27.1 C
Lima, Perú
jueves, febrero 1, 2024
Justicia y Anticorrupción / Investigación. Junio 2023

Justicia y Anticorrupción / Investigación. Junio 2023

1465
116

Justicia/ Anticorrupción/ Investigación

Elaboración: Alfonso Barba Caballero ABC

La revista Si crees, Innovas fiel a su trayectoria, el cual es  informar y denunciar todo tipo de investigaciones contra la corrupción que se publicará como parte de un reporte. Luego de haber cumplido con denunciar a la redes de corrupción de 2022.

Mallet, El Código Legal Y La Balanza De La Justicia. Concepto De La Ley, Fotografías De Estudio Fotos, Retratos, Imágenes Y Fotografía De Archivo Libres De Derecho. Image 22799279.

La corrupción, hoy en día es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana,  afectando directamente la legitimidad de las instituciones públicas y pérdida cuantiosa de millones de soles afectando nuestra economía. Por ello iniciamos esta ácida columna de informes de diferentes medios de comunicación con datos actualizados sobre denuncias de los ciudadanos en materia de corrupción.

*************

Salatiel Marrufo: De defensor de votos de Pedro Castillo a delator de sus presuntos actos de corrupción | PERFIL

El confesor de la receptación de las millonarias coimas que habrían sido para el expresidente de la República y su presunta red criminal, goza de libertad desde fines de mayo.

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Vengo a colaborar con la justicia y las investigaciones del Congreso de la República. Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a cuatro millones y medio (…) La ruta del dinero, para el señor presidente de la República Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de S/50 mil mensuales para efectos de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda”.

La pantalla muestra las 9:39 de la mañana del 7 de diciembre del 2022. Quien habla y confiesa es el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Ese día se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de manera virtual y desde el penal Miguel Castro Castro donde cumplía prisión preventiva.

Dos horas después, Castillo Terrones aparecía sorpresivamente por el canal del Estado, anunciando el cierre del Parlamento y la intervención de los organismos autónomos, llevando a cabo un golpe de Estado.

Entonces, alegaba que el Congreso buscaba vacarlo, como otras veces lo había intentado. En ese momento, el intento por subvertir el orden constitucional acaparó el interés de toda la ciudadanía y la declaración de Marrufo pasó a un segundo plano.

Sin embargo, fue precisamente la versión del exfuncionario la que habría terminado por fortalecer la idea de que el expresidente -quien fue finalmente vacado- había estado implicado en un presunta red de corrupción como lo habían adelantado otros delatores como Karelim López y Zamir Villaverde.

“El 16 de mayo del 2022, el presidente visita el despacho del ministro y luego visita mi despacho en el que personalmente le entrego 100 mil soles al señor presidente”. SALATIEL MARRUFO ANTE EL CONGRESO

 

Hoy, seis meses después de presentarse desde prisión ante el Congreso, Marrufo Alcántara está en libertad tras acogerse a un proceso de colaboración eficaz ante el Ministerio Público.

Su allanamiento a la justicia se habría iniciado en octubre del 2022 y la fiscalía le asignó entonces, el Código CE 13-2022-EFICCOP3. Sin embargo, el 25 de octubre se ordenó su prisión preventiva junto a otros integrantes de los denominados “Asesores en la Sombra” del gobierno de Castillo.

Su condición es de aspirante a este beneficio. Que se certifique y confirme judicialmente dependerá de la fortaleza del aporte instrumental y documental que continúe entregando a la fiscalía.

Entre otros temas, ha declarado sobre el papel de Pedro Castillo, sobre congresistas implicados; y de los actos de corrupción de la empresaria Sada Goray, quien confesó haber pagado millones para ser beneficiada en el Fondo Mi Vivienda (Ministerio de Vivienda) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN); entre otros.

Por ahora, se ha convertido en uno de los delatores más importantes ya que es conocido que fue uno de los primeros en unirse al núcleo duro que inició y conformó la presunta red criminal que habría liderado Castillo Terrones, previo y durante su gobierno.

Salatiel Marrufo nació en el distrito de Cumba, provincia de Utcubamba y departamento de Amazonas, hace 43 años. ‘Paisano” de su exjefe y exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien también nació en el departamento de Amazonas.

En el 2006 se recibió de abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo.

Cuatro año después, en julio del 2010, fundó su despacho legal “Estudio Marrufo Abogados S.A.C” en Chiclayo, inscribiéndolo en Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) con un capital de S/15 mil como socio único y gerente.

estudio marrufo by Karem Barboza

Según Infogob, no ha postulado a cargo público alguno, pese a que en el 2013 se inscribió como integrante del Movimiento Regional “Amazonas Siglo 21″, afiliación que canceló el pasado 16 de febrero del 2023.

En el 2015, junto a otras dos personas constituyó, también en Lambayeque, el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Educativo y Social Sociedad Anónima Cerrada con el 33% de las acciones y un aporte de S/1.500. Este se dedicaría a la asesorías y consultorías para el sector educativo.

Ni su estudio de abogados ni el instituto de asesorías registra contratos con el Estado. Sin embargo, como persona natural, Marrufo Alcántara comenzó sus contratos con el Estado en el 2012. Inicialmente fueron contratos de servicios con la Universidad Pedro Ruiz Gallo y con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

También asesoró al Gobierno Regional de Lambeyeque, la Municipalidad de José Leonardo Ortíz, Municipalidad de Soritor, Municipalidad de Lajas entre otros.

Marrufo Alcántara ha confirmado públicamente que también asesoró a la Municipalidad de Anguía en la gestión del exalcalde José Nenil Medina, parte del núcleo duro de la presunta organización criminal, según la fiscalía. Ello dijo, fue entre los años 2020 hasta julio del 2021.

El defensor de votos se une al grupo

Quizá por ello, es que, durante la segunda vuelta, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se disputaban voto a voto la presidencia, fue llamado como uno de los varios abogados y asesores legales de Perú Libre.

Así lo ha reconocido el mismo Marrufo, quien dijo que Abel Cabrera Fernández -otro presunto fundador de la red criminal sindicado por la fiscalía- fue quien lo llamó a fin de que apoye en la defensa técnica de los votos. A Cabrera, según el ahora delator, también lo conocía desde las aulas universitarias.

En su cuenta de Facebook, Marrufo publicó una foto en el Jurado Nacional de Elecciones de junio del 2021, cuando supuestamente defendía los votos de Castillo. No obstante, un mes antes ya enarbolaba las banderas de Perú Libre, según fotos en su misma red social.

Además, según registros fiscales, aportó S/32,500 durante la campaña electoral de las Elecciones Generales del 2021 de acuerdo con el Informe Técnico EG 2021 – Segunda Entrega N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido Político Nacional Perú Libre

Por entonces, el “núcleo duro” de la presunta organización criminal la conformaban -según tesis fiscal- Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina Guerrero, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Jenin Abel Cabrera Fernández, Gian Marco Castillo, Y Fray Vásquez Castillo, amigos personales y sobrinos de Castillo.

A ellos, se sumó Salatiel Marrufo Alcántara, y pasaron a conformar el “buró político” durante el inicio del gobierno del vacado expresidente, cuando Geiner Alvarado, asumió como ministro de Vivienda por recomendación de Abel Cabrera. A su vez, Marrufo Alcántara fue nombrado jefe de gabinete de asesores de dicha cartera ministerial.

Su nombramiento incluso, ha dicho el procesado, tuvo un percance que fue corregido por el mismo Cabrera, puesto que Alvarado había nombrado a otra persona y no a él, como se había acordado.

Las primeras versiones sobre Sara Goray y Mauricio Fernandini

Cuando las primeras versiones sobre la confesión de Salatiel Marrufo comenzaban a conocerse, en diciembre del 2022, la empresaria Sara Goray salió a los medios de comunicación alegando haber sido “extorsionada” por Salatiel Marrufo.

Sin embargo, mes y medio antes, el exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda ya había contado parte de la historia sobre cómo se involucró con la empresaria y el periodista Mauricio Fernandini.

Todo, dijo, se inició el 6 agosto del 2021, cuando fue contactado por Fernandini quien, luego de una reunión, le dijo que tenía un amiga que quería reunirse con él. Se trataba de Sada Goray, que en ese entonces era representante de la empresa Marka Group. La reunión, dijo el confesor, se realizó la segunda semana de ese mes en la casa del periodista.

Luego de ello, comenzaron los pagos puesto que, según Marrufo, se comprometió con la empresaria para ayudarla a cambio de que esta también apoye a Castillo para evitar su vacancia y solventar otros gastos.

El compromiso pasaba por apoyarla con su proyecto de otorgar créditos hipotecarios en el Fondo Mi Vivienda, sin supervisión de la SBS. Incluso, señaló Marrufo, debido a que su propuesta había sido observada, participó en un reunión virtual el 25 de agosto del 2021, entre la exviceministra Añaños y Goray “para que los funcionarios del ministerio de Vivienda puedan apoyar en la viabilización del requerimiento de Marka Group, siendo que Geiner Alvarado, ingresó a la reunión solo para saludar”.

Luego, Goray también le habría solicitado que se cambie a funcionarios de la SBN para que pueda obtener un pronunciamiento a su favor en un proceso de saneamiento de un terreno en Chilca, puesto que los técnicos que estaban a cargo de su caso le habían dicho que su trámite era inviable.

En junio del 2022, según Marrufo, luego de las coordinaciones entre Castillo Terrones y Alvarado López, la SBN emiten un informe a favor de los intereses de Goray.

Según el confesor, habrían recibido de la empresaria un promedio de S/9.4 millones que correspondía al 2.5% del monto de dinero transferido en el DS N°255-2021-EF del 24 de setiembre del 2021 al sector AVN (Adquisición De Vivienda Nueva) del Fondo Mi Vivienda donde Goray -a través de su empresa Marka Group- podría financiar sus proyectos de venta de vivienda social, así como la aprobación del fideicomiso en el convenio Marka Group – Fondo Mi Vivenda.

Todo esto, ha sido corroborado en parte por la confesión sincera del periodista Mauricio Fernandini, quien ha reconocido haber participado no solo en las coordinaciones entre Marrufo Goray; sino también en la entrega de dinero.

Recientemente, la Procuraduría Anticorrupción ha interpuesto una ampliación de denuncia contra Sada Goray por el presunto delito de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado (instigadora), contra Salatiel Marrufo por el presunto delito de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias agravado.

Salatiel el coordinador

El papel de Marrufo, como se evidencia de los hechos que la fiscalía le atribuye y que ha confesado haber participado, es el de coordinador y ejecutor de las órdenes de los principales integrantes de la presunta organización criminal.

Así, dentro del denominado grupo “Los Chiclayanos” que integraban el “Buró político” de la red criminal, participó en todas las etapas de la elaboración del Decreto de Urgencia N° 102-2021, promulgado el 29 de octubre de 2021, que dictaba medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano; donde se aprueba el financiamiento para la ejecución de 116 proyectos de obras a nivel nacional, por un monto aproximado de S/500 millones soles para la ejecución de diversos proyectos de inversión pública, en la cual la presunta organización criminal tendría acuerdos colusorios (ausencia de reuniones formales y celeridad inusitada), con algunas entidades públicas y terceras empresas.

De los 116 proyectos, 34 obras fueron direccionadas por los integrantes de la organización criminal para que sean incluidos en el dispositivo legal para ser financiados, y realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio económico en agravio del estado de más de S/130 millones.

En sus amplias confesiones, Marrufo ha señalado también haber tenido conocimiento, que varios congresistas, visitaron en el año 2021 al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado Lopez, “y le solicitaron financiamiento para obras y a cambio de ello, se comprometan a apoyar con sus votos ante cualquier intento de vacancia presidencial, no cuestionar al Ministro de Vivienda y apoyar en todo al Presidente de la República”.

Entre ellos, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Karol Paredes. Cabe precisar que, a lo largo de las investigaciones, los parlamentarios han negado estar implicados en actos ilícitos.

También ha declarado sobre la participación de Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente. Sobre esta, aseguró que Castillo le habría dicho a Alvarado López que quería que la apoye dándole trabajo a personas que los han apoyado en campaña y el ministro le indicó que su entonces jefe de gabinete se encargaría.

Por ello, en octubre del 2021, Marrufo dice haberse reunido con la hermana del presidente en las instalaciones del Ministerio de Vivienda y allí le habría entregado cerca de 50 currículum.

Así también, dijo tener conocimiento que parte del dinero que en alguna oportunidad, cuando le llevó S/110 mil a Alvarado y este a su vez le dio S/50 mil a Castillo y los otros S/60 mil se los entregó a la hermana presidencial.

El exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y los protagonistas del diálogo: Salatiel Marrufo, exasesor ministerial y el empresario y colaborador eficaz Zamir Villaverde. Composición: GEC
El exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y los protagonistas del diálogo: Salatiel Marrufo, exasesor ministerial y el empresario y colaborador eficaz Zamir Villaverde. Composición: GEC

 

Ante la Comisión de Fiscalización, Gloria Castillo, ha guardado silencio respecto a su presunta participación en los presuntos actos ilegales. » Por ser familiar directo del señor Pedro Castillo, voy a guardar silencio”, dijo en febrero del 2023.

Tras la excarcelación de Salatiel Marrufo, su abogado Eliú Arisméndiz,ha señalado que su patrocinado viene cooperando con la justicia.

“La información que él está brindando es una información que a la fecha ha pasado el umbral de una sospecha inicial y está tomando consistencia a nivel de un peso probatorio que en su momento oportuno podría vincular a altos funcionario de la administración pública durante el periodo del señor expresidente Pedro Castillo Terrones”, indicó.

Sada Goray: la historia de la casa que entregó a Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo como soborno

Según declaración de ex jefe de asesores de Vivienda, la empresaria no pudo cumplir con el pago de S/9,4 millones. A raíz de ello, en enero de 2022 dio a los ex uncionarios un inmueble valorizado en S/3,8 millones. En abril último, esa propiedad fue vendida.

Sada Goray: la historia de la casa que entregó a Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo como soborno
Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

La empresaria Sada Goray– investigada por cohecho y tráfico de influencias agravado- no solamente dio sobornos por S/4 millones en efectivo a Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino también habría entregado una exclusiva casa en San Isidro, a cambio de obtener beneficios en el Fondo MiVivienda.

De acuerdo a una declaración ofrecida por Marrufo ante el Ministerio Público, Goray le había manifestado, en una de las reuniones que tuvieron en el departamento del periodista Mauricio Fernandini, su “inquietud” porque el Fondo MiVivienda no tenía el dinero para otorgar bonos a las personas que iban a adquirir las casas construidas por Marka Group en seis proyectos. Agregó que sin ello su empresa no podía realizar la venta de las mismas.

El ex alto funcionario contó, además, que a inicios de setiembre de 2021, el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, se comprometió a realizar las gestiones para conseguir los recursos para el fondo. Por ello, fue el principal promotor para que el Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por Pedro Francke, apruebe una transferencia de S/376 millones.

***************

Alejandro Toledo a juicio oral: ¿que pruebas se vieron en el control de acusación por el Caso Interoceánica?

Alejandro Toledo a juicio oral: ¿que pruebas se vieron en el control de acusación por el Caso Interoceánica?

El juez Richard Concepción Carhuancho anunció que en los próximos días emitirá el auto de enjuiciamiento. Mientras que, en el Caso Ecoteva, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de Eva Fernenbug.

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

 

Alejandro Toledo está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados para responder penalmente por la presunta recepción de una coima de US$35 millones de la empresa brasileña Odebrecht a la que le adjudicó irregularmente la obra Carretera Interoceánica, Tramos 2 y 3.

Este miércoles en la mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho concluyó con la etapa de control de acusación en contra del expresidente y anunció que en los próximos días emitirá el auto de enjuiciamiento para que el caso pase a juicio oral.

De esta manera, el Caso Interoceánica, cuya investigación se inició hace más de seis años, avanzará hacia una de las etapas más importantes de este proceso, que podría terminar con la condena de Toledo Manrique.

Su pase a un juicio oral era inevitable. Así lo había adelantado días atrás el magistrado cuando declaró que había “causa probable” para llevar a juicio al expresidente y sus co-acusados.

El Ministerio Público ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo al acusarlo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Alejandro Toledo y su abogado Roberto su, en la audiencia judicial de control de identidad luego de su extradición.
Alejandro Toledo y su abogado Roberto su, en la audiencia judicial de control de identidad luego de su extradición.

 

Mientras que, la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht, solicitó S/ 1.800 millones y US$ 400 millones por concepto de reparación civil a fin de que sean pagados de manera solidaria por las personas naturales y jurídicas acusadas.

El exmandatario, como se recuerda, terminó siendo extraditado desde Estados Unidos pese a los diversos recursos que interpuso para evitar su deportación hacia nuestro país y rehuir a la justicia, como lo hizo al principio de este proceso judicial, en enero del 2017.

Toledo Manrique llegó deportado al Perú el pasado 23 de abril y desde entonces se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo una orden de prisión preventiva por 18 meses que se dictó en su contra por este caso.

Una etapa intermedia rápida

La conclusión de la etapa de control de acusación solo duró un mes y medio tras su inicio el 17 de abril del 2023.

El juez Richard Concepción Carhuancho fue expedito y las sesiones fueron casi “maratónicas” por decisión del mismo magistrado que consideró que esta etapa debía ser analizada de manera ágil.

Entonces, ya hemos concluido con este caso. Vamos a dar por cerrada la etapa intermedia. El día de hoy, anuncio, estamos concluyendo con la etapa intermedia del Caso Interoceánica, Caso Alejandro Toledo Manrique y otros. Este caso ya está expedito para emitir el auto de enjuiciamiento. Se va a emitir, en estos días, el auto de enjuiciamiento para que esto vaya al colegiado”, anunció el juez este miércoles.

La acusación se presentó en agosto el 26 de agosto del 2020 y desde entonces había esperado ser sometida a control de acusación.

“El día de hoy, anunciamos oficialmente, que estamos concluyendo con la etapa intermedia del Caso Interoceánica, (expediente) 16-2017, Caso Alejandro Toledo Manrique.»

Richard Concepción Carhuancho Juez de Investigación Prepatatoria

Richard Concepción Carhuancho

El pasado 23 de mayo, Concepción Carhuancho declaró que había mérito para que el expresidente sea llevado a juicio oral. Junto a él, deberán acompañarlo en el banquillo de los acusados Avraham Dan On, Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco-Font Quevedo, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey.

Los empresarios José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña Acuña, incluidos en la acusación inicialmente, llegaron a un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht que se encuentra ejecutándose y por ello serían convocados solo como testigos de ser necesario.

“En el presente caso existe causa probable para llevar a juicio a los acusados respecto al requerimiento acusatorio. Declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio contra todos los acusados consignados en el requerimiento”, señaló.

Triangulación de los pagos que realizó Odebrecht a Alejandro Toledo a través de las empresas de Josef Maiman.
Triangulación de los pagos que realizó Odebrecht a Alejandro Toledo a través de las empresas de Josef Maiman.

Durante el control de acusación, la defensa de Toledo Manrique trató de que el juez archive el delito de colusión. Su abogado Roberto Su, aseveró que los hechos atribuidos en contra del expresidente sobre dicho delito, no calzaban dentro de la figura penal.

El cuestionamiento, a través de un recurso de excepción de procedencia de acción, fue rechazado por el magistrado.

“Hemos concluido con el control sustancial y este despacho está concluyendo de que este caso, que el requerimiento acusatorio, ha superado el control sustancial y merece ir a juicio oral”, precisó el juez.

Finalmente, en esta etapa, el magistrado también admitió incluir a la empresa Odebrecht como acusada por el presunto delito de lavado de activos.

Cabe precisar que la empresa se acogió a la colaboración eficaz por otros delitos vinculados a presuntos actos de corrupción y no por el delito de lavado de activos.

Los hechos imputados

Alejandro Toledo y sus coacusados deberán responder por presuntamente haberse coludido con funcionarios y empresarios, entre los años 2004 y 2005, para entregarle al consorcio, integrado por Odebrecht, la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica.

La fiscalía le imputa al acusado que, en su función de presidente de la República, habría concertado con los representantes de la empresa Odebrecht, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, favorecer a dicha constructora.

“Que Alejandro Toledo, a través de pactos subrepticios con la máxima autoridad de Odebrecht ha concertado ilegalmente, asumiendo un compromiso de manera directa para favorecer a la empresa, defraudando al Estado; las mismas que tuvieron como escenario diversas reuniones subrepticias.”

José Domingo Pérez Fiscal Provincial

José Domingo Pérez

Las primeras tratativas se habrían dado en el 2004, entre los funcionarios a cargo de la licitación de la obra; y luego, diversas reuniones entre Toledo y los representantes de la empresa brasileña.

La fiscalía ha sostenido que se trataría de un delito continuado, es decir, la existencia de varios pactos colusorios.

“Diversos indicios en donde se evidencian diversos momentos colusorios dirigidos a plasmar y sellar una concertación colusoria en los que habrían participado exfuncioanrios del Comité Licitador”, indica la imputación fiscal.

El 26 de agosto del 2004, indica la fiscalía, se registra la visita a Palacio de Gobierno de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, donde habría existido el ofrecimiento de parte del expresidente a los empresarios para entregarles el proyecto Interoceánica Sur, defraudando el Estado, a cambio de un pago.

Josef Maiman, declaró en audiencia haber prestado sus cuentas a pedido de Alejandro Toledo, para que Odebecht le deposite dinero. Foto: Hugo Curotto (GEC)
Josef Maiman, declaró en audiencia haber prestado sus cuentas a pedido de Alejandro Toledo, para que Odebecht le deposite dinero. Foto: Hugo Curotto (GEC)GESAC > HUGO CUROTTO

Además, según confesión de Jorge Barata a la fiscalía, hubo otra reunión en un hotel de Brasil en el 2005, donde se estableció que el monto del pago ilícito debía ser US$35 millones.

“Queda claramente establecido que en los meses de agosto y setiembre del 2004 se iniciaron las tratativas y reuniones que tenían como finalidad el arribar a un acuerdo ilícito”, indicó la fiscalía.

Respecto al delito de lavado de activos, la fiscalía señaló que Toledo Manrique, usó las empresas de su amigo Josef Maiman -quien se acogió a la colaboración eficaz- para recepcionar el dinero ilícito.

“Teniendo un acuerdo ¿Quiénes? Josef Maiman y Toledo ¿Para qué? Para que este sea el último receptor de los dineros que se estaban transfiriendo de Odebrecht para Alejandro Toledo; y obviamente, como una circunstancia posterior tenemos que mencionar el Caso Ecoteva”, señaló la el fiscal José Domingo Pérez.

De los US$35 millones que habría solicitado a la constructora, el exmandatario hubo recibido, al final, un monto ascendente a US$30′268.386.

Jorge Barata confiesa que Alejandro Toledo le reclamaba de manera soez cuando se demoraba en las coimas
Jorge Barata confiesa que Alejandro Toledo le reclamaba de manera soez cuando se demoraba en las coimas

 

El dinero lo habría recibido a través de las empresas de Maiman Rapaport entre períodos del 2005 al 2010 aproximadamente.

De esta manera, Toledo Manrique se convierte en uno de los políticos peruanos inmersos en una trama de corrupción de ribetes internacionales, que afrontará la última etapa de un largo proceso judicial, luego del estallido del Caso Lava Jato. Esto, cuando a fines del 2016, la empresa Odebrecht decidió confesar ante las autoridades estadounidenses haber entregado miles de millones de dólares en coimas en diferentes países, incluido el Perú, para obtener beneficios empresariales.

EN EL CASO ECOTEVA

Ordenan la captura de Eva Fernenbug

 

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró reo contumaz a Eva Fernenbug, madre de la exprimera dama Eliane Karp, y ordenó su ubicación y captura.

La ciudadana belga es acusada por el presunto delito de lavado de activos en el marco de juicio oral que se sigue por el Caso Ecoteva, vinculado a la compra inmobiliaria con dinero ilícito en el Perú.

La decisión se adoptó luego de que, en diversas oportunidades, el tribunal solicitó a la defensa de la acusada justifique su inasistencia al juicio oral que empezó el 12 de abril del 2023.

