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Justicia/ Anticorrupción/ Investigación. Agosto 2023

Justicia/ Anticorrupción/ Investigación. Agosto 2023

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Justicia/ Anticorrupción/ Investigación

Por: Luis Alberto Pintado Córdova y Alfonso Barba Caballero ABC

La revista Si crees, Innovas fiel a su trayectoria, el cual es  informar y denunciar todo tipo de investigaciones contra la corrupción que publicará como parte de un reporte.

Mallet, El Código Legal Y La Balanza De La Justicia. Concepto De La Ley, Fotografías De Estudio Fotos, Retratos, Imágenes Y Fotografía De Archivo Libres De Derecho. Image 22799279.

La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados,​ para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

El término opuesto a corrupción política es transparencia. Según Hernández Gómez (2018), la corrupción se define como «toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta».​ Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.Muchos pagan sobornos en efectivo o en especie para poder recibir una educación o un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa.

Sayéd y Bruce (1999) definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado»,

Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.  La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes.

La corrupción, hoy en día es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana,  afectando directamente la legitimidad de las instituciones públicas y pérdida cuantiosa de millones de soles afectando nuestra economía. Por ello continuamos esta ácida y mordaz columna de informes de diferentes medios de comunicación con datos actualizados sobre denuncias de los ciudadanos en materia de corrupción.

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Pedro Castillo: Más de 100 pruebas y testimonios sustentan denuncia constitucional por Caso Ascensos

Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo por caso  ascensos irregulares en FF AA y PNP - Infobae

La presunta organización criminal que fue encabezada por el expresidente Pedro Castillo ha sido ratificada en el Caso Ascensos. Se presentan como elementos de convicción declaraciones de colaboradores eficaces.

Alicia Rojas Sánchez
Alicia Rojas Sánchez

 

La fiscalía ha citado 108 elementos de convicción para sustentar la reciente denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Estos reúnen tanto las declaraciones testimoniales, de altos mandos de las Fuerzas Armadas pasados al retiro, actas de ascenso, declaraciones de tres colabores eficaces y un aspirante a colaborador eficaz. Así como reportes de registros de visitas, conversaciones de WhatsApp, entre otros elementos.

La información recabada fue utilizada para presentar ante el Congreso la denuncia contra Castillo Ayala por el Caso Ascensos irregulares en la Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea. Ellos son sindicados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, en el caso del exjefe de Estado. Mientras que Ayala es señalado por organización criminal, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Entre los más de 100 elementos de convicción se ratifica, también para el Caso Ascensos, la existencia de una presunta red criminal que fue encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Entre ellos se mencionan, por ejemplo, la declaración del colaborador eficaz 03-2022, quien reitera que el exjefe de Estado fue el “cabecilla” de la organización y el encargado de dirigir a los demás integrantes.

El interés que tenía Castillo por tener a personas de su confianza como generales en las Fuerzas Armadas fue también sustentado con los elementos de convicción. Esto se basa en las declaraciones del general EP (r) José Alberto Vizcarra Álvarez, quien señaló en noviembre del 2021 que Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, le dijo que el entonces presidente “necesitaba tener gente de confianza en el grado de general”.

Como consecuencia, Vizcarra y el teniente general (r) FAP Jorge Luis Chaparro Pinto fueron pasados al retiro por parte del expresidente Castillo como represalia al no darse los ascensos esperados, de acuerdo con lo afirmado por el colaborador eficaz CE 03-2022. “Tengo conocimiento que el presidente Castillo, como consecuencia de la molestia, reevaluó el trabajo de los comandantes generales y sacó a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea”, dijo.

Ex comandantes del Ejército, José Vizcarra; y de la FAP, Jorge Chaparro, denunciaron presiones en los ascensos (Foto: Congreso)
Ex comandantes del Ejército, José Vizcarra; y de la FAP, Jorge Chaparro, denunciaron presiones en los ascensos (Foto: Congreso)

La injerencia de Pedro Castillo y de Walter Ayala en el proceso de ascensos del Ejército

Entre las pruebas se citan las declaraciones y evidencias que sustentan la intromisión del expresidente en el proceso de ascenso del Ejército en el 2021. Uno de los citados testimonios es el del general EP (r) Vizcarra Álvarez, quien en noviembre del 2021 dijo que en setiembre de ese año Castillo le escribió vía WhatsApp para que converse con Pacheco debido a “unos temas urgentes”. Posteriormente, el 12 de octubre de ese año, Castillo escribió el nombre del teniente coronel Hugo Torres Quispe con el mensaje: “para coronel”.

Asimismo, Vizcarra relató en noviembre del 2021 que en reuniones con el exministro Ayala este le hizo hincapié que Pacheco “tenía algunos nombres que habría que tener en cuenta para ser ascendidos y que obedecían a un encargo del señor presidente de la República”. Un año después, en setiembre del 2022, Vizcarra ratificó que “se recibieron presiones por parte del exministro de Defensa Walter Ayala y de Bruno Pacheco para incluir en la propuesta de ascenso a cierto personal que no alcanzaba los requisitos”. Estas eran “órdenes y deseos del presidente Castillo.

El 1 de octubre del 2021, Vizcarra recibió otro mensaje, esta vez por parte del teniente coronel EP Youri Paul Hurtado, edecán del exministro Ayala, en el que se indicaba: “Mi general, buenas noches, le escribo de parte del señor ministro de Defensa a fin de que atienda este pedido: Tte. Crnel. Cab. Delgado Hurtado José Luis. de Tnt. Crl. a Crl”. Después, se envió otro mensaje para que se atienda el ascenso del coronel de infantería Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama al grado de general de brigada. Esto, de acuerdo con la fiscalía, corroboraría los pedidos de ascenso hechos por el exministro Ayala “abusando de su cargo” a través de su entonces edecán.

Injerencia de la organización criminal en los ascensos de la FAP

De otro lado, también hay elementos que evidenciarían la injerencia de Pedro Castillo para los ascensos en la Fuerza Aérea. Específicamente, presiones ejercidas al teniente general FAP (r) Jorge Luis Chaparro Pinto. Al respecto, el colaborador eficaz CE-03-2022 dijo el 11 de agosto del 2022 que tenía conocimiento que “en el caso de ascensos de Fuerzas Armadas el ministro Ayala coordinada directamente con el presidente Castillo”.

Sumado a ello, el 25 de noviembre del 2021, Chaparro Pinto declaró que Pacheco le llamó -antes del 1 de octubre de ese año- para preguntarle sobre la posibilidad de ascender a Briceño Carnero Edgar Jesús. “Ante esa pregunta le manifesté que no tenía posibilidades porque no había vacantes para esa especialidad y ahí quedó la conversación”, respondió.

También se consignan como elementos de convicción las declaraciones de Rubén Samuel Gambarini Oñath y José Antonio Rubio Travi respecto a este pedido de ascenso. Ambos indicaron que Chaparro Pinto les comentó que se había comunicado con él respecto a este ascenso, pero que no era posible que eso pasara y que se continuara con el proceso.

Además, en su declaración del 25 de noviembre del 2021 Chaparro Pinto refirió que antes del 7 de octubre de ese año Ayala lo citó en su despacho del Ministerio de Defensa. En la conversación volvió a mencionarle el ascenso de tres oficiales, entre ellos Briceño.

Los pasos de una denuncia constitucional. (Infografía: El Comercio)
Los pasos de una denuncia constitucional. (Infografía: El Comercio)

Entrega de dinero

Seis declaraciones, entre ellos del citado colaborador eficaz, corroborarían para la fiscalía que el expresidente Castillo recibió beneficios económicos ilícitos para ascender al grado de general a oficiales de la Policía Nacional. Específicamente, de los oficiales Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Jesús Rivera López.

