Reporte de conflictos
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Energía bajo asedio: Los instigadores de la violencia apuntan a activos críticos
Las protestas en contra del Gobierno y a favor del cierre del Congreso no solo remecen las calles, también amenazan la provisión de energía eléctrica y gas para la población.
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La vacancia presidencial de Pedro Castillo ha gatillado la conflictividad en el Perú hacia alturas sin precedentes en los últimos tiempos. Hasta noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo reportaba 221 conflictos sociales en todo el país, la mayoría de ellos en el sector minero (94).
Desde el 7 de diciembre, empero, ese número ha crecido de forma incontrolable debido a las protestas sociales que arrojan el saldo, hasta el cierre de esta edición (viernes 16 de diciembre) , de 26 personas fallecidas además de S/212 millones en pérdidas diarias para la economía, según estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Se trata, como bien señala la Defensoría del Pueblo, de un conflicto con características excepcionales pues “no plantea demandas sociales reivindicativas” sino políticas: nuevas elecciones, cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo.
De allí que estos últimos días hayamos contemplado, con estupor, el asalto a municipalidades, comisarias, aeropuertos, fábricas de alimentos e infraestructura energética, más no a los habituales blancos de la conflictividad social: las minas.
Paro de transportistas EN VIVO: Todo sobre la huelga nacional hoy, martes 29 de noviembre
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Uno de los puntos más críticos es la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa, donde se dejaron varadas a decenas de cisternas de GLP provenientes de Ica.
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El normal abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría afectarse en los siguientes días producto del bloqueo de carreteras que se registra a nivel nacional, en el marco del paro de transportistas, advirtió la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo (SPGL).
Uno de los puntos más críticos es el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa, donde esta mañana se registró el bloqueo total de la vía, dejando a varadas a decenas de cisternas de GLP provenientes de Ica.
Según reportan medios, en algunos grifos de Arequipa ya empiezan a presentarse colas para abastecerse de GLP.
SPGL hizo un llamado a las autoridades nacionales y a los transportistas a retomar el diálogo, con el objetivo de llegar a soluciones pacíficas que permitan liberar las carreteras del país y evitar perjuicios a todos los peruanos, sobre todo a las amas de casa, taxistas y mypes que usan el GLP en sus labores diarias.
El martes 22 de noviembre, transportistas de carga e interprovinciales comenzaron una paralización indefinida tras acusar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de no haber escuchado su pliego de demandas para mejorar sus condiciones laborales.
El sector transporte reclama, entre otros aspectos, la reducción en el precio del combustible y la ejecución de proyectos de ley a su favor. Según informan medios locales, los bloqueos se registran en regiones como Junín, Áncash, Apurímac, Arequipa, Abancay, Puno y Ayacucho.
Compilación y elaboración: Milagros Amesquita, analista de gestión de revista Innovas – UNFV
Paro de transportistas: casi 400 mil camiones acatan paralización a nivel nacional. 24 horas
Paro de transportistas: Manifestantes advierten bloqueos de carreteras en Trujillo. 24 Horas
Paro de transportistas en Perú: «El diálogo nunca se tiene que romper». RPP
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Las Bambas: GORE de Apurímac rechaza pretensiones de municipio
Según el Gobierno Regional de Apurímac, la municipalidad de Velille es alentada por sectores antimineros del propio poder Ejecutivo.
El Gobierno Regional de Apurímac acaba de emitir un pronunciamiento categórico en contra del municipio distrital de Velille –provincia de Chumbivilcas, Cusco–, que pretende pertenecer al área de influencia directa de la mina Las Bambas, a pesar de estar emplazada en el Cusco, a cientos de kilómetros de donde se desarrolla la operación minera.
De acuerdo a la normatividad nacional, los recursos provenientes del canon (el 50% del impuesto a la renta que paga la minera) y las regalías solo le pertenecen a los gobiernos subnacionales y universidades de la región productora; en este caso, Apurímac.
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Un gobierno bamba
“El Ejecutivo debería hacerse cargo de inmediato, pero está visto que darle solución a un tema crucial para nuestra economía, como es lo de Las Bambas, no figura entre sus prioridades actuales”.
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Los últimos reportes desde Apurímac pintan, una vez más, un panorama sombrío para la economía nacional y regional. Desde la semana pasada, las comunidades en Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, han bloqueado un importante tramo del Corredor Minero, impidiendo que la minera Las Bambas transporte sus minerales y obligándola así, en principio, a reducir su personal dramáticamente.
La Cámara de Comercio de Apurímac alerta que, como consecuencia de ello, en la región se pierden más de 3 millones de soles cada día. La situación se está tornando crítica en extremo, pues la turbas de manifestantes bloquean también el ingreso de alimentos y el traslado de personas hacia el campamento.
Según los trabajadores, si esto continúa, en una semana más se llegaría al mismo escenario del primer semestre, cuando la mina paralizó por completo sus actividades durante casi dos meses. Un impasse que significó una pérdida de 541 millones de dólares para el país.
De hecho, según el último reporte del BCR, los conflictos sociales y la paralización de unidades mineras ya comenzaron a pasar factura a las exportaciones peruanas, que en setiembre sumaron solo 5,554 millones de dólares, una caída de 4.6% respecto al mismo mes del año 2021.
El sindicato de trabajadores de Las Bambas ha emitido incluso un pronunciamiento exigiendo al gobierno su pronta intervención para restablecer el diálogo, el orden y la normalidad en las zonas de bloqueo. Una petición razonable y urgente, pues lo peor de todo es que la zona se ha convertido en un caos que la belicosidad de los comuneros conduce continuamente a los fueros ilícitos de la violencia. La Constitución y el Estado de derecho son papel mojado para los dirigentes de la protesta.
El Ejecutivo debería hacerse cargo de inmediato, pero está visto que darle solución a un tema crucial para nuestra economía, como es lo de Las Bambas, no figura entre sus prioridades actuales. A estas alturas de su mandato, este gobierno parece estar ocupado únicamente en defender a como dé lugar su permanencia en el poder.
Lo que en adelante suceda con esta mina y con un conflicto que no tiene cuándo terminar será responsabilidad enteramente suya.
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Asociación Indígena de Huancute: «Ellos han incumplido y estamos pidiendo que se retiren» RPP
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Prevén más problemas en zonas mineras con nuevas autoridades: entre los conflictos sociales y la informalidad
Candidatos de Perú Libre se impusieron en localidades del corredor sur. En Madre de Dios, gobernador y alcalde electos han sido defensores de la extracción informal de oro.
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:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/06c3b936-1d3f-41a5-8354-89e2efcf4875.png "Ricardo León")
De distintas maneras y con algunos nuevos protagonistas, la situación en dos zonas de intensa actividad minera podría sufrir giros preocupantes después de las recientes elecciones regionales y municipales.
Por un lado, en el corredor minero del sur andino, utilizado principalmente por las empresas Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, la elección de varios alcaldes del partido Perú Libre podría significar un nuevo ciclo de protestas; por otro lado, en Madre de Dios, epicentro de la actividad minera informal, se prevé que las autoridades electas representen un escollo para la fiscalización y la formalización.
En el sur
En la provincia de Cotabambas (Apurímac), donde opera la empresa minera MMG Las Bambas, ha sido elegido Dante Contreras, candidato de Perú Libre. Este municipio, para tenerlo como referencia, ha recibido para este año un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/487 millones, una gran parte proveniente de la actividad minera.
Dentro de esa provincia, dos distritos claves donde el partido de gobierno logró imponerse son Challhuahuacho (el candidato ganador fue Luis Iván Cruz) y Coyllurqui (Fritz Valencia). El primero maneja un PIM de S/232 millones y el segundo, de S/41 millones.
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Estos distritos tuvieron que ser declarados en estado de emergencia en abril de este año, luego de que las prolongadas protestas y bloqueos de vías obligaran a la empresa minera a suspender sus actividades. La medida decretada por el Ejecutivo se mantuvo hasta junio, cuando se reanudó el diálogo entre las partes.
Otra localidad del corredor minero donde Perú Libre obtuvo una alcaldía es el distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Allí, el candidato ganador fue Richar Bellido Ugarte, hermano del congresista Guido Bellido, quien a inicios del gobierno de Pedro Castillo fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó por tres meses. En esta localidad, el PIM asciende a S/113 millones.
Pero en este proceso electoral se ha visto un fenómeno distinto. Pese a que Perú Libre ha manejado desde siempre un discurso antiminero –por citar un ejemplo, en junio la congresista Margot Palomino presentó un proyecto de ley para nacionalizar el cobre y crear una empresa estatal a cargo–, en la campaña no ha habido un mensaje tan radical como en otras ocasiones.
Esto no garantiza, sin embargo, que la zona deje de ser uno de los principales focos de conflictividad en el país.
Caras conocidas
En Madre de Dios, la situación es distinta. Allí dos importantes autoridades electas no se oponen a la minería, sino que la impulsan, a pesar de que esta actividad sea predominantemente informal.
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Luis Otsuka fue elegido para ocupar el cargo de gobernador regional, y Luis Bocángel como alcalde de la provincia de Tambopata.
Otsuka, quien fue gobernador entre los años 2015 y 2018, fue antes dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios. Siempre ha estado en contra de las normas impuestas desde el Ejecutivo para regular la actividad. Tiene además nueve investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos ambientales.
Gobernará al mismo tiempo que Bocángel, quien antes ya ocupó el cargo de alcalde de Tambopata (2007-2010). Él fue investigado años atrás por ser dueño de una draga empleada para extraer oro de manera informal en la selva.
Opiniones
César Ipenza
Abogado especializado en materia ambiental
«La situación será mucho más compleja, con autoridades nacionales que ‘facilitan’ el camino de la ilegalidad»
Recientemente el Poder Ejecutivo decidió no prorrogar el estado de emergencia y, por ende, dejar fuera a las Fuerzas Armadas de este rol que venían ejerciendo frente al mayor y más peligroso delito ambiental -la minería ilegal- en La Pampa (Madre de Dios) y Alto Nanay (Loreto). Si aunamos los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales, y la política actual que facilita esta grave actividad, la situación es compleja.
La reciente elección de Luis Otsuka -minero y dirigente- como gobernador regional de Madre de Dios, habiendo ya sido en el pasado gobernador regional sin ningún resultado que mostrar en el proceso de formalización minera, y en cuyo discurso mencionaba que era imposible la formalización con las normas existentes, además de contar en su gestión con un exdirector regional de Energía y Minas procesado y buscado por la justicia hasta el día de hoy por, presuntamente, haber recibido pagos de mineros ilegales a cambio de favorecerlos; ante todo ello, la situación no es nada esperanzadora.