En sesiones anteriores, Roberto Su, su abogado, había indicado que se encontraba mal de salud. No obstante, hasta esta semana, no había presentado los documentos necesarios para sustentar ello.

“La Sala declara a la acusada Eva Fernenbug, reo contumaz, se oficie su ubicación y captura, debiendo suspenderse los plazos de prescripción por no presentarse al juicio oral”, señaló el tribunal.

De otro lado, la Sala ofició al Colegio de Traductores a fin de que se remite una lista de traductores a fin de nombrar a un especialista que pueda realizar la traducción de la legislación de Israel para terminar con la formación del cuaderno de extradición de Eliane Karp a fin de ser enviado a dicho país.

Ordenan la captura de Eva Fernenbug

 

****************

Los peligros de la nueva ley que permite al Congreso y organismos autónomos designar a su propio procurador

Expertos cuestionan que el Ejecutivo no haya observado ley que puede significar riesgos a la autonomía de los procuradores públicos.

El gobierno de Boluarte promulgó el último miércoles ley que permite al Congreso, al Poder Judicial y a organismos autónomos elegir a su propio procurador público. (Composición: El Comercio)
El gobierno de Boluarte promulgó el último miércoles ley que permite al Congreso, al Poder Judicial y a organismos autónomos elegir a su propio procurador público. (Composición: El Comercio)
Alicia Rojas Sánchez
Alicia Rojas Sánchez

El gobierno promulgó el martes y publicó este miércoles la Ley Nº 31778, a través de la cual el Congreso, el Poder Judicial y organismos autónomos ( TC, Defensoría del Pueblo, JNJ, Contraloría, JNE, entre otros) pueden elegir a sus propios procuradores públicos. El dispositivo legal fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y la ministra Nancy Tolentino, quien se encuentra a cargo del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta leymodifica los artículos 16, 24, 27, 31 y 32, así como disposiciones complementarias, del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE).

Cambios

Respecto al artículo 16, se establece que el Consejo Directivo de estas instancias dejarán de dirigir los procesos de selección para la designación de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos. Estos funcionarios serán, a partir de ahora, elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años.

A través del artículo 24 las procuradurías públicas de estas entidades y poderes dejarán de estar vinculadas administrativa y funcionalmente a la PGE, las que dirigirán sus propios procesos de selección. Asimismo, de acuerdo con la modificación del artículo 27, estos funcionarios públicos dejarán de tener vinculación de dependencia funcional y administrativa con la PGE.

En cuanto a la evaluación (artículo 31) el Consejo Directivo dejará de tener competencia para convocar a los procesos de selección para procuradores públicos del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos. Estos serán elegidos por los titulares de cada entidad a través de un concurso público por un plazo de cinco años.

De otro lado, para su designación (artículo 32) se ha establecido con esta modificación que previa comunicación del titular de la entidad, los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, son designados mediante resolución del procurador general del Estado.

Riesgos

La PGE había emitido, en reiteradas oportunidades, pronunciamientos en contra de que esta iniciativa avance en el Congreso y concluya con su aprobación debido a las implicancias que supone. En abril de este año, cuando la propuesta fue aprobada en primera votación por el pleno del Legislativo, un comunicado firmado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, alertaba que el proyecto afectaba la autonomía del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y que se trataba de una intervención sin sustento. Además, que se estaría afectando el acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

Esta posición fue reiterada por el procurador Soria en mayo, cuando el Congreso ratificó la propuesta en segunda votación.

Quienes también emitieron opiniones desfavorables sobre esta iniciativa legislativa -que reunía los proyectos de ley 3651 y 3270- fueron la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), además de la PGE. Sobre el primero de los proyectos esta última institución, el pasado 28 de diciembre de 2022, había adelantado que excluir a las procuradurías del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos del proceso de selección afecta la consolidación de un Estado eficiente.

En esa misma fecha, Alicia Abanto Cabanillas, exprimera adjunta de la Defensoría, había expresado a la Comisión de Constitución que no era razonable que las mismas entidades tengan la competencia de proponer su propio procurador público, pues “se busca que la Procuraduría General sea un ente autónomo y pueda cumplir de mejor forma su misión de defensa de los intereses del Estado, estando ajena a injerencias internas o externas”.

En cuanto al proyecto 3270, Abanto había presentado el 4 de noviembre del 2022 a la Comisión de Constitución la opinión de la Defensoría, respecto a que la pretensión con esta iniciativa legislativa era “contraria al objetivo de contar con una PGE autónoma e independiente”.

Opinión contenida en el proyecto de ley que posteriormente fue aprobado por el Congreso.
Opinión contenida en el proyecto de ley que posteriormente fue aprobado por el Congreso.

 

El 27 de diciembre del 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había indicado a la comisión de trabajo que se trataba de una propuesta “jurídicamente no viable, toda vez que no resulta acorde con el artículo 47 de la Constitución, ni con la finalidad de la reestructuración del Sistema Jurídico del Estado, estipulado por el Decreto Legislativo 1326″.

Opinión remitida por la PGE a la Comisión de Constitución.
Opinión remitida por la PGE a la Comisión de Constitución.

 

Las modificaciones generarían una dependencia jerárquica y una disminución de la autonomía de los procuradores públicos, consideró Gilmar Andía, exviceministro de Justicia. Añadió que esta nueva ley significa un retroceso en la mejora del sistema de defensa jurídica del Estado.

“Con esto nuevamente se pasa a un punto donde el procurador termina siendo un trabajador más del titular de la entidad. Convirtiéndose en una situación en la que no hay decisiones autónomas, se atenta totalmente contra la autonomía de los procuradores y la defensa jurídica del Estado”, dijo Andía a El Comercio.

Esto puede llevar a que se enfrenten poderes del Estado, adelantó Andía como posible riesgo.

“[Podría] utilizar a su procurador para poder atacar decisiones del Estado. Y aquí viene el gran riesgo, donde los procuradores no van a obedecer a los verdaderos intereses del Estado, sino a los intereses del titular del pliego de ese momento. Los procuradores pueden presentar demandas en contra de alguna decisión del Poder Ejecutivo. No digo que aún cuando pertenecían a la PGE no pudieran hacerlo”, explicó Andía. Por tanto, que estas decisiones podrían terminar siendo politizadas.

“Manteniéndose [el procurador público] como un trabajador más, esto va a ser politizado. Van a depender del titular de la entidad, es una dependencia jerárquica. Entonces, ¿con qué garantía el procurador que ha sido nombrado por este este titular va denunciar actos de corrupción?”, incidió Andía.

En suma, no habrá garantía del funcionamiento de las entidades al no haber la independencia requerida. “Están creando una dicotomía, un sistema paralelo, […] ya no pertenecen al sistema”, agregó respecto a las modificaciones hechas.

Andía explicó que el procurador público puede denunciar a cualquier persona de la entidad porque su función es defender los intereses del Estado. “El procurador inicia acciones no respecto de personas, sino de intereses. Es decir, si el procurador verifica que alguna acción ha generado algún tipo de daño o perjuicio a la entidad, él inicia las acciones para garantizar eso. Si tiene que denunciar al presidente, a los congresistas, a los miembros de una comisión, a los que sean”, dijo, o comunicar a otro procurador para que pueda intervenir.

Andía cuestionó también que el gobierno no haya observado esta iniciativa del Congreso. “Es muy lamentable. El Poder Ejecutivo no ha movido un solo dedo para evitar este cambio, esto viene intentando hacerse desde hace varios años. Se vino evitando desde el Poder Ejecutivo y Ministerio de Justicia para que saliera. Sin embargo, ahora ni siquiera han observado las norma. Eso es gravísimo”, consideró.

Finalmente, dijo que las acciones que podrían tomarse desde la PGE son acciones de inconstitucionalidad o competencial.

Por su parte, la politóloga María Paula Távara comentó que tanto Ejecutivo como Legislativo están enfocados en sobrevivir en un pacto de convivencia, que puede horadar la calidad democrática y la gestión pública. “Es una muestra nuevamente de que el gobierno y el Congreso están trabajando de forma cercana, para apoyarse en determinadas iniciativas. Es preocupante, en este caso, porque puede ser la posibilidad de un desbalance los órganos del control que debería haber y abre la puerta a situaciones en las cuales los intereses particulares terminan estando por encima de los intereses del Estado”, comentó Távara.

“Uno entiende que las relaciones Ejecutivo – Legislativo tienen sentido cuando estás pensando en políticas para el país, pero en este momento lo que vemos no son ningún tipo de medidas vinculadas a políticas públicas, sino intereses internos de ambas instituciones”, criticó Távara.

La politóloga adelantó también que estas decisiones no afectarán solo al gobierno o Congreso de hoy, pues “las normas tienen una lógica de permanencia y, por tanto, va dando la calidad de instituciones democráticas a largo plazo”.

Asimismo, dijo que estamos frente a un pacto de sobrevivencia y de convivencia, en el cual el Ejecutivo no puede enfrentarse al Congreso. […] además con un gobierno que también está enfocado en sobrevivir por encima de otras prioridades de gestión”.

“Este pacto tiene sentido mientras ellos quieran sobrevivir, por tanto puede ir funcionando hasta el 2026. Pero además horada, no solamente la calidad democrática, sino la calidad la gestión pública”, añadió.

Por su parte, el exprocurador José Ugaz opinó, a través de su cuenta de Twitter, que con esta promulgación la presidenta Boluarte confirma un “pacto nefasto de sobrevivencia” con el Congreso. Resaltó también que la ley quiebra el sistema de defensa del Estado y agrava impunidad, pues obedecerán instrucciones de potenciales investigados. Además, los procuradores públicos elegidos por sus propias entidades no podrán ser evaluados, capacitados ni disciplinados. “¿Este Congreso nombrará un procurador capaz y autónomo para que lo investigue y promueva denuncias en su contra defendiendo los intereses del Estado?”, cuestionó.

«Presidenta Boluarte confirma pacto nefasto de sobrevivencia con el Congreso y promulga ley que faculta a este, al PJ y organismos autónomos a nombrar su propio procurador. Rompe el sistema de defensa del Estado y agrava impunidad de la que gozan. Obedecerán instrucciones de los potenciales investigados, no serán evaluados, capacitados ni disciplinados a través de un proceso sancionatorio independiente. ¿Este Congreso nombrará un procurador capaz y autónomo para que lo investigue y promueva denuncias en su contra defendiendo los intereses del Estado?»

José Ugaz Ex procurador

José Ugaz

 

Reacciones

El procurador general Daniel Soria dijo el último miércoles que esta ley promulgada ha sido una decisión antitécnica, pues los procuradores elegidos quedarán fuera de la competencia funcional del sistema. “La PGE frente a hechos que se susciten a partir de mañana no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores”, añadió Soria en conversación con RPP.

Estos procuradores públicos, además, no podrán ser evaluados ni capacitados. “Van a depender única y exclusivamente de su entidad. Los procuradores son los abogados del Estado. […] Estos abogados están adscritos a entidades públicas, pero tienen un régimen de autonomía porque defienden los intereses del Estado, no de la entidad ni de los titulares de la entidad”, recalcó Soria

A través de un comunicado, la PGE adelantó que iniciarán acciones legales en defensa del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, aunque no precisaron cuáles serían estas.

 

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, declaró el miércoles que el gobierno solo observa una ley “siempre y cuando haya una vulneración constitucional. En este caso, lo que están reclamando los órganos que tienen autonomía constitucional es que se respete esa autonomía constitucional”.

*****************

 

Al menos 18 colaboradores eficaces admiten actos ilícitos en gestión de Pedro Castillo: ¿qué se sabe sobre sus testimonios?

Con su confesión sincera ante la fiscalía, el periodista Mauricio Fernandini se sumó a la lista de investigados que han admitido haber participado en presuntos actos ilícitos vinculados al entorno del exmandatario.

Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el caso de la presunta organización que, según la fiscalía, encabezó durante su gobierno.
Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el caso de la presunta organización que, según la fiscalía, encabezó durante su gobierno.
Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

El periodista Mauricio Fernandini se sometió al mecanismo de la confesión sincera ante la fiscalía. Para esto, en medio de la investigación que le abrió el Ministerio Público por el caso de la empresaria Sada Goray, admitió que su departamento fue usado para el pago de presuntos sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo.

Con esto, el exconductor televisivo se sumó a la lista de personas que han admitido su participación en actos irregulares ligados a la gestión del exmandatario. Estos casos son investigados por la Fiscalía de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Patricia Benavides, para los altos funcionarios con antejuicio; y por el equipo especial de fiscales conta la corrupción en el poder (Eficcop), bajo la coordinación de la fiscal Marita Barreto, para empresarios y funcionarios sin antejuicio.

Para esto, la figura más común ha sido la del sometimiento a un proceso de colaboración eficaz. Se trata de cuando un investigado admite uno o más hecho ilícitos y da información valiosa sobre otros implicados con el objetivo de recibir una condena menor.

Así, de acuerdo, con fuentes de El Comercio, son al menos 18 colaboradores eficaces los que actualmente trabajan con el Eficcop. Las versiones de al menos ocho de ellos han trascendido mediante las resoluciones judiciales de estos casos, las denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación o a través de investigaciones de este Diario.

Pedro Castillo hoy cumple prisión preventiva por su golpe de estado y por los presuntos actos de corrupción cuando era presidente (@gec)
Pedro Castillo hoy cumple prisión preventiva por su golpe de estado y por los presuntos actos de corrupción cuando era presidente (@gec)

La otra figura es la confesión sincera, donde se admiten delitos para también recibir una pena reducida y que, por lo general, no implica ir a prisión. La diferencia, explican abogados penalistas, es que en la colaboración eficaz hay mayor información por dar y mayores beneficios por recibir. Al menos dos investigados se han acogido a este mecanismo.

Las colaboraciones eficaces y las confesiones son herramientas de investigación particularmente valiosas en casos de corrupción y organización criminal. Así, la aparición en febrero del 2022 de una primera colaboradora eficaz para el Ministerio Público en los presuntos actos que ya involucraban al entorno de Pedro Castillo fue clave para el avance del caso de organización criminal por el que hoy Pedro Castillo cumple prisión preventiva.

De Karelim a Salatiel

Se trató de Karelim López. La empresaria era investigada por la fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía Conta el Lavado de Activos, cuando decidió someterse a esta figura y declarar sobre la existencia de una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí implicó al entonces presidente Pedro Castillo y a su ministro Juan Silva. También habló de la existencia de congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por su supuesta obediencia al mandatario.

Karelim López renunció a la reserva de su identidad como colaboradora. Sus declaraciones sirvieron para que luego se dicte prisión preventiva por el caso Puente Tarata contra los sobrinos de Pedro Castillo, el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Karelim López y su abogado, César Nakazaki. Foto: archivo Congreso
Karelim López y su abogado, César Nakazaki. Foto: archivo Congreso

 

Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”, fue parte su aquella declaración inicial.

En ese caso, que veía la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, surgió un segundo colaborador, de clave CE-01-2022. Según consta en la resolución con la que un año después se dictaría prisión preventiva para Pedro Castillo y Juan Silva, este colaborador declaró que existían requerimientos o exigencias de parte del titular del MTC para que el funcionario de Provías Alcides Villafuerte realice determinadas acciones relacionadas con las adjudicaciones de obras en esa entidad.

Con los investigados del caso Puente Tarata en prisión preventiva, apareció el colaborador eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022. Sus declaraciones servirían, por ejemplo, para dar cuenta de que Zamir Villaverde, como presunto lobista de la red en el MTC, se habría encargo de encargado de buscar profesionales “para ser colocados en Provias Descentralizado y adjudicar obras a favor de empresas de provincias que apoyaron la campaña presidencial de Pedro Castillo”.

También declaró sobre beneficios supuestamente obtenidos por Pedro Castillo Terrones, por intermedio de Juan Silva, en relación a actos irregulares en el MTC; y sobre “beneficios económicos y otras ventajas” que habría recibido el expresidente dentro del caso Petro-Perú, otras de las líneas de investigación que lo involucran y por la que cumple prisión preventiva.

Los primeros colaboradores también implicaron a Juan Silva en la presunta red liderada por Pedro Castillo.
Los primeros colaboradores también implicaron a Juan Silva en la presunta red liderada por Pedro Castillo.

Hacia julio del 2022, cuando los casos que involucraban al entorno presidencial pasaron a ser visto por el Eficcop, apareció el colaborador con el código CE-03-2022-EFICCOP. Sus declaraciones sirvieron como evidencia para sustentar que Bruno Pacheco, en su rol de coordinador y gestor de los intereses de la presunta organización criminal liderado por Pedro Castillo, “habría trasmitido la orden” del expresidente “para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo en el Directorio de Petroperú”.

También declaró, según informó este Diario, sobre los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional; sobre la supuesta orden del exmandatario para encubrir y darle financiamiento a Bruno Pacheco para evitar que colabore con las investigaciones en curso del Ministerio Público; y sobre la captación de legisladores. Según dijo, ‘Los Niños’ de Acción Popular eran en realidad doce.

“[El presidente] les ordena a los ministros para que [los parlamentarios] accedan a todo, designando a [su asesor] Auner Vásquez para que maneje los tratos políticos, y que coordine con ministros y viceministros para que acepten el apoyo a los congresistas aliados”, fue una de sus declaraciones.

En tanto, en el caso del Ministerio de Vivienda, el empresario Hugo Espino se acogió a la confesión sincera luego de su detención preliminar. Allí, dio cuenta de depósitos de S/ 90 mil hechos por los cuñados del presidente para que elabore expedientes de obras para que puedan ser ejecutadas por ellos. Su testimonio fue clave para que en agosto del 2022 se dicte prisión preventiva para Yenifer Paredes y para el entonces alcalde de Anguía, Nenil Medina.

La confesión de Hugo Espino Lucana fue clave para implicar a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, en el caso del Ministerio de Vivienda
La confesión de Hugo Espino Lucana fue clave para implicar a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, en el caso del Ministerio de Vivienda

 

“Conversamos con David Paredes Navarro sobre la obra de Chadín y me preguntó cuánto iba a necesitar para que él financie el expediente, a lo cual yo le dije que es S/ 70,000 […]. El día 26 de octubre de 2021, David Paredes me depositó a mi cuenta personal […] la suma de S/ 70,000, enviándome una foto del voucher de depósito para lo cual me pidió que acelere con la elaboración del expediente y que pueda ser aprobado lo antes posible, para que él acelere y coordine con Lilia Paredes Navarro el financiamiento, dijo.

Otro colaborador surgido por entonces, de clave CE-04-2022-EFICCOP, manifestó que Pedro Castillo ordenó en diciembre del 2021 a su subsecretario general, Beder Camacho, desaparecer “todos los registros que los puedan vincular” con el empresario Samir Abudayeh, implicado en el caso Petro-Perú. Para esto, según dijo, se trasladó a la playa La Punta, en el Callao para quemar cuatro cuadernos de ocurrencias y tirar celulares al mar, “comunicando de dichas acciones al Presidente de la República”.

A fines de este año, el colaborador de código CE-11-2022-EFICCOP dio mayor información sobre la presunta captación de legisladores ligada al caso ‘Los Niños’. Ratificó que el expresidente le pidió al asesor Auner Vásquez que captar a congresistas de Acción Popular y dio cuenta de reuniones con congresistas con ese propósito, una de ellas en Palacio de Gobierno a la que fueron los ‘recomendados’ de los parlamentarios para puesto en el Estado.

Similar es el caso del colaborador eficaz de código CE-12-2022-EFICCOP. Su testimonio sirvió para incluir en la investigación del caso ‘Los Niños’ a más legisladores, del Bloque Magisterial, Perú Libre y Acción Popular (AP), como parte de la organización criminal que lideraría Pedro Castillo.

Testimonios de colaboradores eficaces en la denuncia constitucional de la fiscalía contra 'Los Niños'.
Testimonios de colaboradores eficaces en la denuncia constitucional de la fiscalía contra ‘Los Niños’.

 

El delator implicó a diversos congresistas en el presunto delito de tráfico de influencias por haber pedido favores del entonces jefe de Estado, quien habría aceptado las solicitudes a cambio de que voten contra su vacancia. A cambio, de acuerdo con su versión, Pedro Castillo debía colocar a personal de confianza de los parlamentarios en puestos descentralizados en diversas regiones.

Según dijo, Auner Vásquez informó de esto Eder Vitón, quien también fue asesor del gabinete técnico del vacado expresidente. “[Vitón] le preguntó si los currículum vitae que estaban en la mesa de su oficina eran de los recomendados por los congresistas llamados Niños y Auner Vasquez le respondió que sí”, dijo.

Las declaraciones de estos últimos colaborador hoy están incluidas en la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra los congresista Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Flores. Según el Ministerio Público, sirven para evidenciar que la presunta organización criminal lideraba por Pedro Castillo contaba con un “brazo congresal”.

Las declaraciones de Salatiel Marrufo también son citadas en el caso 'Los Niños'.
Las declaraciones de Salatiel Marrufo también son citadas en el caso ‘Los Niños’.

 

En dicha denuncia también figura, con ese propósito, parte de lo dicho por el colaborador CE 13-2022, a quien en ese mismo documento y en resoluciones judiciales vinculadas a su caso se identifica como Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. “Tengo conocimiento y puedo afirmar de la existencia de una organización criminal liderada por el presidente[…] José Pedro Castillo Terrones y conformada por diferentes funcionarios”, se lee en la denuncia.

No es el único tema por el que ha declarado. El Comercio informó en diciembre que Salatiel Marrufo solicitó acogerse a la colaboración poco después de su detención por el caso ‘Gabinete en la sombra’. Así, declaró que Castillo solicitó S/2 millones para evitar que sus sobrinos vayan a prisión por el Caso Puente Tarata y que él le daba S/50.000 mensuales al mandatario para mantenerse en su cargo de jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

En mi oficina junto a Geiner Alvarado acomodamos el dinero en su maletín de cuero y después se fue a Palacio [de Gobierno] el 5 de abril del 2022 y, después de la sesión del Consejo de Ministros, le entregó el dinero al presidente Castillo”, declaró sobre lo primero el exfuncionario, quien esta semana salió de prisión preventiva.

La confesión de Mauricio Fernandini refuerza lo dicho por Salatiel Marrufo sobre pagos de parte de la empresaria Sada Goray. (Foto: Andina)
La confesión de Mauricio Fernandini refuerza lo dicho por Salatiel Marrufo sobre pagos de parte de la empresaria Sada Goray. (Foto: Andina)

 

Marrufo también dijo que recibió un total de S/5′500.000 de la empresa de Sada Goray y que, de ese total, se quedó con unos S/200.000 y una cifra igual en efectivo le entregó a Geiner Alvarado. Su versión sobre entregas de dinero de parte de la empresaria se han visto reforzadas con la confesión sincera de Mauricio Fernandini.

Según contó el periodista al Ministerio Público, el chofer de Goray le dejó un encargo en su departamento el 14 de octubre del 2021. Se trataba de “una bolsa mediana con contenido”, que luego entregó a Marrufo. “Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte de pago por la designación de los directores del Fondo Mi Vivienda”, declaró según lo citado por el dominical Punto Final.

También dio cuenta de otra presunta entrega de dinero en diciembre de ese mismo año. [Observé] que salía de mi casa Salatiel Marrufo cargando un maletín color tabaco, quien se retiró rápidamente. En ese momento presumí que Marrufo llevaba en su maletín dinero que había subido a mi departamento Sada Goray, y que ya ellos habían coordinado antes de llegar a mi domicilio”.

Con todo ello, la defensa de Pedro Castillo mantiene la inocencia del expresidente y ha cuestionado que se tratan de versiones de “aspirantes a colaboradores” que aún no son corroboradas y que no tiene sentencia de colaboración eficaz. Uno de los defensores del exmandatario dijo este lunes a Canal N, por ejemplo, qua la liberación del Salatiel Marrufo no le preocupa. “Al contrario si está dando pruebas para que se aclare, en hora buena”, aseguró.

Los regalos del fiscal José Domingo Pérez a Odebrecht

No intervino a constructoras ni a la Alcaldía con la aparatosidad empleada en los casos Fuerza Popular y Alas Peruanas.