El 24 de julio del 2022, el colaborador eficaz CE 03-2022 señaló que cundo Bruno Pacheco se vio comprometido en la denuncia de ascensos, se comunicó con Walter Ayala para pedirle “el dinero que los coroneles le iban a entregar”“Pacheco le increpó que los coroneles mencionados le indicaron que le habían entregado dinero al ministro, pero este indicó que el dinero fue para el presidente”, detalló el colaborador eficaz.

El mismo colaborador añadió que Zapata y Rivera “a través del ministro Walter Ayala, le pagaron dinero al presidente Pedro Castillo debido a que el ministro Ayala ingresó al despacho presidencial y se entrevistó con Castillo. Agregó que pudo conocer que “[el suboficial brigadier PNP, resguardo del exjefe de Estado] Jorge Tarrillo Gálvez cobraba veinte mil dólares para ser entregados al presidente como consecuencia de haber ascendido a dichos policías”.

Por su parte, el aspirante a colaborador eficaz CE 05-2022, detalló que una de las reuniones -la cuarta- se dio en un restaurante ubicado en Gamarra (La Victoria), en la que el coronel Max García habría entregado “20 mil dólares restantes de manera personal y en sus manos a Lucho Monge delante de Luis Tuesta. Con ellos le aseguraron que su ascenso a general era segura, ya contaban con el apoyo del COMGEN Gallardo, quien les indicó que de esos 40 mil dólares la mitad era para el COMGEN Gallardo y los otros 20 mil dólares para el presidente Pedro Castillo, quien firmaría la resolución suprema de ascensos”.

A esto se une como elemento de convicción la declaración del colaborador eficaz CE 03-2022 brindada el 24 de julio del 2022. Esta, además, dio cuenta sobre los sobrinos del expresidente Castillo, Jean Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, quienes eran los encargados de ofrecer los ascensos y “recomendar al general Javier Gallardo para que ascienda a los mismos. Por órdenes del presidente Castillo ellos coordinaban los pagos conjuntamente con la sombra Jorge Tarrillo Gálvez, suboficial de la PNP. Él era prácticamente el cajero del presidente”. La colaboradora eficaz Karelim López también había brindado esta versión en su declaración del 30 de diciembre del 2022.

Puestos clave

La denuncia constitucional refiere que la organización criminal del expresidente habría logrado copar las jefaturas policiales en zonas de frontera “con el claro objetivo de que, ante circunstancias adversas” se pudiese asegurar la salida clandestina de integrantes de la red.

Línea de tiempo de las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo

  • Casos Puente Tarata (MTC), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha Decisión -129 días-
11/10/2022 La fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta alcanza a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
16/11/2022 La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admite a trámite la denuncia constitucional 307.
29/12/2022 La SAC aprueba la denuncia constitucional con un informe final que recomienda acusar a Castillo, Silva y Alvarado.
10/02/2023 La Comisión Permanente aprueba acusar constitucionalmente al expresidente y los exministros implicados. Se designó a los congresistas Diego Bazán y Lady Camones para sustentar el caso ante el pleno.
17/02/2023 El pleno del Congreso aprueba acusar constitucionalmente a Pedro Castillo y los exministros por tres presuntos delitos, por lo que serán procesados judicialmente.
  • Caso golpe de Estado
Fecha Decisión -100 días-
12/12/2022 La fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La denuncia incluyó a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
12/12/2022 La SAC, en sesión extraodinaria, aprueba el informe de calificación de la denuncia constitucional 328. Con ello, es admitida a trámite en contra de los tres exministros. Sin embargo, en el caso de Castillo se aplicó la sustracción de la materia debido a que el pleno ya había levantado la prerrogativa de antejuicio político por los mismos delitos.
06/03/2023 La SAC aprueba denunciar constitucionalmente a los tres exministros. Adicionalment, suspender a Chávez y Sánchez de sus cargos como congresistas.
14/03/2023 La Comisión Permanente aprueba el informe final y acusa constitucionalmente a los tres exministros por los delitos de rebelión y conspiración. Se conformó a la subcomisión acusadora, integradas por los congresistas Wilson Soto y Lady Camones.
22/03/2023 El pleno del Congreso aprueba acusar constitucionalmente a los tres exministros, pero solo se alcanzó votos para que Chávez sea suspendida del cargo.

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Justicia de Brasil anula pruebas de caso Lava Jato

«Las utilizadas por el Ministerio Público del Perú no valen nada», señalan abogados de Ollanta Humala. Prohíben que Odebrecht y Barata declaren en juicio a expresidente.


“Justicia que tarda no es justicia”, refrán atribuido al filósofo Séneca, acaba de hacerse realidad con el caso Lava Jato en Perú. Uno de los casos más emblemáticos, por el cual el expresidente Ollanta Humala está enjuiciado, prácticamente llegó a su fin, pero no con una condena, sino con la anulación de pruebas desde Brasil.

“El ministro del STF (Tribunal Supremo Federal) José Antonio Dias Toffoli respondió a un pedido del expresidente de Perú Ollanta Humala y vetó la audiencia, por parte de la Justicia peruana, de testigos brasileños en una demanda presentada contra el expresidente. La decisión fue dictada el lunes”, informó la prensa del país vecino.

Silencio de Vela

En Perú, el Equipo Lava Jato, liderado por Rafael Vela, había evitado durante años, tocar el tema de que los servidores Drousys y My WebDay (donde Odebrecht guardaba información de pagos ilegales) habían sido manipulados en forma negligente.

La inutilidad de la prueba cuestionada por el demandante original fue plácida en una decisión de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal –final e inapelable–, en vista de la probada contaminación del material probatorio recabado por el 13º Juzgado Federal de Curitiba”, dijo el magistrado.

Esto se enmarca en el juicio que Humala, su esposa Nadine Heredia y otros exdirigentes del Partido Nacionalista afrontan por supuesto lavado de activos. Según el fiscal Germán Juárez, recibir aportes para campañas políticas en el 2011, configuraba este delito.

Viaje de Juárez

Incluso el del Ministerio Público ya tenía planeado viajar a Brasil para interrogar a Jorge Barata y a Marcelo Odebrecht, el 4 y 5 de septiembre. Esto podría verse frustrado, o al menos limitado, porque sería la cuarta vez que se queda sin los testimonios que consideraba necesarios para lograr una condena.

“Es imposible no concluir que los elementos de convicción derivados de los sistemas Drousys y My WebDay […], que dan sustento a la causa iniciada contra la demandante en Perú y de la que deriva la pretensión por la realización de un acto instructivo, aquí, en Brasil, son nulos, por lo que se prohíbe la práctica de los actos instructivos derivados de ellos”, resolvió Dias Toffoli.

Leonardo Massud, Gustavo Badaró y Marco Aurélio de Carvalho, abogados de Humala Tasso, también habían impugnado el hecho de que las audiencias requeridas serían realizadas por una autoridad peruana, contrariamente a la legislación brasileña.

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Los Operadores de la Reconstrucción: ¿por qué el congresista Bermejo está implicado en pagos ilícitos de obras en Piura?

Según la fiscalía, el legislador, el exjefe de la Reconstrucción con Cambios Robert López y sus asesores habrían concertado para beneficiarse irregularmente de cuatro proyectos en municipio piurano por casi S/15 millones.

Por ser congresista, a Guillermo Bermejo corresponda que lo investigue la Fiscalía de la Nación. (Foto: GEC)
Por ser congresista, a Guillermo Bermejo corresponda que lo investigue la Fiscalía de la Nación. (Foto: GEC)
Graciela Villasís RojasMartín León Espinosa
Graciela Villasís Rojas
Martín León Espinosa

Unidad de Investigación. EC

Un audio publicado en un medio de Piura en noviembre del 2022 generó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) empezara una investigación cuyas ramificaciones llegan hasta el congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Robert López López, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Bermejo ha sido implicado en el caso de Los Operadores de la Reconstrucción, por el que el Eficcop realizó ayer un megaoperativo de allanamiento y registro de 49 inmuebles en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco. Este caso se relaciona a pagos ilícitos que habrían obtenido funcionarios tras la concertación de obras en el distrito de La Unión (Piura), valorizadas en S/14,8 millones. Por el caso, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de 12 personas, entre ellas López, quien es investigado por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y lavado de activos. El exjefe de la ARCC fue detenido ayer en su vivienda de San Isidro.