La situación será mucho más compleja, con autoridades nacionales que ‘facilitan’ el camino de la ilegalidad y actores regionales que ‘presionan’ para la inexistencia de controles. Es el espacio perfecto para el incremento de la deforestación, de invasiones, de exigencia de reconocimientos de nuevos mineros y nuevas zonas para extraer, de actos contra los derechos fundamentales, pues esta actividad trae consigo el sicariato, la trata de personas, entre otros tantos males.
La formalización minera sí es posible, cumpliendo con la ley e implementando salvaguardas ambientales como las planteadas por ejemplo por el Proyecto Prevenir de USAID y trabajada juntamente con mineros de Madre de Dios, como: eliminar progresivamente el uso de mercurio y reemplazarlo con tecnologías alternativas; asegurar operaciones mineras eficientes, responsables y seguras, mediante un plan de minado y un plan de seguridad y salud ocupacional; gestionar el agua y restaurar los paisajes a través de un Sistema de Manejo de Aguas Residuales (SMAR) y el cierre progresivo de minas; respetar los derechos humanos y garantizar el bienestar de las personas mediante la adopción de normas mínimas de conducta.
Otra forma de generar resultados en el corto plazo es emprender procesos efectivos de lucha contra la corrupción, presente en todos los niveles de gobierno, como también lo ha planteado el “Estudio sobre elementos, evidencias y mecanismos de corrupción en la cadena de valor de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la Amazonía peruana” de USAID, que sin duda contribuiría a una MAPE responsable y que generaría beneficios para la sociedad.
Toca estar vigilantes y emprender nuevos mecanismos jurídicos desde todo nivel para impedir que se siga flexibilizando la normativa en desmedro de todo nuestro país.
Iván Arenas
Analista político
«En esta zona, la institucionalidad comunal importa más que la elección de un alcalde distrital por más radical o antiminero que sea»
De los 14 distritos que conforman el denominado corredor vial sur, Perú Libre solo gana en cuatro de ellos y en una provincia (Cotabambas) ¿Es un éxito, como indica Vladimir Cerrón? No, por varias razones. Durante la campaña, ninguno de los candidatos perulibristas prometió la “nacionalización” o “estatización” de la minera. Ni siquiera el electo alcalde por Livitaca -Richard Bellido, hermano de Guido Bellido, congresista y operador cerronista- prometió una radical oposición a la minería moderna. El propio alcalde electo de Challhuahuacho por Perú Libre, Iván Cruz, acaba de decir que “no es antiminero”. ¿Cuál es la conclusión? Que en estas elecciones locales, ninguno de los candidatos de Perú Libre desarrolló un discurso ideológico y radical ni levantó banderas contra la minería moderna; de lo contrario, hubiesen perdido. Al ser esta una elección muy local y vecinal, la población votó por los candidatos perulibristas por otros motivos. El corredor no se pintó de rojo y nadie prometió “estatización”, como hubiese querido Vladimir. Esto es una derrota.
Hay otro tema. En esta zona, la institucionalidad comunal importa más que la elección de un alcalde distrital por más radical o antiminero que sea. Es la comunidad la que manda. ¿Habrá conflicto con las nuevas autoridades elegidas en el corredor? Seguro que sí, como las hubieron con las anteriores. El detalle es que los conflictos en la zona ya no tienen ni tendrán un tinte ambiental o ideológico de izquierda. Los conflictos son y serán por mayores beneficios y prebendas. Y las comunidades utilizan los paros, bloqueos y a veces hasta el chantaje para obtener beneficios. No son conflictos sociales, como suele pensarse desde la academia, sino negociación entre privados: mina y comunidades. Hay una ultima reflexión: hay una clase media potente alrededor de la minería en la zona. Casi el 70% de todos los candidatos en el corredor declararon cuantiosos ingresos. Algunos hasta millonarios.
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Estas son las municipalidades con más quejas en el Perú, según la Defensoría del Pueblo
El Callao y San Martín de Porres lideran el ránking de municipios “más quejados”. La entidad exhorta a los electores a sufragar de manera consciente y responsable este domingo 2 de octubre.
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La Defensoría del Pueblo presentó un listado de municipalidades provinciales y distritales con más quejas en Lima y regiones, así como cuáles fueron los temas por los cuales se solicitó la intervención de esta institución. Esta valiosa información se proporciona en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizarán este domingo 2 de octubre.
De acuerdo al reporte, que incorpora información de todas las sedes de la Defensoría del Pueblo, durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y agosto de 2022, el ranking de municipalidades provinciales con mayor número de quejas fundadas, es decir, con acreditación de la vulneración de un derecho son:
- Municipalidad Provincial del Callao, con 650 quejas.
- Municipalidad Provincial del Santa, con 622 quejas.
- Municipalidad Provincial de Chiclayo, con 399 casos.
Les siguen los municipios provinciales de San Román, Trujillo, Jaén, Huamanga, Huaraz y Tumbes.
Distritos con más quejas
En la clasificación a nivel de municipios distritales con más quejas, encabezan el ranking nacional los siguientes:
- Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con 378 quejas.
- Municipalidad de San Juan de Miraflores, con 261 quejas.
- Municipalidad de Villa María del Triunfo, con 232 casos.
Les siguen la Municipalidad de La Victoria, Santiago de Surco, Independencia, Ate, San Juan de Lurigancho y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
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¿Cuáles son las quejas presentadas?
Según el mismo reporte, las quejas correspondieron en primer lugar a temas de orden municipal (29,6 %), dentro de las cuales figuran la falta de calidad en los servicios municipales y de atención a las denuncias vecinales, así como de una debida fiscalización a las actividades comerciales, con un total de 3.616 quejas.
El segundo lugar es ocupado por los problemas de trámites y procedimientos (24,3 %) y tuvieron que ver con demoras injustificadas y actos administrativos irregulares, con más de 5 mil casos.
Entidad exhorta a informarse
La Defensoría del Pueblo informó que implementó la campaña comunicativa #InfórmateYElige, cuyo objetivo es lograr que las personas que acudirán a votar en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 2 de octubre, lo hagan de manera consciente y responsable.
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De los 209 conflictos sociales que existen 101 se encuentran en proceso de diálogo
Informe de la Defensoría del Pueblo señala que Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17).
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El país enfrenta 209 conflictos sociales, de ellos 149 se encuentran activos y 60 están latentes, según se desprende del último informe de la Defensoría del Pueblo.
En el documento se detalla que se sumaron a la lista tres nuevas controversias, dos de ellas de tipo socioambiental y uno corresponde a gobierno local.
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Mientras tanto, solo se pudieron resolver dos conflictos , estos se desarrollaron en Junín y Ayacucho. Uno involucra a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, quienes presentaron un pliego de demandas a sus autoridades, las mismas que fueron atendidas. Otro es el que fue protagonizado por la Central Asháninka del Río Tambo, la cual presentó una serie de reclamos al Gobierno Regional de Junín, verificándose que las demandas relacionadas a las temáticas de educación y de salud han sido atendidas.
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.6 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.9 %.
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Humor académico:
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No todo lo que brilla es oro (legal)
Los enormes daños de la minería ilegal
Desde que sale del suelo hasta que llega al mercado, el oro atraviesa una larga cadena de procesos y actores, muchas veces ilegales. Esto por sus enormes márgenes de ganancia. En ese camino, la minería ilegal se vincula con delitos como narcotráfico, trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, robo de tierras y evasión tributaria. Además, afecta severamente los bosques y agudiza el cambio climático.
¿Qué diferencia a la minería informal de la ilegal? La primera es aquella que incumple las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales que regulan la actividad minera. La segunda, además de lo anterior, se realiza en zonas de exclusión minera. Es decir, donde está expresamente prohibido el ejercicio de la actividad minera.
En la selva peruana, la minería es básicamente aurífera aluvial; es decir, oro que se extrae de los ríos. Para ello se suelen emplear métodos mecanizados, semimecanizados y por succión hidráulica. La ley prohíbe realizar estas actividades en todos los cursos de agua o lechos de ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. También prohíbe el uso de dragas, que son unas unidades móviles o portátiles de succión de materiales.
La minería ilegal es la que se realiza en espacios prohibidos, como son las riveras de los ríos y lagunas. En Madre de Dios, además, no están dentro de un corredor minero.
Las razones
La minería aurífera ilegal e informal está tan extendida en el Perú fundamentalmente por tres razones: el alza sostenida del precio internacional del oro, la debilidad institucional, y la incapacidad de la economía para ofrecer oportunidades laborales a quienes viven en la selva.
Entre 2001 y 2005, el precio mundial de la onza de oro pasó de USD 280 a USD 550. Esto desencadenó una fiebre del oro en el Perú. Para el año 2011, el precio por onza bordeaba los USD 1,900. Hoy fluctúa en torno a los USD 1,400.
Fuente: “Minería no formal en el Perú: Realidades, tendencias y ¿soluciones?”, por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera
Southern Copper y MMG analizan estrategias alternativas por conflictos en Las Bambas y Cuajone
Operadores de Las Bambas y Cuajone buscan resguardar su producción de cobre. Las Bambas, ubicada en Apurímac, contempla brindar un pago anual a las comunidades.
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Ejecutivo propone la resolución expresa de contratos de obras públicas
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Las unidades mineras Cuajone (Moquegua) y Las Bambas (Apurímac) se han visto afectadas por bloqueos y conflictos sociales, respectivamente, lo que ha llevado a que ambas enfrenten paralizaciones por más de 50 días. Frente a dicha situación, Southern Copper Corporation, que opera Cuajone, informó el 26 de julio, en su reporte de resultados del segundo trimestre, que está interesada en la adquisición de tierras cercanas al yacimiento minero que opera, “para establecer una zona de amortiguamiento para proteger las instalaciones y la producción”.
Por su parte, la compañía Minerals and Metals Group Limited (MMG Ltd.), operadora de Las Bambas, indicó ese mismo día que revisaba la posibilidad de dar un pago de renta anual a las comunidades en conflicto, y no pagos únicos.
“Intentaremos buscar esquemas anuales y regalías en los que los pagos continúen durante varios años”, señaló Ross Carroll, director financiero de la compañía china, según reportó Reuters.
Como se recuerda, la minera Las Bambas ha realizado ya un pago por compensación de reasentamiento que ascendió a S/615 millones a más de 500 comuneros de Fuerabamba. En promedio, S/1,18 millones por beneficiado. Además, ha destinado más de S/718 millones a cumplir los acuerdos realizados con dicha comunidad.