Viene de «Libro de Emílio Odebrecht desmitifica caso Lava Jato: Vela y Pérez «mecieron» a peruanos con investigación»

Nunca realizó un allanamiento ni a Odebrecht ni a OAS ni a la Alcaldía, con la diligencia y aparatosidad con la que entró a Fuerza Popular y a Alas Peruanas. Tanto así que luego de siete años del escándalo de los peajes, recién se allanan las oficinas de Rutas de Lima y Línea Amarilla.

La Procuraduría y la Fiscalía procedieron a reducir de un plumazo la reparación civil en 82%. Milagrosamente pasó de S/ 3,468 millones (procurador Jorge Ramírez, Gestión 30/1/18) a S/ 610 millones (US$ 170 millones), cuyo monto habría sido calculado por economistas de la Universidad de Piura (¿?), además de la facilidad de pagar en cuotas anuales durante 16 años, sin costo financiero. Es la nueva ley, adujeron; sin embargo, los locuaces fiscales y la locuaz procuradora Silvana Carrión no dijeron ni pío durante el debate de la ley. Resultó una suerte de Reactiva para Odebrecht. No se tomó en cuenta que los proyectos ejecutados por Odebrecht en el Perú entre el 2004 y el 2014 ascienden a US$ 12,856 millones (Informe del Congreso del Caso Lava Jato 30/6/16), es decir, el 1.3 %, “Del Lobo un pelo”.

La Fiscalía y la Procuraduría aprobaron, antes de la sentencia del acuerdo, la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a China Three Gorges por US$ 1,390 millones (25/4/19). De esta manera, ‘by-paseó’ la ley 30737, que obliga a que el 50 % se destine para pagar a los acreedores y el otro 50 % a un fideicomiso para pagar tributos y la reparación civil. Además, se incumplió la prohibición legal de transferir estos recursos al exterior (D.S.096-2018-EF 9/5/18). Como premio consuelo, el Estado recibió de la venta de Chaglla, la primera cuota anual de S/ 80 millones de la reparación civil.

 

Sancionan a fiscal José Domingo Pérez por dar declaraciones políticas | POLITICA | CORREO

FISCAL PEREZ DEBE RESPONDER QUE PACTÓ CON ODEBRECHT TRAS REVELARSE Q VA A DEJAR SU CARGO DE FISCAL - YouTube

FISCAL PEREZ DEJARÍA LA FISCALIA TRAS NO TENER ARGUMENTOS PARA METER A LA CARCEL A KEIKO Y OTROS - YouTube

FISCAL PEREZ DEBE RESPONDER QUE PACTÓ CON ODEBRECHT TRAS REVELARSE Q VA A DEJAR SU CARGO DE FISCAL - YouTube

**********

 

 

Fiscalía presentó 300 elementos contra Susana Villarán:¿Cuáles son los principales argumentos de la acusación?

La fiscalía busca que los 300 elementos de convicción presentados en su acusación logren llevar a juicio oral a la exburgomaestre por aceptar dinero ilícito de Odebrecht y OAS.

Fiscalía presentó 300 elementos contra Susana Villarán:¿Cuáles son los principales argumentos de la acusación?
Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz. EC

 

“Se atribuye a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ser autora mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, del delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de actos de conversión, con la agravante contenida por su condición de funcionario público, y por ser integrante de una organización criminal”. Esta es parte de la acusación con la que el Ministerio Público busca que la exalcaldesa de Lima, entre los años 2011 al 2014, sea llevada a juicio oral y, posteriormente condenada a 29 años de cárcel.

El Poder Judicial acaba de iniciar la etapa del control de acusación contra Villarán, acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Según la acusación fiscal, la exalcaldesa habría liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la Municipalidad de Lima.

Dicha red criminal llegó a obtener US$11′293,816.68 millones en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el “No a la Revocatoria” en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.

El dinero maculado habría provenido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, así como de la empresa peruana Graña y Montero, quienes fueron beneficiados con proyectos.

Por ejemplo, con la Concesión de la “Vía Expresa Línea Azul” – denominada luego como “Vías Nuevas de Lima”, con Odebrecht y el consorcio Rutas de Lima SAC.

De igual modo respecto a la “Adenda 1″ en el Proyecto de Concesión “Vía Expresa Línea Amarilla” – denominada después como “Vía Parque Rímac”– con la empresa brasileña OAS y el consorcio Línea Amarilla SAC; además del Proyecto de Concesión “Vía Expresa Sur” con la empresa Graña & Montero.

“Recibiendo la organización importantes activos ilícitos, habiéndose identificado la suma total de US$.11′293,816.68 dólares americanos, procedentes del ‘Departamento de Operaciones Estructuradas-DOE’ de la empresa ODEBRECHT, la ‘Controladoria’ de la empresa brasileña OAS, y, la empresa peruana ‘Graña & Montero’ realizando actos de lavado de activos (conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia), con ocasión de dos procesos electorales municipales, como fueron el proceso de Consulta Popular De Revocatoria De Autoridades Municipales de marzo del año 2013 y las Elecciones Regionales Y Municipales del año 2014.”

Ministerio Público

Junto a Villarán de la Puente también fueron acusados su exgerente municipal José Miguel Castro, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, y otras 19 personas; así como 10 personas jurídicas, entre ellas la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, Diálogo Vecinal y la Asociación Ciudadanos por Lima.

Actualmente, el juez Jorge Chávez Tamaríz viene analizando el pedido fiscal para sobreseer o archivar el proceso contra un grupo de personas que no fueron incluidas en la acusación.

Una organización estructurada

La hipótesis plantea por la fiscalía ha establecido la existencia de un “núcleo duro o grupo central” dentro la sindicada organización liderada por Susana Villarán y José Miguel Castro como jefe en la organización criminal.

Mientras que todos los integrantes de la cúpula o grupo central tenían como función definir los roles y funciones de los integrantes que colaboraron con estructurar un sistema financiero que permitiera lavar los activos poseídos por la organización criminal.

O, en su defecto realizando otros ilícitos para el ocultamiento de los activos, como son los delitos contra la fe pública y falsa declaración en procedimiento administrativo, ante los organismos estatales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2013 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el 2014, con la rendición de cuentas, aportes y gastos de campaña.

Para sustentar la acusación, en el caso de Villarán, la fiscalía ha presentado diversos elementos de convicción por cada uno de los delitos atribuidos, llegando a 300, entre declaraciones de colaboradores eficaces, documentos municipales, informes de Contraloría, actas de declaración y diversa documentación referida a los proyectos.

Según la narrativa fiscal, en enero del 2013, cuando el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Henrique Simoes Barata y el exrepresentante de la misma, Raúl Ribeiro Pereira Neto se encontraban en el país se produjo la reunión en la que el exgerente José Miguel Castro Gutiérrez, en acuerdo con Susana Villarán, solicitaron US$3 millones como apoyo por el No a la revocatoria del 2013.

El mismo Barata, en su declaración como colaborador eficaz, reconoció que aceptó entregar el dinero por el interés que tenía en la Municipalidad de Lima debido a la concesión ‘Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima)’.

El acuerdo fue entregar US$2 millones a Luis Favre y Valdemir Garreta, de la empresa ‘FX Comunicacao’ que se haría cargo de la publicidad para el “No a la Revocatoria”. Mientras que, afirmó el brasileño, se le entregó US$1 millón de manera directa a Castro Gutiérrez bajo el codinome de “Budian”.

“Los cuales fueron entregados a José Miguel Castro Gutiérrez, jefe de la organización criminal por disposición de la líder Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Conforme a la investigación se ha determinado que el imputado Gabriel Prado Ramos, integrante de la Organización Criminal, aperturó la cuenta N° AD30 0006 0008 2812 0061 7071, de la offshore SOCIEDAD RELTON HOLDING SA, en la banca privada de Andorra, teniendo como a éste como beneficiario final”, señaló la fiscalía en su acusación.

No fue el único aporte de Odebrecht, la empresa y Barata también reconocieron haber entregado otros US$ 1′193,816.68 millón provenientes de la concesionaria Rutas de Lima, pero esta vez en el contexto de la realización de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, con la finalidad de garantizar la permanencia de Villarán al frente del municipio.

Luego, sobre la empresa OAS, la fiscalía señala que Gutiérrez Castro habría seguido el mismo modus operandi que con Odebrecht.

Para ello, cita la declaración del colaborador eficaz 101-2019, quien sostuvo que el representante de OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, le contó que en la época de la revocatoria contra Villarán, se reunió con el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, quien le solicitó US$3 millones para contrarrestar dicha campaña. Por ello, le pidió operativizar los pagos a través de la Controladoria (Departamento de Operaciones Estructuradas, la misma que funcionaba con un departamento fantasma para pagos ilícitos o sobornos).

De ese dinero (US$ 1 millón) sirvió para pagar los servicios del marketing político, a cargo de la empresa FX Comunicacão, cuyo titular era la persona de Valdemir Pereira Garreta, y el resto (US$ 2 millones) se entregó directamente a José Miguel Castro Gutiérrez o personas designadas por lo que se utilizaron diversas cuentas.

La entrega de activos ilícitos en el 2013, según la fiscalía, se hizo en el contexto de la ejecución del contrato de concesión de la obra “Línea Amarilla”.

Mientras que, en el año 2014, también se hizo otro pago por la suma de US$4 millones proveniente de la empresa OAS, mediante contratos ficticios en la ejecución del proyecto “Línea Amarilla” con la empresa “Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación Sociedad Anónima”, a través de “doleiros” brasileños u otros personajes peruanos.

Mientras que, según la fiscalía, en el 2013, Villarán también habría ordenado a Castro “recolectar activos ilícitos” provenientes de la empresa Concesionaria Vía Expresa Sur (VESUR) conformada por Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A.A.,por la suma de US$ 100,000.00 dólares americanos, dinero cuyo origen ilícito conocía y cuya finalidad era evitar su identificación.

Colaboraciones y arrepentimiento

La fiscalía ha presentado cerca de una veintena de colaboradores eficaces para sustentar los aportes y recepción de dinero ilícito que habría realizado Susana Villarán de la Puente y la presunta organización criminar que lideraría.

Junto a ello, también ha citado las declaraciones de la misma Villarán, Castro Gutiérrez, Jorge Barata, Raúl Ribeiro Pereira Neto, Valfredo De Asis, Oscar Vidarrueta, Valdemir Flavio Pereira Garreta, José Alejandro Graña Mirquesada, Hernando Graña Acuña, entre otros.

Susana Villarán, en su declaración ante la fiscalía, el 10 de junio de 2021 reconoció haber “tenido conocimiento que la empresa OAS SA daría su aporte en Brasil para financiar los honorarios del publicista Luis Favre y dadas las circunstancias aceptó el apoyo”.

Pero no solo a nivel fiscal, la exalcaldesa ya había hecho un acto de contrición público a través de » target=»_blank»>“Exitosa Noticias” el 1 de mayo de 2019, en la misma línea, indicando que sabía sobre los US$4 millones y que US$2 millones los cobraría Favre y sus empresas. Al tomar la decisión de aceptar ello en el 2013, dijo, asumía la responsabilidad política.

«En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria, tomamos al decisión, José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña(…) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña.”

Susana Villarán

 

 

El exgerente municipal también declaró ampliamente sobre su papel en la trama de recepción de dineros de Odebrecht y OAS para Villarán y campaña, según la fiscalía.

José Miguel Castro Gutiérrez
La Fiscalía resaltó los puntos más importantes de la declaración del exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán

Este ha narrado diversos hechos que, para la fiscalía, han corroborado los actos de pedido, recepción y lavado de activos ilícitos.

1) Durante al campaña por al No revocatoria de Susana Villarán de al Puente, la empresa Odebrecht realizó la entrega de activos ilícitos.

2) Refiere que el monto aportado por la empresa Odebrecht para la campaña por al No revocatoria de Susana Villarán de la Puente fue de US$3 millones.

3) Refiere que la empresa Odebrecht al momento de realizar al entrega del activo ilícito para la campaña por la No Revocatoria tenía en interés el trámite de la firma de la concesión del contrato Rutas de Lima.

4) Refiere que al figura principal y quien dirigía la campaña por al No Revocatoria era la misma Susana Villarán de al Puente.

5) Refiere que Susana Villarán de la Puente sí tenía conocimiento de la entrega de dinero por parte de Odebrecht.

6) Refiere que durante las reuniones en la que estuvo presente la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, uno de los aportantes a la referida campaña era la empresa Odebtecht.

La Fiscalía resaltó los puntos más importantes de la declaración del exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán

Testimonios claves en el caso contra Susana Villarán

Acta de declaración del exgerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro Gutiérrez
Acta de declaración del exgerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro Gutiérrez

 

“Sí. Fui llamado al despacho del señor José Miguel Castro, en, si no me equivoco, era a fines de la mañana…Eh… cuando me pidió para que apoyara, me pidió que apoyara con tres millones de dólares para la campaña. Entonces, cuando me llama José Miguel Castro, me hace el pedido, me reafirma la señora Susana Villarán y me dicen que esas personas están por tras del tema (…) Y la coordinación fue que, de esos tres millones, dos millones de pagarían en Brasil, ¿no?, a través del señor Garreta, ¿no?, y un millón se daría allá en Perú al señor Miguel Castro para efecto de gastos locales.”

Jorge Barata Exdirector de Odebrecht en Perú

Jorge Barata

“( – . ) Para el proceso de elecciones para la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán del2013, fue otra petición y los pagos se realizaron a través de Garreta. Luego de ello en una reunión en Palacio Municipal la exalcaldesa me agradeció el aporte. En esa reunión estaba Valfredo De Assis Ribeiro Filho, José Miguel Castro Gutiérrez, César Uzeda y Susana Villarán.”

José Adelmario Pinheiro Filho Expresidente de OAS-Colaborador 130-2019

José Adelmario Pinheiro Filho

“La alcaldesa me llamó por teléfono para agradecer a OAS por el apoyo financiero, unos meses después de la campaña, la alcaldesa y José Miguel Castro viajaron al Brasil por una agenda de ellos que no sé precisar, pero este viaje fue después de no haber sido vacada. En esas oportunidades, yo y André Bianchi viajamos a Río de Janeiro, donde se dio una cita de OAS y LAMSAC con Susana Villarán y José Miguel Castro L…) estaban cesar Uzeda y Leo Pinheiro, la cena se dio en restaurante Fasano en Ipanema, Río de Janeiro y, en esa oportunidad la alcaldesa agradeció a OAS por el apoyo financiero»

Valfredo de Assis Ribeiro Filho Exgerente general de Oas en Perú

Valfredo de Assis Ribeiro Filho

‘’…en el año 2012, viajé a Lima para tratar la campaña del “NO’, con la alcaldesa Susana Villarán, ella me indicó que la persona encargada seria José Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771 [ ] » “[.] la primera reunion se dio en enero de 2013, vine por un solo día (…)en esa ocasión solo estuvimos Susana, José Miguel, Favre y yo […] así que van a poder identificar la fecha exacta, pero el lugar exacto no recuerdo.”

Valdemir Flavio Pereira Garreta Propietario de FX. Comunicacao-Colaborador Eficaz 12-2017

Valdemir Flavio Pereira Garreta

**********

Susana Villarán: así operó la organización criminal «Las Chalinas Verdes»

Consiguió casi 12 millones de dólares en coimas.


Se destapan más pruebas. El equipo especial de fiscales identificó y verificó la existencia de dinero ilícito, que descubre a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como lideresa de un grupo criminal. De acuerdo a la investigación, recibió sobornos millonarios a cambio de entregar los peajes de la ciudad a empresas brasileñas concesionarias.

La acusación fiscal establece que la cantidad total de sobornos recibidos por Villarán asciende a 11’293,816 dólares, y que contó con una red criminal conocida como “Las Chalinas Verdes”, que le ayudaron tanto a recibir los sobornos como a gastar el dinero ilícito en dos campañas electorales: la de su revocatoria y reelección.

Según un reportaje de ContraCorriente, uno los principales cómplices fue José Miguel Castro, su entonces gerente municipal. Además, se han identificado a una docena de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tuvieron participación directa en la organización delictiva.

De acuerdo a la investigación periodística, la alcaldesa pidió a través de José Castro, siete millones de dólares a la empresa OAS para financiar la campaña por el “No” a la revocatoria. A cambio amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que permitió a la administradora del peaje subir indiscriminadamente las tarifas.

Las empresas Odebrecht y Graña y Montero también entregaron sobornos a Villarán a cambio de la concesión de proyectos en la ciudad. Graña y Montero entregó una coima de 100,000 soles para suscribir el contrato de la concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en 2013.

Además, la fiscalía detectó irregularidades en los aportes del llamado grupo “Amigos de Lima“, que resultaron ser falsos, lo que implica que la exalcaldesa mintió a las autoridades electorales.

Cabe mencionar que, durante el allanamiento al domicilio de su mano derecha, José Castro, se encontró un depósito bancario de 1,000 dólares a nombre de Susana Villarán con la anotación “primera cuota”.

Villarán ha negado todas las acusaciones, pero se enfrenta a una acusación que podría llevarla a purgar una condena por 29 años.

Coronavirus | Hermana de Susana Villarán critica demora en excarcelación: “Corre más peligro conforme pasan los minutos” | POLITICA | EL COMERCIO PERÚ

Fiscalía pide 29 años de prisión para exalcaldesa Susana Villarán - YouTube

************

A cinco meses del golpe de Pedro Castillo: ¿cuál es la situación de Aníbal Torres y los otros implicados?

El expresidente y cuatro de sus exministros son parte de la investigación por rebelión en torno a los hechos del 7 de diciembre. El plazo de la investigación es de ocho meses, de los cuales están por cumplirse cinco.

Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez son procesado ante la Corte Suprema por el golpe de estado.
Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez son procesado ante la Corte Suprema por el golpe de estado.
Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra. EC

La investigación por rebelión empezó el mismo 7 de diciembre, luego del golpe de Estado que diera Pedro Castillo mediante un mensaje a la Nación. Solo un par de horas después, el destituido presidente fue detenido en flagrancia por la comisión de ese delito y la Fiscalía de la Nación le inició investigación preliminar.

Han pasado cinco meses desde entonces y las pesquisas se encuentran en etapa de investigación preparatoria. Y de todos los investigados por lo ocurrido aquel día, solo Pedro Castillo cumple prisión preventiva: sus exministros implicados en el caso son procesados bajo libertad con restricciones.

Al día siguiente del golpe, el 8 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley validó la detención en flagrancia de Pedro Castillo. Además, a pedido de la fiscalía, dispuso que su detención preliminar se extienda por 7 días. Es decir, hasta el 14 de diciembre.

Pedro Castillo luego de su detención
Pedro Castillo luego de su detención

Ese mismo día, la investigación preliminar incluyó a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y asesor de la PCM al momento del golpe; y a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez.

Un día después, se volvió a ampliar para incluir al exministro del Interior Willy Huerta. Finalmente, el 10 de diciembre se incluyó al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Todo esto después de que el último gabinete castillista rindiera su declaración ante la fiscalía por el caso.

El 12 de diciembre, el Congreso aprobó levantar el antejuicio de Pedro Castillo para que el Ministerio Público pueda formalizar su investigación. En tanto, la fiscalía presentó una denuncia constituconal contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, la cual recién sería aprobada en marzo.

Así, el caso se dividió un dos: una carpeta que incluye a Pedro Castillo y Aníbal Torres, y otra que incluye a los exministros. Ambas hoy están en fase de investigación preparatoria. Según conoció El Comercio, la fiscalía pidió hace unos días al Poder Judicial que las dos se acumulen en una sola carpeta.

Pedro Castillo está recluido en el penal de Barbadillo desde que se le dictó prisión preventiva por su proceso por rebelión.
Pedro Castillo está recluido en el penal de Barbadillo desde que se le dictó prisión preventiva por su proceso por rebelión.

 

Luego de que el Congreso levantó su antejuicio y con la detención preliminar todavía vigente, la fiscalía formalizó la investigación y pidió prisión preventiva contra Pedro Castillo y Aníbal Torres. Al momento de aprobar la formalización de la indagación, el juez Checkley estableció que su plazo de investigación iba a ser de ocho meses (contados desde el 13 de diciembre) por ser un caso complejo.

Dos días después, tras una audiencia pública, Checkley impuso prisión preventiva a Pedro Castillo por 18 meses, medida que luego fue confirmada en segunda instancia por una sala de la Corte Suprema. En cambio, para Aníbal Torres dictó comparecencia con restriccioneslo cual también fue ratificado.

Hoy la tesis fiscal es que Castillo, Torres, sus exministros y otras “personas en proceso de identificación” fueron parte de un acuerdo para el golpe de estado la mañana del 7 de diciembre, aprovechando la condición del exmandatario como jefe de las FF.AA. y la PNP para llamar a que estas se levanten en armas contra el orden constitucional.
Aníbal Torres y Betssy Chávez
Aníbal Torres y Betssy Chávez

La situación de los investigados

Pedro Castillo

Cinco meses después, el expresidente continúa internado en el penal de Barbadillo, con los expresidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo como sus vecinos. Todos los intentos para que se le revoque la prisión preventiva, sea mediante apelaciones, habeas corpus o la formación de un ‘comité’ para su liberación, han fracasado hasta ahora.

Al contrario, el Poder Judicial le impuso una segunda orden de prisión preventiva en marzo del 2023 por 36 meses, esta vez por su proceso por organización criminal y corrupción. Dicha medida también fue confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema y lo mantendrá en prisión hasta marzo del 2026.

Para entonces, el plazo de ocho meses para su indagación por rebelión ya habrá expirado, aunque es posible que se pida una ampliación. Al final de la investigación preparatoria, la fiscalía debe decidir si acusa al expresidente o si archiva su proceso por rebelión. Todo apunta a la primero.

Con la acusación presentada, esta debe pasar por el control de acusación (la misma fase que hoy atraviesa el caso de Alejandro Toledo) antes de llegar al juicio y a una eventual sentencia. Al momento de presentar su pedido de prisión preventiva, la fiscalía estimó que Pedro Castillo podría recibir una condena de entre 10 y 20 años por este caso si es hallado culpable.

Desde prisión, Pedro Castillo dice seguir siendo el presidente de la república.
Desde prisión, Pedro Castillo dice seguir siendo el presidente de la república.

Aníbal Torres

El juez Checkley dispuso que Aníbal Torres sea investigado en libertad, pero con estas restricciones: no ausentarse de Lima sin su autorización; realizar un control virtual ante su juzgado el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades; concurrir a la fiscalía y el juzgado las veces que sea citado; no comunicarse con los demás investigados y los testigos del caso; y pagar S/ 20 mil de caución.

A fines de diciembre, la Corte Suprema ratificó esas restricciones y le añadió un impedimento de salida del país por 18 meses y una orden para que la policía haga controles domiciliarios al exministro, tanto mensuales (el viernes de la tercera semana de cada mes) como inopinados. Desde entonces, al acto de investigación más notorio fue el allanamiento a su casa a fines de marzo, luego de más de tres meses de los hechos.

A pesar de que está obligado a comparecer ante la fiscalía cuando se le cite, fuentes de El Comercio comentaron que en esta etapa de la investigación no se tiene previsto volver a citarlo para declarar. Y en caso sea citado y no acuda, al incumplir una regla de conducta, se expone a que se pida que su comparecencia con restricciones sea variada por prisión preventiva.

“Eso es lo que están buscando a cada rato. Buscan eso y además buscan inhabilitarme”, ha dicho Aníbal Torres respecto a la posibilidad de que, ante una falta a sus reglas de conductas, el Ministerio Público solicite nuevamente prisión preventiva.

Actualmente, Aníbal Torres ha vuelto a dar clases en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí dicta los cursos de pregrado de Derecho Civil II y Derecho Civil VII. Según conoció El Comercio, las clases son virtuales.

Por otro lado, el exministro mantiene -como Pedro Castillo- un discurso negacionista del golpe de estado, sostiene que en el Perú no hay estado de derecho y ha dejado abierta la posibilidad de postular a la presidencia. Incluso ha dicho que quienes deberían ser inhabilitados y destituidos son los legisladores que votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo tras su golpe de estado.

