El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo por presunto peculado de uso, en agravio del Estado, tras concluir que habría dispuesto el uso de aeronaves de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para trasladarse hasta Tacabamba (Chota, Cajamarca) junto a más de una decena de familiares y allegados con la finalidad de celebrar un cumpleaños.

El titular del Ministerio Público presentó la denuncia ante el Congreso de la República, que se encargará ahora de su trámite a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno, respectivamente. El delito de peculado de uso está tipificado en el artículo 388 del Código Penal y es sancionado con hasta cuatro años de pena privativa de libertad.

Según la fiscalía, el exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo y acusado por el golpe de Estado, habría empleado el transporte a través de aeronaves de las FF.AA. “para atender asuntos personales y/o familiares, ajenos a la función presidencial”.

En la denuncia, al que accedió El Comercio, Villena adjunta más de una treintena de elementos de convicción como sustento, entre ellos, documentos y testimonios del personal militar que estuvo el día en que Castillo y sus familiares se trasladaron hasta Cajamarca, para lo cual se habría utilizado un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y helicópteros del Ejército del Perú (EP), respectivamente. Los viajes se habrían realizado entre el 9 y el 11 de octubre de 2021.

Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2021, cuando —según la fiscalía— el entonces presidente Castillo acudió al Grupo Aéreo N°8 ubicado en el Callao para trasladarse con destino a Jaén (Cajamarca) y para lo cual habría utilizado un avión de la FAP modelo Spartan de matrícula FAP-329.

Sin embargo, del propio manifiesto de pasajeros, Castillo habría realizado ese mismo viaje juntamente con otras 17 personas, entre ellas, su esposa Lilia Paredes, sus hijos y cuatro hermanos. En este último grupo, su hermana Irma Castillo, quien cumplía cuarenta años al día siguiente. El caso fue dado a conocer inicialmente por “Panorama”, luego de lo cual se gatillaron las indagaciones fiscales.

También abordaron la aeronave su cuñada Yeniffer Paredes, sus sobrinos Gianmarco Castillo y Fray Vásquez; así como personajes allegados como el exalcalde de Anguía Nenil Medina, actualmente en prisión, y el exsecretario palaciego Bruno Pacheco.

Según apuntó el Ministerio Público, al día siguiente de esto; es decir, el 10 de octubre de 2021, el ahora denunciado Castillo y sus familiares “participaron de la celebración de cumpleaños de Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario, quien también había ido a bordo del citado vuelo”.

De acuerdo con la información fiscal, Castillo en su condición de jefe del Estado “habría dispuesto la realización del referido viaje aéreo” para que, junto a sus familiares y sus allegados, sean trasladados desde la base aérea ubicada en la provincia constitucional del Callao a Jaén (Cajamarca). Sin embargo, el fin era otro.

“Habiéndose trasladado luego a la provincia de Chota, distrito de Tacabamba, hasta llegar a la localidad de San Luis de Puña [lugar de donde es natural dicho funcionario público y sus familiares], a bordo de los helicópteros del Ejército del Perú MI-171 SHP con matrícula N°EP-690 y MI-17 con matrícula N°EP-662″, se indica en el documento al que accedió El Comercio.

Justamente, durante su gobierno, “Cuarto Poder” dio a conocer que se había construido un helipuerto informal en los terrenos de sus padres en la comunidad de San Luis de Puña.

El Ministerio Público ha logrado determinar que “la conducta delictiva” perpetrada por Castillo, entre el 9 y el 11 de octubre, cuando se había realizado el retorno del viaje festivo, ha generado un prejuicio al Estado de por lo menos S/56 mil.

Se verificó que no se había programado actividades o una visita oficial por parte el Despacho Presidencial en la zona. Y se sostiene que el jefe del Estado “actuó con conocimiento y voluntad de que estaba haciendo uso indebido” de las aeronaves y para fines “ajenos al servicio público”.

Entre los 34 elementos de convicción que la fiscalía logró recabar está documentación de la FAP, el Ejército, la Policía, entre otros. Uno de ellos es un oficio en donde la Fuerza Aérea brinda los gastos económicos efectuados por el vuelo realizado entre los tramos Lima-Jaén y Jaén-Lima realizados entre el 9 y el 11 de octubre, los cuales ascienden a S/56.110,78.

También está el testimonio de Jorge Tarrillo Gálvez, exescolta de Pedro Castillo, quien dijo que desconocía el motivo del viaje, pero que lo acompañó como parte de su trabajo. Tarrillo, sin embargo, aunque no recuerda cuántas personas viajaron, sí ubicó a sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo en el periplo.

“En esa ocasión llegamos a Jaén y en el mismo Jaén abordamos un helicóptero hasta Tacabamba, aterrizamos a sus dos sobrinos, no recuerdo si ingresaron a la casa de sus padres más personas, porque cuando aterrizamos [Castillo] fue recibido por varias personas”, indicó Tarrillo ante el Ministerio Público.

“Luego de ello no sé qué sucedió, porque los esperamos afuera de la vivienda de sus padres junto a los otros escoltas; tiempo después de esperarlo no recuerdo la hora exacta, pero el expresidente salió de la casa de sus padres, creo que solo, y lo acompañamos a su vivienda (…). Al día siguiente, nos retiramos y abordamos el mismo helicóptero que nos había traído”, agregó.

Testimonio de personal FAP confirma que el vuelo en el que se trasladó a la familia de Castillo “fue activado, es decir, se realizó sin programación previa y no había una lista de pasajeros previamente remitida”.

Pero la fiesta en Chota (Cajamarca) no es la única denuncia formulada contra Castillo. A esta se suma otra denuncia constitucional que también comprende a su exjefe de Gabinete Guido Bellido, también actual parlamentario, como autores del presunto delito de nombramiento ilegal.

El caso está relacionado a la designación de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior el 29 de julio de 2021 —como parte de su primer gabinete—, a pesar de que, según el Ministerio Público, tenía un impedimento legal y constitucional, pues aún tenía vigente su condición de fiscal de crimen organizado de Lambayeque.

En la denuncia formulada, a la que accedió este Diario, se apunta que, si bien Carrasco había requerido y tramitado una licencia, igualmente contaba con el impedimento para ser designado al no haber renunciado. Y que Castillo, “pese a tener conocimiento” de ello, lo designó y juramentó, materializando el presunto delito.

“Juan Carrasco Millones, si bien contaba con licencia sin goce de haber que regía a partir del 28 de julio de 2021, aún mantenía vigente su condición de fiscal provincial titular; por lo que continuaba sujeto a las prohibiciones constitucionales y legales aplicables a todos los jueces y fiscales del Perú”, se remarca en la denuncia del fiscal Villena.

Ambas nuevas denuncias contra el expresidente Pedro Castillo se suman al rosario de acusaciones que viene acumulando ante el Congreso, tanto por el caso ascensos irregulares; por el Caso Puente Tarata y otros; por el golpe de Estado; y por la designación de Daniel Salaverry en PerúPetro.