Otro detenido es el exalcalde del distrito de La Unión Fernando Ipanaqué, investigado por organización criminal y colusión agravada. Según la fiscalía, Ipanaqué sería el presunto cabecilla de Los Operadores de la Reconstrucción.

Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, identificados por la fiscalía como asesores de Bermejo, y Mario Espinoza Vera, asesor de López en la ARCC, también fueron detenidos. En el allanamiento de la vivienda de Espinoza se encontraron más de S/100.000 en efectivo. Mientras que en el inmueble que ocupaba Jesús Acosta, representante del consorcio que ganó una obra en La Unión, se hallaron una escopeta, dos pistolas y cinco municiones.

El exalcalde de La Unión Fernando Ipanaqué, investigado por organización criminal y colusión agravada. Según la fiscalía, Ipanaqué sería el presunto cabecilla de Los Operadores de la Reconstrucción. (Foto: Ministerio Público)
El exalcalde de La Unión Fernando Ipanaqué, investigado por organización criminal y colusión agravada. Según la fiscalía, Ipanaqué sería el presunto cabecilla de Los Operadores de la Reconstrucción. (Foto: Ministerio Público)
En la vivienda de Mario Espinoza Vera, exasesor de Robert López, se encontraron más de 100 mil soles en efectivo. (Foto: Ministerio Público)
En la vivienda de Mario Espinoza Vera, exasesor de Robert López, se encontraron más de 100 mil soles en efectivo. (Foto: Ministerio Público)
Jesús Acosta MartínezJesús Acosta era representante del consorcio que ganó una obra en La Unión (Piura). (Foto: Ministerio Público)
Jesús Acosta MartínezJesús Acosta era representante del consorcio que ganó una obra en La Unión (Piura). (Foto: Ministerio Público)
En el inmueble de Jesús Acosta Martínez se hallaron escopetas, dos pistolas y municiones.
En el inmueble de Jesús Acosta Martínez se hallaron escopetas, dos pistolas y municiones.

El diálogo

El Eficcop inició su investigación con el audio de una conversación entre Ipanaqué, Espinoza y Valdivia, revelado por Palmeras TV de Piura. Este menciona a Bermejo y trata sobre el presunto favorecimiento en la “aprobación de proyectos y desembolso de dinero para direccionar obras con empresas amigas”.

“Mario, te decía que estoy con el asistente de Bermejo, que está en Piura, y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos en la reunión que tuvimos en Lima, y tú me indicaste que anote los que le correspondían a él, de los cuatro que salieron en ese momento”, dice Ipanaqué en el audio (escucha la grabación completa).

Sobre las obras, son cuatro que se realizaron en La Unión con presupuesto de la ARCC, gracias a la aprobación de un decreto supremo aprobado en agosto del 2022.

Los proyectos, para el mantenimiento de calles y obras en instituciones educativas, se ejecutaron en el distrito de La Unión en el 2022. El monto total de las obras fue de S/14′881.504.

“En concreto, con el congresista Guillermo Bermejo Rojas habría coordinado y pactado la distribución de porcentajes de dinero una vez que cuatro obras en el distrito de La Unión (Piura) se lancen a licitación pública”, dice la resolución cuando describe la imputación a Jara por organización criminal.

Para la fiscalía, Valdivia y Jara integran la “organización criminal enquistada en el poder” junto con el expresidente Castillo, el prófugo empresario Segundo Sánchez, Bermejo, Robert López, su exasesor Espinoza, así como con Elizabeth Pérez Alarcón, Diahaira Pérez Villalobos y Margory Goicochea Suelpres (esposa de López). Bermejo no ha sido incluido como investigado en el Caso Los Operadores de la Reconstrucción por su condición de parlamentario. Por su cargo, le corresponde a la Fiscalía de la Nación investigarlo.

Robert López durante el allanamiento de su vivienda ubicada en San Isidro. (Foto: Ministerio Público)
Robert López durante el allanamiento de su vivienda ubicada en San Isidro. (Foto: Ministerio Público)

Para el Eficcop, Castillo y López, cuando era jefe de la ARCC (cargo con rango de ministro), concertaron “su programa criminal” con el prófugo empresario Segundo Sánchez, “copando” el Ministerio de Vivienda y la ARCC. Según la fiscalía, por intermedio de Bermejo, “a través de asesores en la sombra para aprovechar la disposición de los activos de la ARCC”, se logró “la aprobación de expedientes técnicos de obras y posterior transferencia de partidas presupuestales a través del MEF, mediante decretos supremos, a favor de Los Operadores de la Reconstrucción.

En la resolución, se menciona una reunión del 16 de agosto del 2022 en la que Ipanaqué y José Ernesto More Coveñas, en representación del municipio de La Unión, ingresaron al despacho de Bermejo en el Congreso, “en donde se habría concertado la distribución del dinero a favor del congresista […] en presencia de sus asesores en la sombra [Jara y Valdivia]”.

Al día siguiente, Ipanaqué, More, Espinoza y López se reunieron en las oficinas de la ARCC, “donde se habrían concertado la distribución de dinero” que le correspondería a López, según la fiscalía.

Francisco Jara abajó como técnico del despacho de Bermejo desde el 27 de julio del 2021. (Foto: Ministerio Público)
Francisco Jara abajó como técnico del despacho de Bermejo desde el 27 de julio del 2021. (Foto: Ministerio Público)
Yul Valdivia, también detenido, participó en una conversación con el exalcalde Ipanaqué. (Foto: Ministerio Público).
Yul Valdivia, también detenido, participó en una conversación con el exalcalde Ipanaqué. (Foto: Ministerio Público).

Robert López fue jefe de la ARCC entre mayo y diciembre del 2022. Antes de asumir el cargo ocupó la dirección del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a pedido del presidente Pedro Castillo, según la fiscalía. Sobre su designación, en la resolución judicial se menciona que “la infiltración de la macroorganización criminal a la ARCC –adscrita a la PCM– se produjo cuando Aníbal Torres era el premier [primer ministro], con quien el buró político, entre ellos Segundo Sánchez Sánchez, coordinó promover y nombrar en la dirección ejecutiva de la ARCC a una persona de absoluta confianza […]”.

Robert López con Pedro Castillo durante una actividad de la ARCC.
Robert López con Pedro Castillo durante una actividad de la ARCC.

Bermejo dijo respecto al operativo: “Rechazo contundentemente que ni yo ni nadie de mi despacho haya estado involucrado en ningún tipo de acto de corrupción”.

“Es una mentira que dos asesores míos hayan sido detenidos. Se trata de un técnico que trabaja en el despacho y otras personas que no conozco”, agregó.

Jara trabajó como técnico del despacho de Bermejo desde el 27 de julio del 2021. En el registro de visitas del Congreso aparece como asesor del parlamentario. Valdivia registra, por lo menos, 13 visitas al despacho del legislador.