La casa de Aníbal Torres fue allanada a fines de marzo, tres meses y medio después del golpe de estado.
La casa de Aníbal Torres fue allanada a fines de marzo, tres meses y medio después del golpe de estado.

“No tuve ninguna participación en la elaboración [del mensaje a la Nación] y tampoco lo conocía. Esa mañana el presidente nos llamó a su despacho a la premier y a mí. Cuando entramos a su despacho, me manifestó que iba a dar un mensaje a la nación. Yo di unos pasos allí al costado junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje”, dijo en una entrevista a Nativa hace unas semanas.

De acuerdo con Torres, no hubo golpe de estado porque no hay delito de rebelión. “Al golpe de estado en el código penal se le describe como delito de rebelión. Rebelión es levantarse en armas. Pedro Castillo no se levantó en armas, no tenía ni siquiera un alfiler, no ha concertado con las FFAA ni ni con la PNP. Simplemente ha dado lectura a un discurso, un discurso que no iba a producir ninguna consecuencia jurídica”.

Sin embargo, el exministro admite que “Pedro Castillo ha cometido una infracción constitucional que es pasible de una sanción administrativa”. La infracción constitucional, si se tramita en el Congreso, resulta en una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.

Pero para Torres, la “sanción administrativa” que le correspondería podría resultar en “suspensión en el cargo o incluso destituirlo en el cargo, pero proceso penal aquí no hay”.

“Los órganos internacionales tienen que analizar este hecho y van a decir tal cual estoy sosteniendo, porque esa es la realidad en cuanto a la actuación de Pedro Castillo el día 7″, agregó Torres.

No obstante, en su informe sobre el Perú, la CIDH ratificó su postura de que el expresidente rompió el orden constitucional (es decir, dio un golpe de Estado) y que tras la reacción de las instituciones para que dicho orden se mantenga, se produjo un sucesión constitucional con Dina Bolaurte.

Pese al negacionismo de Pedro Castillo y Aníbal Torres, la CIDH ratificó en su informe que el expresidente rompió el orden constitucional con su mensaje del 7 de diciembre.
Pese al negacionismo de Pedro Castillo y Aníbal Torres, la CIDH ratificó en su informe que el expresidente rompió el orden constitucional con su mensaje del 7 de diciembre.

 

Por otro lado, en una reciente entrevista por Twiter Spaces, Aníbal Torres dijo que aún no decide si será candidato, pero que ya hay personas que trabajan en ese sentido en distintas regiones del Perú. “Incluso hay agrupaciones de personas que están formando sus partidos por ahí, que he visto, y me ponen como si yo estuviera liderando eso. No es verdad, pero no lo rechazo. Porque si tienen un programa que va a defender al pueblo y al final van a constituir una lianza, eso está muy bien”, comentó.

Eso sí: ha advertido que no puede viajar a regiones para eventuales actos proselitistas sin permiso del juez Checkley, pero ha manifestado su intención de pedir autorización para viajar a Puno. En tanto, se ha manifestado a favor de de la reposición de Pedro Castillo como mandatario, de un adelanto de elecciones y de que todos los partidos de izquierda vayan unidos a esos eventuales comicios.

Betssy Chávez

Luego de que finalmente el Congreso aprobó la denuncia constitucional contra ellos, la fiscalía también pidió prisión preventiva contra Betssy, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Sin embaro, el juez Checkley rechazó imponerles la medida y les impuso las mismas restricciones que en su momento dictó para Aníbal Torres.

Uno de los argumentos para negar la prisión preventiva a Betssy Chávez fue su arraigo laboral y su arraigo domiciliario. Como tal, dispuso que la exministra no pueda salir sin su autorización de Tacna, donde reside tras haber sido suspendida como legisladora mientras se le procesa por este caso.

Betssy Chávez durante la lectura de la resolución
Betssy Chávez durante la lectura de la resolución

 

Allí, ha afirmado trabajar para dos empresas como asesora legal y también ha dicho que cursa una maestrías en derecho. En cuanto al político, ha dicho que apoyará una eventual candidatura de Aníbal Torres.

Pese a la denegatoria de la prisión preventiva, el juez Checkley sí determinó que hay evidencia para atribuirle a Betssy Chávez una sospecha fuerte de haber cometido el delito de rebelión, vinculándola a un rol activo para asegurar la transmisión en señal nacional del mensaje golpista. La fiscalía estima que podría recibir una pena de más de 23 años si es hallada culpable.

Así, se espera que el Ministerio Público insista en su apelación para que se le imponga prisión preventiva en segunda instancia. Una vez que esta se eleve a la Corte Suprema, se deberá convocar a una audiencia donde se ratificará si seguirá siendo investigada en libertad o se podría variar su régimen por el de una prisión preventiva.

Los otros exministros

Willy Huerta y Roberto Sánchez

El exministro del Interior Willy Huerta también es investiga en libertad, con las mismas restricciones que Betssy Chávez, pero con la diferencia de que su localidad de residencia es en Lima y Callao. Alejado de la política, ha consigando trabajar dando asesoría legal a un empresa importadora en Lima.

Por su parte, Roberto Sánchez continúa trabajando como legislador por Lima. También tiene las mismas restricciones que sus coinvestigados en libertad. La fiscalía también apeló respecto a la decisión del juez Checkley de negarle la prisión preventiva a estos dos exministros.

Willy Huerta y Roberto Sánchez

 *************

Viajes de los parlamentarios andinos han costado más de S/1,6 millones

Viajes del Parlamento Andino han costado más de S/1,6 ...

Cifra destinada en los últimos 19 meses representa casi el doble de los S/879.327 que gastó en el mismo periodo la representación anterior. Mayoría de traslados es por sesiones ordinarias.

Alicia Rojas Sánchez
Alicia Rojas Sánchez

Entre agosto del 2021 y marzo de este año, se ha dispuesto de S/1′688.957,18 para los traslados de cinco parlamentarios andinos y personal que trabaja en sus despachos. Este monto incluye los pasajes a Colombia -país donde se encuentra esta sede parlamentaria-, Ecuador, Chile, Argentina, Bélgica, Estados Unidos y Bolivia; así como los viáticos.

En el mismo periodo de 19 meses, el Parlamento Andino 2016-2021 había empleado S/879.327,19. Es decir, los gastos han sido casi duplicados.

Las sesiones ordinarias a las que viajan los parlamentarios andinos -que representan la mayor cantidad de traslados- se realizan mensualmente por reglamento. Aunque la mayoría tiene lugar en la sede de Bogotá, algunas reuniones pueden convocarse en otros países que integran este órgano deliberante, como Bolivia, Perú, Ecuador y Chile.

Reglamento del Parlamento Andino sobre las sesiones ordinarias.
Reglamento del Parlamento Andino sobre las sesiones ordinarias.

Presupuesto asignado

El monto total gastado en los traslados de los parlamentarios andinos incluye el costo de los pasajes y viáticos del personal con el que se movilizan, que son hasta dos asesores o técnicos por cada despacho para cada una de las sesiones. Las comitivas las suelen integrar entre 15 a 16 personas, incluyendo a los representantes parlamentarios.

Este parlamento lo conforman: Fernando Arce (Perú Libre) -quien fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego por 15 días en el gobierno de Pedro Castillo-, los excongresistas Luis Galarreta (Fuerza Popular), Leslye Lazo (Acción Popular), Gustavo Pacheco (Renovación Popular); y Juan Carlos Ramírez (Avanza País).

En cuanto a los pasajes, estos sumaron S/839.622,5, siendo algunos a destinos fuera de Latinoamérica, como Estados Unidos y Bélgica, países a los que viajaron Arce, Pacheco y Lazo. En el caso de los dos primeros, para sesiones de la Eurolat, mientras que Lazo participó en una misión académica en Estados Unidos.

El mes en el que más gastos se reportaron fue en noviembre del 2021: en total, se utilizaron S/166.570,54 para los viajes de 15 personas a Colombia. La comitiva la integraron los cinco parlamentarios andinos y 10 asistentes, asesores y técnicos. Otros meses en los que también hubo más de 100 mil soles de gastos por traslados fueron setiembre y diciembre del 2021, así como enero, abril y noviembre del 2022. En estos casos, los viajes fueron también para acudir a sesiones ordinarias y extraordinarias en Ecuador, Chile y Colombia.

">

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, entre agosto del 2021 y marzo del 2023, S/103.155, 51 (US$ 27.846) de viáticos no fueron sustentados por los parlamentarios andinos con comprobantes de pago, sino a través de declaraciones juradas.

Según la normativa vigente, hasta el 20% del monto asignado a cada parlamentario andino por concepto de viáticos puede ser declarado sin necesidad de comprobantes de pago.

">

¿Inversión justificada?

A lo largo de estos 19 meses, los parlamentarios andinos han presentado diversos informes de gestión donde consignan las funciones que han cumplido en estos cargos, varias de ellas incluyen propuestas declarativas, conversatorios, exposiciones y homenajes.

Algunas propuestas que son destacadas por ellos son, por ejemplo, la creación de la “Universidad Binacional Aymara” en la frontera sur, un marco normativo contra la tala y comercio ilegales de madera en los bosques amazónicos de la región andina, la apertura de fronteras tras la pandemia, la propuesta de un marco normativo para el “derecho al olvido digital”, y recientemente la iniciativa para la eliminación del requisito de visado para los peruanos que viajen a Estados Unidos, así como su presencia en la frontera de Tacna y Arica debido a la movilización de migrantes.

La politóloga María Paula Távara comentó a El Comercio que excongresistas que postulan y acceden a estos cargos buscan un “retiro dorado” en el Parlamento Andino y sus acciones han quedado en un plano sin mayor repercusión en la ciudadanía.

“En su momento, cuando el parlamento surge, estaba enmarcando en una apuesta como integración andina que estaba inspirada en la lógica de la Unión Europea. Lamentablemente, ha quedado en nada. Incluso las decisones que puedan tomar se quedan en el plano de la recomendación para los países miembro. Y creo que por eso tambión funciona para exparlamentarios porque al no tener una real repercusión puedes postular hayas hecho o no cosas en el Congreso”, cuestionó Távara.

Finalmente, consideró que valdría la pena evaluar cómo se pueden recuperar estos espacios a través de articulación entre gobiernos.

El presupuesto por despacho

Cada despacho de los parlamentarios andinos tiene entre cuatro y seis trabajadores entre técnicos y asesores. Los despachos que suman más recursos en planilla son los de Fernando Arce y Juan Carlos Ramírez, en los que durante marzo se destinaron S/ 38.246,36 y S/ 38.347,66, respectivamente.

En total, la planilla de marzo por los cinco despachos sumó S/165.110,21. En la lista de asesores principales hasta ese mes se encuentraban, por ejemplo, la regidora Fabiola Morales en el despacho de Gustavo Pacheco; y Miguel Ángel Rodríguez Mackay, excanciller durante el gobierno de Pedro Castillo.

">

El Parlamento Andino ha gastado más de un millón de soles en viajes al exterior - Edmundo Cruz

Parlamento Andino gastó más de millón y medio de soles en viajes | gastos del Congreso | Gobierno | trpm | ACTUALIDAD | TROME.COM
Luis Galarreta, Javier Arce, Juan Carlos Ramírez, Gustavo Pacheco y Leslye Lazo son los actuales parlamentarios andinos. Foto: Andina.. Parlamento Andino gastó más de millón y medio de soles en viajes. Sus aporte son escasos y dejan mucho que cuestionar. Según la normativa vigente, hasta el 20% del monto asignado a cada parlamentario andino por concepto de viáticos puede ser declarado sin necesidad de comprobantes de pago. Algunos analistas sostienen que es un despilfarro político.

***********

 

Evo Morales: ¿Qué sucedió con la investigación en su contra por atentado contra la seguridad nacional?

Vladimir Cerrón y Evo Morales. Foto: Twitter @vladimir_cerron

El expresidente de Bolivia aún no rinde su declaración ante la fiscalía de Puno, mientras que investigación contra Vladimir Cerrón por presunta traición a la patria fue derivada hacia Lima.

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz. EC

Las injerencias en nuestro país del expresidente de Bolivia Evo Morales no han cesado pese a la investigación fiscal que se sigue en su contra por un presunto atentado contra la seguridad nacional del Perú debido a las violentas protestas que se registraron hasta fines de marzo de este año.

Recientemente, Morales Ayma escribió a través de su red social de Twittter que no se presentaría ante la justicia peruana hasta que esta sea liberada de “la opresión externa” y acusó a la gestión de la presidenta Dina Boluarte de no ejercer “un gobierno democrático legal, legítimo y respetuoso de la vida”.

Como se recuerda, el pasado mes de enero, cuando las protestas en Puno llegaron a su punto más álgido dejando cerca de una veintena de personas fallecidas, Morales se pronunciaba por sus redes sociales acusando al Estado Peruano de realizar persecuciones y ‘terruqueo’.

olo dos meses antes el expresidente boliviano había estado en Puno tratando de afianzar a la Runasur cuyo objetivo es la “liberación” del continente con un enfoque separatista, tal como informó El Comercio en ese entonces.

Debido a ello, no solo el Congreso de la República lo declaró como “persona no grata”; también la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú del Ministerio del Interior (Migraciones) prohibió su ingreso a nuestro país y el Ministerio Público abrió una investigación en su contra.

Desde enero, que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno abrió las pesquisas en contra de Morales Ayma, el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón y otros, el expresidente boliviano no ha dado muestras de colaborar con las investigaciones. Ambos son investigados por el presunto delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la soberanía nacional, previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal en agravio del Estado Peruano.

Medios bolivianos, incluso, han levantado titulares con las afirmaciones de Morales, quien asegura que se trata de un persecución judicial en su contra para “estigmatizarlo políticamente”. Similar discurso es el que promueve desde el penal de Barbadillo (Ate), el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de diciembre del 2022 y por presuntos actos de corrupción en su gestión; y a quien el expresidente boliviano defiende.
“Las citaciones y amenazas de extradición promovidas por la derecha peruana y boliviana son parte de la persecución para que no denunciemos la masacre de nuestros hermanos indígenas de Perú. Nos preocuparía que un gobierno ilegítimo que causó tantas muertes hable bien de nosotros.”
Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Lo cierto es que, hasta el momento, Morales no se ha presentado a rendir su declaración ante las autoridades fiscales de Puno, que no han pedido su declaración presencial como asegura en sus tuits; sino a través del sistema virtual.

Ampliación de la investigación

Es precisamente por la falta de colaboración de parte de los requeridos y la tramitación de solicitud de documentos, que la fiscalía ha tenido que ampliar el plazo de la investigación de dos meses, por otros 60 días adicionales según la disposición fiscal a la que accedió este Diario.

“En el presente caso se ha aperturado investigación preliminar a nivel del despacho fiscal, habiéndose fijado en ella la realización de una serie de diligencias cuya realización son de vital importancia para el desarrollo de la investigación, siendo necesario recabar la declaración de los testigos, así como la recepción de documentos, pruebas de descargo, etc., a efecto de tener conocimiento sobre la conducta del presunto responsable de los hechos objeto de investigación”, señala el fiscal Efraín Mellea Claros en el sustento de su ampliación de investigación.

Ampliación de la investigación fiscal en contra de Evo Morales por presunto atentado contra la Integridad nacional peruana.
Ampliación de la investigación fiscal en contra de Evo Morales por presunto atentado contra la Integridad nacional peruana.

Las investigaciones señalan que Morales y sus coinvestigados habrían realizado pronunciamientos en sus redes sociales contrarios al modelo de gobierno unitario, democrático y contra los principios constitucionales de soberanía nacional e integridad del territorio peruano.

“Que se han realizado diversos actos públicos, pronunciamiento en universidades locales, asamblea populares y por la red social Twitter, arengando a las masas a llevar adelante la separación de sus zonas y departamentos, entre ellos Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Tacna , con la finalidad de formar una nueva República, tal como se puede constatar en las capturas de pantalla de mensajes publicados en la red social Twitter, en donde se visualiza los mensajes separatistas, arengas y acuerdos adoptados con tal fin”.

Así, el exgobernador regional de PunoGermán Alejo Apaza, habría desarrollando acciones con el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales Ayma, para beneficiar los intereses geopolíticos de Bolivia en la región.

Evo Morales fue citado a declarar por segunda vez para este 10 de mayo, por actos de violencia en Puno.
Evo Morales fue citado a declarar por segunda vez para este 10 de mayo, por actos de violencia en Puno.

Por ello, señala la tesis fiscal, el exgobernador puneño con el líder boliviano y otros, tuvieron múltiples encuentros políticos y actividades proselitistas, siendo la última de ellas en noviembre del 2022, cuando Evo Morales acompañado de Alejo Apaza concurrieron a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde condecoraron al exmandatario boliviano y donde el exgobernador puneño promocionó el plan para anexar la región de Puno a Runasur.

Germán Alejo Apaza, investigado por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones, había sido citado inicialmente ante el despacho fiscal para el 6 de febrero del 2023; sin embargo no concurrió.

La nueva fecha para que declare fue fijada para el pasado 13 de abril, de manera presencial, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, pero tampoco se presentó.

Mientras que el expresidente boliviano había sido citado para que declare de manera virtual el 7 de marzo del 2023. La nueva fecha programada para tomar su declaración a través del Aplicativo Google Meet es el próximo 10 de mayo a las 10:00 de la mañana.

No aseguran declaración

Raúl Noblecilla, abogado de Evo Morales, señaló a El Comercio que si bien ya se les notificó de la nueva fecha de declaración para el 10 de mayo, aún no puede confirmar si declararán ante la autoridad fiscal.

Hay una nueva fecha para la toma de la declaración para el 10 de mayo, fecha para la cual, la estrategia legal no ha decidido si participará o no. Nos fundamentamos en que estamos en una investigación preliminar, investigación de la que estamos siendo respetuosos, pero de ninguna manera vamos a convalidar un absurdo”.
Raúl Noblecilla, abogado de Evo Morales.

Raúl Noblecilla, abogado de Evo Morales.

En esa línea, calificó la investigación de “absurda” y “abusiva” pues consideró que esta intenta “crear una ficción” fuera de la realidad, por lo que sería prestarse “al juego”.

“Nosotros vamos a seguir siendo respetuosos dentro de los márgenes de legalidad, verdad y de transparencia que esta investigación podría merecer por parte de la defensa. Pero nuestra posición no solo es de inocencia; sino de que no se nos mete en un sin sentido de esta político de ‘lawfare’ que se está usando este gobierno, del sistema judicial y de la fiscalía”, señaló.

De otro lado, el exgobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, dijo a este Diario que hasta la fecha no ha sido notificado formalmente con la investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por lo que no se ha apersonado ni tampoco acudió a las citaciones.

“No he sido notificado formalmente solo conozco la denuncia vía los medios de comunicación, no ha llegado ninguna notificación a mi domicilio sobe el caso que me relaciona al señor Evo Morales y a Vladimir Cerrón”, anotó.

Asimismo, señaló que la denuncia presentada en su contra por el congresista Montoya es “una persecución política” pues está interpretando de manera “intencionada” los hechos que han ocurrido en Puno, y “quieren hacer ver que las reuniones que sostuvimos fueron para atentar contra la Seguridad Nacional, lo cual es absolutamente falso”.

Alejo Apaza señaló que lo que buscan las denuncias es “callar las voces de los pueblos, las voces de los dirigentes”.

“En las reuniones que sostuvimos con el señor Evo Morales en ningún momento he hablado sobre temas territoriales; sino que he señalado que los pueblos quechuas, aymaras y urus tiene la aspiración de integrarse a la Runasur. La Runasur no es un estado, sino una organización que integra a los pueblos originarios y tenemos derecho de poder integrarnos a nivel internacional”, se excusó.

El expresidente regional de Puno, señaló que por las protestas de Puno también tiene una segunda investigación por atentado a la integridad nacional y crimen organizado que fue interpuesta por el congresista Juan Burgos Oliveros (Avanza País) del que sí fue notificado y donde ha declarado el pasado 23 de abril.

“Sobre este caso tengo dos denuncias, una del congresista Montoya. Tengo otra denuncia que ha formulado el congresista Juan Bartolomé Burgos y él me imputa delitos de atentado a la integridad nacional y crimen organizado. Y por ejemplo, en la denuncia del señor Burgos me ha llegado la notificación y el 23 de abril que era la citación, yo asistí y declaré. En el caso de la denuncia del señor Montoya no me ha llegado ninguna citación, desconozco formalmente, esperaré a que llegue una notificación formal de parte del Ministerio Público para asistir.”
Germán Alejo, exgobernador de Puno.

Germán Alejo, exgobernador de Puno.

Caso Cerrón derivado a Lima

Sobre el fundador de Perú LibreVladimir Cerrón, quien también era investigado junto a Evo Morales, por el presunto delito de Seguridad Nacional y Traición a la Patria, en la modalidad de atentado contra la Soberanía Nacional, prevista y penado en el artículo 325 del Código Penal en agravio del Estado Peruano, la fiscalía dispuso desacumular dicho extremo de la carpeta fiscal que se sigue en Puno y que el caso sea derivado a las fiscalías penales de Lima.

Para adoptar esta decisión, el fiscal Mellea Claros explicó que en su disposición de enero del 2023, cuando abrió investigación señaló en la denuncia presentada por el congresista Jorge Montoya (renovación Popular) contra Vladimir Cerrón, se identificó que desde su cuenta de propiedad en Twitter (@VLADMIR_CERRON) propaló una publicación indicando: “Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino de la Secesión en el país”.

Dicha afirmación, citó el fiscal, sería una clara y evidente acción “destinada a impulsar y orientar en sus seguidores una línea ideológica separatista destinada a seccionar el territorio nacional”. Dicha situación, agregó, transgrede la libertad de expresión y pone en grave peligro la integridad nacional.

La fiscalía, citando la denuncia, indicó que si bien, Cerrón trató de de deslindar del delito de atentar contra la integridad nacional en otro tuit, sus comentarios previos tenían presunto carácter delictivo sobre una rebelión en las provincias del sur de nuestro país.

Por ello, el fiscal Mellea Claros señaló que de la consulta que realizó en el Reniec, el domicilio de Cerrón Rojas se consignó en Huancayo, Región Junín. Adicionalmente, el investigado se apersonó a su despacho señalando que su domicilio se encontraba en la Urbanización Santa Beatriz, en Lima.

Por tanto, concluyó, “las publicaciones por intermedio de su página de Twitter @VLADMIR_CERRON, tampoco evidencian que se habría realizado en la ciudad de Puno”, lo que hace inferir que dichas publicaciones se han realizado desde su domicilio actual ubicado en la localidad de Lima.

Por tanto, correspondía desacumular y derivar los actuados seguidos contra dicha persona, a un fiscal del distrito provincial de Lima.

Este Diario se comunicó con la defensa legal de Cerrón Rojas, el abogado José Yunco Agapito, quien indicó que haría las consultas respectivas al Estudio de Abogados para determinar si darían su versión. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Ministros declaran haber tenido investigaciones por presunta corrupción y abuso de autoridad: los procesos de Magnet Márquez y Antonio Varela

Los ministros de Educación y Trabajo actualizaron la información sobre sus procesos en sus declaraciones juradas de idoneidad. El titular de Justicia aún no cumple con dicho requisito.

Ministros declaran haber tenido investigaciones por presunta corrupción y abuso de autoridad: los procesos de Magnet Márquez y Antonio Varela

Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

A casi dos semanas de haber sido nombrados por la presidenta Dina Boluarte, dos de los tres nuevos ministros que registraron haber tenido investigaciones y/o procesos judiciales actualizaron los detalles de dichas pesquisas en sus Declaraciones Juradas de Idoneidad, documento obligatorio por ley.

Se trata de los ministros de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez, y Trabajo, Antonio Varela Bohórquez, quienes tras presentar sus declaraciones juradas tras su juramentación ante la presidenta Dina Boluarte se comprometieron a dar detalles de las investigaciones en su contra.

Mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, quien más cuestionamientos tuvo al inicio de su gestión, también consignó tener pendiente el “detalle” de sus investigaciones, pero hasta la fecha no actualiza la información.