Gasto
Aunque las dos compañías prefirieron no declarar para este informe, Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, consideró que estas estrategias representan gastos económicos significativos. Por ello, sostuvo que se debe buscar un punto medio que atienda las necesidades de las empresas y los derechos de las comunidades, teniendo al Estado como intermediador.
Agregó que las comunidades tienen que negociar condiciones que les generen bienestar a largo plazo, “condiciones de educación, capacitación, becas, para poder sentir que la comunidad también se siente beneficiada”, aseveró.
Por su parte, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, apuntó que, en el caso de Las Bambas, resolver los problemas de corto plazo podría comprometer su desarrollo al largo plazo.
“Esa estrategia no ha dado ningún resultado. El único resultado ha sido que las comunidades pidan más, exijan más y cada vez con mayor frecuencia”, acotó.
En esa misma línea, Carroll, de MMG, declaró en una conferencia con analistas que “lo que heredamos y continuamos fue una serie de pagos únicos, obviamente, el dinero [así] se puede gastar [por parte de las comunidades]. Y una vez que se gasta el dinero, alienta a las personas a regresar por más”.
Southern Cooper informó que en el segundo trimestre del año su producción de cobre en el Perú fue de 25,3% frente al mismo periodo de 2021, atribuido principalmente a una pérdida de producción de 22.208 toneladas en la mina Cuajone. Además, el Grupo México, principal accionista de Southern, prevé una nueva disminución en la producción cuprífera en Chile y Perú.
Adicionalmente, MMG señaló que la producción de cobre en Las Bambas cayó 60% en el segundo trimestre, comparado con el mismo periodo de 2021. También suspendió la entrega de sus objetivos de producción para este año.
Tanto Gálvez como Mucho explicaron que la caída en la producción del metal rojo para el 2022 se podría ser compensada con el inicio de operaciones comerciales de la mina Quellaveco, que debería producir 150.000 toneladas este año.
Desde Anglo American, operador de Quellaveco, indicaron que continúan con la gestión de autorizaciones ante el Gobierno para iniciar “próximamente” su producción comercial.
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Apurímac: revelan imágenes tras atentado en campamento de Southern Copper que acabó en cenizas | VIDEO
No se registraron heridos debido a que los trabajadores de la minera huyeron a zonas alejadas.
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A cenizas fue reducido el campamento minero Los Chancas de Southern Copper, situado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes (Apurímac), luego de que unos desconocidos le prendieron fuego.
Según reportó Canal N, el incendio fue provocado la noche de ayer, martes 31 de mayo, y se perdió todos los enseres que habían en el lugar (equipos, laptops y cinco vehículos afectados por las llamas).
En imágenes captadas después del siniestro, se evidenció el grado de daño ocasionado en el lugar. No se registraron heridos debido a que los trabajadores de la minera huyeron a zonas alejadas.
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De acuerdo a la Agencia Reuters, el incendio en Los Chancas habría sido provocado por mineros artesanales que ya extraen cobre en la zona y se oponen a la construcción de la nueva mina.
Se ha solicitado mayor presencia policial en esa zona, además, se pide la presencia del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.
Se publica norma con cambios sobre negociaciones colectivas, huelgas y sindicatos sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo
Según el estudio Vinatea & Toyama, se trata de los principales cambios en 30 años.
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07/06/2022
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 219, correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 205 conflictos sociales registrados (151 activos y 54 latentes). El documento indica que en dicho período se solucionaron cuatro conflictos, tres a través del diálogo.
Casos resueltos
Respecto al mes anterior, se resolvieron cuatro conflictos sociales. En el caso de la empresa TGP y la comunidad campesina de Vinchos y sus anexos, en Ayacucho, se llegó a un acuerdo sobre el monto de inversión para atender todos los puntos de la agenda de la mesa de diálogo que instalaron. En el caso de la empresa minera Raura y la comunidad campesina de Quichas en Lima se firmó un acuerdo de beneficio social y, desde entonces, no se han registrado incidencias o controversias al respecto entre las partes.
Otro caso involucró al Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Maquia en Loreto, que exigía una auditoria a la gestión municipal por supuestas irregularidades en la ejecución de obras públicas. A partir de los buenos oficios desplegados por la Defensoría del Pueblo en el 2021, la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició las investigaciones correspondientes ante las denuncias formuladas por la población local. Del mismo modo, la Contraloría General de la República, haciendo uso de sus facultades, inició la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado en la actual gestión municipal.
En el caso de los trabajadores de la empresa Cerro S. A. C., luego de concluidas las reuniones extraproceso entre los trabajadores y la empresa, se interpuso dos demandas de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, para el cumplimiento de lo dispuesto por Sunafil Pasco, que establece que la empresa debe incorporar a los trabajadores a la planilla electrónica.
Casos por tipo y lugar
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.2 %.
Diálogo
Del total de casos activos, el 60.9 % (92 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 70 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 80.4 % (74 casos) corresponde a casos socioambientales.
Violencia
En este mes se registraron siete personas fallecidas producto del enfrentamiento entre integrantes de organizaciones de mineros informales en la provincia de Caravelí, en Arequipa. Los hechos se produjeron en el sector denominado Huanaquita, en el distrito de Atico, y habrían participado personas presuntamente armadas. Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo condenó los hechos de violencia, precisando que urge la presencia de la Policía Nacional del Perú en la zona y que corresponde al Ministerio Público realizar una exhaustiva investigación.
Asimismo, 12 personas (2 civiles y 10 policías) resultaron heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y comuneros de Huancuire en Apurímac, quienes mantienen un conflicto con la empresa minera Las Bambas. Igualmente, los enfrentamientos entre las comunidades campesinas Huancabamba y Cceuñahuran en Apurímac, tuvieron como resultado 13 comuneros heridos.
Protestas
Se registraron 160 acciones colectivas de protesta en el mes de mayo, 60 menos que el mes anterior. Del total, el 55 % (88) fueron plantones.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 17 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 10 son conflictos activos y 7 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Cuajone
Para entender el problema, iniciamos con el caso Cuajone. Una mina de cobre a cielo abierto ubicado en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, Perú. El yacimiento está localizado en la franja oeste de la Cordillera Occidental en la parte sur de los Andes peruanos, y es parte de un distrito minero que contiene otros dos yacimientos adicionales conocidos: Toquepala y Quellaveco. Se encuentra a una altura aproximada de 3500 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar) y es una de las principales minas productoras de cobre del país junto con Cerro Verde, Toquepala y Antamina.
Se inició a extraer material desde 1970 y en 1976 tuvo lugar el 1.er envío de material a la planta concentradora. Cuajone es un proyecto minero de gran amplitud del país, explotado por la empresa Southern Peru Copper Corporation, este yacimiento cuprífero está ubicado en una zona de fuerte relieve topográfico donde destaca la presencia del Cerro Baúl. El mineral extraído se traslada a la refinería de Ilo para su fundición y procesamiento.
En 2009 alcanzó una producción de 171 731 toneladas métricas finas llegando a 15.52 % de cobre nacional producido.1 La producción minera es principalmente cobre, de manera secundaria se produce plata, zinc y molibdeno.
Geología de Cuajone
El yacimiento de Cuajone está ubicado a unos 28 kilómetros del yacimiento de Toquepala que se originó hace 60 a 100 millones de años (Cretácico superior a Terciario Inferior). La litología de Cuajone contiene rocas volcánicas del Cretáceo al Cuaternario. Hay 32 tipos de rocas, incluyendo rocas premineralizadas, andesita basáltica, riolita porfídica, dolerita y rocas intrusivas, como la diorita.
La formación de Chuntacala tiene una antigüedad de 9 a 14 millones de años y está formada por conglomerados, flujos, tufo volcánico y aglomerados dispuestos gradualmente en algunos casos y en discordancia en otros. También hay yacimientos Cuaternarios en ríos, arroyos y cerros. La mineralogía es simple con niveles distribuidos regularmente y en forma de embudos verticales. Hay minerales como la calcopirita, calcosina y la molibdenita, con presencia ocasional de galena, tetraedrita y enargita.
El diablo se viste de cobre. Una crónica de Fernando Vivas sobre las amenazas a Cuajone
Southern Perú teme que los comuneros de Tumilaca vuelvan a bloquear Cuajone. Estos dicen que su pedido de $5 mil millones es negociable, pero no aceptan la contrapropuesta de la empresa.
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En 46 años de funcionamiento, Cuajone nunca había paralizado sus operaciones más allá de ajustes técnicos y sucesos extraordinarios. La parada violenta que sufrieron entre el 28 de febrero y el 20 de abril, debido al bloqueo de su línea férrea y, sobre todo, a la toma del reservorio de Viña Blanca que dejó sin agua a mina y campamento; es calificada por el CEO de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Raúl Jacob, como “una extorsión”. Le pregunté a Jacob si tiene una explicación sobre el despertar de esta radicalidad de las protestas y admite no tener una teoría y se inclina a pensar (aunque no hay pruebas al canto y no es tarea de la empresa generarlas sino del Estado) que hay algún activismo antiminero influyendo en la comunidad.
Por su lado, los directivos de la comunidad Tumilaca Pocata Coscore Tala (TPCT es una sola y comprende cuatro anexos), no dan su brazo a torcer respecto a reclamar un abrumador monto -$5 mil millones por el pasado y 5% de las utilidades brutas anuales en adelante, según consta en el acta de su asamblea del pasado 12 de febrero- como compensación a lo que llaman el “usufructo de terrenos comunales por la empresa”. Un día antes, la empresa empezó la construcción de una línea hidráulica, y el movimiento de maquinarias motivó la formulación de la propuesta que ya llevaba larvada un tiempo.
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Conversé con Iván Mendoza, primer vocal de la junta directiva de la comunidad. El discurso ha tenido algunos ajustes respecto del acta de febrero. En primer lugar, ante lo fantástico del monto, que invoca codicia y delirio, me repite más de una vez que “eso no es lo más importante, que es un punto de partida para negociar”. En efecto, fuentes de SPCC, me contaron que ahora se habla de 2 mil millones, lo que ellos siguen calificando de extorsivo. En un chat con Dionilde Flores, la presidenta de la comunidad, le pregunté si era cierto ese ajuste de 5 a 2 miles de milones y me contestó: “Independientemente del monto, lo que se busca es la reparación por daños y terrenos ocupados por años”.