 

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Nicolás Petro compró una mansión, un departamento y un Mercedes Benz en un año: todo lo que dice la acusación fiscal

El fiscal que imputó a Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito aseguró que su sueldo como diputado no le permitía darse lujos y menos comprarse una mansión. El hijo de Gustavo Petro finalmente decidió colaborar con la justicia

Gustavo Petro hace la forma de un corazón acompañado de su hijo Nicolás Petro, mientras celebra en la sede del Pacto Histórico en Bogotá el 29 de mayo de 2022, el día de las elecciones en Colombia. (Foto por YURI CORTEZ / AFP).
Gustavo Petro hace la forma de un corazón acompañado de su hijo Nicolás Petro, mientras celebra en la sede del Pacto Histórico en Bogotá el 29 de mayo de 2022, el día de las elecciones en Colombia. (Foto por YURI CORTEZ / AFP)./ YURI CORTEZ
Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz. EC

Nicolás Petro Burgos ganaba 13 millones de pesos (3.200 dólares) al mes, pero gastaba como si ganara 200 millones (50.000 dólares). Esa es una de las conclusiones de la Fiscalía de Colombia, que el martes imputó al hijo del presidente Gustavo Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Diputado del departamento de Atlántico, Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez fueron capturados el sábado en la ciudad de Barranquilla y trasladados a Bogotá.

“Creo que todos nos haríamos hacer elegir como diputados, ¡200 millones de pesos, por favor! Señor Nicolás, usted no cuenta con otra actividad económica que le genere ingresos, ninguna. De hecho, señor Nicolás, en sus declaraciones de renta presentadas para el año 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado por la Asamblea del Atlántico, con un patrimonio para el año 2020 de 52′800.000 pesos”, dijo el fiscal Mario Burgos, de acuerdo con la revista Semana.

“Ganaba 13 millones de pesos, salario integral aproximadamente 18.700.000 pesos como diputado”, siguió el fiscal, quien aseguró que esa era su única fuente de ingresos.

Nicolás Petro Burgos y su exesposa Daysuris Vásquez el martes en Bogotá, durante la audiencia de imputación de cargos. (EFE).
Nicolás Petro Burgos y su exesposa Daysuris Vásquez el martes en Bogotá, durante la audiencia de imputación de cargos. (EFE).

El duro relato que hizo el fiscal de las pruebas que tiene terminó por doblegar a Nicolás Petro, quien con lágrimas en los ojos manifestó ante un juez que está dispuesto a colaborar con la justicia, según una reseña de la acusación publicada por el diario El Tiempo.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino”, dijo Petro Burgos.

Dos horas antes, en la diligencia de imputación, Nicolás Petro se había declarado inocente al no aceptar los cargos que le leyó el fiscal, indicó El Tiempo.

Antes de que tome la decisión de colaborar, el fiscal Mario Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena que recaería en su contra.

El fiscal Burgos dijo que la pena por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito es de unos 12 años de prisión.

La Fiscalía también imputó a la exesposa Daysuris Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales.

Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y Gustavo Petro.
Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y Gustavo Petro.

La agencia AFP recordó que tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro lo acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de su padre en el 2022, pero que en realidad fueron a su bolsillo y las utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla.

Según el fiscal Burgos, el condenado por narcotráfico Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (102.000 dólares).

Mientras que Alfonso ‘El turco’ Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar a grupos paramilitares y planear homicidios, le habría entregado la misma cantidad, según el fiscal.

Este jueves habrá una nueva audiencia, donde el país espera conocer cuáles serán los nuevos elementos que aportará Nicolás Petro para rebajar su posible condena.

“¿Cuánto pueden desestabilizar a Gustavo Petro las delaciones que entregará a la Fiscalía el diputado Nicolás Petro? Curioso que el ‘golpe blando’ del que hablaba el Gobierno no tuvo lugar, pero sí en cambio se desarrolla un ‘golpe duro’ que proviene de la misma familia presidencial”, escribió en Twitter el analista político Juan Carlos Flórez.

La agencia EFE recordó que la financiación ilegal de campañas políticas volvió a la discusión pública en junio, luego de que Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela que fue clave para el triunfo electoral de Petro en el 2022 en la costa atlántica, amenazara con revelar lo que sabe de la financiación ilegal de esa campaña.

Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su exesposa Day Vásquez, en la ceremonia de investidura del mandatario. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/ARCHIVO).
Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su exesposa Day Vásquez, en la ceremonia de investidura del mandatario. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/ARCHIVO).

Mauricio Dueñas Castañeda

Una vida de millonario

El fiscal Burgos aseguró el martes que el dinero que recibió Nicolás Petro fue utilizado para comprar una mansión de 1.650 millones de pesos (408.000 dólares) en Barranquilla.

“Ese inmueble, usted señor Nicolás Petro y Daysuris Vásquez recibieron en arrendamiento, pero luego manifestaron conjuntamente con la señora Daysuris del Carmen su intención de compra acordándose un valor total de 1.650 millones de pesos, razón por la cual se realiza el contrato de promesa de compraventa apareciendo como comprador el señor Cesar Emilio Vásquez Buendía (tío de Day)”, relató el fiscal.

Por este predio Nicolás habría pagado un anticipo de 699 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal, también negoció la compra de una casa en Tubará (Atlántico) por 334 millones de pesos (83.000 dólares).

Además, Nicolás Petro compró un lujoso carro Mercedes Benz en 200 millones de pesos (50.000 dólares), monto que pagó en efectivo. El vehículo fue transferido a nombre de Daysuris Vásquez, para luego ponerlo a nombre del padre y la hermana de esta, quienes no tendrían la capacidad económica para asumir dicho gasto.

Según la investigación, Nicolás Petro hizo compras y pagó en efectivo en tiendas de lujo como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera.

El fiscal señaló inconsistencias entre sus declaraciones de impuestos y sus movimientos bancarios.

Por ejemplo, dijo que en el 2022 recibió 251,4 millones de pesos (64.000 dólares) por su trabajo como diputado, pero supuestamente gastó 1.600 millones (408.000 dólares).

“¿De dónde llega ese dinero a sus arcas?”, preguntó el fiscal.

“Nada de eso es de salarios o leasing”, dijo el fiscal, quien recordó que en 2022 los ingresos totales de Petro Burgos fueron de 280.331.394 pesos (unos 70.000 dólares).

En total, según la Fiscalía, en el 2022 Nicolás Petro habría incrementado ilegalmente su patrimonio en 1.053 millones de pesos (263.000 dólares). “No son el resultado de su trabajo, sino de los ingresos clandestinos de dinero desde el 2021 hasta finales del 2022″, aseguró Burgos.

Además…

Los chats que terminaron de sepultarlo

Nicolás Petro Burgos, abogado de profesión, estuvo casado con Daysuris Vásquez desde el 2019, pero en el año 2022 se conoció sobre su separación tras una infidelidad de este.

En marzo del 2023, Dayssuris Vásquez entregó a la revista Semana las supuestas conversaciones que sostenía a través de WhatsApp con su exesposo.

“Tenemos que sacar dólares urgentemente de aquí”, le reclamó Nicolás Petro a Vásquez pocas horas antes del triunfo electoral de su padre, en la segunda vuelta de las elecciones del 19 de junio del 2022.

Según la mujer, Nicolás Petro usó el dinero para comprar una mansión en Barranquilla. Semana revisó los chats, donde la plata es uno de los temas más recurrentes. Por ejemplo, el 9 de febrero del 2022, a las 12:57 p.m., Nicolás le escribió a Dayssuris para que usaran urgentemente los recursos en la adquisición de la vivienda ante el temor de que les robaran el dinero.

Semana también refirió que Nicolás expresó su temor por el grueso del dinero que había para custodiar y habló con su esposa de una maleta donde estaban los billetes. Ella le contó que, por seguridad, una parte del dinero estaba escondida en “otra parte”. Nicolás, ese mismo 9 de febrero, le volvió a insistir en la compra de la casa “para ir saliendo de eso”, en referencia a la plata en efectivo.

En los chats queda claro que la casa costaba 1.600 millones de pesos (unos 408.000 dólares).

“Quedaría así: 1.600 millones. 50 % para la firma de la promesa y 50 % al momento de la escritura que sería en el momento de finalizar contrato de arriendo o antes de común acuerdo”, dijo Dayssuris a Nicolás en una de las conversaciones de WhatsApp.