Declaración Jurada de Idoneidad del ministro de Justicia Daniel Maurate, se encuentra pendiente de detallar sus investigaciones y/o procesos judiciales.
Declaración Jurada de Idoneidad del ministro de Justicia Daniel Maurate, se encuentra pendiente de detallar sus investigaciones y/o procesos judiciales.

El Comercio consultó con el Minjus sobre dicha situación e indicaron que el ministro tiene plazo hasta el 15 de mayo para actualizar su Declaración Jurada de Idoneidad.

En la Ley 31457 se precisa que junto a la resolución suprema de nombramiento del ministro se incluirá como anexo la Declaración Jurada del nuevo funcionario, que debe consignar con detalle que cumple con los requisitos para ser ministro.

De igual forma, debe consignar “todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentre dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido”.

Ley para la Declaración Jurada de Idoneidad.
Ley para la Declaración Jurada de Idoneidad.

Investigaciones fiscales, judiciales y sanción disciplinaria

Antes de ser nombrada ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez ocupó otros cargos en el sector público como jefa de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración y también fue encargada de la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Fue precisamente en dichos cargos que recibió una sanción disciplinaria de parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y también fue objeto de denuncias fiscales y procesos judiciales y civiles, según los registros adjuntados en la DJ.

En el 2017, Márquez Ramírez fue sometida a un procedimiento administrativo sancionador en su condición de exjefa de la Oficina General de Administración del APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) por la contratación “con celeridad” de una empresa que no habría contado con la documentación necesaria para sustentar adecuadamente la prestación del servicio.

Resolución de Apci.
Resolución de Apci.

Si bien, dicho proceso no se encuentra registrado ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, sí existe otro seguido en el Ministerio de Educación, donde incluso la actual ministra fue sancionada con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a través de la Resolución Ministerial No 639-2016-MINEDU, del 14 de diciembre de 2016.

Según el documento obtenido por El Comercio, la sanción se impuso por haber infringido el “principio de eficiencia” previsto en el numeral 3) del artículo 6 de la Ley 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública, así como el deber de responsabilidad previsto en el numeral 6) del artículo 7 del mismo cuerpo normativo.

El motivo de la sanción: en su condición de exJefa de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración del sector, del 1 de enero del 2009 al 31 de julio de 2010, no habría dispuesto acciones para contar con información de los directores nombrados de las instituciones educativas públicas que le permita elaborar el listado de responsables del manejo de cuentas del Programa de Mantenimiento 2010 y la entrega de presupuesto.

La sanción fue apelada por Márquez Ramírez; sin embargo el 8 de febrero del 2017, a través de la Resolución 00215-2017-SERVIR/TSC la Segunda Sala de dicha entidad declaró “infundado” el recurso impugnatorio de la actual ministra y confirmó la resolución que impuso la sanción del 2016 emitida por el Despacho Ministerial del Ministerio de Educación; “al haberse acreditado la comisión de la falta imputada”.

MINEDU Magnet Carmen Márquez Ramírez Resolución del Tribunal del Servicio Civil 00215-2017-Servir-TSC-Segu... by Karem Barboza on Scribd

No solo eso, la actual ministra de Educación también estuvo incursa entre el 2015 y 2019, en investigaciones fiscales en Lima -que actualmente se encuentran archivadas- por presuntos delitos de coacción laboral sobre la conformación o integración de sindicatos, abuso de autoridad y discriminación de personas.

Mientras que en el distrito fiscal de Lima Este, también fue investigada por presunta desobediencia a la autoridad o rehusamiento al cumplimiento de acto oficial según el reporte fiscal.

Márquez Ramírez, según reporte del Poder Judicial, también estuvo inmersa como denunciada en otros cinco procesos entre civiles y penales. Mientras que en otro caso civil adicional ella fue la demandante.

Reporte fiscal sobre investigaciones de la ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez.
Reporte fiscal sobre investigaciones de la ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez.

En el 2004 fue procesada por el presunto delito delito contra la administración pública - (abuso de autoridad) en el Sexto Juzgado Penal de Junín (Sede Central), que en el 2006 concluyó con el archivo definitivo.

Mientras que, en el 2008, fue demandada en un proceso contencioso administrativo formulado por Abraham Fernández Vargas, presidente del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca - CAFAE-SEDE-DRE-CAJ, contra la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca y el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación - CAFAE-SE.

Sin embargo, fue declara “infundada” en primera y segunda instancia por el Segundo Juzgado Civil de Cajamarca y por la Sala Civil de dicha ciudad, por lo que el caso (0031-2008-51-0601-JR-C) fue archivado.

Presidenta Dina Boluarte y la ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez. (Foto: Presidencia)
Presidenta Dina Boluarte y la ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez. (Foto: Presidencia)

“La aludida sentencia en efecto se encuentra ejecutoriada pues el órgano superior en grado mediante sentencia de vista N° 433-2009-SEC ha resuelto confirmar la sentencia N° 077-2009 de fecha 06.07.2009 que declara infundada la demanda postulada por el presidente del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca - CAFAE-SEDE-DRE-CAJ.”

Segundo Juzgado Civil de Cajamarca

También fueron rechazadas las medidas cautelares (00031-2008-0-0601-JR-CI-02) que acompañaban la demanda de manera paralela.

Magnet Carmen Márquez Ramírez Juzgado Cajamarca res_2008000310123343000982823 by Karem Barboza on Scribd

El año 2009 fue incluida en un proceso penal ordinario en el 17 Juzgado Penal Liquidador de Lima por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de retardo injustificado en el pago.

Si bien el reporte judicial indica que se encuentra en trámite, desde el Minedu indicaron que en octubre del 2019, el caso fue declarado “prescrito” por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres.

Es decir, la acción penal contra la actual ministra se extinguió antes de que pueda resolverse su responsabilidad o inocencia.

Resolución judicial sobre prescripción del proceso seguido contra Magnet Carmen Márquez Ramírez.
Resolución judicial sobre prescripción del proceso seguido contra Magnet Carmen Márquez Ramírez.

Finalmente, en el 2017, también fue comprendida como parte de una demanda por incumplimiento de laudo arbitral cuando se encontraba al frente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

“Por escrito del 23 de mayo del año en curso, Washington Trinidad Muñoz interpone demanda de ejecución forzosa de medida cautelar arbitral, la cual es dirigida contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, a efectos que se ejecute lo dispuesto en la resolución 03 del 08 de setiembre de 2015 en el expediente arbitral 009-2015, tramitado ante el Centro Internacional de Arbitraje del Perú CIAP; Tercero: Del texto de la citada resolución se advierte que el monto que se ordena efectivizar en el mandato cautelar arbitral, está referido a una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de remuneraciones dejadas de percibir”, señala una resolución del caso obtenida por este Diario.

El Minedu respondió que si bien estuvo inmersa en este proceso, el caso contra ella se archivó cuando dejó de ser jefa de Sunat, ya que la demanda estaba promovida en contra de la entidad y contra quien ejercía la titularidad del misma.

Reporte del estado de los procesos judiciales y civiles de la ministra Magnet Carmen Márquez Ramírez.
Reporte del estado de los procesos judiciales y civiles de la ministra Magnet Carmen Márquez Ramírez.

Titular de Trabajo y su denuncia por presunta colusión

Antonio Varela Bohórquez, quien también ha tenido cuestionamientos por su tesis doctoral, actualizó el detalle de la investigación que se le siguió en su contra por el presunto delito de colusión.

Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que recién se detalló el caso y se anexó la decisión fiscal, debido a que estaban a la espera de la documentación oficial emitida por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

“La documentación que sustenta el archivo sobre denuncia por colusión será anexada a la Declaración jurada conforme a la Ley N° 31457 del ministro Antonio Fernando Varela Bohórquez en estos momentos”, agregaron.

El caso se inició en 2021, tras la denuncia interpuesta por Benjamin Aristides Villanueva Rojas, representante del Sindicato de Empleados de la Planta Siderúrgica de Chimbote de Sider Perú S.A.A, quien denunció al actual ministro y otros funcionarios de dicha empresa alegando la existencia de una presunta organización criminal que se habría constituido para causar perjuicio del mencionado sindicato en un proceso arbitral irregular y la posterior emisión de un laudo arbitral que habría favorecido solo a la referida siderúrgica.

Presidenta Dina Boluarte y el ministro de Trabajo Antonio Varela Bohórquez
Presidenta Dina Boluarte y el ministro de Trabajo Antonio Varela Bohórquez

Sin embargo, el 20 de setiembre de 2021, el Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima decidió no formalizar investigación preparatoria en contra de Varela Bohórquez y otros y dispuso el archivo del caso.

Esto fue confirmado por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que ante una consulta, indicó que no habían elementos para determinar el inicio o consecución de un proceso.

“En el caso en concreto, podemos discernir que de la denuncia interpuesta por el ciudadano Benjamin Arístides Villanueva Rojas, en calidad de representante del sindicato de empleados de la planta siderúrgica de Chimbote, no se advierte una sospecha inicial simple que exija la iniciación de las diligencias preliminares, mucho menos, se observa que haya existido un nivel de indicios fácticos mínimos que permitan deducir a la Fiscalía Provincial la presunta comisión de los ilícitos imputados”, resolvió la instancia superior según el documento fiscal obtenido por este Diario.

Antonio Varela Bohórquez Disposición Fiscalía Superior by Karem Barboza on Scribd

 

***********

Procuraduría denuncia a otro «mochasueldo»

Entidad estatal indica que parlamentario está involucrado en comisión de delito contra la administración pública.


La Procuraduría General denunció al congresista de Acción Popular, José Arriola, por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores a través de “donaciones” económicas.

De acuerdo al documento elaborado por la entidad estatal, Arriola habría incurrido en la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y alternativamente en el delito de concusión.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría luego que el último fin de semana un dominical revelara una denuncia hecha por un grupo de trabajadores del congresista Arriola, quienes indicaron que el legislador les solicitaba parte de su remuneración, mediante una declaración jurada, para ser utilizados supuestamente en apoyo social. Ahora el Ministerio Público evaluará si corresponde o no abrir una investigación.

Aunque el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) dijo estar en total desacuerdo con su colega José Arriola, señaló que su bancada ni su partido han tomado ninguna medida disciplinaria.
“Yo soy un común militante de Acción Popular, nunca he ocupado un cargo político dentro de la militancia de Acción Popular, tenemos un Comité de Disciplina, son ellos los que tienen que merituar este tema”, consideró.

***********

Alberto Otárola sobre militares heridos en protestas: «La CIDH no hizo un análisis concienzudo»

Recalcó que este organismo internacional no dio más páginas para hablar sobre el suboficial de la PNP, quien murió quemado.


El premier Alberto Otárola consideró que los funcionarios internaciones, quienes elaboraron informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las protestas violentas, no dieron mayores detalles sobre la realidad de los hechos ocurridos durante la convulsión social iniciada contra el régimen de Dina Boluarte.

Para el titular de la PCM, la agresión a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a los efectivos de la Policía Nacional (PNP), no fue prioridad de la CIDH para elaborar su informe.

“En la CIDH en el caso de los heridos militares y policiales no ha hecho una análisis concienzudo, no los ha entrevistado, pese a que ellos son quienes resguardan la seguridad nacional y el bienestar de cada uno de los peruanos”, dijo Alberto Otárola en entrevista a un portal web.

Al respecto, el jefe del Gabinete recordó el sacrificio del suboficial de la PNP, José Luis Soncco Quispe, quien murió quemado por los manifestantes violentistas en Puno. Recalcó que el informe final solo dedicó unos cuantos párrafos al agente fallecido, explicando otras causas de su muerte.

“En el caso del suboficial Soncco, el héroe de la Policía Nacional que fue quemado vivo dentro de una patrullero solo es mencionado como un hecho más, diez palabras se refieren a él en un informe de 107 páginas”, agregó.

***********

Congreso: reacciones tras informe final de la CIDH sobre las protestas sociales

Legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron con respecto a este documento y lo calificaron de “sesgado”.

Este miércoles, 3 de mayo, se presentó el documento titulado ‘Situación de Derechos en Perú en el contexto de las protestas sociales’.
Este miércoles, 3 de mayo, se presentó el documento titulado ‘Situación de Derechos en Perú en el contexto de las protestas sociales’.
Redacción EC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe final sobre las protestas ocurridas en el Perú, en el que señalan que ocurrieron “graves violaciones de derechos humanos”. Al respecto, varios parlamentarios se pronunciaron y calificaron de “sesgado” el contenido del mencionado documento.

En enero del presente año, Perú recibió la visita de representantes del órgano en nuestro país, quienes sostuvieron reuniones con autoridades, organizaciones civiles y familias de las víctimas, para finalmente presentar, este miércoles 3 de mayo, el documento titulado ‘Situación de Derechos en Perú en el contexto de las protestas sociales’.

El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, señaló que el informe de la CIDH está lejos de ser un documento “objetivo e imparcial”, y que se le debe restar importancia.

Arturo Alegría de Fuerza Popular calificó el informe de la CIDH como “desafortunado” y pidió que no traten de engañar a la población.

“Lo que hubo en el Perú fue un golpe de Estado, no una crisis institucional como la CIDH pretende mostrar. Tratan de menospreciar lo que ocurrió el 7 de diciembre”, señaló.

Por su parte, Norma Yarrow, congresista de Avanza País calificó de “una broma del mal gusto que disfracen un golpe de Estado”.

“Sabíamos que venían con una inclinación sesgada y sabíamos cuál era su motivación. Lo voy a tomar como un informe que vino, lo leeré y lo guardaré”, agregó.

Eduardo Salhuana del partido Alianza Para el Progreso dijo que es un documento importante del que se debe rescatar los consejos para mejorar como país.

“Hace un recuento importante de los hechos. Hay que asumir estas recomendaciones con serenidad, prudencia y evaluar lo que sea necesario para fortalecer en el país la democracia y el Estado de Derecho”.

En tanto, la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País) consideró que el informe tiene imprecisiones y sesgos ideológicos.

Por su parte, Margot Palacios calificó este informe como “contundente y claro” y que sí existió violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

“Hubo un excesivo uso indiscriminado, brutal y letal de las fuerzas policiales contra un pueblo que se movilizaba. Aquí nadie te puede matar porque tú pienses distinto”, declaró a RPP.

*************

Contraloría: Hay 1746 obras públicas paralizadas por más de S/ 22 millones

Los departamentos que concentran el mayor número de inversiones paralizadas son Cusco (297 obras), Puno (220), Lima (111), Cajamarca (107), Áncash (102).

El sector más afectado por estas paralizaciones es Transporte y Comunicaciones, que congrega la mayor cantidad de obras públicas paralizadas (472). (Foto referencial)
El sector más afectado por estas paralizaciones es Transporte y Comunicaciones, que congrega la mayor cantidad de obras públicas paralizadas (472). (Foto referencial)
Redacción EC

Al 31 de marzo del 2023, se registran un total de 1746 obras públicas paralizadas a nivel nacional, las cuales no se han concluido y no reportan ningún avance en su ejecución física durante más de seis meses, principalmente en los departamentos de Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Áncash, advirtió la Contraloría General de la República.

Estas obras tienen un monto de inversión total de S/ 22 mil 902 millones, de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 10.724 millones, al 31 de marzo del 2023.

Según el “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a marzo 2023″ de la Contraloría General, los departamentos que concentran el mayor número de inversiones paralizadas son Cusco (297 obras), Puno (220), Lima (111), Cajamarca (107), Áncash (102). En tanto que el Callao (6), Tumbes (10), Madre de Dios (14), Ucayali (17) e Ica (26) registran la menor cantidad de obras paralizadas.

Esta información se basa en el análisis y la verificación de la información registrada en las fuentes oficiales del Estado, como el Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el sistema Monitor donde se registran las obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC), información que ha sido verificada por los Órganos de Control Institucional a nivel nacional

Por nivel de gobierno, el mayor número de obras paralizadas corresponden a gobiernos locales (1252 obras por S/ 5 mil 327 millones), seguido de las entidades del gobierno nacional (313 obras por S/ 11 mil 871 millones) y los gobiernos regionales (181 obras por S/ 5 mil 703 millones).

Por sector de gobierno

El sector más afectado por estas paralizaciones es Transporte y Comunicaciones, que congrega la mayor cantidad de obras públicas paralizadas (472), lo que representa el 27% del total nacional. De estas inversiones, 373 obras corresponden a entidades del Gobierno Local, 50 a entidades del Gobierno Regional y 49 a entidades del Gobierno Nacional.

El segundo sector afectado es Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 403 obras públicas paralizadas, que representa el 23.1% del total nacional. De ellas, 312 obras corresponden a entidades del Gobierno Local, 22 a entidades del Gobierno Regional y 69 al Gobierno Nacional. Le sigue el sector Agricultura (211), Educación (154), Cultura (116) y salud (76).

De acuerdo a la información registrada por las propias entidades, las obras se encuentran paralizadas debido a la falta de recursos financieros y liquidez (19.9%), incumplimientos contractuales (17.6%), discrepancias, controversias y arbitrajes (5.5%), entre otras causales, tales como conflictos sociales (1.5%) o eventos climáticos (1.6%).

De total de obras paralizadas, 120 corresponde a la Reconstrucción con Cambios, por una inversión de S/ 3080 millones, de las cuales 49.5% corresponde al Gobierno Nacional, 12.6% al Gobierno Regional y 37.9% a los Gobiernos Locales.

************

Dina Boluarte: ¿Qué dijo la presidenta sobre el informe final de la CIDH? | VIDEO

Acompañada por sus ministros, la presidenta Boluarte declaró a los periodistas poco después de conocerse el informe final de la CIDH sobre las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

Dina Boluarte cuestiona informe de la CIDH: «No hubo ejecuciones extrajudiciales ni masacres». Jefa de Estado afirma que nuestro país respeta compromisos internacionales de Derechos Humanos.
“Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, mucho más viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.
Luego, explicó que “en el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacifica que está consagrada en nuestra Constitución; asimismo, el Estado Peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que son para nosotros, pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

Castillo golpista

Por otro lado, Boluarte saludó que el documento de la CIDH haya sido concluyente al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el Estado de derecho.

Flanqueada por los integrantes de su Gabinete, la presidenta Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa para responder el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra su Gobierno y el Congreso, entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. De manera virtual, participa en primer ministro, Alberto Otárola.

Mira aquí la conferencia de prensa:

*************

Lilia Paredes: PJ vuelve a reprogramar audiencia sobre prisión preventiva tras pedido de la defensa

“A efectos de no vulnerar el principio del debido proceso, se aceptó escrito de la defensa de la ex primera dama, quien solicitó una nueva fecha”, señala la Corte Superior Nacional en sus redes sociales.

Redacción EC
Redacción EC

Tras un pedido de la defensa de Lilia Paredes Navarro, quien se encuentra con asilo político en México, el juez Justiniano Romero volvió a reprogramar, ahora para el 15 de mayo, la audiencia en la que evaluará el nuevo pedido fiscal de prisión preventiva por 28 meses contra la ex primera dama, investigada por el Caso Anguía.

“A efectos de no vulnerar el principio del debido proceso, se aceptó escrito de la defensa de la exprimera dama, quien solicitó una nueva fecha debido a que tiene agenda programada de 9 audiencias en distintos procesos”, señala la Corte Superior Nacional en sus redes sociales.

LEE TAMBIÉN: “Sigo siendo el presidente del Perú”: así fue la accidentada presentación de Pedro Castillo ante el Congreso

La esposa del expresidente Pedro Castillo es investigada por los presuntos delitos de colusión y organización criminal. La solicitud para variar la comparecencia simple alcanza a sus hermanos David y Walter Paredes Navarro.

La audiencia había sido programada para el 24 de abril, pero el PJ decidió reprogramarla para este miércoles 3 de mayo.

El pedido de prisión preventiva fue presentado por el fiscal provincial Jorge García Juárez ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Un primer pedido de prisión preventiva fue declarado infundado pues el magistrado solicitó que se presente como una variación de la medida y no como una solicitud independiente.

**********

CIDH: las 10 principales conclusiones y las 36 recomendaciones en el informe sobre el Perú

El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado oficialmente este miércoles señala, entre otras cosas, que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Informe de la OEA concluyó que se violaron derechos humanos durante las marchas. Foto: GEC
Informe de la OEA concluyó que se violaron derechos humanos durante las marchas. Foto: GEC
Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra. EC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles su informe sobre lo ocurrido en el Perú durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La base fue la visita que hizo una delegación al Perú en enero, donde sostuvo reuniones con autoridades, organizaciones civiles y familias de las víctimas.

El documento titulado ‘Situación de Derechos en Perú en el contexto de las protestas sociales’ fue publicado en la web de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus conclusiones fueron compartidas en una conferencia de prensa realizada por los comisionados.

Una de estas conclusiones, tal como adelantó El Comercio en la víspera, es que hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” y “graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso de Ayacucho, se advirtió que “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y que “podrían calificarse como una masacre”.

El cuerpo del informe también recoge los ataques de manifestantes a comisarías, fiscalías y sedes del Poder Judicial, así como los bloqueos de carreteras y los intentos de tomas de aeropuertos. Estos constituyeron “un serio desafío para el Estado de Derecho”.

“La CIDH reconoce lo difícil que puede ser armonizar los derechos en tensión. Sin embargo, también ha indicado a los Estados que deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta y en particular la prohibición del uso de la fuerza letal”, indicaron.

También señalaron que “ciertas modalidades de protesta” afectaron infraestructuras críticas y provocaron un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado peruano, policias y parte de la sociedad.

Delegación de la CIDH que visitó el Perú: María Claudia Pulido, Joel Hernández, Stuardo Ralón y Pedro Vaca. Foto: Andina
Delegación de la CIDH que visitó el Perú: María Claudia Pulido, Joel Hernández, Stuardo Ralón y Pedro Vaca. Foto: Andina

“La Comisión también reconoce que este malestar se origina en serias afectaciones particulares y colectivas; y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la integridad física, la provisión de alimentos y la salud . En particular, la CIDH condena y expresa su consternación por el fallecimiento de al menos 4 personas como consecuencia de los bloqueos, incluyendo dos bebés; así como por el impedimento de paso de ambulancias”.

De vuelta en las conclusiones, allí también se advirtió sobre la polarización y estigmatización en el discurso político, los constantes enfrentamiento entre poderes del estado, el deber de que las muertes sean investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos” y juzgadas con imparcialidad; y de la necesidad de establecer diálogos para salir de las crisis.

Adicionalmente, el documento incluye 36 recomendaciones divididas en siete grupos. Así, el informe no es vinculante o de cumplimiento obligatorio. En la conferencia de prensa, la CIDH remarcó que ellos harán un seguimiento para que sus recomendaciones se cumplan. Sin embargo, recordaron que dicho cumplimiento depende solo del Estado peruano.

Dina Bolaurte y Alberto Otárola están actualmente bajo investigación fiscal por las muertes en las protestas. (Foto: Presidencia)
Dina Bolaurte y Alberto Otárola están actualmente bajo investigación fiscal por las muertes en las protestas. (Foto: Presidencia)

Pedro Castillo rompió el orden constitucional

El informe también se refiere a lo ocurrido el 7 de diciembre con el golpe de estado de Pedro Castillo. En la introducción del informe, se señala que el expresidente “tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, de disolver el Congreso de la República e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos. Asimismo, anunció su decisión de gobernar por decreto”.

“La Comisión condenó el rompimiento del orden constitucional y saludó [...] la rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el pronto restablecimiento del orden institucional. En el ámbito interno esa decisión fue denunciada como un golpe de estado por parte de instituciones de los diferentes poderes del Estado y fue objeto de pronunciamientos condenatorios por parte de distintos países"

Informe de la CIDH

En su análisis sobre ese hecho, la comisión consideró que “la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional”.

Finalmente, recordaron que en diciembre pasado, la CIDH visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Allí se constató que tiene “condiciones dignas de detención”.

En el informe, la CIDH reiteró su condena al golpe de estado del 7 de diciembre y lo calificó como un "rompimiento del orden constitucional".
En el informe, la CIDH reiteró su condena al golpe de estado del 7 de diciembre y lo calificó como un "rompimiento del orden constitucional".