He aquí otro concepto, que no está destacado en el acta del 12 de febrero como motivo de la protesta: reparación o compensación por afectaciones socioambientales. Mendoza me dijo, en ese mismo sentido, “queremos que la empresa nos compense por tantos años que han devastado y afectado nuestros terrenos para la agricultura”. Sin embargo, las afectaciones específicas no aparecen a flor de boca en el discurso de los dirigentes. En un video explicativo de la posición comunal, hay un listado de 12 presuntos daños, sin jerarquía, que incluye acumulación de desmontes, derrame de relaves y emisión de polvo contaminante, además de la construcción de carreteras e instalación de cables de alta tensión en lo que consideran su territorio. Le pregunté por estas afectaciones a Jacob y me dijo que la autoridad ambiental, la OEFA, no les ha abierto expedientes al respecto. Mendoza me refirió una denuncia hecha por un comunero, pero el resultado judicial no fue favorable al demandante.
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Le pregunté a Mendoza si tenía una explicación de cómo así después de tanto tiempo, se despertó en la comunidad esta intensa conciencia de reclamo. “Ah, es una buena pregunta”, me dijo y, tras unas divagaciones sobre el pasado, concluyó: “nuestros antecesores tenían miedo de reclamar”. Le pregunté, también, si la comunidad recibía la asesoría o influencia de personas ajenas a ella. Me dijo que no y, además, que no conocía a nadie del movimiento fundamentalista Inkarri Islam ni a su líder Edwar Quiroga, que algunos medios de Moquegua mencionaron como posible influencia. A Inkarri Islam, asentado en Apurímac, se le ha detectado en el conflicto vecino de Las Bambas, pero no conocemos información precisa de su presencia en Moquegua.
Mendoza me contó que casi todos los comuneros votaron por Pedro Castillo, como en la mayoría de comunidades campesinas del sur; pero no son afines al gobierno. Por el contrario, están molestos por la declaración del estado de emergencia el 20 de abril, que fue la razón por la que liberaron el reservorio y se replegaron hasta hoy. El dirigente estuvo afiliado unos años al Partido Nacionalista y ahora lo está a Acción Popular, aunque asegura no tener intención de candidatear a nada. Ya bastante ocupación es –este comentario no es suyo, sino mio- liderar la expectativa que tiene su comunidad de manejar lo que sea que pague SPCC para el fondo de la Empresa Comunal de Servicios Ecoserv TPCT. Escoserv, por cierto, fue formada con asesoramiento de Anglo American, según se lee en la página de esa empresa minera. Anglo American es dueña de Quellaveco, la mina aún más grande que Cuajone, que pronto entrará en operaciones en la misma zona y distrito moqueguano de Torata.
Cuando le digo a Mendoza que sus reclamos se han vuelto cada vez más complejos, pues han pasado del asunto de la propiedad a los daños ambientales, me dice a modo de resumen preliminar: “Lo que queremos es que después de tantos años, la empresa respete a la comunidad. Si no quieren reconocer ninguna compensación, entonces que se vayan y dejen nuestros terrenos como estaban”. Este sarcasmo no puede abstraerse del todo, de la vecindad de Quellaveco. Este gran proyecto viene trabajando años en sus relaciones comunales previas a su puesta en marcha; mientras Cuajone se instaló en una época en la que la consulta e interacción con las comunidades vecinas no era costumbre ni mandato de ley. Incluso, Ecoserv ya provee algunos servicios a Anglo American.
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A tono con la minería moderna, SPCC tiene un área de relaciones comunitarias y conversé con su gerente Felipe Gonzales, que ha desarrollado 37 programas sociales para proponer a los comuneros en la mesa de diálogo; que incluyen inversiones de alrededor de S/. 80 millones en obras por impuestos y proyectos de impacto para ampliar la cobertura de educación y salud. Sin embargo, al evocar lo que pasó entre febrero y abril y que amenaza repetirse; pareciera que estamos ante una actualización brusca y distorsionada de lo que no se hizo en las primeras décadas, cuando el Estado concesionaba minas sin que la consulta e interacción con las comunidades fuese costumbre y mandato de ley.
El mapa de 1894
Para sustentar la propiedad comunal del terreno, la defensa de los comuneros se remonta a un plano de 1894, cuando sus antepasados, durante el gobierno de Andres Avelino Cáceres, compraron terrenos a Blas Coayla. En 1929, una resolución del gobierno de Manuel Odría, reconoce linderos que involucran a terrenos hoy usados por la minera y en 1993, en la Sunarp (registros públicos) –sigo el relato de un video comunal- se recogió, con observaciones parciales, a esa demarcación. En 1987, ya con la mina en funcionamiento, el primer gobierno de Alan García dio una ley que facilitaba la inscripción de predios comunales, con la salvedad de que se respetaran derechos de servidumbre para la minería y otros negocios.
En conclusión, para la comunidad, la mina usurpa terrenos suyos y, según me dijo Mendoza, cuando el Estado habla de servidumbres, solo se refiere al subsuelo (esa es una interpretación muy peculiar del concepto, pues la servidumbre se refiere, por definición, a derechos de paso y similares, por terrenos ajenos).
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Conversé sobre este punto con Jacob, y su relato es más sencillo. Los terrenos no son de la SPCC sino del Estado y fueron concesionados como tales antes de que la mina arrancara a operar en 1976. Me proporcionó un comunicado de la empresa en el que se remiten a una mesa de diálogo del 22 de junio en la que el representante de la Dirección General de Minería, Elvis de la Cruz, reconoció las concesiones mineras de Southern y las servidumbres otorgadas por el Estado para construir sus instalaciones. Asimismo, según leo en el comunicado, “la representante de la Dirección Regional de Agricultura, Elsa Pacora Mamani, reveló que en el acervo documentario de Cofopri de 2011, no figura el plano de deslinde ni titulación en favor de la comunidad”, es decir, el plano que se exhibe en el video comunal. Lo que sí figura son “terrenos por una extensión solo de 38,011 has, lo que concuerda con la ficha 022 [la de 1993 en la Sunarp]”. En conclusión, SPCC, en boca de Jacob, dice que “no hay base legal para el reclamo de la comunidad”.
El lío de propiedad y demarcación lo tiene que resolver el Estado con la comunidad y puede demorar. Mientras, SPCC ha hecho una contrapropuesta, que es una actualización de una oferta que ya se había hecho desde el 2017, que estuvo cerca de concretarse en el 2019 y fue dejada de lado antes de la pandemia. ¿De qué se trata? De la compra de terrenos que sí coinciden con la ficha registral de 1993 y, por lo tanto, son comunales sin lugar a dudas. Esta compra saldría en paquete con el compromiso de llevar adelante los 37 programas sociales que ya mencionamos.
Ahora bien, el precio que SPCC puso para esos terrenos en su oferta de compra años atrás fue de S/. 8 millones, lo que provoca un matiz irónico en Iván Mendoza, cuando los menciona luego de haber hablado de los $5 mil millones. Pero Raúl Jacob me aclaró que la contrapropuesta actual, hecha como respuesta al reclamo de la comunidad, no se basa en montos, sino que su peso principal radica en los programas sociales. Por otro lado, nos enteramos que en la mesa de diálogo la oferta de compra, subió a S/. 13 millones y se circunscribe a los terrenos donde está el reservorio y la línea férrea, lo que, cree SPCC, ayudaría a poner distancia sobre los ejes del conflicto. Al respecto de la compra, Dionilde Flores es tajante en el chat: “La comunidad no considera vender terrenos en ningún momento”. Mendoza lo fue más en la conversación: “No queremos vender ni alquilar nada, queremos una compensación por tantos años”.
Le pregunté a Mendoza, por qué, si lo que buscan es un aporte sustantivo de la empresa para bien de la comunidad, no se concentran en discutir montos y programas sociales, sin trabarse en el tema de la propiedad. Su respuesta tuvo un hálito de negociación: “Cuando hemos hablado de ‘compensación’ por daños, la empresa no quiere usar ese nombre; pónganle el nombre que quieran”. Jacob, con quien volví a conversar brevemente luego de hablar con Mendoza, insiste en que no hay una razón legal para que la empresa haga un aporte económico directo a la comunidad, pero ve la compra de terrenos como una oportunidad para que los comuneros satisfagan esa expectativa monetaria. Ya antes han vendido terrenos a Quellaveco.
Cuando le digo a Jacob que la comunidad ha adoptado una posición contraria a la venta de terrenos, me repite que para la empresa son más importantes los programas sociales, que allí hay en juego más dinero y más impacto. Me contó esta anécdota: “alguien me dijo por qué no suman los programas, lo convierten en un monto, y se lo dan a la comunidad; pero no se trata de eso”. La empresa rechaza ese razonamiento y la obligación de dar una compensación que considera no tiene base legal, pero está dispuesta a aportar sobre lo que Jacob llama “una base solidaria, que mejore la vida de la gente”. Entre la negativa rotunda de los comuneros a vender terrenos y la negativa rotunda de la empresa a aceptar una obligación económica ajena a un paquete social voluntario, hay márgenes de conciliación.
En la comunidad hay 477 comuneros inscritos y alrededor de 850 habitantes, una población menor que los aproximadamente 5 mil, entre trabajadores, sus familias e independientes que habitan el campamento de Cuajone. La mina que produce el 7% de las exportaciones nacionales de cobre y que, según sus propias estimaciones, ha perdido alrededor de S/.200 millones por el conflicto; tiene que entenderse con una sola comunidad de menos de mil habitantes. No parece demasiado difícil pero lo es cuando el Estado es un carrusel de autoridades inestables.
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Y el gobierno, ¿qué?
La inestabilidad del gobierno y, en especial, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), complicó todo. El 8 de febrero, pocos días antes del estallido, habían jurado como primer ministro, Aníbal Torres, y como ministro del Minem, Carlos Palacios, propuesto por Vladimir Cerrón. Palacios reemplazaba a Eduardo González Toro, que tuvo una caótica gestión. El área de gestión social del Minem, amplia y descentralizada como la minería manda, estaba devastada por el cambio de manos. Guillermo Bermejo, amigo de González Toro, había puesto a bases de su partido Voces del Pueblo; y ahora Palacios desmontaba esa influencia en beneficio de Perú Libre. En esas circunstancias, fue el área de gestión social de la PCM, la que atendió, como pudo, el conflicto.