Los chats que terminaron de sepultarlo

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Pedro Castillo se niega a responder sobre el Caso Sada Goray: los detalles de la diligencia fiscal

SITUACIÓN DE PEDRO CASTILLO SE COMPLICA SI SE DEMUESTRA QUE RECIBIÓ COIMA DE SADA GORAY – RCR Peru

Este miércoles, por tercera vez, el Ministerio Público trató de interrogarlo. Sin embargo, el vacado expresidente se negó a contestar las preguntas relacionadas a la investigación sobre las irregularidades en el Fondo Mivivienda

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

El expresidente Pedro Castillo se negó a ser interrogado por el Ministerio Público como parte de la investigación que se le sigue por presuntos actos ilícitos en los proyectos avalados por el Fondo MiVivienda, adscrito al Ministerio de Vivienda y Construcción; y el caso de la empresaria Sada Goray.

Se trata de la tercera vez que el expresidente es convocado para que declare por la recepción de dinero proveniente de Sada Goray Chong y la empresa Marka Group, entre otros hechos.

Según fuentes de El Comercio, representantes de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General de la República (PGE) se trasladaron este miércoles hasta el Penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo cumple prisión preventiva, a fin de concretar la diligencia.

Sin embargo, durante la sesión, el investigado exmandatario se acogió a su derecho de guardar silencio, cuestionando la participación de los representantes de la Unidad Funcional que sigue casos contra altos funcionarios de la PGE.

No obstante, su cuestionamiento contra los defensores del Estado fue rechazado por el representante del Ministerio Público, al señalar que la participación de los procuradores ya fue admitida por el Poder Judicial.

Ante ello, Castillo Terrones -quien estuvo acompañado por su abogado Eduardo Pachas- decidió no declarar.

Esta es la tercera oportunidad que Castillo Terrones no acepta ser interrogado. La primera vez, indicaron las fuentes, alegó que no estaba siendo asistido por su defensa y la segunda argumentó que no se sentía cómodo con el abogado que lo acompañaba (que no era Eduardo Pachas).

Pachas: «Dijo que no conoce a Sada Goray»

Este Diario se comunicó con el abogado Eduardo Pachas, defensa legal de Castillo Terrones, quien confirmó haber participado en la diligencia. Sin embargo, aseguró que el expresidente fue “puntual” ante los fiscales al decir que es inocente y que no ha liderado ninguna organización criminal; luego de ello, guardó silencio.

“Ha dicho que no conoce a la señora Sada Goray, nunca en su vida la ha visto. Al señor Mauricio Fernandini, nunca ha tenido relación; ni ha pedido ningún tipo de dinero a nadie; y por lo demás ha guardado silencio”, afirmó.

Aseguró que su patrocinado colaborará con las investigaciones las veces que sea citado por el Ministerio Público.

Según las pesquisas del caso, el expresidente Castillo habría constituido, promovido, controlado y dirigido una estructura criminal instrumentalizando los poderes del Estado, como el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción y sus entidades adscritas como el Fondo MiVivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, así como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP, del Ministerio de Justicia.

Para ello, junto a otros coinvestigados como el exministro Geiner Alvarado y su entonces jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, habrían incorporando a dichas instituciones un gran número de integrantes para que sean estratégicamente funcionales a los objetivos de la organización delictiva.

Como se recuerda, Sada Goray Chong buscó que el periodista Mauricio Fernandini logre contactarse con funcionarios del gobierno de Pedro Castillo y el exministro Alvarado habría respondido a los intereses de la empresaria a través de su entonces asesor Salatiel Marrufo.

Fue a través de Alvarado y Marrufo que la empresaria habría entregado más de S/4,5 millones, que habrían sido repartidos entre el expresidente y terceros según aspirantes a colaboradores eficaces que han declarado en la investigación.

Por ejemplo, el aspirante a colaborador eficaz con clave N° 13-2022, señaló que del 15 de septiembre del 2021 hasta el mes de julio del 2022, la organización criminal que lideraría Castillo Terrones habría empezado a recibir los pagos de Sada Goray Chong -a través de Alvarado y Marrufo- para beneficio propio, solventar marchas, y otras acciones ilegales.

A cambio, Goray Chong, Marka Group SAC y sus empresas subsidiarias se beneficiarían en los proyectos tramitados en el Fondo MiVivienda, en la SBN y en la Sunarp.

Sada Goray y Mauricio Fernandini permanecerán detenidos hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva.
Sada Goray y Mauricio Fernandini permanecerán detenidos hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva.

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Mansión, cochazo y ropa cara: la vida de lujo del hijo de Petro que puede llevarle 30 años a prisión

Este jueves continúa la vista contra el hijo del presidente de Colombia, en la que ha sido imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Tanto él como su exesposa, Day Velásquez, también imputada, han decidido colaborar con la Justicia para rebajar la condena

Gustavo Petro, de la euforia a la crisis permanente un año después de su triunfo electoral

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro (d) junto a su exesposa Day Vásquez (i) en la ceremonia de investidura del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022 EFE

02/08/2023

«Nicolás Petro obtuvo un incremento patrimonial injustificado. Solo tenía un ingreso por ser diputado de la asamblea departamental del atlántico y para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos. Yo creo que todos nos haríamos diputados». Así de contundente y sarcástico se mostró este martes el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño durante la vista en la que el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Junto a él se encontraba su exesposa, Day Velásquez, responsable de desvelar los detalles que han desembocado en esta imputación, lo fue por blanqueo de dinero y violación de datos personales. Ambos rechazaron los cargos.

No era nuevo que el retoño del mandatario izquierdista mantenía y presumía de un alto nivel de vida, al estilo de los hijos de otros líderes de la región, como Nicolasito Maduro, con el que parece coincider en algo más que el nombre.

Desde que se conoció la detención de Nicolás Petro, y las acusaciones a la que se enfrenta, no han dejado de circular informaciones que destapan los gustos caros del diputado. Gustos que este martes también enumeró la fiscalía durante la audiencia. Según el fiscal, Nicolás Petro gastó en los últimos dos años 1.600 millones de pesos (casi 363.000 euros).

Uno de los gastos mencionados fue la adquisición de un automóvil Mercedes Benz, modelo 200 de 2020, en diciembre del pasado año, por un valor de 200 millones de pesos (más de 45.000 euros), pagado en efectivo. El vehículo fue entregado a su exesposa, pero se registró a nombre de terceras personas relacionadas con la familia de ella, según recoge Infobae.

Además, la entidad judicial encontró gastos personales en Bogotá y Barranquilla, donde se realizaron compras de lujosas marcas como Ferragamo y Carolina Herrera, por un monto de 157 millones de pesos (más de 35.000 euros).

Pero el más llamativo de todos los gastos para la fiscalía es la lujosa casa de 1.600 millones de pesos que Nicolás Petro planeaba comprar. La vivienda, en la que convivió con su entonces esposa, está ubicada en Villa Campestre, una zona de opulentas viviendas en Barranquilla. Según la inmobiliaria Metro Cuadrado, la casa cuenta con una piscina privada, cuatro habitaciones, cinco baños, tres garajes y un diseño innovador de tres niveles.

Para evitar levantar sospechas sobre los millonarios movimientos financieros, Nicolás Petro y Day Vásquez llevaron a cabo la compraventa de la casa a través de un tercero, luego la pareja inicialmente se instaló en la propiedad en calidad de arrendatarios y mantuvieron un contrato con opción de compra vigente hasta junio del presente año.

Exterior de la vivienda, alquilada y que planeaba comprar Nicolás Petro INMOBILIARIA METRO CUADRADO

 

Sin embargo, la pareja se rompió antes, y Petro -que comenzó una relación con Laura Ojeda, una amiga de su ex que actualmente está embarazada de ocho meses- arrendó otro apartamento, tampoco barato.