Las principales conclusiones

1. La CIDH señala que las principales demandas de las protestas fueron el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente, y que detrás de estas hay “justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas”. Al respecto, indicaron que “las demandas deben ser atendidas considerando el respeto al Estado de Derecho y al debido proceso”.

2. El informe advierte que las “incesantes confrontaciones” entre los poderes del Estado y las sucesivas “crisis de institucionalidad democrática y políticas” han profundizado la polarización y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

3. En lo referido a las protestas contra el gobierno, la primera conclusión es que en el período bajo análisis (7 de diciembre al 23 de enero), hubo “situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.

Manifestantes ingresaron en la Plaza Mayor de Huamanga
Manifestantes ingresaron en la Plaza Mayor de Huamanga

4. Luego, señalan que de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se concluye que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Esto se confirma con el alto número de muertos y personas heridas con impactos de armas de fuego y víctimas que no estaban protestando. Estos hechos “deben ser investigados, juzgados y sancionados”.

5. En el caso particular de Ayacucho, hubo “graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial” y que “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, agregaron.

6. Respecto a Juliaca, se “habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”. También se recordó que fue parte de una “compleja situación violenta”, que inició con enfrentamientos en el perímetro del aeropuerto, donde fuerzas de seguridad fueron atacadas “con piedras, palos y fuegos pirotécnicos”.

Diecisiete personas fallecieron el lunes 9 de enero en la ciudad de Juliaca, en Puno. | Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP
Diecisiete personas fallecieron el lunes 9 de enero en la ciudad de Juliaca, en Puno. | Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP

7. Por otro lado, verificaron un deterioro del debate público con una fuerte estigmatización, con mensajes que aluden a indígenas y campesinos como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas. Estos mensajes “contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional”.

8. Estas graves violaciones de derechos humanos deben ser “investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos” y “juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales. Todo dentro de un “plazo razonable”. “De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes”, indicaron.

9. Se advierte que para superar la crisis se “requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho”. “El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, consideraron.

10. Finalmente, la CIDH recordó que están a disposición del Estado peruano para “brindar la cooperación técnica requerida a efectos de implementar las recomendaciones formuladas en este informe, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento”.

Representantes de la CIDH que participaron en la conferencia de presentación del informe
Representantes de la CIDH que participaron en la conferencia de presentación del informe

Las recomendaciones

La CIDH detalló que como parte de su informe, hacen estas recomendaciones basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, la información recogida en la vista y el análisis de información complementaria.

Esta se divide en siete grupos y 36 recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar medidas para que la actuación de las fuerzas del orden se adecúen a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Al respecto, el comisionado Joel Hernández comentó que “la recomendación de la comisión consiste en hacer un llamado al Estado para que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de las personas que resulten responsables por los hechos ocurridos”. En tanto, el comisionado Stuardo Ralón remarcó que la CIDH puede dar asistencia técnico si el Perú lo requiere.

"Si el estado [Perú] nos requiere una asistencia técnica, la comisión como organismo subsidiario y complementario está en la mejor disposición de hacerlo, pero la responsabilidad en este momento del informe se enmarcaría en el marco de conclusiones y recomendaciones a efecto de que puedan cumplirse”.

Stuardo Ralón Vicepresidente de la CIDH y relator para el Perú

Stuardo Ralón

Diálogo y superación de la crisis

1. Diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial, que permita la escucha de todos los sectores y niveles de la división política y administrativa, en especial de aquéllos que han sido los más afectados por las discriminación histórica, social y estructural en el país.

2. Garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisión sobre políticas, programas y otras medidas relacionadas con asuntos de interés nacional, incluyendo las relacionadas con el desarrollo.

3. Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica. Esta política pública deberá comprender, entre otros, el diseño e implementación de un plan pedagógico que sea integrado a la política de educación permanente del país.

Manifestación en Lima
Manifestación en Lima ALONSO CHERO

Seguridad ciudadana

4. Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas.

5. Adoptar medidas para asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y, especialmente, el de proporcionalidad. Asimismo, adoptar las medidas necesarias para capacitar y evaluar de manera permanente a todos los agentes estatales que intervengan en las protestas sobre la implementación de los protocolos para el uso de la fuerza.

6. Tomar las medidas normativas o de otra índole que sean necesarias para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales, así como establecer lineamientos dirigidos a orientar el uso de armas potencialmente letales.

7. Adoptar las medidas normativas o de fortalecimiento institucional necesarias para garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.

8. Asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles. De igual manera, adoptar las medidas normativas o de fortalecimiento institucional para asegurar que esta participación sea regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Manifestantes chocan con la policía durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima el 4 de febrero de 2023. - Cientos de manifestantes se concentraron en los accesos a Lima para asistir este sábado a una marcha que prometen "será la más grande" y “con toda la sangre”, según los organizadores de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la clausura del Congreso. (Foto por ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Manifestantes chocan con la policía durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima el 4 de febrero de 2023. - Cientos de manifestantes se concentraron en los accesos a Lima para asistir este sábado a una marcha que prometen "será la más grande" y “con toda la sangre”, según los organizadores de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la clausura del Congreso. (Foto por ERNESTO BENAVIDES / AFP)

ERNESTO BENAVIDES

 

Reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos

9. Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales las cuales deberán incluir acciones de compensación; satisfacción; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia, y garantías de no repetición.

10. Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos.

11. Proveer atención médica inmediata e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, tanto médica especializada como psicológica.

12. Asegurar que las medidas de reparación tengan un enfoque de pertinencia cultural, de género e interseccionalidad en derechos humanos, que tengan en cuenta tanto los daños individuales sufridos como los efectos colectivos diferenciados en sus respectivas familias, comunidades y pueblos, así como los impactos diferenciados en las mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas indígenas; personas mayores y personas con discapacidad.

13. Asegurar que las medidas de reparación adopten un enfoque de género que reconozca los impactos diferenciados de las pérdidas de vidas humanas en las mujeres que como consecuencia de los hechos quedaron a cargo del sustento familiar y la búsqueda de justicia.

14. Adoptar las medidas necesarias para incorporar el enfoque de interés superior de la niñez tanto en las políticas, protocolos y planes operativos referidos al control de la seguridad ciudadana, como en su aplicación práctica, en particular en casos de atención de conflictividad social.

Deudos tras muertes en Juliaca. Foto/Difusión.
Deudos tras muertes en Juliaca. Foto/Difusión.

Lucha contra la impunidad

15. Investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales. Para ello, el Estado podrá evaluar y solicitar a la CIDH asistencia técnica por medio de capacitaciones a personas funcionarias públicas, mecanismos de seguimientos de recomendaciones, o la creación incluso de un grupo interdisciplinario de expertos independientes.

16. Incrementar los recursos del Ministerio Público para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito.

17. Adoptar medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a brindar condiciones de seguridad a las personas funcionarias del Ministerio Público para el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito.

18. Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.

19. Adoptar medidas adicionales de fortalecimiento institucional del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses para dotarlo de recursos humanos, técnicos y científicos para el cabal desempeño de sus funciones en las distintas provincias del país y, especialmente, respecto de las investigaciones correspondientes a los hechos contenidos en el presente informe.

La delegación de la CIDH en su reunión con la fiscal de la nación y otras autoridades del Ministerio Público.
La delegación de la CIDH en su reunión con la fiscal de la nación y otras autoridades del Ministerio Público.

20. Sistematizar mediante un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y contrastada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

Institucionalidad democrática

21. Tomar medidas con el objeto de reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral.

22. Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.

23. Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias.

El informe también hace, dentro de sus recomendaciones, exhortaciones al Congreso
El informe también hace, dentro de sus recomendaciones, exhortaciones al Congreso

24. Adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo considerando la importante labor que desempeña; y dotarla de los recursos humanos y materiales adecuados para el cabal desempeño de sus funciones en las distintas provincias del país.

25. Adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de esta entidad sea participativo, transparente, pluralista y se base en los méritos y calidades profesionales de las y los aspirantes.

26. Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia.

27. Adoptar medidas dirigidas a mejorar y garantizar la participación política representativa de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las distintas regiones del Perú.

Libertad de expresión, reunión y asociación

28. Diseñar e implementar una política pública nacional permanente dirigida a la protección de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación. Dicha política deberá contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y contemplar la actualización de protocolos y programas de formación en las instituciones del Estado; el diseño e implementación de medidas de negociación, mediación y otros medios alternativos de conflictos; y la implementación de medidas de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Dina Boluarte dando declaraciones a la prensa (Foto: Presidencia)
Dina Boluarte dando declaraciones a la prensa (Foto: Presidencia) / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

 

29. Elaborar campañas pedagógicas de alcance nacional para que la ciudadanía conozca sus derechos y alternativas de protección y crear misiones interinstitucionales para que, en el marco de protestas y manifestaciones, observen y, de ser el caso, presten apoyo a las personas que requieren algún tipo de asistencia o protección.

30. Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten la violencia contra las personas que participan de las protestas. En este sentido, adoptar medidas pedagógicas dirigidas a socializar con las autoridades estatales su deber de abstención de realizar declaraciones estigmatizantes o que inciten la violencia contra personas que participan en las protestas.

31. Asegurar que las limitaciones al derecho de reunión pacífica sean excepcionales y observen los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

32. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la disolución de las protestas tenga un carácter excepcional, de forma que sólo proceda ante un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas y cuando no fueran posibles otras medidas menos restrictivas.

La ANP registró 183 ataques a periodistas y medios durante primer ciclo de protestas por crisis política y social. (Foto: ANP)
La ANP registró 183 ataques a periodistas y medios durante primer ciclo de protestas por crisis política y social. (Foto: ANP)

 

33. Respetar y garantizar el derecho a registrar y difundir cualquier incidente en el marco de las protestas, tomando especialmente en cuenta la función que camarógrafos, fotorreporteros y periodistas que cubren las protestas cumplen para el control social de los sucesos en las manifestaciones y actuación del Estado.

34. Revisar y actualizar los protocolos de protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, detenciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo; así como cesar acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Los protocolos deben estar dotados de capacidad institucional, recursos humanos y financieros para la protección de periodistas.

35. Realizar campañas y otras medidas de incidencia en la cultura institucional sobre el deber de las y los funcionarios de abstenerse de estigmatizar y obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como así también la importancia de que reconozcan públicamente el rol de su labor en contextos de protestas sociales.

Otras

36. Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana en sus visitas. Asimismo, abstenerse de tomar represalias y/o de permitir que estas sean tomadas por terceros en su contra.

 ***********

CIDH presenta informe sobre Perú: ¿cuándo fue su visita, con quiénes se reunieron y qué dijeron sobre las protestas?

CIDH presenta informe sobre Perú: ¿cuándo fue su visita, con quiénes se reunieron y qué dijeron sobre las protestas?

El informe sobre la situación del país que se presenta este miércoles en Washington DC abordará “los hechos ocurridos en el período del 7 de diciembre del 2022 al 23 de enero del 2023″.

Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra.. EC

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta este miércoles su informe de país sobre el Perú, el cual girará en torno a lo hallado en las semanas posteriores al golpe de estado de Pedro Castillo y en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La base es la visita que realizaron representantes del órgano al Perú en enero pasado, cuando las manifestaciones seguían en desarrollo.

La visita de la CIDH se realizó entre el 11 y el 13 de enero pasado. Fue anunciada oficialmente por el órgano, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de ese mes, el mismo día en que 17 manifestantes murieron y más de 70 resultaron heridos en Juliaca, Puno, en medios de las protestas contra el gobierno.

El objetivo, en palabras de la propia CIDH, era “observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde los primeros días diciembre del 2022″. Para esto, se reunieron con autoridades del gobierno, poderes del Estado y organismo autónomos, además de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Delegación de la CIDH que visitó el Perú: María Claudia Pulido, Joel Hernández, Stuardo Ralón y Pedro Vaca. Foto: Andina
Delegación de la CIDH que visitó el Perú: María Claudia Pulido, Joel Hernández, Stuardo Ralón y Pedro Vaca. Foto: Andina

Finalmente, se indicó que luego de la visita se iban a publicar sus “observaciones, conclusiones y recomendaciones el Estado peruano”. Eso es lo que se prevé que finalmente se dé a conocer este miércoles luego de tres meses y medio de concluida la visita. Inicialmente, se había estimado que el plazo iba a ser de 30 días.

¿Quiénes integraron la misión de la CIDH que visitó el Perú?

El grupo fue liderado por el comisionado Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú. Los otros integrantes fueron el comisionado Joel Hernández; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación; y Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión. También estuvo un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Todos ellos llegaron al Perú e iniciaron sus reuniones el 11 de enero. Estuvieron en Lima, Puno, Arequipa, Ayacucho e Ica. Stuardo Ralón también sirvió como vocero principal del grupo en la conferencia de prensa que dieron el 13 de enero, a manera de conclusión de la visita.

Las visitas tuvieron como objetivo, según dijo Ralón en dicha conferencia, “observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde el 7 de diciembre del 2022, a partir del golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia y la pronta acción de la institucionalidad para restablecer el orden constitucional”.

Los comisionados Rolón y Hernández con la canciller peruana, Ana Gervasi, durante su visita. Foto: Andina
Los comisionados Rolón y Hernández con la canciller peruana, Ana Gervasi, durante su visita. Foto: Andina

¿Con quiénes se reunió la CIDH en el Perú?

Como se tenía previsto, la delegación de la CIDH se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con representantes de órganos como la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo; con familiares de los fallecidos y heridos en las protestas; y con organizaciones civiles.

“Las delegaciones sostuvieron más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes del Estado en sus distintos niveles, el sistema electoral, distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, entes de control y gremios [...] La comisión dividió su delegación en grupos para poder abarcar la mayor cantidad de observación en terreno”, explicó Ralón.

El 11 de enero, fueron recibidos en el inicio de su recorrido por la canciller Ana Gervasi. Luego se reunieron con la presidenta Dina Boluarte y con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en Palacio de Gobierno; y con Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.

Luego, la delegación se desplazó a Ica, donde se reunió con representantes locales de la Defensoría, la Policía y el Ministerio Público, y con familiares de las víctimas. Al día siguiente, en ciudades como Juliaca y Arequipa, también hubo reuniones similares con autoridades locales y con familiares de las víctimas. De vuelta en Lima, hubo más reuniones con familiares, organizaciones civiles y representantes de la Iglesia.

El 13 de enero hubo una reunión con el presidente del Congreso y representantes de la Mesa Directiva, y luego encuentros sucesivos con representantes de todas las bancadas parlamentarias. Ralón destacó que todas estas se realizaron con respeto y sin mayores incidentes.

Finalmente, hubo reuniones con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros funcionarios del Ministerio Público en Lima; y con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.

Adicionalmente, la CIDH realizó lo que llamaron “visitas preparatorias” al Perú entre el 20 y 22 de diciembre. En ese lapso, el 21 de diciembre, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneau, visitó al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en compañía de un representante de la Defensoría del Pueblo.

“El objetivo de esa visita ha sido verificar sus condiciones de detención, en las cuales eran condiciones que cumplían con los estándares, donde no ponían en riesgo o su vida o integridad personal o condiciones de hacinamiento; también poder escucharle”, explicó Rolón sobre esta visita. Pese a ello, abogados ligados al expresidente han asegurado desde entonces que la CIDH nunca lo ha visitado.

La delegación de la CIDH en su reunión con la fiscal de la nación y otras autoridades del Ministerio Público.
La delegación de la CIDH en su reunión con la fiscal de la nación y otras autoridades del Ministerio Público.

¿Qué dijo la CIDH sobre su visita antes de presentar el informe?

El mismo 13 de enero, a modo de cierre de su visita, la CIDH ofreció la mencionada conferencia de prensa. Allí, Stuardo Rolón remarcó que la CIDH no está “señalando ningún camino político a seguir para Perú, lo que estamos instando es a un diálogo amplio, que puede contener acuerdos. “Si hay decisiones de carácter jurídico, político, como consecuencia de esos acuerdos, en el marco del Estado de derecho, corresponde a los peruanos llegar a esos acuerdos como consecuencia del diálogo amplio”, afirmó

Al inicio de la conferencia, el comisionado recordó que desde el inicio de las protestas sociales hasta la fecha de su visita, se había registrado 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes. Adicionalmente, habían resultado heridas al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad.

Luego, puso énfasis en las muertes en Ayacucho y en los “hechos de extrema violencia” en Puno. “Frente a estos hechos, la comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la fiscalía especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables”, dijo.

“Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico racial y eventuales responsabilidades por cadena de mando, o bien establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones”, agregó.

También se remarcó que “corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad. Asimismo, que no se le limite al tipo económico, sino que también incluya la restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”.

Sobre las manifestaciones, se recordó que el derecho a la protesta es “esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia” y “un derecho que en contextos de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural o exclusión política y social”.

No obstante, también indicó que se demanda “un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y desarrollen de manera pacífica”. “Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen el contexto de protesta para otros fines alejado a la misma y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta”.

En cuanto a la represión de las marchas, indicaron que “la CIDH reconoce lo difícil que puede ser armonizar los derechos en tensión”; pero que los estados “deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta y en particular la prohibición del uso de la fuerza letal”. “En caso de violencia sobre infraestructura crítica, los planes de seguridad y protocolos de actuación deben estar de acuerdo con los estándares interamericanos del uso de la fuerza, como lo son legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

Conferencia de la CIDH sobre su visita al Perú. Foto: Andina
Conferencia de la CIDH sobre su visita al Perú. Foto: Andina

También señaló que recibieron denuncias sobre “disparos dirigidos a puntos vitales [de los manifestantes] con armas letales y de alto calibre, en violación al principio del uso gradual de la fuerza”. “El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido”, afirmó el comisionado.

Respecto al origen de las protestas, indicaron que esto responde a “factores complejos” como la debilidad institucional y que se enmarcan en las crisis políticas sucesivas que vive el Perú desde el 2016: “Como consecuencia [...] el país ha tenido seis presidentes y tres parlamentos en siete años, así como períodos de intensas protestas sociales con lamentables e injustificables saldos de personas fallecidas y heridas”.

Así, la CIDH reiteró su advertencia sobre el riesgo que representan para el equilibrio de poderes en el Perú las figuras de acusación constitucional por infracción a la Constitución; la vacancia por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por dos denegatorias de confianza.

Se insta al Estado de manera urgente a reglamentar y delimitar con parámetros objetivos y claros estas tres figuras constitucionales para asegurar objetividad, imparcialidad, legalidad, debido proceso [...] Aunado a lo anterior, preocupa a la comisión los múltiples testimonios recibidos sobre la desconfianza generalizada en las instituciones en un contexto de graves denuncias de corrupción en distintos poderes”.

Conferencia de la CIDH sobre su visita al Perú
Conferencia de la CIDH sobre su visita al Perú

La comisión también advirtió un factor de discriminación y estigmatización detrás de la crisis. “Se ha constatado un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones a todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas.

La CIDH advirtió este tipo de mensajes “contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esa población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo y adversidad con su trabajo cotidiano”.

Finalmente, se destacó que la salida a la crisis pasa por el diálogo: “Se requiere un diálogo amplio, genuino, inclusivo, con enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos respetuosos del Estado de derecho y donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”.

En cuanto a lo que vendría con su informe final, manifestaron al Estado peruano su oferta de cooperación para instalar ”un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que serán presentadas próximamente en un informe de país relacionado a esta visita”.

***********

Opinión

La carretera que mató a Toledo. Crónica de Fernando Vivas sobre secretos interoceánicos

Algunas claves y misterios del megaproyecto que todos querían y que llevó a Toledo a su ruina carcelaria.

 

Alejandro Toledo apostó todo su poder en el 2004 por una carretera desorbitada. Ni el Congreso ni la opinión pública lo frenaron.Alejandro Toledo apostó todo su poder en el 2004 por una carretera desorbitada. Ni el Congreso ni la opinión pública lo frenaron.

Fernando Vivas
Fernando Vivas. EC

 

En el diario de debates del Congreso del 28 de noviembre del 2002, se recogen las intervenciones de los ministros presentando el presupuesto de la república para el 2003. Luego, los congresistas hacen preguntas. Una llama la atención. Yonhy Lescano, entonces representante acciopopulista por Puno, se dirige al primer ministro Luis Solari y a su gabinete: “Respecto a la carretera interoceánica –nosotros la conocemos como ‘transoceánica’-, obra estratégica para toda la región macrosur, no aparece un solo centavo. Sobre ello hay actas firmadas por el gobierno, de $130 millones en el caso del departamento de Puno y de $110 en el caso del departamento de Cusco. Eso no aparece”.

He aquí el nudo del drama de la ejecución nacional: La obra más ambiciosa del quinquenio toledista fue asumida por Proinversión el 5 de marzo del 2003, ¡pero ni siquiera estaba presupuestada en noviembre del 2002! La improvisación y la imposición cundieron y aún cunden dos décadas después. Seguimos igual de ‘desplanificados’ y abiertos al megaproyecto con truco. Le envié a Lescano el párrafo de su intervención, para que haga memoria, y esto fue lo que me contestó: “Nos hicieron tontos, aprovecharon que la gente quería la carretera, porque había la idea de que traería progreso y beneficios”. ¿Quiénes difundieron esa idea?, le pregunto. “La Cámara de Comercio de Puno, el Colegio de Ingenieros, los dirigentes, creyeron que era lo mejor para la región”.

Temprano mención, en boca de Yonhy Lescano, de la interocéanica en el Congreso. Entonces, a Toledo no le importaba; pero el interés que despertó en congresistas del Sur, le abrió los ojos.
Temprano mención, en boca de Yonhy Lescano, de la interocéanica en el Congreso. Entonces, a Toledo no le importaba; pero el interés que despertó en congresistas del Sur, le abrió los ojos.

‘A mais grande’

No solo hubo coima y asfalto (además de cemento, porque en los tramos de la selva, el segundo se arruina con las lluvias y hay que poner una base más sólida). También hubo ideología. ¿Cuál fue el cuento de la carretera que uniera a dos países pegados de espaldas? No nació acá sino en el Brasil de Fernando Enrique Cardoso, el presidente sociólogo, para quien fue fácil pergueñar un plan de unión sudamericana que posicionara a su país y a su industria de la construcción. Este fue la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), con su promesa de conectividad vial para el progreso continental. Aquí, se recibió con cierta frialdad, y se diseñaron rutas sin mayor convicción ni apuro para licitar. En realidad, no se pensaba construir sino hacer mantenimiento y eventualmente asfaltar tramos que ya existían. Por eso no había partidas con el nombre de ‘interoceánica’ como exigía Lescano, a pesar de que puneños y cusqueños habían peleado para que la vía pasara por su región. La solución a esa bronca fue salomónica: Se harán dos ramales. Así quedó firmado en actas de intención que valían lo que vale una ley declarativa. De pronto, en el verano del 2003, todo se precipitó.

Uno de los más de 40 coinculpados en el proceso contra Toledo, alguien a quien presumo inocente pero prefiere que no lo mencione, me hizo su síntesis del caso que tanto lo agobia: “Al comienzo se hizo mantenimiento a algunos tramos que ya existían, el gobierno no le daba importancia; pero llegó el momento [en el 2003] en el que vieron que había tramos, el 3 y el 4, donde había carnecita porque ahí sí había varios kilómetros por construir y se concentraron en eso para robar”.

Alejandro Toledo: hace tres años Odebrecht reveló pago de US$ 20 millones a expresidente por Interoceánica Sur | POLITICA | EL COMERCIO PERÚ
El 4 de agosto del 2005, durante gobierno de Alejandro Toledo, se firmó el contrato de concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, proyecto a cargo de Odebrecht (Fotos: Archivo El Comercio)

 

En marzo del 2003, Toledo ya se había enamorado del proyecto. Todo fue cuesta arriba para la IIRSA. Podemos presumir que los fiscales, a estas alturas en que el proceso está en la fase de control de acusación, ya tienen reconstruida la ruta de las presiones y medidas legales excepcionales. Aquí quiero destacarles algunos hitos que espantan por la frescura con la que Toledo dejó huella de sus presiones y la normalidad con la que fueron asumidas por el gobierno, por el Congreso y por la opinión pública.

El acta de la sesión del Consejo Directivo de Proinversión del 22 de diciembre del 2004 delata la presencia de Toledo que asistió para hablar específicamente de la Interocéanica.
El acta de la sesión del Consejo Directivo de Proinversión del 22 de diciembre del 2004 delata la presencia de Toledo que asistió para hablar específicamente de la Interocéanica.

Toledo nos visita

Un pequeño salto adelante: El acta de la sesión 87 del 22 de diciembre del 2004, el Consejo Directivo de Proinversión, compuesto por el primer ministro y los titulares del MEF, la cancillería, Transportes y Comunicaciones, Producción y Energía y Minas; incluye una sorpresa. El primer punto fue un acuerdo para agilizar la ejecución de proyectos de inversión, reforzando las facultades del presidente del consejo directivo, en ese momento el ministro de Economía, PPK. La sorpresa no es esa, sino el quinto punto del acta, la “aprobación del Plan de Promoción del Corredor Vial Interoceánico Peru-Brasil”. El acta dice: “Para tratar este tema fue invitado el señor presidente de la república doctor Alejandro Toledo Manrique”. La exposición del proyecto, según el texto, estuvo a cargo del director ejecutivo del ente, René Cornejo, pero queda claro que Toledo abogó por él, con total deliberación y naturalidad.

Ahora, un salto atrás. La pelea de cusqueños y puneños por la carretera en el 2002, fue políticamente rentable para que Toledo decidiera impulsar la IIRSA. El consejo directivo de Proinversión asumió el plan general el 5 de marzo, esto se oficializó en la RS 081-2003-EF del 7 de marzo. Allí empezó la carrera para tener listo el estudio de factibilidad de la IIRSA Norte en junio del 2003 (ello ya estaba avanzado, pues no había mucho que construir) y encargar la elaboración del estudio de factibilidad de la IIRSA Sur (donde estaba ‘la carnecita’) en noviembre del 2003. Este recién estuvo listo y aprobado por RD 828-2004-MTC del 25 de noviembre del 2004.

La Ley 28214 que declaró de interés público la Interocéanica, no fue meramente declarativa. Fue usada por el Ejecutivo para acelerar el proyecto y exonerarlo de requisitos.
La Ley 28214 que declaró de interés público la Interocéanica, no fue meramente declarativa. Fue usada por el Ejecutivo para acelerar el proyecto y exonerarlo de requisitos.

 

En el 2004 hay otro par de hitos que destacar; para que vean que la responsabilidad que hoy cae sobre los hombros de Toledo y su coima millonaria es, en pequeños porcentajes, compartida por muchos. El Congreso aprobó el 29 de abril de ese año una ley que declaraba de necesidad pública la carretera. Aunque en apariencia lo era, no fue una ley declarativa cualquiera; sirvió para que el gobierno pusiera pie en el acelerador y exonerara al megaproyecto de algunos requisitos de ley. Por cierto, los congresistas más entusiastas para brindar apoyo al Ejecutivo eran los representantes de las regiones por donde pasaba la IIRSA y entre ellos destacaba Eduardo Salhuana de Madre de Dios, actual congresista de APP.

El 5 de noviembre, Toledo se reunió con Lula y acordaron la ejecución de la carretera. Lo que ya caminaba veloz, se aceleró. La prisa por colocar pilares antes de cerrar el año, llevó a Toledo a la reunión de Proinversión del 22 de ciembre. Un día después, Cornejo, el director ejecutivo de Proinversión, le envió una escueta carta a José Ortiz, ministro de Transporte, para que gestione la exoneración de requisitos al proyecto, entiéndase aquellos del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). El director de planificación y presupuesto del MTC, Rafael Farromeque, le envió al viceministro de Transportes, Néstor Palacios, un informe que ilumina por su claridad (se los adjunto para que lo lean) al exponer que el proyecto y su entrega al sector privado se realiza por pura voluntad política de Toledo, amparado en el apoyo de Lula y del Congreso; puesto que no cita ninguna referencia al proyecto en la planificación de largo plazo de su sector. Es una lavada de manos técnicamente brillante.

El director de presupuesto del MTC, Rafael Farromeque, dejó expuestos, con gran claridad las razones por las que la Interoceánica debía apurarse, ninguna de ellas ligadas a la planificación de su sector.
El director de presupuesto del MTC, Rafael Farromeque, dejó expuestos, con gran claridad las razones por las que la Interoceánica debía apurarse, ninguna de ellas ligadas a la planificación de su sector.
Tiwy.com - 10 de Septiembre de 2005 - Bolivia, Brasil y Perú inauguran carretera interoceánica
Los presidentes de Bolivia, Brasil y Perú colocaron la primera piedra para el inicio de la construcción de la Carretera Interoceánica, "la obra vial de mayor envergadura de los últimos 20 años", según el gobierno de Lima. Los mandatarios coincidieron en que la vía permitirá la "efectiva" integración de las tres naciones.

Toledo trata de resolver su peor crisis como presidente de Perú | Internacional | EL PAÍS

La carrera tramitológica acabó, como muchos recordarán, el 4 de agosto del 2005 cuando se firmó el contrato para la ejecución del proyecto con Odebrecht, Camargo Correa, Graña y Montero y otras empresas parte de los consorcios que ejecutarían los tramos 2, 3 y 4. La objeción de la Contraloría contra Odebrecht, Graña y Querroz Galvao porque tenían juicios con el Estado, se levantó de forma súbita ese mismo día. Tengan en cuenta que, según las declaraciones de Jorge Barata, la cabeza de Odebrecht en Perú, en los últimos meses del 2004 (no precisa el día exacto), Avi Dan On, hombre de seguridad de Toledo, se le acercó a comentarle que el presidente ayudaría a acelerar el proyecto a cambio de un pago. Unos días después, en un hotel de Rio de Janeiro, el propio Toledo, acompañado de Josef Maiman y dos socios de este, confirmó el acuerdo por $35 millones, de los que según Barata, hasta el 2010, le habían pagado $27 millones. Sobre todo ello abundan pruebas en la fiscalía.

Lo que revela la historia previa es, en primer lugar, que los proyectos que más corrupción y pesares causan, son los que se cuelan sin estar planificados; por pura corrupción política. En el caso de la IIRSA, para cumplir con un acuerdo multilateral del año 2000, apenas se hizo un diseño de tramos en el mapa, que coincidían con vías existentes. Pero las expectativas que esto generó en las regiones y que, presumimos, fueron alimentadas por el lobby constructor, alimentaron, a su vez, el apetito toledista. Y este se abrió pasó, con pasmosa normalidad, en el Ejecutivo, en el Congreso y en una sociedad tan dramáticamente familiarizada con el robo como con la obra.

***********

Jorge Barata habría comprometido a Gorriti y a Mohme en corrupción de Odebrecht

Audio revela que director ejecutivo de empresa brasileña contrató con tales periodistas con fines publicitarios.


El exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, contó frente a un interrogatorio judicial que el periodista Gustavo Gorriti y el actual dueño del diario La República, Gustavo Chicho Mohme, tuvieron cercanía con él mismo y otros directivos de la corrupta constructora brasileña.

A través de una audio difundido en redes sociales, Jorge Barata afirmó que si conoce a Gustavo Gorriti y que estuvo presente con Mohme, cuando este último era accionista de América Televisión.

Según se pudo apreciar en el material, Odebrecht necesitaba que sus trabajos de construcción sean difundidos por diferentes medios de comunicación en el Perú, todo ellos con finalidad de hacer promociones y resaltar la “buena imagen” de esta constructora que llevó al Perú los peores actos de corrupción en toda la historia republicana.

A continuación un extracto del audio.

Interrogador: “Para la realización del trabajo de Odebrecht, los trabajos de construcción que se llevaron a cabo durante la presencia suya como superintendente, tanto para hacer la difusión del trabajo como por ejemplo estas reuniones sociales, ¿ustedes contrataban la participación de periodistas televisión y/o radiales que pudieran hacer promociones y campañas de difusión del trabajo de Odebrecht en el Perú?

Responde Jorge Barata: Si

Interrogador: ¿Las contrataciones eran con empresas únicamente periodísticas o con periodistas específicos también?

Barata: Periodistas específicos también

Podría decirnos en función de lo que recuerda con que periodistas trabajaba Odebrecht, por ejemplo, para poder llevar a cabo estas labores.

Interrogador: Entonces le voy a preguntar, conoce usted al señor Gustavo Mohme ¿Por ejemplo?

Barata: ¿Gustavo Mohme es de La República? .. Si he estado dos veces en su canal de televisión.

Interrogador: ¿Conoció usted al señor Gustavo Gorriti Ellengogen?

Barata: Sí, si conocí al sr. Gustavo Gorriti

MÁS INFORMACIÓN: Jorge Barata y Marcelo Odebrecht no vendrán al Perú para declarar en juicio contra Ollanta Humala

Como se recuerda, En noviembre de 2016 Barata se acogió a la “colaboración eficaz” ante el fiscal Halmiton Castro y la “delación premiada” junto a otros funcionarios en Brasil vinculados al escándalo de corrupción generado por Odebrecht.

En enero de 2017 fue interrogado por fiscales peruanos sobre tres temas: presuntos aportes durante la campaña de Humala, la presunta coima a los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García. Según sus declaraciones, detalló haber entregado 3 millones de dólares para la campaña del expresidente Humala.​

 

 *********

116 Comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

  1. La corrupción representa una amenaza significativa para el progreso de un
    país. Su combate requiere un enfoque integral que incluya fortalecer la
    transparencia, la rendición de cuentas y promover una cultura de integridad en
    todos los niveles de la sociedad. La cooperación internacional y el
    endurecimiento de las leyes son herramientas clave para prevenir y combatir la
    corrupción. Solo con un compromiso continuo de todos los actores
    involucrados se podrá superar este grave problema y avanzar hacia una
    sociedad más justa y equitativa.

  2. Articulo con varios casos expuestos, en si la lucha contra la corrupción es un tema crucial en muchos países, incluido Perú. Un sistema de justicia eficiente y transparente es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La corrupción en el Perú ha traido efectos devastadores en la sociedad, socavando el desarrollo económico y social, debilitando y/o eliminando la confianza en el gobierno. Espero que las autoridades correspondientes estén tomando medidas adecuadas para abordar este problema y que existan investigaciones rigurosas para llevar a cabo a los responsables, que solo buscan la oportunidad de beneficiarse a costa de la población, ante la justicia.

  3. La corrupción en el Perú es un problema grave que ha afectado al gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Además, ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del país, desviando recursos públicos destinados a programas sociales, infraestructura y servicios básicos hacia bolsillos privados. Esto ha resultado en una desigualdad económica y social significativa.

  4. La existencia de corrupción en nuestra nación supone una amenaza de gran magnitud para el desarrollo y el avance de nuestra sociedad. No solo afecta negativamente a nuestra economía, sino que también genera una profunda incertidumbre tanto en las inversiones nacionales como extranjeras.
    Para abordar esta problemática de manera efectiva, es crucial fortalecer los pilares fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, así como fomentar una cultura arraigada en la integridad en todos los estratos de nuestra sociedad. Solamente a través de un enfoque holístico y el compromiso inquebrantable de todos los actores implicados podremos enfrentar y superar este grave problema que afecta profundamente a nuestro país.

  5. A veces, vemos las noticias que salen de los más recóndito del país y observamos la corrupción que se manejan en estos caso, y nos da tanta impotencia y no podemos hacer nada para colaborar con esta. Esto está pasando en Ayacucho, donde un derecho que tenemos todos para hacer saber nuestras opiniones a través de protestas pacíficas, está siendo vulnerando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en el Perú está sacando a la luz lo que muchos de nosotros pensamos sobre este tipo de casos, es indígnate y frustrante. Este artículo nos hace reflexionar y entender qie la posible masacre ocurrida n Ayacucho, la lucha contra la corrupción es esencial para promover la transparencia, la integridad y la confianza en las instituciones. La corrupción debilita la democracia, socava el Estado de derecho y desvía recursos que no se destinarán a servicios públicos y desarrollo social. Es necesario implementar medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en todos los niveles.

  6. Resulta que hablar de corrupción ya no es una cosa sorprendente ya que esta práctica se viene desarrollando de siglos tras siglos, por lo cual es un fenómeno que ha existido existirá en cualquier sistema político de las épocas anteriores así como también actuales. Es importante entender que la corrupción se desarrolla porque hay bastante inestabilidad económica, política en nuestro país, también considero que otro factor para su desarrollo es la educación impartida en los colegios así como también los valores y la ética profesional. Uno de los casos más sonados en el Perú fue el de odebrecht, que nuestros altos funcionarios pedían dinero para poder darle la concesión de alguna construcción, este tipo de actos afecta nuestros recursos y a miles de familias. Esperemos que en el futuro hayan personas que no se dejen llevar por la corrupción y su gobierno sea transparente aunque tal vez sea utópico pensar en ello.

  7. Considero que la corrupción representa una gran amenaza para el progreso de nuestro país, ya que afecta significativamente la economía, genera gran incertidumbre para las inversiones internas y externas, y genera desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y el sistema político. Se debe fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. Además, la cooperación internacional y leyes más estrictas son las principales herramientas para combatir y prevenir la corrupción de manera efectiva. Enfrentar y superar este grave problema que afecta a nuestro país sólo será posible con un enfoque integral y el compromiso de todos los participantes.

  8. La corrupción sigue siendo una preocupación apremiante en Perú, socavando la confianza en las instituciones públicas y teniendo un impacto negativo en la economía del país. En esta columna informativa, se abordarán denuncias actualizadas de corrupción provenientes de diversos medios de comunicación. Es crucial visibilizar estos casos y mantener a la población informada sobre las irregularidades que afectan la integridad de las instituciones. Con una mirada crítica y objetiva, se busca generar conciencia y promover la rendición de cuentas, sentando las bases para un sistema más transparente y justo. Es necesario abordar de manera constante este problema para buscar soluciones y salvaguardar los intereses de la ciudadanía.

  9. Considero que los gobernantes y personas relacionadas con el poder han antepuesto sus intereses debido a la falta de políticas que prevengan estos tipos de actos, si bien existen normas que sancionen estos actos, primero se deberían revisar la prevención en estos tipos de políticas.

  10. Este artículo nos recuerda los lamentables casos de corrupción en el Perú, considero que todo esto trae consecuencias negativas en el país.

  11. Tras este artículo, nos damos cuenta de los preocupantes casos de corrupción de nuestro país. La corrupción ha existido a lo largo de la historia, acarreando consecuencias negativas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Para combatir este fenómeno es fundamental fortalecer las instituciones que están encargadas de erradicar la corrupción e inculcar a la población y a nuestros dirigentes la importancia de la transparencia y la responsabilidad ciudadana para no seguir repitiendo estas acciones que perjudican el lugar donde habitamos.

  12. La corrupción está muy arraigada en el Perú y es un mal que se contagia, incluso más que la honestidad, transparencia y buenas costumbres. Si en una organización hay ciertos funcionarios realizan actos corruptos, no pasará mucho para que toda la empresa sea parte de ello. Estos aspectos han agravado la desigualdad económica y retenido su crecimiento. El Perú tiene la capacidad de crecer rápidamente en términos económicos, pero si no se cura este mal, será poco probable.

  13. Interesante este articulo, como sabemos se sigue viviendo mucha corrupción en nuestro país y también se expande dentro de un estado fallido, centralizado y controlista, que permite la informalidad, la falta de transparencia, que se convierte en botín para personas inmorales y políticos, fracasados, sin valores y con afán de poder y dinero, que tiene como escenario una sociedad desigual que favorece la corrupción y donde estos funcionarios buscan encontrar afiliación, tanto en el sector público como en el privado, para hacer de ella un fenómeno generalizado.

  14. Interesante articulo, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla sobre la situación en el Perú, el cual es un reflejo alarmante de la grave falta de gobernabilidad en el país, donde es indignante y desalentador constatar el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza por parte del Estado, por ende es indignante que la situación haya llegado a este punto, y es responsabilidad del Estado peruano tomar medidas enérgicas para abordar las violaciones denunciadas. En conclusión, es importante que la sociedad sea educada en valores y ética, y se genere conciencia sobre los efectos negativos de la corrupción, donde se requiere realizar investigaciones exhaustivas y aplicar sanciones a los actos de corrupción.

  15. La corrupción en Perú es un problema preocupante que afecta la legitimidad de las instituciones públicas y la economía del país. Un informe destaca el caso de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, quien se ha convertido en un delator de presuntos actos de corrupción. Marrufo ha confesado que recibió dinero de la empresaria Sada Goray, el cual supuestamente se entregaba al presidente Pedro Castillo para mantener en su cargo al ministro de Vivienda. Marrufo ha colaborado con la justicia y se encuentra en libertad condicional mientras continúa aportando pruebas sobre los actos de corrupción. Desde mi punto de vista es lamentable de como se reparten la plata del pueblo según sus intereses, lo que se ve hoy es que nadie cree en las palabras de los políticos, cuantos problemas tenemos en provincia por el cambio climático y al parecer la ayuda nunca llegara; una vez más. Esperemos que algún día podamos aprender de los errores que hoy se cometen.

  16. Es frustrante y porque no decirlo incluso “normalizado” pensar que la política y la corrupción son como hermanos, al ver que a tantos presidentes y funcionarios públicos, están inmersos en la corrupción, hasta dar golpes de estado, como lo que pasó con Castillo Terrones, que pone en duda si en realidad lo hizo por su “patriotismo” o como cortina de humo tras las declaraciones de Salatiel Marrufo cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y confirmó que recibió dinero de parte de Sada Goray en la que involucran a Castillo, y aunque muchos adeptos de Castillo mencionen que no hubo un golpe de estado, en el informe de la CIDH ratificó al Perú como un país democrático, por lo tanto, si hubo un golpe de estado como tal, pero que los sucesos ocurridos durante las manifestaciones hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” y “graves violaciones a los derechos humanos”, los cuales deben ser debidamente investigados y sancionado a quien corresponda.

  17. La corrupción constituye un problema grave que afecta de manera significativa a nuestra nación, ya que obstaculiza su desarrollo económico, contribuye a un aumento en la pobreza y genera desconfianza en las instituciones y en el sistema político. En los últimos años, se han registrado diversos casos de corrupción que implican prácticas como sobornos, nepotismo, tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros. Estos casos han involucrado a altos funcionarios gubernamentales, políticos, jueces y empresarios. Uno de los casos más destacados fue el de Odebrecht, una compañía brasileña de construcción que sobornó a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas. Asimismo, se ha denunciado la presunta participación de Pedro Castillo, quien ha sido acusado de liderar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de otros delitos como tráfico de influencias en el caso de Petroperú y colusión. Para abordar este problema, es fundamental contar con un compromiso constante por parte de las autoridades y las organizaciones tanto públicas como privadas, que se traduzca en la rendición de cuentas. También es importante que la sociedad sea educada en valores y ética, y se genere conciencia sobre los efectos negativos de la corrupción. Por último, se requiere realizar investigaciones exhaustivas y aplicar sanciones a los actos de corrupción, a través de la cooperación internacional y el fortalecimiento de leyes más rigurosas.

  18. En el Perú, se observa un constante escrutinio hacia la corrupción y el sistema de justicia, debido a la impunidad, las deficiencias institucionales, la colusión y el nepotismo que han prevalecido en los últimos años. Estos factores han alimentado la corrupción y generan críticas continuas. Es importante destacar que la falta de independencia y recursos adecuados en las instituciones encargadas de combatir la corrupción debilita su capacidad para actuar eficazmente. Esto se refleja en la lentitud, la falta de eficiencia y la corrupción judicial en el sistema de justicia, lo cual es motivo de gran preocupación. Además, la percepción de protección hacia los poderosos y la falta de rendición de cuentas en casos de corrupción socavan la confianza en el sistema de justicia peruano. Como resultado, los ciudadanos peruanos promedio muestran una creciente desconfianza hacia el gobierno y su sistema de justicia.

  19. Este articulo me hizo ver como la corrupción, hoy en día es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana, afectando directamente la legitimidad de las instituciones públicas y pérdida cuantiosa de millones de soles afectando nuestra economía. Cuando las primeras versiones sobre la confesión de Salatiel Marrufo comenzaban a conocerse, en diciembre del 2022, la empresaria Sara Goray salió a los medios de comunicación alegando haber sido “extorsionada” por Salatiel Marrufo.
    También se habla del papel de Marrufo, como se evidencia de los hechos que la fiscalía le atribuye y que ha confesado haber participado, es el de coordinador y ejecutor de las órdenes de los principales integrantes de la presunta organización criminal.
    Además se menciona que la empresaria Sada Goray, quien fue investigada por cohecho y tráfico de influencias agravado- no solamente dio sobornos por S/4 millones en efectivo a Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino también habría entregado una exclusiva casa en San Isidro, a cambio de obtener beneficios en el Fondo MiVivienda.
    Con respecto al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder también indicó que Marrufo invirtió S/350 mil de los S/4 millones entregados en efectivo y en diferentes partidas por Goray para realizar una serie de mejoras a la casa de 389 metros cuadrados.

  20. En cuanto a la lucha contra la corrupción, considero que es un desafío importante en el Perú. La corrupción puede aminorar la confianza en las instituciones públicas, obstaculizar el desarrollo económico y perjudicar el bienestar de la sociedad en general. Es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de la corrupción, así como promover una cultura de integridad y transparencia en todos los niveles de gobierno.

  21. Como se puede observar a través de este articulo la corrupción en el Perú es una problemática muy grave que está afectado profundamente al país en múltiples aspectos. La corrupción ha debilitado las instituciones y ha generado un clima de desconfianza en la sociedad. Además, ha limitado el desarrollo económico y social del país, desviando recursos que deberían destinarse a la mejora de servicios públicos hacia los bolsillos de políticos y empresarios corruptos.
    Es crucial que se fortalezcan los mecanismos de control y fiscalización, así como se promueva una cultura de integridad y ética en todos los niveles de la sociedad. Además, es necesario que se apliquen sanciones ejemplares a quienes se involucren en actos de corrupción, sin importar su posición o influencia política.
    La lucha contra la corrupción es tarea de todos los peruanos, y es fundamental que exista una participación activa de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones para combatir este problema de manera efectiva.

  22. Es muy interesante el artículo, en la actualidad existe la corrupción afectando en diversas áreas, incluido el desarrollo económico, la desigualdad, la calidad de los servicios públicos, la confianza ciudadana y el desarrollo social. Para ello se encuentra el procurador su función principal es de proteger los intereses de la entidad afectada, tomar acciones para remediar daños o perjuicios y actuar de manera independiente y objetiva. Su responsabilidad se extiende incluso hacia altos cargos, si se determina que han causado daño a la entidad. Esta visión resalta la importancia de la imparcialidad y la protección de los intereses institucionales en el desempeño del procurador.

  23. En la actualidad el tema corrupción ha tenido un impacto significativo en la economía, las instituciones, la sociedad y la justicia por ello para hacer frente a la lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral que incluya una mayor transparencia, fortalecimiento de las instituciones, rendición de cuentas efectiva y participación activa de la sociedad civil. Es un desafío continuo, pero es fundamental para promover el desarrollo sostenible, la igualdad y la justicia en Perú.

  24. La corrupción en el Perú es un problema permanente, que afecta negativamente el desarrollo del país y la confianza de los ciudadanos peruanos en sus instituciones; tiene repercusiones en la política, el gobierno, los negocios y la sociedad. Las autoridades regionales, por ejemplo, aprovechan su cargo para favorecer con licitaciones a los empresarios y recibir sobornos. También se ha visto como malversan el presupuesto que se les ha asignado para invertir en educación, salud y otros sectores, y lo utilizan para beneficio propio, obstaculizando el crecimiento de dicha región. El artículo describe casos de corrupción de presidentes, funcionarios y empresarios peruanos, entre ellos se describe uno donde la empresaria Sara Godoy habría entregado sobornos y una casa exclusiva a cambio de obtener beneficios del Fondo Mivivienda. Por otro lado, es importante fortalecer los mecanismos de control y la transparencia en la gestión de los fondos públicos y promover una cultura de ética e integridad en el ámbito empresarial.

  25. El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en el Perú es un reflejo alarmante de la grave falta de gobernabilidad en el país. Las conclusiones revelan serias violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Es indignante y desalentador constatar el «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza» por parte del Estado, lo que ha resultado en muertes que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y una posible masacre en Ayacucho. En mi opinión, este informe de la CIDH subraya la necesidad urgente de mejorar la gobernabilidad en el Perú y garantizar el respeto de los derechos humanos. Es indignante que la situación haya llegado a este punto, y es responsabilidad del Estado peruano tomar medidas enérgicas para abordar las violaciones denunciadas. La sociedad peruana merece un gobierno que proteja y respete sus derechos fundamentales, y es hora de que se tomen medidas efectivas para lograrlo.

  26. El artículo nos refleja, y recuerda, la triste realidad del estado político en nuestro país, aunque sabemos que no es el único que cuenta con una alta tasa en cuanto a la práctica de este mal social llamado corrupción, el cual nos recuerda los primeros ideales de Smith en cuanto a que el ser humano busca su propio bienestar, solo que a diferencia está práctica no genera bienestar en la sociedad, solo para pocos. Durante el transcurrir de la historia del Perú, hemos podido observar a diferentes personajes, políticos, parlamentarios, etc, que con propuestas disfrazadas logran alcanzar altos cargos de los cuales sacan provecho hasta saciarse. La justicia se volvió beneficio para pocos, reflejando que puede ser vulnerada y parcial a pesar del alto peso del delito cometido violando así los derechos y moral de una sociedad que busca equidad y respeto.

  27. La corrupción es un problema que afecta gravemente a nuestro país, pues impide su crecimiento económico, ocasiona mayor pobreza y genera desconfianza en las instituciones y en el sistema político. En los últimos años, se han presentado distintos casos de corrupción a través de sobornos, nepotismo, tráfico de influencias, lavado de dinero, entre otros. Estos casos han involucrado a altos funcionarios del gobierno, políticos, jueces y empresarios. Uno de los casos más conocidos fue el de Odebrecht, empresa brasileña de construcción que pagó sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas. Otro caso de corrupción fue el de Pedro Castillo, quien ha sido acusado de ser el cabecilla de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, de otros delitos como el tráfico de influencias en el caso Petroperú y colusión. Por lo tanto, se requiere un compromiso continuo de las autoridades y organizaciones privadas y públicas, cumpliendo con la rendición de cuentas, así como de la sociedad, educando sobre valores y ética, y concientizando sobre los efectos negativos de este delito. Finalmente, es necesario investigar y sancionar actos de corrupción a través de la cooperación internacional y el establecimiento de leyes más severas.

  28. La corrupción existe en todos los sistemas políticos y en tiempos históricos. Esta ley afecta la legitimidad de las instituciones públicas y tiene un impacto negativo en el país. Me preocupa que los altos funcionarios estén involucrados en actos ilegales que dañan a la sociedad en general. Estos casos enfatizan la importancia de la transparencia, la responsabilidad y las medidas efectivas para proteger los beneficios de las personas peruanas. La rotación ha violado el valor y los principios de la sociedad, pero esto no es una exención de nosotros para reflejar y reconocer nuestras acciones para las generaciones futuras.

  29. La política del país es constantemente manchada por personas corruptas que anteponen sus intereses personales, ante todo. En mi opinión la justicia debe ser más radical con los corruptos ya que muchos de ellos logran librarse de la justicia aun teniendo pruebas en su contra es por esta razón que no tienen temor a realizar actos ilícitos, en el país hemos visto muchas noticias sobre como la corrupción avanza cada vez más, esta situación debe frenar ya que los corruptos roban millones de soles con sus aptos inmorales, dinero que podría ser bien utilizado para realizar obras en beneficio de la población peruana.

  30. La corrupción es un síntoma de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. Por lo que su combate es una oportunidad para crear y fortalecer instituciones encargadas de su prevención y erradicación, modificando el comportamiento de organizaciones públicas y privadas que persiguen un beneficio personal y favoreciendo aquellas que propician un desarrollo global. La creación de las capacidades institucionales para prevención, combate y erradicación de la corrupción debe darse, así como una forma de favorecer el desarrollo del país al erradicar prácticas que se lo impiden, además de la participación de todos los individuos de una sociedad en el perfeccionamiento del buen gobierno, inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.

  31. Este artículo es todo un conjunto de las últimas noticias de corrupción habidas en el Perú, es una mirada esclarecedora sobre un tema de gran relevancia en el país. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de una justicia transparente y efectiva son pilares fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de cualquier nación. Se destaca los avances y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano en su lucha contra la corrupción. Es alentador ver cómo se han dado importantes pasos en la investigación y enjuiciamiento de casos emblemáticos que involucran a altos funcionarios y empresarios poderosos. Estos esfuerzos refuerzan la idea de que nadie está por encima de la ley y que la corrupción no será tolerada.
    Sin embargo, también se mencionan las dificultades que existen en la implementación de una justicia efectiva. La falta de recursos, la burocracia y la corrupción misma dentro del sistema judicial son obstáculos que deben superarse. La lucha contra la corrupción es un esfuerzo colectivo que requiere de un compromiso continuo para garantizar una justicia transparente y efectiva en beneficio de toda la sociedad.

  32. Actualmente se sigue viviendo mucha corrupción en nuestro país y también se expande dentro de un estado fallido, centralizado y controlista, que permite la informalidad, la falta de transparencia, que se convierte en botín para personas inmorales y políticos, fracasados, sin valores y con afán de poder y dinero, que tiene como escenario una sociedad desigual que favorece la corrupción y donde estos funcionarios buscan encontrar afiliación, tanto en el sector público como en el privado, para hacer de ella un fenómeno generalizado; asimismo, hacer que la población crea que hasta se la puede defender o simplemente ignorarla.

  33. En nuestro país nuestra política está manchada de corrupción desde hace muchos años sin distinción de género por quienes nos gobernaban. El caso que mas me llamó la atención fue el de Susana Villarán donde según testimonios habría solicitado grandes sumas de dinero a empresas brasileñas, como Odebrecht y OAS, a cambio de entregarles los contratos de concesión de peajes en la ciudad de Lima.
    Y es por eso que esas empresas vienen haciendo con nosotros y cobrando dinero como se les da la gana.
    Todos estos sobornos con la finalidad de financiar su campaña política y no es el único caso si no que, grandes y varios políticos tienen esta modalidad para poder persuadir y ganar elecciones

  34. La corrupción es un fenómeno que ha existido y existirá en cualquier sistema político y época histórica. Este acto afecta la legitimidad de las instituciones públicas y tiene un impacto económico negativo en el país. Es preocupante que altos funcionarios estén involucrados en actividades ilícitas que perjudican a la sociedad en general. Estos casos resaltan la importancia de una mayor transparencia, rendición de cuentas y medidas efectivas contra la corrupción para proteger los intereses del pueblo peruano. La corrupción ha logrado transgredir los valores y principios de la sociedad, pero ello no nos exime de reflexionar y tomar conciencia de nuestros actos en beneficio de las futuras generaciones.

  35. La impunidad, las debilidades institucionales, la colusión y el nepotismo han surgido en Perú en los últimos años, y estos factores alimentan la corrupción, lo que genera críticas constantes a la corrupción y al sistema judicial peruano. Además, debe enfatizar que la independencia y la falta de recursos adecuados de las agencias anticorrupción sacaban su capacidad natural para actuar con eficacia. Por eso el sistema judicial es rezagado, ineficiente y se produce corrupción judicial.
    Además, la percepción de falta de protección para quienes están en el poder y de rendición de cuentas en casos de corrupción ha socavado la confianza en el sistema judicial de Perú. Como resultado, la desconfianza de millones de peruanos promedio hacia el gobierno y el sistema judicial crece día a día.

  36. El lavado de dinero es un tema muy relevante para nuestro país, ya que casi la mayoría, si no todos, de nuestros políticos están involucrados en el lavado de dinero.
    Uno de esos casos es el «caso Ekoteva», en el que el ex presidente Toledo aceptó un «soborno» de la Carretera Interoceánica Sur para comprar una propiedad en nombre de su suegra Eva Fernebug.
    También que la Ley 28214, que declaró de interés público los océanos interoceánicos, no sólo tiene carácter declarativo. Fue utilizado por ejecutivos para hacer avanzar los proyectos de forma rápida e incondicional. Esto significa que los ministros tendrán que ser investigados intensamente por cargos de soborno.

  37. La corrupción es un problema complejo que puede estar presente en diferentes países y sociedades en diferentes grados. En el caso específico de Perú, hay ciertos factores que han contribuido a la persistencia de la corrupción en el país: la historia de inestabilidad política del Perú, el débil estado de derecho, la impunidad y la falta de sanciones efectivas para los actos de corrupción han generado un sentimiento de impunidad entre los funcionarios públicos, la baja remuneración de los funcionarios, la falta de transparencia y sobre todo la cultura de la informalidad han conllevado a formar políticos corruptos como Cerrón del Partido de Perú Libre, entre otras figuras conocidas.
    Ahora, lo gracioso de la política peruano, es que permitan a personas sentenciadas por Actos Contra la Administración Pública como el Sr. Cerrón ha formar partidos, la pregunta sería ¿Por qué es factible, si la corrupción es evidente desde ese momento? ¿Qué hacer como ciudadanos para evitar que postulen de forma descarada las personas sentenciadas?

  38. La visualización de la corrupción en el Perú es simplemente penoso, debido a que en nuestro país aún continuamos enfrentándonos a una constante serie de escándalos que involucran a altos funcionarios, esto se ve reflejado en el índice de percepción de la Corrupción 2022, quedando Perú en el puesto 36 entre los muchos países que existen, este es un aviso para personas que creen que el cambio se pueda dar, puedan postular a la presidencia y acabar con esto desde la raíz, desde mi punto de vista si tendríamos un presidente que trabaje con transparencia así como los congresistas, Perú podría llegar convertirse en una potencia, por todos los recursos que poseemos.

  39. La sociedad peruana está corrompida desde muy adentro y es una problemática que se ve a cada rato dentro de las entidades publicas, en el caso particular de Susana Villaran y los sobornos por más de once millones de dólares a cambio de concesiones me parece muy deplorable, de alguien que parecía ser una buena persona con tendencias izquierdistas, pero en la práctica fue todo lo contrario al vender el patrimonio peruano a cambio de sus intereses, considero que debe de pagar de forma ejemplar su osadia con los veintinueve años que pide la fiscalía y creo que se los deben de dar.

  40. La corrupción es un problema complejo que puede estar presente en diferentes países y sociedades en diferentes grados. En el caso específico de Perú, hay ciertos factores que han contribuido a la persistencia de la corrupción en el país: la historia de inestabilidad política del Perú, el débil estado de derecho, la impunidad y la falta de sanciones efectivas para los actos de corrupción han generado un sentimiento de impunidad entre los funcionarios públicos, la baja remuneración de los funcionarios, la falta de transparencia y sobre todo la cultura de la informalidad han conllevado a formar políticos corruptos como Cerrón del Partido de Perú Libre, entre otras figuras conocidas

  41. En las últimas décadas el Estado peruano se ha visto implicado en diferentes acto de corrupción, generado una inestabilidad no solo de forma política sino también de forma económica, social y emocional en todo los peruanos, haciendo cuestionarnos si realmente sabemos elegir, es entonces que me parece aberrante que se promulgue la Ley Nº 31778 que permite que el Congreso y otros organismos autónomos designen su propio procurador público generando alarma y críticas en todo los peruanos. Ya que esta medida amenaza la independencia de los procuradores públicos y podría politizar sus funciones, debido a que estarían sujetos jerárquicamente a los titulares de las entidades que los elijan. También se cuestiona la falta de atención de parte del Gobierno hacia esta propuesta del Congreso, lo que genera incertidumbre acerca de su compromiso con la autonomía de los poderes del Estado. Estas decisiones pueden tener efectos a largo plazo en la democracia, la gestión pública y la eficacia del sistema de defensa jurídica del Estado. Por ello es necesario que se implementen medidas adecuadas para garantizar la apertura, imparcialidad y autonomía en la selección y el funcionamiento de los procuradores públicos. Gracias.

  42. Es alarmante los casos de corrupción en el país, la mayoría de los presidentes son condenados por la justicia, algunos de ellos se encuentran con denuncias en contra a los que se suman alcaldes, ministros y congresistas, un ejemplo de ello es el caso del expresidente Toledo tiene prisión preventiva por el caso Ecoteva en el que se le vincula por el delito de lavado de activos en el que está implicado la empresa Odebrecht, empresa brasileña que entregó 35 millones de dólares por quedarse con el proyecto interoceánica sur siendo empresa que entregó dinero a la ex alcalde Susana Villarán y por lo cual fue sentenciada por los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos, en conclusión el sentido de ética y moral se mantienen en las últimas décadas y dificultan el desarrollo del país.

  43. En el Perú cada día la corrupción y el sistema de justicia en Perú son objeto de críticas, puesto que se ha mostrado la impunidad, las debilidades institucionales, la colusión y el nepotismo en los últimos años y que estos factores son los que alimentan la corrupción. Aparte, también se tiene que hacer énfasis en que la falta de independencia y recursos adecuados en las instituciones anticorrupción son los que debilitan su capacidad misma de actuar eficazmente, es por ello que notamos que en el sistema de justicia existe la lentitud, la falta de eficiencia y la corrupción judicial, lo cual en si ya es un gran motivo de preocupación. Además, la percepción de protección a los poderosos y la falta de rendición de cuentas en casos de corrupción socavan la confianza en el sistema de justicia peruano; por lo que cada día el ciudadano peruano promedio gana mayor desconfianza en tanto al gobierno y su sistema de justicia.

  44. La corrupcion es un tema que esta muy arraigado en el Perú y es visible que el sector publico ha sido el más afectado con este problema. Hemos pasado por la mano de tantos gobernantes corruptos que se han visto involucadros en casos de sobornos, lavado de activos, nepotismo y favoritismo en la asignación de contratos y licitaciones públicas, trayendo como consecuencia la falta de confianza de los cuidadados en la dministración pública. Un caso que ejemplica lo antes deicho es el de la organizacion criminal «las chalinas verdes» liderada por Susana Villarán, en donde nuestra ex alcaldeza se ve envuelta en una serie de acusaciones graves por presuntas actividades delictivas como sobornos millonarios, dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, por lavado de activos agravado, ser integrante de una organización criminal, entre otros. Es decepcionante ver como nosotros los ciudadanos elegimos a estos personajes con la ilusión de que sean nuestros representantes, y tomen decisiones que favorezcan el bien comúm, sin embargo lo unico que buscan es el beneficio propio, llenandose los bolsillos sin importar las consecuencias.

  45. La lucha contra la corrupción y el lavado de activos no solo es una responsabilidad del gobierno y las autoridades, sino también de la sociedad en su conjunto. La participación activa de la ciudadanía, la exigencia de rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de control son fundamentales para prevenir y combatir estos delitos, y construir una economía más justa, transparente en el Perú. Además, el caso de lavado de activos de Toledo en la carretera Interoceánica ha afectado la confianza de los inversores y la reputación del Perú como destino para la inversión extranjera. El impacto económico negativo de este caso es significativo. En primer lugar, los actos de corrupción y el lavado de activos han implicado una pérdida considerable de recursos públicos. El desvío de fondos destinados a la construcción de infraestructura es perjudicial ya que limita la capacidad de inversión en proyectos que beneficiarían a la sociedad en su conjunto.

  46. El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en el Perú es una muestra alarmante de la terrible gobernabilidad en el país. Las conclusiones expuestas revelan graves violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Es indignante y desalentador constatar el «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza» por parte del Estado, lo cual resultó en muertes que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y una posible masacre en Ayacucho. Considero que este informe de la CIDH pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gobernabilidad en el Perú y garantizar el respeto a los derechos humanos. Es indignante que se haya llegado a este punto, y es responsabilidad del Estado peruano tomar acciones contundentes para abordar las violaciones denunciadas. La sociedad peruana merece un gobierno que proteja y respete sus derechos fundamentales, y es hora de que se tomen medidas efectivas para lograrlo.

  47. El lavado de activos es un tema de gran relevancia en nuestro país, ya que casi la mayoría de nuestros políticos, por no decir todos, lo hacen. Uno de estos casos es «El caso Ecoteva», donde el ex presidente Toledo recibió «coimas» por la carretera Interoceánica Sur, la cual fue destinada a la compra de bienes inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug. Desde mi punto de vista estos hechos no son éticos, ya que como políticos deberían buscar el bien común y no solo beneficiarse así mismos. Y como futuros administradores deberíamos velar por los principios de legalidad y honestidad, no querer ganar licitaciones por medio de coimas y sobornos.

  48. Llevamos más de 30 años con gobernantes corruptos, sin ética ni moral y es decepcionante porque para el mundo somos ejemplo de mal gobierno. Y considero que el último gobierno fue el más lamentable, un presidente elegido por la ignorancia y por un pensamiento «comunista». Un presidente ignorante que idealizaba y no razonaba. Un presidente que proliferaba apoyo a los pobres, cuando la verdad de la situación era buscar beneficios propios. Posiblemente esta situación siga pasando con los demás gobiernos, y es ahí donde entra el poder de la sociedad. Que considero es capaz de actuar en pro de una mejor decisión para elegir al gobernante. Y el objetivo deberían ser aquellas personas mayores sin algun grado de instrucción, porque es ahí donde está la mayor parte de la población peruana.

  49. Con lo que respecta al tema de violencia y más específico en violencia doméstica en nuestro país no se toma enserio este tipo de caso ya que hay un proceso largo, tedioso y doloroso para la víctima que tiene que pasar por ello, por otra parte con el tema de terrorismo aún en estos tiempos no hay una fuerte amenaza no se puede decir que ya no esté presente en estos momentos ya que esa ideología aún no se puede radicar, por último sobre el contrabando es algo que se no se debe tomar a la ligera y el gobierno debe de tomar medidas más drásticas para poder contrarrestar esto.

  50. Cada vez me siento más decepcionado sobre los gobernantes del Perú, ya que en los últimos gobiernos están ligados a la corrupción, en el caso Interoceánica, donde se le acusa al expresidente Alejandro Toledo por presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Por lo cual, ha sido extraído desde Estados Unidos para responder por sus crímenes.

  51. Noticias bombas. . En la tierra del ciegos, el tuerto es rey…. Los fiscales de la coima Domigo Pérez y Vela Barba…. mientra el lagarto se vacunaba y robababa millones por vacunas chinas bambas. La Banda de los lagartos.

  52. El clientelaje criollo desde el virreynato ,son ahora los caviares, que con informacion privilegiada saben hacia donde esta la comodidad del parasitismo…por decadas, pero el comunismo en latinoamerica, ni los despota de orie4nte o africa, o los fundamentalistas islamicos, son enemigos de eeuu, si consiguen crear caos y rio revuelto para su saqueo ,precisamentec en territorio sin sistema juridico democratico real. Precisamente alcahuetea a los progres, micronacionalistas, a la CIDH y los comunistas le sirven realmente. Repudiar la CIDH es lo mismo que satanizar a la policia y el ejercito para darle paso a los paramilitares, es lo mismo que repudiar el sitema juridico para instalarv la camorra autoritaria..la solucion es la resilencia hacia un estado cada vez mas libre , integrado y democratico, mejorando la policia ,el ejercito, el sistema juridico y demas simientos, porque …re4setearlo todo es regresar al despotismo cinico que justifica el servilismo con opresion….los comunistas son neo monarquicos, neo feudales, solo quieren dominar y enriquecerse, luego fugaran pero siempre supieron que la utopia no se consigue en desposeer a la humanidad de su orgullo y libertad..llegaran opciones mucho mejores que la utopia comunista ,pero precisamente se debera cuidar celosamente el progreso, porque justamente ahi aparece la codicia en su mas aterrador rostro, en guerras y tiranos traficantes de falsa fe…..por un frente unico…un modelo permanente de progreso en justicia social, mejorable dia a dia…SEASAP

  53. SÍ FUE UN GOLPE
    La CIDH ha comprobado que en el Perú existe una democracia y las instituciones son independientes y funcionan. “La CIDH ha reconocido la fuerte institucionalidad democrática que se ha construido en Perú”, señaló el comisionado Joel Hernández en la conferencia de prensa que dio ayer la organización. Además, el informe presentado señala que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado y recuerda que la propia CIDH “condenó el rompimiento del orden constitucional y saludó la rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el pronto restablecimiento del orden institucional”. Es decir, dejó sin piso a quienes afirmaban que esta instancia se pronunciaría a favor de reponer a Castillo en la Presidencia y también a dos presidentes de la región que hasta ahora no reconocen la validez de la vacancia.

  54. En el informe sesgado del CIDH. Hay sesgos y aciertos en el informe presentado por la CIDH sobre el Perú
    A pesar de que sus seguidores afirmaban que las organizaciones internacionales estarían a su favor, la comisión consideró que en el Perú hay democracia y que Pedro Castillo quebró el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022.

  55. Respecto al Informe de la CIDH, aprecio lo que afirma Norma Yarrow, congresista de Avanza País calificó de “una broma del mal gusto que disfracen un golpe de Estado”.
    “Sabíamos que venían con una inclinación sesgada y sabíamos cuál era su motivación. Lo voy a tomar como un informe que vino, lo leeré y lo guardaré”
    Es un informe sesgado e ideológico de izquierda. Sun informe no esclarece nada por no heber investigado bien los crímenes contra policías heroes y ataque a soldadpos, incendio de juzgados, comisarías, aereopuertos. No dice nada de los derechos humanos para la gente que defiende el estado de derecho. Sin embargo no dicen nada del Foro de Sao Paulo, los desaprecidos y crímenes en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Colombia y de otras injusticias de los gobiernos de ultraizquierda.

  56. La izquierda caviar y comunista también recibión dinero sucio de Odebrethc y eso demuestra como demolían a la democracia para llegar al poder. Jorge Barata habría comprometido a Gorriti y a Mohme en corrupción de Odebrecht Audio revela que director ejecutivo de empresa brasileña contrató con tales periodistas con fines publicitarios. Deben ser procesados.

  57. La Ley 28214 que declaró de interés público la Interocéanica, no fue meramente declarativa. Fue usada por el Ejecutivo para acelerar el proyecto y exonerarlo de requisitos. Esto significa que los ministros deben ser severamente uinvestigados de supuestos sobornos.

  58. La Ley 28214 que declaró de interés público la Interocéanica, no fue meramente declarativa. Fue usada por el Ejecutivo para acelerar el proyecto y exonerarlo de requisitos. Esto significa que los ministros deben ser severamente uinvestigados de supuestos sobornos.

  59. Los presidentes de Bolivia, Brasil y Perú colocaron la primera piedra para el inicio de la construcción de la Carretera Interoceánica, «la obra vial de mayor envergadura de los últimos 20 años», según el gobierno de Lima. Los mandatarios coincidieron en que la vía permitirá la «efectiva» integración de las tres naciones. La imagen dice todo lo interesado de los mandatarios de la mafi brasileña en el Perú.

  60. Contundente argumento: No solo hubo coima y asfalto (además de cemento, porque en los tramos de la selva, el segundo se arruina con las lluvias y hay que poner una base más sólida). También hubo ideología. ¿Cuál fue el cuento de la carretera que uniera a dos países pegados de espaldas? No nació acá sino en el Brasil de Fernando Enrique Cardoso, el presidente sociólogo, para quien fue fácil pergueñar un plan de unión sudamericana que posicionara a su país y a su industria de la construcción. Este fue la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), con su promesa de conectividad vial para el progreso continental. Aquí, se recibió con cierta frialdad, y se diseñaron rutas sin mayor convicción ni apuro para licitar. En realidad, no se pensaba construir sino hacer mantenimiento y eventualmente asfaltar tramos que ya existían. Por eso no había partidas con el nombre de ‘interoceánica’ como exigía Lescano, a pesar de que puneños y cusqueños habían peleado para que la vía pasara por su región. La solución a esa bronca fue salomónica: Se harán dos ramales. Así quedó firmado en actas de intención que valían lo que vale una ley declarativa. De pronto, en el verano del 2003, todo se precipitó.