El 16 de marzo, con más de dos semanas de paralización, el premier Aníbal Torres recibió a funcionarios de SPCC que pedían una acción decidida del estado para liberar el reservorio y la línea férrea. Torres estuvo acompañado del ministro Palacios, de Alfonso Chávarry del Interior y de Guillermo Bermejo. Al grupo le preocupó, más que la paralización en sí, que los ejecutivos de SPCC les contaran del hartazgo del sindicato de Cuajone y de los 6 otros sindicatos del grupo solidarizados con este, que querían resolver el tema a la fuerza, pues temían los efectos de la paralización sobre sus empleos. Miles de trabajadores contra unas cuantas decenas de comuneros que rodeaban el reservorio en las alturas, sin duda, podían liberar el terreno, pero con un riesgo de fatalidades que asustaba a empresa y gobierno. Incluso, esa arista del conflicto provocó que Bermejo y Betssy Chávez, entonces ministra de Trabajo, viajara a la zona a hablar con trabajadores y comuneros, pero no los pudieron conciliar.
En una de las frecuentes marchas y contramarchas del gobierno, el 10 de marzo la empresa había conseguido apoyo policial para recuperar el reservorio y lo logró por unas horas. Pero la policía recibió la orden de retirarse y los comuneros volvieron a la carga. Recién el 20 de abril, con la declaración del estado de emergencia, se puso fin a la toma. “El gobierno nos puso una pistola en la cabeza”, me dijo Iván Mendoza sobre ese día.
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Le he escrito a José Muro, el jefe del área de gestión social de la PCM, pero no contesta mis mensajes. Logré hablar brevemente con Jesús Quispe, viceministro de Gobernanza, en cuyo sector está el área de Muro, y me dijo que sentía que las mesas de diálogo estaban bien encaminadas e, incluso, pensaba presentar esta experiencia de negociación en la próxima convención de Perumin en setiembre. Tras hablar con Raúl Jacob y con los dirigentes comuneros, no puedo compartir el optimismo del vice ministro.
Los temores de Jacob sobre una vuelta al punto cero de negociación son justificados. Ya hubo una mesa, de 12 horas, en la que se llegó a una serie de acuerdos. Sin embargo, como suele suceder cuando los dirigentes no están convencidos de lo acordado, estos pidieron un día adicional para consultar los acuerdos en una asamblea. Esta se hizo y se rechazó el acuerdo. El domingo pasado, según me contó Mendoza, hubo otra asamblea en la que ratificaron, en esencia, los mismos reclamos previos al conflicto.
No se ha detectado, como en uno de los múltiples conflictos de Las Bambas, la presencia de abogados como los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, expertos en maniobras extorsivas y que fueron detenidos por ello. Los comuneros de TPCT cuentan con dos abogados, independientes el uno del otro: Guido Maquera, de Moquegua y Fredy Bernedo, de Tacna. Bernedo fue candidato al Congreso por UPP en la última contienda, y coloca en su Facebook videos de sus intervenciones encendidas pero no incendiarias en defensa de los comuneros.
No sabemos si de los abogados, de otros actores en la sombra o de los propios comuneros salió el monto astronómico de $5 mil millones. Dividido entre 850 habitantes, resultaría en más de 5 millones por cabeza. Más fantasía que codicia. Aunque ahora insistan en que es tan solo un punto de partida, el exceso se ha prestado para estigmatizar sus complejos reclamos y recibir el rechazo rotundo de SPCC. Sumado el largo episodio de la toma del reservorio; el conflicto amenaza volverse crónico como en Las Bambas. Razón imperiosa para que el gobierno mantenga sentados a empresa y comunidad en la mesa, evite que alguien la patee, y los inste a un acuerdo digno.
Campamento minero Cuajone. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Tras dejar 60 días sin agua a la mina de Cuajone, en Moquegua, comuneros dan tregua. Latina pe
¿Cuánto afectó la para de Cuajone en los subproductos de Southern?
Disminuyó la producción de molibdeno en 1.5%, pero la cifra fue parcialmente compensada por lo realizado en Toquepala.
Southern Copper Corporation (SCC) presentó su reporte trimestral de producción en el que informó que la producción de molibdeno disminuyó 1.5% en los primeros tres meses de este 2022 comparada con el mismo periodo del año anterior, debido a una menor producción en las minas de Cuajone (Moquegua, Perú) y La Caridad (Sonora, México).
Esta cifra fue parcialmente compensada por un aumento en la producción de las operaciones de Toquepala (Tacna, Perú) y Buenavista (Sonora, México).
Por otro lado, la producción de plata minada disminuyó en 13.4% en el referido periodo.
SCC lamentó que la producción cayó en todas sus minas, excepto Buenavista. El total refleja el
efecto significativo del paro de la mina Cuajone que representa una caída de 220,233 onzas.
Prácticas de ESG
En línea con su estrategia de sustentabilidad, han registrado una mejora continua en sus principales indicadores de sustentabilidad. En materia de seguridad, redujeron la tasa de accidentes de personal propio y contratistas en un 22% en los últimos tres años.
En lo concerniente a los principales indicadores ambientales, sus emisiones Alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero se han reducido en más de 10% mientras que la eficiencia en el consumo del agua fresca en las concentradoras ha aumentado un 4% en el mismo periodo.
En materia social, se ha triplicado la población atendida a través de sus programas comunitarios, mientras que continúan reforzando los mecanismos de escucha y atención de preocupaciones.
Las comunidades aledañas a las operaciones de SCC en Perú comprenden decenas de centros poblados que habitan desde la región desértica alto andina hasta la costa. La minera indicó que continúan atendiendo retos y necesidades relacionados al suministro de agua, educación y empleo.
Así, destacaron las inversiones en infraestructura para el abastecimiento de agua que representan el 70% de la inversión de $93.6 millones en los últimos diez años. En el primer trimestre de este año, terminaron la construcción de la represa de Cularjahuira en la provincia de Candarave que almacenará hasta 2.55 millones de metros cúbicos de agua para irrigar 500 hectáreas de tierras agrícolas y beneficiará de manera directa a 585 familias de productores agropecuarios locales.
Arequipa: enfrentamiento de mineros deja 14 muertos tras hallazgo de 7 cadáveres más
Enfrentamiento del jueves 2 de junio dejó, en un principio, siete mineros fallecidos por la disputa de terrenos. Se levantó un paro y no hay acceso al distrito de Atico.
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Familiares de mineros levantaron un paro y restringieron el ingreso al distrito de Atico, provincia de Caravelí (Arequipa) tras denunciar el hallazgo de 7 cadáveres de integrantes de su asociación. Esto tras el enfrentamiento del último jueves 2 de junio, entre mineros artesanales e informales, donde fallecieron siete personas por la disputa de terrenos en un sector conocido como Huanaquita.
Este bloqueo se dio la noche de ayer, 7 de junio, luego de que familiares de los mineros fallecidos y recientemente encontrados, tomaron el puente de la Panamericana Sur en Atico.
Exigieron la presencia de las autoridades judiciales para las investigaciones y la presencia del Ejército a fin de controlar el álgido panorama que se vive en la zona. Con este hallazgo, según la denuncia de los locales, el número de víctimas tras el enfrentamiento ascendió a 14.
Se sabía que el enfrentamiento entre los mineros artesanales de Calpa Renace, Ático Calpa y la minera Intigold Minig SA – por disputas de terrenos – dejó 7 personas fallecidas y cinco heridos de bala, en la provincia de Caravelí entre la media noche del miércoles 1 hasta la tarde de el último jueves 2 de junio.
Detención preliminar
Ayer, la Fiscalía de Arequipa informó que logró que se declare fundado el requerimiento de detención preliminar por diez días, presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Caravelí, para 31 personas por los enfrentamientos ocurridos en zona minera.
La fiscal provincial, María Alejandra Cabana Ocsa, sustentó la medida con la finalidad de realizar las diligencias necesarias en el marco de la investigación en curso por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, homicidio calificado, lesiones graves, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.
La detención preliminar procedió para Richard Bernal Robles (23), Yonley Montoya Huamaní (24), Jean Carlos Picón Albino (27), Max Sánchez Quispe (37), Cristian López Díaz (28), Carlos Infantes Changanaqui (20), César Ruiz Ponce (40), Andy Bravo Trujillo (27), Alex Franfrank Guevara Pfoccori (23), Wilintón Saurín Lancha (35), Karim Brioso Loártele (24), Melquiadez Florez Catura (39), Edwin Chávez Chávez (32), Juan Leo Méndez Contreras (31), Juan Manchego Maeda (21), Roswell Tuanama Rumay (26), Albert Vilcapuma Agaronez (37), Gianmarco Benitez Puntillo (21), Juan Carlos Imán Sernaqué (29), Miguel Ángel Montes de la Cruz (26).
Asimismo, contra Carlos Leonardo Lucano, Juan Tejada Alonso, Jesús Juan de Dios Villanueva, Jesús Quispe Escobar, Joel Bayona López, Richard de la Cruz Apolinario, Ciflor Mejía Laureano, Kevin Tamani Gonza (27), Cristofher Morales Tineo (27), Yesperson Paitán Castro (25) y Pedro Flores Neira (31).
Brutal matanza en corredor de minería informal: la lucha por controlar zona rica en oro y otros metales al sur del país
Hallan 14 cuerpos de mineros artesanales asesinados el 2 de junio por disputas de terrenos. Habría 12 desaparecidos. Alcalde de Atico pide una intervención militar.
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:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/5a4ad472-16d5-478a-b370-96cdb44601b1.png "Hernán Medrano Marin")
Hernán Medrano MarinEntre las regiones de Ica, Ayacucho y Arequipa hay una zona donde la ley no existe. Es un lugar controlado por mineros ilegales e informales que se enfrentan por el control de estas tierras ricas en oro, cobre y otros metales.
Esta inmensa y agreste área del sur del país fue escenario de un brutal enfrentamiento que ha dejado al menos 14 muertos. Siete cuerpos fueron hallados ayer en el sector Huanaquita de Atico (Caravelí, Arequipa) y los siete restantes fueron hallados la semana pasada.
Según las autoridades, el enfrentamiento ocurrió entre el 1 y 2 junio. En tanto, familiares de los mineros indican que desde entonces hay 12 desaparecidos.
Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, las muertes tienen su origen en la disputa de terrenos entre los mineros de Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa Intigold Mining S.A.
La policía detuvo preliminarmente a 31 personas, quienes fueron trasladadas a la comisaría de Atico. En la intervención se incautaron armas de fuego, municiones, cajas de cartuchos, cacerinas, entre otros artículos.
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Según la hipótesis fiscal, existiría una organización criminal que habría contratado personal para ejecutar un violento desalojo de mineros informales.
Máximo Franco Becker, presidente de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, dijo a El Comercio que este tipo de enfrentamientos se producen desde hace varios años en Atico. Señaló que las autoridades no han tomado con seriedad este problema.