Todos estos gastos contrastan con las entradas de dinero legales del hijo del presidente de Colombia. El fiscal Mario Burgos señaló en la audiencia que en los años investigados, Petro no tenía ningún ingreso diferente a su sueldo como diputado en la Asamblea del Atlántico, por el que recibe alrededor de 13 millones de pesos mensuales (casi 3.000 euros). En 2021 sumó ingresos por 217 millones de pesos (algo menos de 50.000 euros) y para el 2022 un total de 223 millones (50.593 euros) más un saldo de 57 millones (casi 13.000 euros) que tenía del año anterior.

La procedencia de parte de este dinero sería de empresarios de Bogotá, tanto en efectivo como en forma de favores, esto incluye el uso y disfrute de una camioneta de alta gama blindada. «Usted recibió en Bogotá una camioneta Tahoe de placas JCZ 858 de un mega contratista de Villavicencio. Esa camioneta usted la destinó a su esquema personal, además, ese mismo empresario hubiese entregado una suma de dinero en efectivo. De esa camioneta, que usted la devolvió, la señora Day Vásquez aún conserva la llave y los controles», señaló el fiscal.

De ser condenado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el hijo del presidente de Colombia, quien se ha comprometido a no interferir en la Justicia tras su sonada polémica con el fiscal general Francisco Barbosa, podría llevarle a prisión durante mucho tiempo. El exdirector de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, afirmó que, en caso de ser hallado culpable por lavado de dinero, podría recibir una condena de entre 10 y 30 años de prisión, sin embargo, esto dependerá de las pruebas que sean presentadas por la Fiscalía General de la Nación, según recoge Infobae. En cuanto al cargo de enriquecimiento ilícito, la pena oscila entre los 5 y los 10 años.

«Son delitos financieros bastante complejos que requieren de una carga probatoria muy importante… En los últimos meses, la Fiscalía ha recogido material probatorio para presentarle al juez y sustentar las afirmaciones que está haciendo», señala Jiménez.

Tras las imputaciones, lo que ha trascendido de momento es que la exesposa de Petro, «que ayudó a blanquear los bienes y desarrolló varias actividades para darles la apariencia de legalidad», según el fiscal, estaría dispuesta a negociar con la fiscalía a cambio que le fuera reducida la pena por lavado de dinero y violación de datos personales. Nicolás Petro, por su parte, también ha afirmado que está dispuesto a colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción que están en su conocimiento.

«Ante la contundencia y suficiencia de las pruebas presentadas por el ente investigador, de manera voluntaria los hoy procesados anunciaron a la Fiscalía su voluntad de colaborar con la Justicia y brindar información relevante que conduzca a una terminación anticipada del proceso judicial«, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Este jueves continuará el proceso y las medidas que tome la fiscalía contra Nicolás Petro y su exmujer dependerán de la información que le hayan facilitado.

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Investigados por sobornos de Sada Goray son 18: ¿Quién es quién en la red de corrupción que copó el sector Vivienda?

De estos 12 fueron funcionarios del Fondo MiVivienda, SNB y Sunarp durante el gobierno de Pedro Castillo. Empresaria entregó S/5,4 millones y US$21 mil en sobornos para copar esas y otras instituciones estatales.

El Ministerio Público consideró que “el dinero otorgado” por Goray a Alvarado y Marrufo (US$5,4 millones y US$21 mil) “sirvió como fuente de financiamiento” a la red castillista. (Foto: El Comercio)
El Ministerio Público consideró que “el dinero otorgado” por Goray a Alvarado y Marrufo (US$5,4 millones y US$21 mil) “sirvió como fuente de financiamiento” a la red castillista. (Foto: El Comercio)
Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

La trama de corrupción que gira entorno a la empresaria Sada Goray Chong en el Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), Sedapal y Sunarp compromete al menos a otras 17 personas, que son investigadas por el Ministerio Público por diferentes delitos, entre ellos organización criminal, colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

El 16 de julio último, el fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, formalizó la investigación preparatoria contra Goray; el ex jefe de Gabinetes de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y el periodista Mauricio Fernandini, entre otros [ver listado].

Inicialmente, las pesquisas solamente alcanzaban a nueve personas. No obstante, en las últimas semanas el Ministerio Público decidió incluir a nueve más, entre ellos exfuncionarios de media línea del FMV y SNB, al hallar elementos respecto a su participación no solo en el favorecimiento al holding Marka Group, sino al copamiento de las instituciones mencionadas.

Niño Torres ha declarado compleja la pesquisa tras considerar que el accionar de Goray estuvo amparado por la organización criminal que presuntamente encabezó el entonces presidente Pedro Castillo. Y donde el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, estaba en la “primera línea” de acción. Por ello, fijó un plazo de 36 meses para concluir la investigación.

De los 18 investigados, 12 fueron altos funcionarios en el Fondo MiVivienda, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Sunarp durante la administración de Pedro Castillo

En el documento de formalización, al que tuvo acceso El Comercio, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto, consideró que “el dinero otorgado” por Goray a Alvarado y Marrufo (US$5,4 millones y US$21 mil) “sirvió como fuente de financiamiento” a la red castillista.

Incluso, el Ministerio Público indicó que la empresaria tenía conocimiento sobre “el destino ilícito” que iba a tener el dinero que dio como sobornos. Por ejemplo, indican que Marrufo le pidió un apoyo económico para Castillo Terrones, a fin de que este pueda pagarles a congresistas para evitar su vacancia y traer a Lima a simpatizantes para que respalden en la calle a su gobierno.

El holding Marka Group comprometido

En la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal Niño Torres incluyó a seis empresas de Goray en la pesquisa. Se trata de Marka Group SAC, de Marka Group Sur-MiLima SAC, Inmobiliaria Campanario SAC, Praderas de Cacatachi, Inmobiliaria Nuevo San Bartolo SAC – Barranca Bonita, e Inmobiliaria Nuevo Chiclayo SAC.

Estas firmas- de acuerdo al Ministerio Público- fueron “instrumentalizadas” por Goray para cometer el presunto delito de colusión agravada.

Las empresas habrían concertado con Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta, integrante del directorio del Fondo Mi Vivienda, “para defraudar al Estado”, a través de la aprobación de la participación de la entidad pública en el fideicomiso de cinco proyectos inmobiliarios por más de S/158 millones.

La Procuraduría Anticorrupción advirtió que, de estas seis empresas, al menos tres (Pradera de Cacatachi SAC, e Inmobiliaria Nuevo Chiclayo SAC y Marka Group Sur-MiLima SAC) fueron creadas solo un año y unos cuantos meses antes de recibir los fondos del FMV, y no contaban con experiencia antes ser beneficiadas durante el gobierno de Castillo.

El fiscal Niño Torres ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Goray, Fernandini, Arroyo, Gavidia y Luis Mesones Odar, ex asesor en el FMV y ex esposo de la empresaria.

A continuación, detallamos quién es cada uno de los 18 investigados por la red de corrupción en el sector Vivienda:

Ex jefe de Gabinete de Asesores del MVCS

1. Salatiel Marrufo
Ex jefe de Gabinete de Asesores del MVCS

 

Marrufo, dentro del proceso de colaboración eficaz que lleva con el Ministerio Público, ha reconocido haber recibido en once armadas un total de S/5,4 millones y US$21 mil como sobornos de parte de Sada Goray, ex gerente general de Marka Group. Este dinero, agregó, no solo fue para él, sino también para el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado.

El 7 de diciembre último, el ex alto funcionario declaró públicamente en el Congreso que a Castillo Terrones se le entregó S/50 mil “mensuales”, de los pagos hechos por Goray, “para para efectos de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda”. Unas horas después de este testimonio, el docente perpetró un golpe de Estado en televisión nacional.

