sus medidas propuestas requieren un anaílis sobre su impacto fiscal donde la Universidad no puede estar ajena.