“Solo en Calpa [Atico] hay cerca de 1.500 mineros artesanales, la mayoría en proceso de formalización”, precisó y luego acusó a Intigold Mining S.A. de haber “contratado gente para que los desaloje de las tierras concesionadas”.
Recordó que en los años 2018 y 2020 ocurrieron enfrentamientos que dejaron desaparecidos y muertos. “Convoco a las autoridades para que resuelvan este conflicto de forma urgente”, dijo.
El abogado de Intigold Mining S.A., Frank Melo, descartó que la empresa haya estado involucrada en los asesinatos y responsabilizó de lo ocurrido a la asociación Calpa Renace. “El 1 de junio mineros de Atico Calpa irrumpieron en nuestra mina, lo que produjo el conflicto con Calpa Renace. Este último ha sido denunciado por organización criminal, usurpación de tierras, entre otros delitos. Ambos se enfrentaron por el control de terrenos que no son suyos. Nosotros no somos los agresores”, señaló.
Melo dijo que hasta el momento la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales no cumplen con desalojar a estos grupos de su propiedad a pesar de haber una orden.
Pugna por el oro
Los hechos de violencia que giran alrededor de la extracción ilegal de minerales no son exclusivos de Atico. La tarde de ayer se produjo otro enfrentamiento armado entre policías de la comisaría de Palpa y delincuentes en el sector de Saramarca, en Ica. La Policía Nacional informó que esto ocurrió cuando se dirigían a las instalaciones de la minera Inversiones LW&W E.I.R.L y Concesión Mi Buena Suerte. Un agente resultó herido.
El analista político Iván Arenas explicó que entre la zona sur de Ayacucho y Ocoña, en Arequipa, existe un área tomada por mineros ilegales debido a su riqueza en zinc, cobre, escandio y sobre todo oro. “Hay una fiebre por el oro. Se trata de una zona dominada por la minería informal. Es un sector muy agreste, desde Pausa, en la provincia ayacuchana de Páucar del Sara Sara, hasta Ocoña”, precisó.
Ángel Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, comentó que pese a que años atrás estos grupos de mineros ilegales iniciaron el procedimiento de formalización, este no ha concluido. “Corresponde que el Ministerio de Energía y Minas defina una estrategia de intervención, pues muchos de los enfrentamientos son por delimitación de predios”, dijo.
Acciones
- El alcalde de Atico, Milton Medina, pidió que se intervenga la zona con personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
- Se ha activado un comité de prevención de conflictos liderado por el prefecto de Arequipa para entablar diálogo, dijo la defensoría.
- Familiares de los mineros desaparecidos y muertos bloquearon ayer la Panamericana Sur en Atico. Piden la presencia del ministro del Interior y del Ejército.
AREQUIPA: 7 de 14 fallecidos fueron acribillados durante enfrentamiento minero en Atico. EC
Sigue sangrando Arequipa: Atico en emergencia por conflicto minero y 14 fallecidos. La República
Paro de transportistas: saqueos, bloqueos y muertes en una caótica semana en Lima, Ica y Huancayo
Las manifestaciones en diversos puntos del país vienen acentuando la crisis social y política que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo. Las protestas en regiones van dejando al menos cinco muertos.
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El paro de transportistas de carga y agricultores cumplirá dos semanas y, durante el martes 5 y el miércoles 6 de abril, se vivieron los momentos más críticos en Lima Metropolitana e Ica con protestas contra el gobierno de presidente Pedro Castillo, mientras al séptimo día en Huancayo se instaló una mesa de diálogo que fue encabezada por el jefe de Estado.
El desabastecimiento y la falta de algunos productos básicos ya no eran los principales problemas en los últimos días, pero continuaron los bloqueos de las vías, enfrentamientos con la Policía y saqueos, que hasta el momento vienen dejando varios detenidos, heridos y por lo menos cinco muertos.
Paralización nacional en todas las modalidades de transporte
El lunes 4 decenas de pasajeros y conductores en Lima y otras regiones se vieron afectados por el paro nacional anunciado por Geovani Diez Villegas, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), quien convocó la semana pasada a que ningún servicio de transporte público, turístico, de taxis y hasta mototaxis saldría a trabajar ese día.
La justificación de la medida, según Diez Villegas- promotor del taxi colectivo– se basaba en las declaraciones del presidente Pedro Castillo – “Han sido pagados algunos dirigentes y cabecillas” – que movilizaron a cientos de personas en Huancayo. Sin embargo, el último fin de semana ya el jefe de Estado había ofrecido sus disculpas por sus expresiones y además tras la firma de actas entre Gobierno, transportistas y agricultores, se levantó el paro por cinco días (hasta el jueves 7) en la citada ciudad de la región Junín.
En la capital, aquel día de la protesta nacional, se reportó la toma de un tramo de la carretera central en Lima, enfrentamientos con la policía en Santa Clara, agresiones a transportistas que no se acataron el paro en Manchay, quema de llantas en Vía de Evitamiento, la destrucción de una garita de peaje en Casaracra (Yauli) y el bloqueo en vías de Piura, Amazonas, San Martín, Ica y Ucayali.
También se reportó el saqueo de dos minimarkets de dos grifos en Ica. Los establecimientos estaban situados en el distrito de Subtanjalla y en el Km 301 de la Panamericana Sur.
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Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm) informaron que las clases escolares presenciales quedaban suspendidas en colegios estatales y privados.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó la noche del lunes que se llegó a un acuerdo con la Federación de los Autos Colectivos del Perú para suspender la protesta. Wincler Delgado, vocero nacional de ese gremio, señaló que el Gobierno se comprometió a publicar el reglamento sobre la formalización de los taxis colectivos.
Esta norma fue publicada la noche del martes 5 de abril y es de carácter regional, provincial e interdistrital y “no aplica para Lima y el Callao”.
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5 de abril: toque de queda, protesta multitudinaria, saqueos y violencia
La situación que aún no tenía visos de terminar escaló cuando el gobierno de Pedro Castillo decretó la orden de inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Lima y Callao en las últimas horas del lunes para ser aplicada durante el martes 5, lo que agudizó la crisis política y social. La respuesta a la medida fue la marcha masiva de ciudadanos hacia el Congreso y contra el jefe de Estado, pero que culminó con saqueos y daños a la propiedad privada en el centro de la capital a manos de vándalos.
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Por la tarde, el presidente Pedro Castillo, informó durante una reunión con la Junta de Portavoces del Congreso que el Gobierno daría marcha atrás con la inmovilización social, pero la medida no se hizo efectiva pues solo culminó su vigencia a las 11:59 p.m.
En tanto, un grupo de vándalos aprovechó las manifestaciones que se realizaron contra el gobierno de Pedro Castillo en el Centro de Lima para causar destrozos en distintos puntos de la capital. Tanto la propiedad pública como privada quedó seriamente afectada.
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Los ataques ocurrieron en las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, estación Colmena del Metropolitano. Además, se reportaron destrozos en la iglesia Concepción, dos tiendas Tambos, cajeros y sede AFP Prima.
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que 18 personas fueron detenidas durante disturbios suscitados el 5 de abril. Los sujetos serán denunciados por el delito contra la tranquilidad pública.
Por su parte, el Ejecutivo justificó el toque de queda de un día en Lima y Callao al señalar que había información de “movimientos y actos vandálicos generalizados” que se iban a perpetrar en la capital.
Vídeo recomendado:
PROTESTAS CONTRA CASTILLO: Manifestantes queman contenedor en exterior del Poder Judicial. RPP Noticias
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Manifestantes realizaron saqueos y daños a la propiedad pública y privada, durante la marcha convocada para protestar contra la inamovilidad decretada por el gobierno.
Violencia en Ica
Los violentos enfrentamientos registrados el miércoles 6 de abril en la región Ica entre la Policía y grupos de manifestantes que acatan un paro y bloquean el tránsito en la carretera Panamericana Sur dejó una persona fallecida y heridos entre policías y civiles.
El fallecido identificado como Jhony Quinto Contreras, perdió la vida en la zona de Expansión Urbana, a la altura del kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en el ingreso al distrito de Salas-Guadalupe, provincia de Ica. Incluso se reportó la retención de dos suboficiales que luego fueron liberados tras una breve tregua que permitió el desbloqueo de la Panamericana Sur por dos horas, pero después nuevamente el tránsito vehicular fue restringido.
El Frente Policial de Ica informó que la mayoría de agentes heridos presentan policontusiones en diversas partes del cuerpo y cortes en la cabeza. No obstante, uno de los policías tiene fractura de cráneo y su diagnóstico es reservado.
El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, viajó a Ica y dispuso el traslado de 203 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) “para restablecer el orden público y velar por la integridad de la ciudadanía”.
Por su parte, el Ministerio Público de Ica informó que, a través de las fiscalías penales de turno, realiza diligencias urgentes debido al paro de transportistas, iniciado el lunes 4 de abril.
Tras una reunión de representantes del Ejecutivo con los manifestantes se logró que desde el jueves 7 de abril y hasta la fecha la Panamericana Sur esté liberada.
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Paro en Ica: se reporta un fallecido y 11 heridos por los enfrentamientos (2/2). 24 Horas
El presidente Pedro Castillo viajó el jueves a Huancayo (Junín), cuna de Perú Libre, para liderar una sesión de descentralizada del Consejo de Ministros, tras las protestas de transportistas de carga pesada y agricultores. Esto, luego que el fin de semana pasado, en el quinto día de las protestas la situación se desbordó y se registraron enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques a la propiedad pública y privada.
Durante su intervención en la reunión del coliseo Wanka, el jefe del Estado ofreció sus disculpas a la ciudad de Huancayo y a Perú si hubo alguna expresión de su parte mal entendida, y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos durante las manifestaciones registradas en los últimos días.
En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo una cuestionada mención al dictador nazi Adolfo Hitler, que provocó una serie de críticas y reacciones del Congreso, instituciones y otros personajes de la política. En otro momento, el primer ministro se disculpó por decir que la policía no era “eficiente” en el manejo de los recientes conflictos sociales.
Entre los compromisos que el Ejecutivo afirmó cumplir en Huancayo figuran: las normas que fomenten el uso de leche fresca en la elaboración de leche evaporada nacional y reestructuración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Además de impulsar la agricultura familiar a través del empleo de guano de isla y la realización de compras directas a agricultores, con motivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
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Marcha del Sutep y CGTP
Decenas de miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y otros gremios recorrieron el jueves por la tarde las calles del Centro de Lima y regiones para exigir al Gobierno el aumento del salario mínimo y el cumplimiento de la Agenda 19, a fin de frenar el alza del costo de vida, entre otras demandas.