Al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se le imputan los presuntos delitos de colusión y organización criminal.

De acuerdo al organigrama de la red criminal presuntamente encabezada por Castillo, Alvarado y él avalaron las acciones de copamiento de Goray en el Fondo MiVivienda y otras instituciones.

Asimismo, ha referido que la empresaria le entregó al exministro y a él una casa en la urbanización El Golf, de San Isidro, valorizada en S/3,8 millones como parte de las coimas.

Marrufo detalló que Goray le dijo que ese inmueble estaba “en trámite de saneamiento” y que ella se comprometió, una vez que Alvarado y él dejen de ser funcionarios públicos, a hacer oficial la transferencia a favor “de una empresa creada por nosotros o una tercera persona de nuestra confianza”.

 

Ex gerente general de Marka Group

2. Sada Goray
Ex gerente general de Marka Group

 

Inicialmente, la empresaria fue una testigo clave para detallar los sobornos que recibió la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo. No obstante, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra porque no fue sincera en su declaración. Por ejemplo, omitió decir su verdadero rol en el copamiento del Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Sedapal y Sunarp.

El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, le imputa a Goray Chong los presuntos delitos de complicidad en colusión agravada y organización criminal. Esto por haber entregado S/5,4 millones y US$21 mil al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado y al ex jefe de Gabinete de Asesores del MVCS Salatiel Marrufo.

El dinero sirvió para que Alvarado y Marrufo le dieran el “control total” del FMV y permitieran que extienda su influencia en las otras instituciones ya mencionadas.

Goray, de acuerdo al testimonio de tres colaboradores eficaces, direccionó no solo la designación de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como integrantes del directorio del Fondo MiVivienda, sino también decidió el cambio de casi todas las gerencias de esa entidad. Esto con la finalidad de que le otorguen cinco proyectos inmobiliarios a Marka Group, su empresa, por más de S/158 millones.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

 

Periodista

3. Mauricio Fernandini
Periodista

 

Al ex conductor de “20 lucas” lo acusan de los presuntos delitos de colusión, en la modalidad de “cómplice primario”, y de lavado de activos. Para el Ministerio Público, el periodista habría sido el intermediario entre Goray y Marrufo para que este último reciba el pago de sobornos. Por esta tarea, habría recibido de la empresaria dos bonos de éxito, uno de S/150 mil y otro de US$80 mil.

Con ese dinero, Fernandini habría adquirido un departamento y una cochera en San Isidro, así como dos autos.

El periodista, además, realizó un media training a los directores del Fondo MiVivienda y entrevistó en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV, al gerente general de la referida institución, Juan Carlos Forero. Todo a solicitud de Goray.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

 

Expresidente del Fondo MiVivienda
4. Pedro Arroyo Marquina
Expresidente del Fondo MiVivienda

 

De acuerdo al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, el ex alto funcionario se la investiga por el presunto delito de colusión agravada. Esto porque habría “concertado” con Goray y Luis Mesones Odar, ex esposo de esta última, “para defraudar al Estado”, a través de la aprobación de cinco proyectos inmobiliarios a favor de Marka Group.

El Fondo MiVivienda, a pesar de que el referido holding no cumplió con los requisitos mínimos, liberó S/32’275,441 por concepto de avance de obra y S/2’791,669 por intereses.

Para el Ministerio Público, Arroyo Marquina “participó” en el copamiento del FMV. Por ejemplo, dispuso designar a José Forero Monroe como gerente general de la institución, con el objetivo “de viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por la empresa Marka Group”, de propiedad de Goray Chong.

El ex presidente del directorio del FMV, además, viabilizó al menos cambios en ocho gerencias de la entidad, tal y como lo había ordenado la empresaria en una reunión que tuvieron en su casa a fines de setiembre, donde incluso apunto los nombres de los que ingresaban y de los que se iban en una pizarra.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

 

Ex director del Fondo MiVivienda

5. Roger Gavidia Johanson
Ex director del Fondo MiVivienda

 

Al ex integrante del directorio del FMV, la fiscalía le imputa el presunto delito de colusión agravada. También por supuestamente hacer concertado con la ex gerente general de Marka Group “para defraudar al Estado”, por medio de darle la luz verde a cinco proyectos de vivienda social a favor del holding de Goray Chong.

Al igual que Arroyo Marquina respaldó los cambios realizados en las gerencias del Fondo MiVivienda.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

 

Ex director del Fondo MiVivienda

6. Gonzalo Arrieta Jovic
Ex director del Fondo MiVivienda

 

A Arrieta Jovic, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder le imputa el presunto delito de colusión agravada, porque habría participado en “el copamiento” del FMV para “viabilizar y direccionar” pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por Marka Group, empresa de Goray.

Arrieta es uno de los protagonistas de los chats, a través de los cuales Goray les daba órdenes a los altos funcionarios del FMV colocados por ella. Por ejemplo, el 18 de octubre de 2021, se realizó una reunión del Comité de Riesgos para analizar nuevamente la propuesta para que el fondo participe en los proyectos “Pradera de Cacatachi-I” y “Chiclayo Bonito-Etapa I y II”, de la firma de la empresaria. El entonces director del FMV le advirtió que posiblemente la sesión se suspenda.

“Ya no se pasen… voten de una vez”, le exigió Goray al funcionario del FMV.

Al igual que Arroyo Marquina y Gavidia, respaldó los cambios realizados en las gerencias del Fondo MiVivienda.

 

Ex gerente general de Marka Group

7. Luis Mesones Odar
Ex gerente general de Marka Group

 

Al también ex viceministro de Mype e Industria se le acusa de ser “cómplice primario” de colusión agravada. Mesones Odar, quien desde el viernes 6 de julio está en la clandestinidad, fue contratado, por medio de la empresa Saber Conmmunity SAC, como asesor externo de Arroyo Marquina en el FMV. Este proceso, de acuerdo a la procuraduría anticorrupción, fue “irregular”.

Esto porque Saber Conmmunity SAC es una firma “ajena al objeto de la contratación”, por lo que deducen que fue presuntamente favorecida con una asesoría por S/34.000.

Mesones Odar participó “activamente” en reuniones de la plana mayor del Fondo MiVivienda.

Los auditores internos del Fondo MiVivienda —de acuerdo a la defensa legal del Estado— han advertido que Mesones Odar “si mantenía presencia en sesiones del Comité de Riesgo asesorando al presidente del directorio del Fondo [Pedro Arroyo Marquina], no siendo registrada su participación física”.

El ex gerente general de Marka Group, además, tuvo participación en el directorio de Sedapal. El holding tenía interés en sanear sus problemas de conexión a los servicios de agua y alcantarillado en el proyecto Lima Bonita.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

 

Asesora de imagen de Goray

8. Pilar Tijero
Asesora de imagen de Goray

 

Tijero fue la persona que enlazó a Goray con Fernandini, quien es su primo. Este último a su vez contactó a Alvarado y pactó las primeras reuniones de la empresaria con Marrufo. El Ministerio Público le imputa el presunto delito de colusión en la modalidad de cómplice primario, a raíz de su participación en los acuerdos de la ex gerente general de Marka Group para copar el FMV y otras instituciones, por medio del pago de sobornos.

 

Ex gerente general del FMV

9. José Carlos Forero Monroe
Ex gerente general del FMV

 

Forero Monroe ingresó a la Gerencia General del Fondo MiVivienda por expresó pedido de Goray a los miembros del directorio de la institución que ella colocó. El Ministerio Público acusa al ex alto funcionario del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Esto porque “se habría interesado indebidamente de manera directa” en concretar la contratación de Mesones Odar, a través de la empresa Saber Conmmunity SAC, como asesor, a fin de “aparentar un servicio de consultoría”. Incluso, para ello se modificó la “Política de Contratación de Asesores Exteriores para Directorio”.

Por ejemplo, se eliminó de la definición de “relación de afinidad” la parte que prohibía la contratación de asesores exterior que tengan una relación amical con los directores del fondo. Mesones Odar y Arroyo habían fundado juntos una empresa.

Para la fiscalía, “la verdadera finalidad” del ingreso de Mesones Odar era que “participe activamente” en la institución “para viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables” en los contratos de Marka Group.

De acuerdo a la formalización de la investigación, Forero, además, habría tenido participación en la modificación de la estructura orgánica del FMV, a través de la cual se trasladó el Departamento de Proyectos Inmobiliarios, que dependía de su oficina, a otra área y bajo el nombre de Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios (DEPI).

El DEPI fue conducido por Luz Mayhua Elguera con el fin de “direccionar” decisiones a favor de la empresa de Goray, según el Ministerio Público.

 

Ex jefa (e) del DEPI del FMV

10. Luz Mayhua Elguera
Ex jefa (e) del DEPI del FMV

 

A la ex jefa Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios (DEPI) del FMV, el Ministerio Público le imputa el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La fiscalía consideró que la arquitecta “se habría interesado indebidamente de manera directa en favorecer” a Marka Group.

Mayhua Elguera emitió dos informes en junio de 2022 respecto al proyecto “Chiclayo Bonito”, a través de los cuales concluyó que el promotor inmobiliario Nuevo Chiclayo SAC, del holding de Goray, había cumplido con las condiciones establecidas en el contrato y recomendó iniciar el tramite para el desembolso del dinero del fideicomiso, a pesar de que no había cumplido con el aporte mínimo del 15%.

El 10 de junio de 2022, a través de un correo, la ex funcionaria señaló que “los intereses no forman parte del patrimonio fideicometido”. Esto permitió que las empresas de Goray se hagan de manera “ilícita” con más de S/2,7 millones correspondientes a intereses que fueron generados con dinero del Estado.

 

Representante de Marka Group

11. Ítalo Arbulú Ortega
Representante de Marka Group

 

Un colaborador eficaz sindicó a Arbulú Ortega “como la sombra” y principal asesor de Goray Chong. Para el Ministerio Público, el representante de Marka Group forma parte de la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Castillo, porque habría coordinador la firma de un convenio entre la empresa y el FMV para que la primera se vea favorecida con cinco proyectos inmobiliarios.

También “habría coordinado” y “operado” en los actos de copamiento de la SBN con la designación de su superintendente, funcionarios y hasta asesores, con el objetivo de “lograr el saneamiento” de terrenos en Chilca a favor de Goray y otros integrantes de la organización criminal.

Ex jefe de la Sunarp
12. Luis Ernesto Longaray Chau
Ex jefe de la Sunarp

 

Es considerado por la fiscalía como operador de la presunta red criminal que encabezó el expresidente Pedro Castillo. Precisamente, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero, en su declaración testimonial, refirió el docente le pidió nombrar a Longaray al frente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Para el Ministerio Público, Longaray tuvo influencia en la inscripción de un terreno de Goray en Chilca que presuntamente esta superpuesto a un predio del Estado. Esto luego de que la SBN emitiera un pronunciamiento a favor de la empresaria.

 

Ex titular de la SNB

13. Cyntia Raquel Rudas Murga
Ex titular de la SNB

 

De acuerdo al Ministerio Público, Rudas coaccionó a William de la Vega, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), a fin de que favorezca a Goray en la dación de terrenos en Chilca. Incluso, le dijo que tenía que aprobar el expediente, porque la empresaria “había apoyado al partido [Perú Libre] en la campaña presidencial [de Castillo]”.

Rudas- investigada por el presunto delito de organización criminal- también habría participado en el copamiento de la SBN. Y fue parte del directorio de la Sunarp que validó la rectificación de los terrenos de Goray en el sur de Lima.

 

Ingeniero

14. César Alejandro García Yokota
Ingeniero

 

A García Yokota lo investigan por el presunto delito de usurpación de funciones, luego de que haya emitido y suscrito “sin nombramiento” dos memorias descriptivas y dos planos que fueron utilizados ante la Sunarp, a fin de que esta institución inscriba la rectificación del área, linderos y medidas de un terreno de Goray en Chilca que presuntamente se sobreponía a un predio estatal.

 

Ex gerente general de la SNB

15. Jaqueline Guadalupe Perales Olano
Ex gerente general de la SNB

 

Fue una de las funcionarias públicas que acudieron a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para reunirse con el expresidente Castillo.

Perales Olano- de acuerdo al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder-formaría parte del “brazo ministerial y de altos funcionarios” la red criminal presuntamente encabezada por Castillo. Asimismo, habría participado en los actos de copamiento de la SBN.

 

Ex directora de Gestión del Patrimonio Estatal de la SNB

16. Marina Aglae Subiría Franco
Ex directora de Gestión del Patrimonio Estatal de la SNB

 

Es investigada por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, porque firmó la resolución que terminó declarando procedente el pedido de rectificación de Goray respecto a un terreno en Chilca. El Ministerio Público advirtió que para tomar esta medida utilizó las dos memorias descriptivas y los dos planos hechos por García Yokota, quien no era un funcionario de la SBN. Esta irregularidad le fue advertida.

 

Ex director de Gestión del Patrimonio Estatal de la SNB

17. Héctor Manuel Chávez Arenas
Ex director de Gestión del Patrimonio Estatal de la SNB

 

El Ministerio Público lo investiga por el presunto de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que como director de Gestión Patrimonial de la SNB “se habría interesado indebidamente de manera directa en concretar” el saneamiento de terrenos para favorecer a Goray. Para ello, firmó un conjunto de resoluciones.

 

Abogada contratada en la SNB

18. Flor Amelia Olivera Orellana
Abogada contratada en la SNB

 

Junto con Rudas Murga se encargó “de revertir los pronunciamientos iniciales desfavorables” en la SBN a la Goray. Es investigada por el presunto de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En la disposición que formaliza la pesquisa, la fiscalía refiera que Olivera Orellana fue contratada bajo la modalidad de “servicios por terceros” por la referida institución desde febrero de 2022 hasta octubre de ese año. Por tres órdenes de servicio cobró un total de S/54 mil.

14 Comentarios

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  1. Petro, la mayor farsa de la política colombiana. Que le estará pasando a nuestros pueblos que optan por elegir pseudo gobernantes. Algo malo tiene que estar haciendo la derecha y que las masas más necesitadas de nuestros países percibe como constante que termina por optar por gobernantes populistas de tendencia izquierdista, misios que requieren del financiamiento del narcotrafico para poderle lavar el cerebro a estas masas desposeídas generalmente carentes de educación y sumergidas por décadas en la desesperanza.

  2. Excelente artículo de concienzar a los lectores en el sentido de la lucha anticorrupciín para que los jóvenes no caigan en dichos hechos negativos que los llavará por males caminos.

  3. Cínico como todo psicopata y criminal niega todo ante tantas evidencias. La trama de corrupción que gira entorno a la empresaria Sada Goray Chong en el Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), Sedapal y Sunarp compromete al menos a otras 17 personas, que son investigadas por el Ministerio Público por diferentes delitos, entre ellos organización criminal, colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

  4. De los 18 investigados, 12 fueron altos funcionarios en el Fondo MiVivienda, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Sunarp durante la administración de Pedro Castillo. Lo que denota que castillo controlaba toda una red criminal que amerita una prisión ejemplar por su maldadd de corruoción.

  5. En el perú somos campeones mundiañles en corrupción política que involucra incluso a gran parte del sector privado y al mismo pueblo. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.

  6. Los casos descritos en innovas desde tiempo atras son contundentes. La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados,​ para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

  7. Por lo general la corrupción política se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos. Para aqueloos que no reconocen que los gobernantes comunistas son los peores no tienen libertad de expresión y controlan todo.