En Arequipa, La Libertad, Cusco, Huancavelica, Junín, Ucayali y Loreto también se vivió similar panorama, ya que gremios regionales salieron a marchar.
Todo se desarrolló con normalidad y no se registraron incidentes de violencia, como en anteriores marchas de esta semana. Los manifestantes estuvieron alertas de que ninguna persona revoltosa se infiltre en la marcha y genere disturbios.
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Fallecidos
Hasta el momento se reportan cinco fallecidos (3 en Huancayo, uno en Huánuco y uno en Ica) en lo que va el paro de transportistas, trabajadores agrícolas y otros gremios.
A la fecha los fallecidos en Junín son un adolescente de 13 años, la profesora Candy Magaly Hinostroza de la Cruz, y el ciudadano Jorge Maldonado Landeo (82). En Huánuco fue reportado el deceso del joven Alexander Trujillo Nolasco (18), mientras en Ica, la Policía confirmó la muerte del agricultor Jhony Quinto Contreras.
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Imagen de lo que fue el paro de manifestantes en Huancayo | Foto: Adriano Zorrilla @photo.gec
Ica: Ciudadanos quedan a la deriva tras paro de transportistas «No tenemos comida»
Cinco muertos dejan las protestas contra el Gobierno
Una comitiva del Ejecutivo, integrada por seis ministros, firmó un acuerdo parcial con algunos grupos de transportistas y agricultores en Huancayo para suspender el paro por cinco días, pero la crisis no se ha solucionado. Y pese a que la población exigía su presencia, el presidente Castillo no acudió a la zona del conflicto.
El Gobierno confirmó la muerte de cuarto personas durante las protestas en Huancayo contra la gestión del presidente Pedro Castillo que se desbordaron y derivaron en violentos enfrentamientos con la Policía.
“La Policía ha manejado con mucho tino para evitar el costo social. Sin embargo, se han producido tres muertes, pero no por la Policía, sino dos por accidentes de tránsito y una de un niño que se ha caído al río”, alegó el ministro del Interior, Alfonso Chávarry.
El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, confirmó a una cuarta víctima identificado como Jorge Maldonado, un maestro que murió debido a que no pudo asistir a su diálisis por al bloqueo de vías.
El quinto fallecido lo confirmó Ricardo Chavarria, gobernador regional de Lima, quien precisó que la víctima se trasladaba en una ambulancia que no podía pasar por el paro, a la altura de Huaura en la panamericana norte.
Por su lado, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, lamentó las muertes. “Estamos conversando con la Fiscalía para que hagan las autopsias lo más pronto posible y se establezcan en las investigaciones la responsabilidad sobre todo en el caso del niño”, comentó.
El ministro Chávarry indicó además que hubo 15 policías heridos y 22 civiles detenidos durante las protestas, debido a los saqueos y destrozos que se registraron en Huancayo, tanto en propiedad pública como privada.
La falta de capacidad del Estado ha convertido a la violencia en un mecanismo de negociación válido.
La tregua de cinco días
Tras la violentas protestas del viernes en la capital de Junín, el Gobierno acordó una tregua de cinco días con un grupo de transportistas y agricultores, en medio de una tensa y dividida mesa de diálogo que se instaló en el coliseo Wanka de la ciudad de Huancayo, que contó con la presencia de seis ministros, pero no del presidente Pedro Castillo, como exigía la misma población huancaína.
Sin embargo, el mandatario optó por irse a la región San Martín en plena crisis en Junín, donde la tensión, pese a la tregua, continúa. Para este lunes 4, un grupo de transportistas convocó a una paralización nacional en todas las modalidades y varias comunidades de Junín desconocen los acuerdos firmados.
Lo que sí tuvo que hacer Castilo fue pedir disculpas –a medias– por sus declaraciones en las que acusó, sin pruebas, a los promotores del paro de ser “vendidos”, lo desencadenó el estallido de violencia, en un contexto en el que cada vez se hace más evidente que los ciudadanos no tienen cómo exigir que se atiendan sus necesidas y problemas frente a un gobierno que no parece tener la capacidad ni el interés para resolverlos.
“Quiero aclarar al país y quiero aclarar a los compatriotas que, cuando me dirijo al pueblo peruano y en algunas de esas declaraciones ha habido un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo; las tengo que hacer mil veces, porque jamás tengo malas intenciones”, dijo.
Los acuerdos
Pese al climade tension y ausencia del presidente Castillo, los ministros lograron acuerdos parciales con ciertos grupos de transportistas y agricultores en huelga por el alza de los precios de los combustibles y los fertilizantes, entre los que destacan:
– Reducir temporamente, en un 90%, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del combustible.
– Presentar un proyecto de ley al Congreso para exonerar, por tres meses, del pago de IGV a la cadena de producción de alimentos de la canasta básica (pollo, huevos,harina y fideos, entre otros).
Para el exministro de Economía Alonso Segura las medidas transitorias son adecuadas para una crisis como que se vive ahora, tanto en el plano nacional como internacional.
“Estos no son tiempos normales en términos del impacto a los precios. La situación ya era complicada en algunos mercados, en algunos bienes y servicios, a raíz de la pandemia. Pero a esto se sumó el conflicto entre Ucrania y Rusia. El sector energía y otros mercados, como el del trigo y el del maíz, han sufrido subidas importantes. No es una subida por demanda, es un fenómeno exógeno”.
Alonso Segura, exministro de Economía
Sin embargo, el impacto de las medidas transitorias anunciadas será maginal, porque la subida de precios es muy fuerte. “En algo ayudará”, dice Segura.
Sobre la exoneración del IGV a los alimentos de la canasta básica, el exministro sostiene que, en el caso concreto del pollo –la principal carne de consumo en los hogares–, la medida podría podría ayudar a bajar la tercera parte del alza.
Fuente: Vigilante
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Las causas de los conflictos sociales en el Perú se encuentran en las desigualdades sociales. El desarrollo económico desigual trae consigo una disparidad de objetivos entre los sectores públicos y privados. Por ello, los proyectos de empresas privadas suelen chocar con las convenciones de pueblo atrasados.
La situación es compleja debido a que los sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, contradictorios, creándose una situación que ha derivado en violencia.
Considero que una estrategia de resolución del conflicto se basaría en renovar los esfuerzos por abrir y mantener espacios de diálogo en todo el país; empleando profesionales para llegar a acuerdos, además de mejores prácticas en transformación de conflictos.
Gracias por el comentario, éxitos profesionales.
El Gobierno solo agrava los problemas y alimenta el enojo de la gente. Es una clara confesión de incompetencia. Se está vacando solo. El presidente entiende que gobernar es, básicamente, repartir partes del poder que tiene. Es decir, sectores o responsabilidades del gobierno entre los distintos grupos que, por distintas razones, lo rodean o le son actores a los cuales tiene cerca. Es una presidencia donde hay improvisación, falta de transparencia y desorden para guiarse en grupos de referencia que le permitan elegir bien a sus funcionarios. Lo primero que hizo al asumir su cargo fue repartir cargos a sus allegados.
Gracias por tus comentarios. El mejor de los éxitos en tu escenario profesional.
Siendo un pais minero se prevee que exista minería informal, pero esto esta desde hace tantos años que nos hemos dado cuenta que el pais no hace mucho para detenerlo, aparte de contaminar, la minera ilegal también es sede de otros actos ilícitos como la trata de mujeres, especialmente de la zona andina, donde se aprovechan de la ingenuidad diciendo que irán a trabajar. Las minerías formales proveen a los pueblos cercanos de carreteras, colegios, hospitales, entre otras cosas que ayudan a la comunidad, y tratan de contaminar en lo mínimo a la naturaleza. Esperemos pues que los mismos gobiernos regionales puedan solucionar este enorme problema que se tiene, y que el gobierno peruano ponga de su parte para que estas mineras informales que no aportan ni a la economia ni a la sociedad a desaparecer.
Gracias por el comentario, éxitos profesionales.
Realmente es preocupante. En su mayoría se trata de conflictos socioambientales, comunales y de asuntos de gobierno nacional, regional y local donde se aprecia el descontento de la población. Un claro ejemplo son los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades afectadas han estado principalmente vinculados a impactos ambientales, a disputas territoriales, a violaciones de los derechos humanos así como a una falta de cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Gracias por su comentario, éxitos profesionales.
Los diferentes conflictos que han ido surgiendo o arrastrando desde años anteriores, está teniendo un impacto negativo en la economía nacional del país. Con todos los conflictos mencionados en este artículo se puede encontrar la gran importancia de tener un gobierno que tenga capacidad de negociación, de encontrar el punto medio entre los intereses de las comunidades campesinas y de las empresas privadas, donde actualmente este gobierno carece de esta virtud y es por eso que se refleja todos los acontecimientos mencionados en este artículo. Desde el lado del gobierno, ya se puede reflejar debilidades en la legislación legal y en la operatividad de la policía nacional o las fuerzas armadas para hacer frente a la minería ilegal donde viene perjudicando al ecosistema natural de las amazonas condenando así a las futuras generaciones en la obtención y riqueza de los recursos naturales del país. Los conflictos siempre estarán presentes en toda sociedad ya que entra en juego los intereses propios de todos los participantes por eso es importante tener un estado conciliador, mediador donde brinde los mejores espacios para el diálogo y reestructure todo el plan que ha estado ejecutando para hacer frente a estas problemáticas que se ha mencionado en el artículo como la minería ilegal.
Gracias por su comentario, éxitos profesionales.
Sin duda el problema de las minas afecta a nivel nacional, por dias se pierden millones de dolares, las minas mencionadas han aportado todo lo que se le ha exigido en estos años, pero con este nuevo gobierno que en vez de apoyar solo les da la espalda, se han visto envueltos en conflictos sociales de los cuales ahora tienen que seguir dando mas dinero para solucionarlo, pero aun asi el pueblo no esta contento. Las personas deben entender que estas minas traen muchos beneficios a su comunidad, y es cierto que algunos comuneros mas bien utilizan estos metodos de huelgas y bloqueos para que la empresa se vea presionado ante alguna demanda que hayan pedido. El gobierno debe de mejorar muchas cosas para que los conflictos no pasen a mayores y se deje de perder tanto dinero en el pais, mas que nada esto solo ocasiona que no haya inversiones extranjeras.
Gracias por su comentario, éxitos profesionales.
Este articulo nos hace tomar conciencia sobre la realidad que se vive en nuestro país, donde las malas gestiones, decisiones y acciones de nuestros lideres políticos generan incertidumbre y rechazo por parte de distintos sectores en la población y por consecuente llegamos a lo que aquí se menciona, como las huelgas, paros, actos de vandalismo y entre otras cosas. Y no solo en Lima, como vimos con las manifestaciones, sino también en provincia como se menciona en Huancayo e Ica, y definitivamente las cifras que presenta la Defensoría del pueblo son alarmantes.
Es un tema muy amplio no solo para reflexionar sobre lo ya pasado, sino también para hacer una mirada al futuro y empezar a trabajar en ese cambio que tanto necesita en nuestro Perú.
Gracias por su comentario, éxitos profesionales.
La minería es el sector más importante en la economía peruana, pero también es uno de los principales conflictos sociales que tiene nuestro país. Los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades afectadas han estado principalmente vinculados a impactos ambientales, a disputas territoriales, a violaciones de los derechos humanos así como a una falta de cumplimiento de las políticas de responsabilidad social corporativa. También tenemos otros sucesos como son las protestas, marchas, paros, huelgas en distintas partes de nuestro país, que se dieron por las pésimas decisiones que tomó el gobierno, que solo reflejaban un beneficio propio. Estos conflictos ocasionan que el país no avance y no se desarrolle.
Gracias por el comentario, éxitos profesionales.
Actualmente, la minería encabeza lista de conflictos sociales en Perú, los cuales lamentablemente son conflictos que hasta el momento no se logra ni siquiera la base para una solución como es el caso de la minera Cuajone. El grave problema es que la agenda de los trabajadores mineros está cada vez más divorciada de la agenda y demandas de las comunidades, por lo que no se llega a un acuerdo. Lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Por tales motivos, ejecutivos en Perú que manejan algunas de las minas de cobre más grandes del mundo están perdiendo la pizca de fe que tenían en la capacidad del presidente izquierdista Pedro Castillo para impulsar al sector, a pesar de que realizó un giro moderado a sus propuestas radicales. Sin embargo, a pesar de que el clima en el sector luce ensombrecida, aun se pueden empujar los grandes proyectos, pero se requiere un giro de actitud. Esto se puede demostrar que, a pesar de las tensiones, al menos tres grandes minas en Perú, incluida Las Bambas, están cerca de finalizar planes de expansión, aunque las perspectivas parecen mucho más nubladas. Por lo que el gobierno de una vez por todas debería generar estabilidad, agilizar los permisos y potenciar las oficinas de resolución de conflictos sociales.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
Este artículo nos recuerda a todos los peruanos como es nuestra triste realidad y bueno vemos también que está acompañado de datos alarmantes. El gobierno que tenemos actualmente no tiene una buena gestión, ni siquiera es buena, carece de verdaderos gestores con vocación de servir. El gobierno de Pedro Castillo es un claro ejemplo, solo ve sus propios intersés y piensan que pueden lucrar con el país. Dando por consecuencias tristes escenarios como la inseguridad ciudadana a un nivel preocupante. Que uno tiene miedo de salir de su domicilio.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
En el artículo podemos apreciar como una mala gestión y un mal manejo del estado puede generar tanta importuno en nuestro país, tanto con fallecimientos de personas, huelgas , paralizaciones, matanzas, etc. Estos conflictos generan un retraso en nuestro país el cual no permite que se pueda avanzar tanto en el ámbito social, económico y estos logran generar falta de producción e exportación de productos ya que las personas encargadas andan defendiendo sus derechos y lo mejor para ellos. Estos conflictos sociales deberían ponerle un alto ya que si sigue así aumentará la crisis la cual se está generando. Espero que pronto se mejore para que el vandalismo se siga saliendo con las suyas con la mala gestión de este gobierno.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
En definitiva un extenso relato en que concierne la actual situación de nuestro país. En dónde nuestro actual presidente está llevando a la ruina económica y social a nuestro país, con pésimas decisiones, coludido por los suyos, buscando beneficios propios, sin importarle el sufrimiento del pueblo.
Todo esto se ve reflejado en las diversas manifestaciones, marchas, en diversos puntos del país que vienen incrementando la crisis social y política que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo.
Además el vandalismo no cesa, aumenta día a día, las muertes son de nunca acabar, pues este gobierno no hace nada al respecto para detener está situación.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
EL Articulo en línea con su estrategia de sustentabilidad ha registrado una mejora continua en sus principales indicadores de sustentabilidad. En materia de seguridad, redujeron la tasa de accidentes de personal propio y contratistas en un 22% en los últimos tres años. En lo concerniente a los principales indicadores ambientales, sus emisiones Alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero se han reducido en más de 10% mientras que la eficiencia en el consumo del agua fresca en las concentradoras ha aumentado un 4% en el mismo periodo.
En materia social, se ha triplicado la población atendida a través de sus programas comunitarios, mientras que continúan reforzando los mecanismos de escucha y atención de preocupaciones. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 219, correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 205 conflictos sociales registrados (151 activos y 54 latentes). El documento indica que en dicho período se solucionaron cuatro conflictos, tres a través del diálogo. Todo un récord con niveles de bajo crecimiento y niveles de pobreza y desempleo bastante altos.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
Me gusta encontrar en las lectura claves para afianzarse con rentabilidad y la SCCC logro algo muy importante en sacarle algo de oportunidad a la crisis. En línea con su estrategia de sustentabilidad, han registrado una mejora continua en sus principales indicadores de sustentabilidad. En materia de seguridad, redujeron la tasa de accidentes de personal propio y contratistas en un 22% en los últimos tres años.
En lo concerniente a los principales indicadores ambientales, sus emisiones Alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero se han reducido en más de 10% mientras que la eficiencia en el consumo del agua fresca en las concentradoras ha aumentado un 4% en el mismo periodo.
En materia social, se ha triplicado la población atendida a través de sus programas comunitarios, mientras que continúan reforzando los mecanismos de escucha y atención de preocupaciones.
Considero que las lecturas son excelentes para un analista de negocios en cuanto a aprendizaje se refiere.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Es alarmante las cifras a las que nos lleva este impresentable presidente que no ha llevado a un desgobierno. Southern Copper Corporation (SCC) presentó su reporte trimestral de producción en el que informó que la producción de molibdeno disminuyó 1.5% en los primeros tres meses de este 2022 comparada con el mismo periodo del año anterior, debido a una menor producción en las minas de Cuajone (Moquegua, Perú) y La Caridad (Sonora, México). Los precios de los metales deberíamos aprovecharlos pero la inoperancia de los ministros y de un mandatario que no sabe donde esta parado no está llevando al descalabro económico. Encima malcriados y agresivos quieren quedarse en el poder como todo como todo gobierno comunista.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Excelente narración del Dr. Vivas sobre la problemática que aborda. En 46 años de funcionamiento, Cuajone nunca había paralizado sus operaciones más allá de ajustes técnicos y sucesos extraordinarios. La parada violenta que sufrieron entre el 28 de febrero y el 20 de abril, debido al bloqueo de su línea férrea y, sobre todo, a la toma del reservorio de Viña Blanca que dejó sin agua a mina y campamento; es calificada por el CEO de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Raúl Jacob, como “una extorsión”. Le pregunté a Jacob si tiene una explicación sobre el despertar de esta radicalidad de las protestas y admite no tener una teoría y se inclina a pensar (aunque no hay pruebas al canto y no es tarea de la empresa generarlas sino del Estado) que hay algún activismo antiminero influyendo en la comunidad. Un conflicto fomentado por gente cercana a Perú Libre y su gabinete extremista lleno de incapacidad que incluso defrauda a los mismos comuneros y trabajadores mineros por la ignorancia del presidente Castillo que nos avergüenza ante la comunidad internacional cada vez que habla. Un artículo que me barió los ojos ante la problemática nacional.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Recién comprendo algo del problema de Cuajone en cuya comunidad hay 477 comuneros inscritos y alrededor de 850 habitantes, una población menor que los aproximadamente 5 mil, entre trabajadores, sus familias e independientes que habitan el campamento de Cuajone. La mina que produce el 7% de las exportaciones nacionales de cobre y que, según sus propias estimaciones, ha perdido alrededor de S/.200 millones por el conflicto; tiene que entenderse con una sola comunidad de menos de mil habitantes. No parece demasiado difícil pero lo es cuando el Estado es un carrusel de autoridades inestables. Las demandas de la comunidad ha dejado perplejos a los trabajadores mineros que quieren trabajar y la comunidad le ha cerrado el agua de la laguna. Una medida que desde el gobierno es respaldada para no ser ingenuos. Este gobierno de Castillo no esta quebrando económicamente en forma sistemática, solo les interesa la corrupción para enriquecerse extremista. Nos gobierna una red criminal.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Los conflictos ambientales han dejado este saldo: 12 personas (2 civiles y 10 policías) resultaron heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y comuneros de Huancuire en Apurímac, quienes mantienen un conflicto con la empresa minera Las Bambas. Igualmente, los enfrentamientos entre las comunidades campesinas Huancabamba y Cceuñahuran en Apurímac, tuvieron como resultado 13 comuneros heridos.
En mi concepto no precisa la Defensoría del Pueblo el número de víctimas de aproximadamente 20 muertos en la gestión de Pedro castillo como puede verse en los vídeos cuyas informaciones tienen cifras reales.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Los comuneros azuzados por elementos políticos extremistas presionan a los comuneros a medidas radicales contra la propiedad privada y toman medidas antimineras. Southern Perú teme que los comuneros de Tumilaca vuelvan a bloquear Cuajone. Estos dicen que su pedido de $5 mil millones es negociable, pero no aceptan la contrapropuesta de la empresa.
Estamos perdiendo mucho dinero para las arcas fiscales ya que el Perú es un país mineros.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Este mapeo de conflictos sociales como administradores nos sirve como hija de ruta para nuestras inversiones. Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.2 %.
Excelente reporte.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 219, correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 205 conflictos sociales registrados (151 activos y 54 latentes). El documento indica que en dicho período se solucionaron cuatro conflictos, tres a través del diálogo. Todo un récord con niveles de bajo crecimiento y niveles de pobreza y desempleo bastante altos. Responsabilidad del incapaz Pedro Castillo, cuyo desgobierno lo lleva a la deriva sin saber nada de administración pública.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales
Gracias por brindarnos información de relevancia nacional en un gobierno incapaz y sumamente conflictivo que no esta hundiendo en un caos extremista donde el terror lo quieren imponer a toda costa.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales