Presupuesto 2025: ¿Deberían ‘premiarse’ a los gobiernos regionales con mejor ejecución?
Según cifras de Consulta Amigable del MEF, existen siete que han ejecutado menos del 50%. En opinión de especialistas, existen problemas en las capacidades en los gobiernos subnacionales.
A falta de tres meses para el cierre del año, solo tres gobiernos regionales han alcanzado el 70% de ejecución del presupuesto asignado para proyectos. Por el contrario, siete autoridades regionales han ejecutado menos del 50%. En medio de este escenario, el Congreso de la República debate la Ley de Presupuesto 2025 que delimitará la repartición de nuevos recursos para los gobiernos del interior del país.
Entre las tres regiones con mejor ejecución se encuentran Junín, donde su gobernador Zósimo Cárdenas aseguró que el Congreso debería considerar la priorización de proyectos en la Ley de Presupuesto 2025 de acuerdo con los resultados de ejecución presupuestal. “Caso contrario sería una forma de premiar al que no tiene capacidad y castigar a quien ejecuta mayor presupuesto”, refirió.
Según recordó Cárdenas, en años anteriores se daban recursos adicionales como incentivos a la buena ejecución, pero esto no se ha dado en este 2024. “Se deben dar recursos en cumplimiento a objetivos de un presupuesto por resultados y establecer mecanismos legales y administrativos para la asignación oportuna de partidas presupuestales”, añadió.
En la misma línea se mostró el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien también registra una ejecución superior al 50% en proyectos. “El Congreso debería enfocar la distribución de presupuesto en función de los resultados obtenidos. Esto impulsaría una gestión más eficiente, recompensando a los gobiernos regionales que ejecuten mejor sus recursos y promuevan la mejora continua de sus indicadores, lo que contribuiría a un desarrollo más equitativo”, apuntó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Mecanismos bajo análisis
Para el exministro de Economía, Carlos Oliva, si bien el mecanismo de presupuesto por resultados puede ser visto como positivo, no tiene como objetivo incrementar la ejecución sino que busca es mejorar la eficiencia del gasto.
“La otra práctica que existe hoy es la entrega de un bono a quienes ejecutan más. Eso, técnicamente, no es la metodología de presupuesto por resultados. Esta herramienta, particularmente, no me parece positiva”, aseveró.
Oliva considera que, en algún momento, se utilizó como incentivo. “Cuando fui ministro, también recibí esas propuestas de los gobernadores. Pero no consideramos estas herramientas porque estaríamos premiando a las entidades por lo que es su trabajo”, dijo.
No obstante, Oliva sí se mostró a favor de mecanismos que prioricen los proyectos de los buenos ejecutores. Algo que, líneas más arriba, comentó el gobernador de Junín.
Otro mecanismo que tomó como positivo son los incentivos a la ejecución que fijan objetivos. Mencionó el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Existe también un fondo de estímulo para el desarrollo que aplica el MIDIS donde se tienen que cumplir metas como reducción de anemia. Ahí sí tiene sentido. Lo que se debe premiar es el la entrega del servicio, no la ejecución de la plata. Se puede ejecutar la plata y no tener la obra hecha”
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Gobiernos de menor ejecución
Este Diario también buscó conversar con los gobernadores regionales que no han llegado a ejecutar el 50% o apenas sobrepasan esta valla de su presupuesto para proyectos, pero la mayoría evitó responder. No obtuvimos respuestas de las gestiones de César Acuña (La Libertad), Walter Grundel (San Martín), ni de Gilia Gutiérrez (Moquegua).
En el caso de la gestión de Acuña, figuran cuatro obras atrasadas en la base de datos de la Contraloría. Entre estas tenemos la rehabilitación de 15 kilómetros de la ruta Chinchango-Julcán, y la tercera etapa del proyecto Chavimochic.
Entre las gestiones que ocupan los puestos bajos, el único que se atrevió a contestar es Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque. Pérez aseguró que existen factores para tener en cuenta respecto a la baja ejecución como las “restricciones legales”.
“Dentro del presupuesto, S/ 20 millones corresponden a fondos del programa de Reconstrucción con Cambios (RCC), los cuales tienen restricciones legales que impiden su ejecución inmediata. Este candado legal afecta nuestro porcentaje de ejecución general”, dijo.
Asimismo, Pérez alegó que, según sus proyecciones, cumplirá sus metas para fin de año. “A pesar de los procesos en curso y la programación para los próximos meses indican que lograremos una ejecución presupuestal sólida, alcanzando un 90,4% al cierre del año”, aseveró.
El dato
El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, alegó que su proyecto de inversión más importante para este año será el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento La Libertad, ubicado en la provincia de Huancayo.
Mientras que el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, indicó que su proyecto más importante para este 2024 es la recuperación del servicio ecosistémico de control de erosión de suelos en las comunidades campesinas priorizadas, con un presupuesto de S/ 16 millones.
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Problemas múltiples
Para Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública, los problemas que hoy tienen los gobiernos subnacionales para ejecutar su presupuesto son múltiples. “Un tema importante son sus capacidades. A diferencia de lo que ocurre en los ministerios, tienen personas haciendo múltiples tareas en paralelo y sus contrataciones suelen ser un poco precarias. No encontrarás profesionales que cuenten con la capacitación necesaria para sus funciones”, acotó. También recalcó que entre las contrataciones no se prioriza el criterio técnico debido y algunas decisiones están politizadas.
“Otro aspecto adicional es que las transferencias que reciben llegan muy tarde. Las transferencias que les hace el gobierno llegan a lo largo del año. Cuando esto ocurre, el recurso que llega en la segunda mitad del año ya no se ejecuta, porque ni siquiera podrán hacer el proceso de selección. Algunos incluso piden al ministerio que ya no se transfieran los recursos porque no se podrán gastar y ‘saldrán mal en la foto’”, agregó.
Oliva coincidió con esta descripción y recalcó que la asignación, muchas veces, no sigue criterios técnicos sino discrecionales del Ejecutivo. “En junio o incluso después le inflan el presupuesto a los gobiernos regionales y locales. Dinero que a veces el mismo gobierno nacional no ha podido ejecutar. Ahí hay un tema que es responsabilidad del gobierno central. Las transferencias deberían desaparecer. Desde el 1 de enero, los gobiernos subnacionales deberían tener el dinero para poderlo gastar. La foto sale bonita para el ministerio porque ejecutó el 100%, pero el gobierno subnacional baja su nivel ejecución por el ingreso de nuevos recursos”, remarcó.
Otras soluciones
Tanto Oliva como Gaviño coinciden en que los problemas de la baja ejecución de los gobiernos regionales y locales no están necesariamente en la Ley de Presupuesto Público. Gaviño, por ejemplo, menciona que el cambio debe estar en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
“Esta ley no es anual, sino que se mantiene a lo largo del tiempo y define el ciclo presupuestario. Además, cada una de esas etapas del ciclo tiene una directiva específica. Creo que la reforma va más ahí, en las reglas del funcionamiento de la ejecución presupuestal, de cómo medir y analizar el gasto. Porque, al final, la Ley de Presupuesto define la entrega anual de recursos. Si priorizamos esa entrega anual y no vamos a temas más de fondo, no creo que veamos muchos cambios”
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Oliva, por su parte, se centró en la necesidad de implementar la Ley Servir en todo el Estado. “Es bien sabido hoy que el personal, al no estar dentro del Servicio Civil, rota con mucha facilidad. La mayoría de los contratos son temporales o tipo CAS. Por lo mismo que no es personal de carrera, no es personal capacitado. Hoy no hay una bala de plata para resolver el tema de la ejecución, pero una de las medidas más importantes es implementar la Ley Servir en todos los niveles de gobierno. Ese es uno de los más fáciles de identificar”, dijo.
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¿Qué está deteniendo las obras en Lima Metropolitana a cargo de las municipalidades?
El costo actualizado de los proyectos en comunas asciende a S/355 millones y se localizan en 18 distritos de la capital, según estudio de la Contraloría. Incumplimientos contractuales y falta de recursos son las causales más comunes en las demoras.
Por: Jorge Falen
La inversión estancada o que ha presentado serios retrasos en de Lima Metropolitana alcanza cifras significativas. Hasta finales de la primera mitad del 2024, unas 50 obras a cargo de municipalidades, con un costo actualizado de S/355,54 millones se encontraban paralizadas, según la Contraloría General de la República. Es decir, eran proyectos que aún no estaban concluidos y que no reportaban avances en los seis meses previos al momento de su evaluación.
La brecha de inversión afecta a 18 de los 43 distritos. Entre estos figuran el Cercado de Lima, Comas, San Isidro, Chorrillos, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Breña, La Victoria, Independencia, Lurín, Pueblo Libre, Lurigancho, Lince, Cieneguilla, El Agustino, Villa María del Triunfo y Ate. Las obras están a cargo de 17 municipios distritales, la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras tres empresas que dependen directamente de la comuna capitalina.
La Contraloría detalló a El Comercio que los factores más comunes en las paralizaciones son los incumplimientos de los contratos, la falta de recursos financieros y liquidez, así como las discrepancias, controversias o arbitrajes entre los municipios y los contratistas. Estos motivos están presentes en 27 de los 50 proyectos con retrasos. Las iniciativas más antiguas iniciaron trabajos, incluso, hace una década.
Entre los cinco proyectos con mayor costo actualizado figuran el mejoramiento de servicios culturales y deportivos en el parque Sinchi Roca, en Comas; el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en San Isidro; el mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad en Carabayllo; la construcción de la nueva casa de la juventud de San Juan de Lurigancho; y el mejoramiento del entorno urbano en la avenida Bausate y Mesa, en La Victoria. Estas cinco obras inconclusas representan un monto de S/229 millones.
Tema de fondo
¿Qué explica las fallas municipales al momento de adjudicar proyectos? Karla Gaviño, profesora en gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señala que los problemas van desde las especificaciones técnicas o términos de referencia para contratar que no son muy claros; el poco conocimiento del proceso de contrataciones del Estado que tiene el personal encargado de la selección; así como a la falta de filtros para saber a quiénes se les otorga la buena pro de una obra.
“Tienes un requerimiento municipal que no viene muy claro. No se identifica qué es lo que se necesita. Luego el personal del área de selección tiene conocimientos básicos en contrataciones. No es extraño que luego hayan consultas a las bases o se tenga que hacer aclaraciones, y eso toma su tiempo. Eventualmente, muchos procesos pueden quedar desiertos, que es algo que pasa en municipios”, explica.
La especialista añade que, si bien hay aspectos que mejorar en las normas de contrataciones, también hay un tema de incentivos para atraer al personal más calificado a los gobiernos locales. “Las municipalidades son, quizás, las instituciones que tienen menos recursos para atraer a las personas con conocimientos más avanzados para ocupar los puestos en áreas como infraestructura, inversión pública y presupuesto”, detalla.
Respuesta de los municipios
En conversación con El Comercio, la Municipalidad de San Isidro sostuvo que el contrato de la obra de mejoramiento del servicio de serenazgo en el distrito fue parcialmente resuelto debido a un arbitraje iniciado por la empresa a cargo del proyecto.
“La Municipalidad de San Isidro deja en claro que este proyecto fue presentado y ejecutado por la gestión anterior, y la actual gestión debía llevarlo adelante”, detalló.
Carmen Santillán, subgerenta de obras públicas de la Municipalidad de la Victoria, informó que a la fecha la comuna se encuentra reuniendo los recursos para culminar el mejoramiento de la avenida Bausate y Mesa, así como del jirón Hipólito Unanue. “Es una inversión muy grande, de S/20 millones , actualmente falta culminar S/4 millones y medio. Hemos cumplido con los diagnósticos situacionales, las partidas faltantes de ejecutar y luego pasaremos a la priorización con una resolución de alcaldía para programar los recursos para la ejecución de obra de ambas inversiones”, anota.
La funcionaria anunció, asimismo, que la actual gestión municipal priorizará la infraestructura de equipamiento. “La Victoria tiene un deterioro de más del 80% en pistas y veredas. Nosotros hemos tenido dos obras de mejoramiento en los jirones Sebastián Barranca y Luna Pizarro. En los saldos de obra hemos priorizado ejecutar para este año un reservorio en el parque inca Garcilaso para abastecer a todos los parques de La Victoria y el mejoramiento del complejo deportivo Matute.
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Juan Ricardo Ortega
CEO del Grupo Energía Bogotá
Grupo Energía Bogotá: “Colombia, que era el ejemplo de masificación del gas, se ha quedado sin gas”
Juan Ricardo Ortega, CEO del Grupo Energía Bogotá, explica porque su representada ha decidido pisar el acelerador de la inversión en el Perú.
Grupo Energía Bogotá (GEB), controlador de Cálidda y Contugas, ha decidido volcar sus inversiones hacia Perú y Brasil debido a las restricciones contra la industria de hidrocarburos que limitan el desarrollo del gas natural en Colombia.
“Colombia por tener una posición más basada en la ideología va a cometer costosísimos errores”, apunta Juan Ricardo Ortega, CEO del GEB, en esta entrevista.
—¿Cuáles son los objetivos y prioridades de GEB en el Perú?
La decisión de la junta directiva es que el Perú tiene prioridad. Hoy en día tenemos US$4.500 millones invertidos en este país, casi más de lo que tenemos en Colombia.
—¿Invierten más en Perú que en Colombia?
Perú representa un 40% de los ingresos del grupo. Reconocemos con enorme admiración y envidia lo que ustedes han logrado, manteniendo un norte por todos estos años. El ejemplo más claro es Camisea, que sacaron adelante a pesar de la oposición de todos quienes decían que se iba a destruir la Amazonía, contaminar los ríos y morir la gente. Lo que uno ve ahora es todo lo contrario: personas con dignidad por contar con un energético barato, que mejora la vida a todo el mundo.
"Colombia ya es deficitario en gas".
—Está claro que Camisea ha significado un antes y un después en la historia del Perú.
Uno ve clarísimo que tener energía a un precio económico hace toda la diferencia del mundo. Las familias se ahorran más de 50% y eso es plata para comer. Cálidda ya tiene a 8 millones de personas cubiertas con el servicio de gas natural y Colombia, que era el ejemplo de masificación del gas, se ha quedado sin gas.
—¿Tan pronto se ha quedado sin gas Colombia?
El próximo año Colombia ya es deficitario en gas, y hay diez millones de personas dependientes de este energético.
—Tenía entendido que en Colombia había reservas para 6 o 7 años. ¿Es menos que eso?
El próximo año tendremos necesidad de importar gas. El país tiene solamente 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas. Al ritmo actual de consumo, Colombia se quedará sin reservas en cuatro años. Se quedará con cero, sin gas alguno, y comenzará a importar desde el 2025.
"La visión de Colombia no está enfocada como en el Perú. Está enfrascada en una discusión que es emotiva, pero que no corresponde a la realidad del país".
—¿Colombia no está importando gas regularmente desde la planta de regasificación en Cartagena?
Sí, pero desde el próximo año ya se vuelve un problema estructural porque se usará para satisfacer la demanda regular y no solamente para emergencias en la época del Fenómeno del Niño. Colombia ya es deficitario en gas.
—Es increíble.
Es torpeza más que increíble.
—¿Pero, Colombia no tenía la esperanza de hallar gas en el off-shore? ¿Cómo va eso?
Según el mapa geológico del Caribe, que desarrolló Occidental Petroleum (Oxy), Colombia tiene la prospectiva para albergar uno de los proyectos más importantes de gas en el mundo. Precisamente, por estos días debía llegar a Colombia uno de los barcos más importantes de exploración, pero parece que el Ministerio del Ambiente ha bloqueado la licencia. La visión de Colombia no está enfocada como en el Perú. Está enfrascada en una discusión que es emotiva, pero que no corresponde a la realidad del país.
—¿Se refiere a la decisión del gobierno colombiano de limitar la exploración y explotación de hidrocarburos?
Colombia es un país con muy poca huella de carbono, que no ha contaminado mucho y que tiene un problema de pobreza, el cual se resuelve teniendo precios de los energéticos muy competitivos.
"Nosotros somos una empresa pública, entonces, tenemos que tener cosas muy seguras y el Perú, de manera muy consistente, se ha mantenido con unas reglas estables"
—¿Eso deja fuera al hidrógeno verde porque aún es caro?
No es caro, es inviable. Multiplica la inversión por cinco o seis. Eso que lo paguen los países ricos que ni siquiera están de acuerdo en desarrollarlo. Pero nosotros hemos tomado una posición muy dura e inflexible. Colombia por tener una posición más basada en la ideología va a acometer costosísimos errores.
—Otro país que también se está quedando sin gas es Bolivia, que también va a empezar a importar muy pronto.
Bolivia también se quedó sin gas. Estos sectores requieren, como ustedes lo han logrado, reglas claras por 20 o 30 años porque son negocios de muy lenta maduración. Yo sí les digo con enorme envidia, que ustedes han logrado mantener una claridad en ciertas cosas básicas.
—Durante todos estos años Colombia era el modelo para Perú. ¿Ya no lo es?
Era. Pero la falta de claridad, de no tener un foco y de no entender que la transición energética no es la misma que la de Estados Unidos y de Europa, nos está costando caro. La transición energética no es montar paneles solares o plantas eólicas que están de moda, sino reducir las emisiones de carbono de una manera que sea competitiva y viable económicamente. Y es lo que ustedes, de manera muy inteligente, han hecho con el gas.
—Dentro de todo lo malo que ocurre en el Perú sí se entiende que el gas es la bisagra para la transición energética.
Por eso el compromiso del grupo de continuar acá. Porque tienen coherencia y la han tenido por muchos años.
—¿GEB también invierte en el sector eléctrico en el Perú?
Allí tenemos el 50% con ISA REP. Ese fue el inicio, cuando empezamos a invertir en el Perú, y ustedes han mantenido los contratos idénticos en los últimos 20 años. Eso es lo que nos da tranquilidad. Nosotros somos una empresa pública, entonces, tenemos que tener cosas muy seguras y el Perú, de manera muy consistente, se ha mantenido con unas reglas estables. Y eso se retribuye con la decisión de la Junta directiva de invertir US$500 millones en Yapay (Consorcio Eléctrico Yapay), que es la última línea de transmisión que ustedes sacaron bajo convocatoria el año pasado.
—¿Esas son las inversiones que tienen a la vista?
Y US$500 millones más en Cálidda para expandir la cobertura de gas en la sierra (proyecto Siete Regiones). Entonces, vamos a estar invirtiendo más de US$1.000 millones en los próximos años.
—¿Las restricciones para desarrollar la industria del gas en Colombia abren esta oportunidad para invertir más Perú?
Sí. En Perú y en Brasil, que es un país que también tiene mucha claridad regulatoria y que está desarrollando más de 15.000 km de líneas de transmisión.
—¿Ha hablado de esas inversiones con autoridades del Minem?
Sí, nos hemos reunido con la viceministra de hidrocarburos, Iris Cárdenas. Una profesional que tiene las cosas claras, y eso nos da mucha ilusión.
"Si el precio (la tarifa del gas) en Siete Regiones es muy superior al de Lima, será muy difícil, política y socialmente, que (la industria) se desarrolle"
—¿Para qué se reunieron específicamente?
Hay varios temas. Uno es el proyecto Siete Regiones (para masificar el gas natural en la sierra). En este momento tenemos el apoyo de la junta directiva y de muchas fuerzas en el Perú. Y en esto precisamos ser proactivos. He sido funcionario público toda la vida y sé cómo son estos avatares. Hemos visto los intentos de buena fe que hizo en su momento Proinversión para licitar el proyecto, pero es que los números no dan. Es imposible que los números den.
—La falta de industrias en la sierra desanimó a los postores.
Es como el problema del huevo y la gallina. Allí tiene que desarrollarse la infraestructura primero con el precio correcto, pero el precio no va a ser el correcto si no hay un cierto nivel de armonización con Lima. Si el precio (la tarifa del gas) en Siete Regiones es muy superior al de Lima, será muy difícil, política y socialmente, que se desarrolle. Entonces, es mejor encontrar una solución que sea justa y equilibrada y que empiece a dar señales para que estas regiones tengan precios competitivos para atraer esas industrias.
—Ustedes proponen una fuerte inversión para lograr eso.
Va a ser más difícil y costoso. Será mucho más difícil trabajar en Cusco que en Lima. Solamente la arqueología va a ser un reto de padre y señor nuestro, pero es mejor ser parte de la solución que después vivir los problemas. Por eso, la junta directiva apoyó el seguir apostando de manera tan contundente por el futuro del Perú.
Incendios en la Amazonía: pequeños agricultores causan el 78% de la tala
Este porcentaje de pérdida de bosques corresponde al promedio del período 2001-2023 y tiene lugar en espacio de hasta cinco hectáreas. Además, los incendios forestales se multiplicaron casi nueve veces en dos décadas.
Los incendios forestales han puesto los reflectores sobre la Amazonía, pero no es un problema reciente: el número promedio de estos incendios al año se ha multiplicado casi nueve veces en las dos últimas décadas, al pasar de 29 a 254 entre los períodos 2004-2008 y 2019-2023. Es importante reconocer entonces que se ha avanzado poco en superar los desafíos para impulsar el desarrollo de la Amazonía y prevenir estas tragedias.
Tamaño de la economía
A pesar del enorme potencial en términos de superficie y diversidad productiva, las economías de la Amazonía son relativamente pequeñas. Las cinco regiones amazónicas (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali) representan el 51% del territorio, pero su aporte sobre el PBI apenas llega al 5%. Además, cuatro de estas cinco regiones se ubican en el tercio inferior del Índice de Competitividad Regional (Incore). En particular, Loreto acumula tres años en el último lugar y, desde el 2012, se ha ubicado entre las tres regiones menos competitivas.
Resultados de política pública
Aunque la distancia geográfica de estas regiones es relevante, el éxito en el despliegue de las políticas públicas también explica los rezagos. Al menos desde 1998, la Ley de la Amazonía ha buscado promover el desarrollo de esta región a través de exoneraciones tributarias. En el 2005, San Martín abandonó algunas de estas exoneraciones y a cambio se conformó un fideicomiso con aportes del MEF para proyectos de desarrollo de infraestructura, al cual se ha transferido más de S/1.020 millones desde entonces. Según Javier Escobal, investigador principal de Grade, este cambio permitió un crecimiento económico más acelerado de San Martín. Así, mientras que en el 2004 la pobreza ascendía a 67,9% en esa región y en el resto de la Amazonía, para el cierre de 2023 San Martín redujo dicha cifra a 22,6%, por debajo del promedio nacional, mientras que el resto se ubicó en 34,1%, en promedio.
A partir del 2019, las otras regiones de la Amazonía siguieron el ejemplo de San Martín. En Loreto, por ejemplo, según el MEF se han transferido más de S/1.900 millones desde entonces a su fideicomiso. Así, la creación de estos mecanismos representa una gran oportunidad para el cierre de brechas, el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, aprovechar su potencial depende de una ejecución eficiente y una correcta priorización de proyectos de infraestructura.
Además, cabe notar que, a pesar de estas renuncias a exoneraciones, el costo estimado para el 2025 de todos los incentivos tributarios aún vigentes en la Amazonía es de S/5.630 millones, según la Sunat. La cifra es más de cinco veces el presupuesto anual para inversiones en saneamiento de las cinco regiones amazónicas. En la medida que aún predominan condiciones limitadas de progreso en esta zona, sin duda corresponde que se revisen estos incentivos como modelo de desarrollo.
Otro de los factores claves es el desaprovechamiento del potencial económico de la Amazonía. Por ejemplo, según la FAO el Perú posee más de 72 millones de hectáreas de bosques, una superficie 36 veces más grande que la de Uruguay (2 millones) y cuatro veces la de Chile (18 millones). No obstante, las exportaciones forestales anuales de Uruguay (US$1.471 millones) y Chile (US 4.155 millones) son 15 y 44 veces las del Perú (US$94 millones), respectivamente. Lejos de promover una industria sostenible alrededor de estos recursos, el Perú viene registrando la pérdida de casi 160.000 hectáreas de bosques cada año durante la última década. En agregado, entre el 2001 y 2023, se perdieron 3 millones de hectáreas de bosques, casi 90 veces la superficie de Lima Metropolitana y Callao. Según el Minam, el 78% de estas pérdidas tiene lugar en espacios de hasta cinco hectáreas y están vinculados a la tala y quema de bosques para el desarrollo de pequeñas parcelas o chacras.
Es fundamental impulsar el desarrollo sostenible de las regiones amazónicas mediante la promoción de la inversión privada y el uso eficiente de los recursos públicos. Más de tres millones de ciudadanos de estas regiones esperan soluciones de sus autoridades y medidas concretas para su desarrollo.
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Inversión pública: 73 proyectos en tres provincias con sobrecosto mayor al 50%
San Ramón (Puno), Mariscal Nieto (Moquegua) y Cusco son las provincias que presentan mayor sobrecosto promedio de proyectos: 57%, 33% y 28%, respectivamente. De las 26 provincias más pobladas del país, 7 muestran un sobrecosto de más de 15%, que es el límite legal de ampliación de fondos sin intervención de la Contraloría General de la República.
A pesar de que el presupuesto para inversión pública ha pasado de S/3.000 millones en 2004 a más de S/56.000 millones en 2024, el Perú mantiene importantes brechas en infraestructura y servicios básicos que limitan la capacidad de desarrollo de sus ciudadanos. Esto confirma la urgencia de conocer cómo gestionan sus recursos las entidades encargadas de la inversión pública, más allá del avance en la ejecución. Porque no necesariamente el que gasta más, gasta mejor.
En respuesta a ello, Videnza ha desarrollado el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública, que brinda una visión más completa sobre la eficiencia en la gestión de inversión pública en Gobiernos regionales (IREI) y en municipalidades provinciales y distritales (ILEI).
El ILEI, al 30 de junio de 2024, evaluó 872 municipalidades en tres grupos: 196 provincias, 639 distritos a nivel nacional -sin considerar Lima-, y 37 distritos de la provincia de Lima.
En los tres primeros puestos se ubican Callao, San Martín y el Santa, que destacan por su relativo buen desempeño en indicadores como retraso de proyectos y obras paralizadas. Por el contrario, los últimos lugares los ocupan Huancavelica, Cañete y Huancayo, que muestran deficiencias en incumplimiento en la programación y sobrecarga de proyectos.
Como en anteriores ediciones del ILEI, vemos que al interior de cada provincia los resultados de los 10 indicadores analizados muestran gran variabilidad. Así, por ejemplo, en el caso del Callao, que ocupa el primer lugar en el ranking, se observa que, si bien en indicadores como sobrecosto de proyectos y obras paralizadas ocupa los primeros lugares, en otros como el de transparencia de proyectos ocupa el puesto 22, pues al 30 de junio solo había cumplido con actualizar la información del 22% de sus proyectos.
Mayor ejecución no implica mayor eficiencia
Vemos algunas provincias con avance en su ejecución que superan el 40%. Es el caso de Utcubamba (Amazonas), Lima Metropolitana o San Martín. No obstante, estas provincias no son las mejores posicionadas en el ranking, pues presentan deficiencias importantes en otros indicadores tales como sobrecosto y costo promedio de proyectos.
Así, la provincia de Utcubamba reportaba un avance en ejecución de 82%, pero apenas alcanza el puesto 11 en el ILEI. Esto porque en obras paralizadas se ubica en el puesto 22 (39% de su cartera paralizada); y en cierre de proyectos en el puesto 25 (liquidan tan solo el 7% de sus proyectos).
Proyectos con cada vez más sobrecostos
De los 10.416 proyectos considerados para el análisis de estas provincias, 1.013 requirieron recursos adicionales a los estipulados en sus expedientes técnicos. Esta demanda de fondos va desde menos del 1% en provincias como San Martín, Callao o Coronel Portillo, a casos como Mariscal Nieto (Moquegua) o San Román (Puno), con sobrecostos de 33% y 57%, respectivamente.
Preocupa también que, en las provincias de San Román, Mariscal Nieto y Cusco, por cada 4 proyectos en ejecución, por lo menos uno exhibe un sobrecosto de más del 50%. En total, se contabilizan 73 proyectos con esa condición en las tres provincias.
Dificultades para liquidar proyectos
La liquidación formal de un proyecto es crucial por dos razones. Primero, porque permite que los activos generados una vez finalizada la ejecución física de las inversiones puedan entrar en la fase de funcionamiento. Esto es esencial para proporcionar servicios públicos y, en consecuencia, acelerar el cierre de brechas sociales.
Segundo, la liquidación de una inversión permite que esta sea retirada de la cartera de proyectos en ejecución de una municipalidad, lo que ayuda a mantener una cartera de inversiones más realista. Esto, a su vez, facilita una planificación y programación de inversiones más eficiente y óptima.
El problema de la baja liquidación de los proyectos terminados aplica también a las provincias más pobladas del país. Tan solo Tacna y Coronel Portillo han conseguido liquidar más de la mitad de sus proyectos. Por el contrario, las provincias de Pasco, Lima, Huancayo, Utcubamba e Ica liquidan aproximadamente 1 de cada 10 proyectos terminados.
Entre estas la peor posicionada es Ica, que solo liquidó 25 de sus 526 proyectos terminados. En otras palabras, por cada 100 proyectos activos liquidó 4.
Los resultados del ILEI revelan grandes diferencias en la capacidad de gestión de recursos entre provincias. Mientras algunas, como Callao y San Martín destacan en el índice, otras con mayor capacidad instalada como Lima Metropolitana o Trujillo, se ubican en la parte baja, lo que confirma la necesidad de mejoras en la gestión de la inversión pública.
Es crucial fortalecer la planificación y gestión a nivel local para cerrar brechas y mejorar el bienestar de la población.
Finalmente, aunque los resultados no son responsabilidad exclusiva de los alcaldes actuales, recae en ellos la tarea de mejorar el desempeño de sus provincias.
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Luis Miguel Castilla
Formalización minera en la encrucijada
Es indispensable el fortalecimiento de la rectoría del Minem en este proceso en la mape, con partidas presupuestarias y capacidades de gestión suficientes. Es clave el establecimiento de plazos para formalizar este segmento de la minería.
El aporte de la minería para el desarrollo del Perú se ha venido debilitando en el caso específico de la minería artesanal y de pequeña escala (mape). Esto debido a su desarrollo desordenado, su asociación con la informalidad e ilegalidad y los impactos ambientales negativos que ha generado. Es así como la minería no formal se ha convertido en una actividad que genera más dinero ilícito que el narcotráfico y es percibida como el segundo sector más poderoso del país detrás del Congreso.
Aunque el Estado ha tratado de regular la mape, no ha podido transformarla en una actividad formal, productiva y sostenible. Se ha generado un ambiente propicio para el incremento de actividades ilegales que se disfrazan de informales durante el proceso de formalización. De hecho, este proceso ha fracasado: se cuentan con 86.140 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y únicamente con 2.065 formalizados.
En un estudio elaborado por Videnza para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, encontramos que una de las principales falencias del proceso de formalización minera es la débil rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Dicho proceso es ejecutado por cada gobierno regional (GR), sin mecanismos de fiscalización sobre sus resultados y dejando al Minem la labor pasiva de actualizar el Reinfo de acuerdo con la información otorgada por los GR.
El proyecto para una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal presentado por el Ejecutivo y que se discutirá en esta legislatura no contempla un proceso de formalización como tal, sino solo establece plazos específicos para concluir el proceso actual. Se sigue dando la facultad a los GR de autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades de la mape, lo que representa un peligro de mantener el statu quo.
Resulta indispensable que se fortalezca la rectoría del Minem para que sea vinculante y con la asignación de partidas presupuestarias y la capacidad de gestión suficientes. Si bien el proyecto de ley dispone el uso de recursos del canon minero (hasta el 10%), es fundamental que los dos programas presupuestales existentes sean potenciados.
Otra crítica es la falta de trazabilidad, la interoperabilidad de la información y de los procesos entre las distintas entidades involucradas, y la deficiente fiscalización que existe para asegurar que mineros ilegales, encubiertos de informales bajo el manto del Reinfo, puedan limitar sus actividades. El proyecto de ley propone establecer medidas de debida diligencia y trazabilidad para las actividades de comercialización de oro. Además, plantea la implementación del Sistema Nacional Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que deberá integrar la información relacionada con la mape. Más allá de los esfuerzos de coordinación, la relación entre el Minem y los GR suele ser compleja (y en ocasiones conflictiva), pues hay clara evidencia que muestra que la gestión de algunos GR tiende a ser capturada por grupos de interés donde priman móviles particulares. La norma podría resultar en letra muerta por los enormes intereses económicos en juego.
Por último, el proyecto de ley establece plazos para finalizar el proceso de formalización minera. Esto es clave porque se ha venido interrumpiendo y retrasando en muchas oportunidades debido a las constantes prórrogas de plazo. El Congreso continúa ampliando los plazos (el actual vence a fin de año) y permitiendo la inscripción de nuevos mineros. Urge recuperar este carácter excepcional y dar punto final a nuevas extensiones. Veremos si la Mesa Directiva del Parlamento está realmente a la altura de las circunstancias y le pone un pare a la impunidad que prevalece en esta delicada materia.
Inseguridad ciudadana amenaza a los pequeños negocios: ¿en cuánto los afecta y cómo impacta en su reactivación?
La criminalidad genera efectos adversos en los negocios y sobrecostos de entre 5% y 10%, que impactan en su continuidad. Empresarios cuentan que muchos deben incluir el pago de cupos en sus presupuestos y se teme retroceso en su recuperación económica.
Tener un negocio en el Perú parece ser - lamentablemente- una actividad de riesgo hoy en día. La criminalidad ha ido aumentando paulatinamente, en particular, en los últimos tres años, comenta Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Siendo los micro, pequeños y medianos negocios los que más padecen la violencia criminal siendo objeto de extorsiones, cobro de cupos o préstamos ‘gota a gota’, entre otras modalidades del crimen, que no solo impactan en la recuperación económica del país sino que, incluso, puede llevar a que los negocios decidan frenar sus operaciones.
De acuerdo al informe de percepción de inseguridad ciudadana, elaborado por el INEI, durante el primer semestre de este año, esta ha aumentado de 82,6% a 86,1% a nivel país, cuatro puntos porcentuales más frente al mismo período del año pasado.
Una cifra que en Lima Metropolitana alcanzó el 89,9%, mientras que en el Callao llega al 88,5%. Por supuesto, no es solo una percepción. En lo que va del año, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha recibido un total de 11.528 denuncias por el delito de extorsión. Algunas de las modalidades más comunes empleadas por los delincuentes están el ‘escopetazo’, chalequeo, cobro de cupos y el ‘gota a gota’.
En base a cifras reportadas por la Asociación de bodegueros del Perú, entre enero y julio se han reportado 9.823 actos delincuenciales contra ellas en la capital. El 42,39% corresponde a cobro de cupos, el 29,45% a gota a gota, un 27, 8% a extorsiones y el resto a asaltos.
Las principales zonas donde se presentan estos casos son Lima Este, con San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate, Santa Anita, seguido de Lima Norte, así como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
Lima Centro no está exenta. Choy, quien también es presidente del Comité de la Pequeña Empresa de Confiep, advierte que estos casos están aumentando en Lince, Magdalena, San Miguel y Miraflores. “Los bodegueros por temor están accediendo a los cobros de cupos”, cuenta.
Una inseguridad que va en aumento y que no solo genera un permanente desasosiego también tiene un costo económico para el país. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha proyectado que la criminalidad le cuesta al Perú 3% de su Productos Bruto Interno (PBI), en base a la data del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 2017.
Como ha explicado Yuliño Anastacio, economista y CEO de Govierna, en una columna en este Diario, el Perú ha experimentado un deterioro de varios componentes críticos del crimen organizado entre el 2021 y el 2023, como se refleja en el Índice de Crimen Organizado Global (ICOG) 2023 como en el Índice Global de Paz (IGP) 2023, que revela no solo un incremento en la violencia, sino también en su costo económico.
“El promedio de criminalidad en el país aumentó de 6,35 a 6,40, lo que a simple vista puede parecernos marginal, pero en el fondo esconde un gran debilitamiento del imperio de la ley y la impunidad. Sin lugar a dudas, el costo económico de la violencia es un factor significativo que frena nuestro desarrollo como país”, refiere Anastasio.
Según el IGP 2023, el impacto económico per cápita de la violencia asciende a aproximadamente US$1.086, lo que puede representar un costo de casi 5% de nuestro PBI. Además del impacto en la calidad de vida y productividad, la violencia obstaculiza la inversión y el crecimiento económico.
Sobrecostos y efectos de la violencia
Para Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú, definitivamente, no es un secreto que la inseguridad es el primer problema del Perú. “Si no lo entendemos así estamos fritos, no lo vamos a solucionar sin asumirlo. Y quienes deben hacerlo son las autoridades, el Ejecutivo, la Fiscalía, la Policía y también el Congreso“, sentencia.
“La situación genera mucho miedo en el gremio empresarial. Ya no solo afecta a los comercios puerta a calle sino que se ha extendido a otros sectores como transporte, salud o pequeñas empresas que tienen fábricas en Villa El Salvador”, sostiene Choy.
Frente a este flagelo, los empresarios buscan proteger sus negocios y esto genera muchos sobrecostos en los gastos operativos. En el caso de las bodegas, indica, han tenido que incrementar elementos de seguridad, poner rejas, cámaras, sistemas de videovigilancia e ,incluso, muchas bodegas “han asumido como parte de sus gastos el pago de cupos por temor”, apunta.
Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), estima que todos estos sobrecostos están son entre un 5% y 10%. Normalmente, cuenta, los empresarios asumen estos costos cuando ya han tenido algún tipo de amenaza. En muchos casos, se juntan entre varios y contratan seguridad externa o software de control.
“Estos márgenes, que pueden parecer pequeños, hacen que un negocio sea rentable o no, juegan con su utilidad y terminan afectando a la decisión de que decidan o no ampliar o continuar con su negocio”, asegura.
Ojeda revela que, según pudo conocer, entre un 15% y 20% de pequeños y medianos empresarios han recibido llamadas de extorsión para afectar la sensibilidad de sus negocios.
La modalidad más frecuente es el ‘escopetazo’ (llamadas a diestra y siniestra a empresarios de pymes). “Las mayores amenazas han migrado más hacia la extorsión, a la criminalidad violenta” , indican desde la Asociación de Bodegueros.
Todo esto, agrega Choy, en un contexto en el que las ventas en general no son tan buenas, ya que la recuperación del consumo aún no se percibe totalmente.
Impacto en ventas y cierre de negocios
Esta situación ha llevado a que 2.600 bodegas tengan que cerrar sus puertas el año pasado, de las cuales pocas han logrado reabrir, reporta Choy. Y podrían cerrar aún más este año si todo sigue igual.
De acuerdo a Ojeda, muchos empresarios en vez de pagar cupos prefieren cerrar. “Pasa con restaurantes, bodegas, spa y otros negocios puerta a calle y expuestos al público. En el caso de muchos de estos negocios, que mueven capital diario, si eres adaltado o extorsionado, sienten que la mejor opción es cerrar”, nos comenta.
Esto, además, impacta en la creación de nuevos negocios y, por tanto, de nuevos empleos. Así también, los empresarios empiezan a ver más las ubicaciones y en “las zonas más seguras, los alquileres se incrementan”, sostiene.
Tal como mencionamos líneas arriba, si bien hay distritos en Lima periférica más expuestos a la delincuencia, Ojeda señala que la policía les ha dicho que esta se va sobrepasando y está llegando también a distritos que se perciben más tranquilos como Surco, Miraflores y La Molina.
Desde Gamarra, Saldaña comenta que todo este contexto genera preocupación y también afecta a las decisiones de inversión y las ventas. “Los empresarios del emporio fabricamos y abastecemos a las mypes mayoristas que tienen su productos en todo el país, pero por miedo deciden no venir a comprar. Eso no solo impacta en la economía de Gamarra sino del país”, apunta.
Como se recuerda, hace pocas semanas, el feriado 30 de agosto, delincuentes balearon a un cambista en el corazón del emporio y esto reaviva la preocupación de los comerciantes, que ya el año pasado salieron a marchar ante el incremento de la inseguridad en sus alrededores.
Saldaña afirma que los emprendedores gamarrinos están indignados y si la situación sigue así, “tendremos que volver a salir las veces que sea necesario. No nos vamos a callar”.
Estos reveses a lo avanzado en seguridad en Gamarra ponen en vilo a la tranquilidad de los empresarios y en riesgo a la recuperación económica del emporio que concentra el 50% de la industria textil del país. “El proceso se frena, aunado a que no hay medidas reactivadoras para las mypes, pero adicional a las mafias, cobro de cupos y comercio informal puede hacer que retrocedamos”, remarca.
Si bien el cobro de cupos ocurre, sobre todo, en el comercio informal que está en los dameros de Gamarra, esto pone en riesgo de extorsiones y delincuencia también a los empresarios formales de las galerías.
De hecho, hasta el momento, Gamarra va al 50% de su recuperación frente a las ventas prepandemia, una cifra que no ha podido avanzar en los últimos años. “Nuestra proyección era llegar al menos a este año al 60% de los niveles de recuperación prepandemia. No sabemos si esto pueda ocurrir. Llevamos tres años en esto”, expresa con preocupación.
Gamarra al día genera, en promedio, un movimiento económico de S/20 millones.
Además…
Seguridad para negocios
Ante la mayor incidencia de riesgos y eventos delictivos que azotan a los negocios, en los últimos seis meses la solicitud de cámaras de video junto con el sistema de alarmas se ha incrementado en casi 85%, destaca Daniel Dondero, gerente de servicio al cliente y Central Receptora de Alarmas de Verisure Perú.
De hecho, esto es proporcional a las incidencias que se presentan en el día a día. Desde Verisure Perú, indican que el 56% de las alarmas de incidencias que reciben son de negocios por intentos de robos o robos. En los últimos cuatro meses, además, han notado que ha cambiado la proporción de los horarios de eventos delictivos. Antes el 70% se daba en el horario de medianoche a 2 a.m. y el 30% de 6 p.m. a 8 p.m. , pero en los últimos meses estas cifras se invirtieron.
Federico Bagedelli, gerente general de Prosegur Alarmas, por su parte, cuenta que los cinco tipo de negocios más vulnerables suelen ser bodegas, restaurantes, grifos, galerías de negocios y distribuidoras. Muchos de estos eventos son robos al paso, forados u otro tipo de ataque a estos negocios.
Actualmente, la penetración del uso de servicios de videovigilancia monitoreada aún no es muy alto, pero en los negocios bordea el 15%, calcula el ejecutivo.
Acciones del Estado bajo la lupa
El rol del Estado, por supuesto, está siendo cuestionado ante el creciente avance de la inseguridad. Si bien el Gobierno ha dispuesto para este año más de S/5.700 millones para la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, hay algunos temas de fondo en los que los empresarios remarcan que no se ven mejoras.
Quizá el principal, que destaca Saldaña, es que la Policía captura a los delincuentes pero al poco tiempo, la Fiscalía o el Poder Judicial los libera, lo que hace que las personas y quienes denuncian sientan temor de hacerlo ante la impunidad.
“El avance de la inseguridad es resultado de años de desidia. Invitamos a la presidenta que vaya a Gamarra, a Mesa Redonda, le queda cerca, para que vea la realidad”, refiere Saldaña.
De hecho, adelanta que en el emporio, desde su lado, están trabajando en un plan de seguridad. La idea es que sea una Smart City con una unidad policial con última tecnología para que la seguridad de Gamarra se controle 24/7.
Los empresarios exigen acciones concretas y firmes contra la delincuencia.
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Nuevo golpe a las importaciones chinas: Perú bloquea masivo ingreso de tafetán con más derechos antidumping
Medida fue oficializada por el Indecopi, originalmente, en febrero del 2023, luego de determinarse que el tafetán chino afectaba la producción nacional. Importadores habían cambiado el tamaño de la tela para evitar sanción.
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La tela de tafetán es utilizada para mantelería, servilletas lisas o bordadas, uniformes escolares, pantalones, entre otros. Las importaciones de este textil desde China fueron consideradas lesivas para el mercado peruano por el Indecopi. Créditos: DIFUSIÓNEl Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) amplió los derechos antidumping definitivos a los tejidos de tafetán chinos, aplicados originalmente en febrero del 2023 mediante resolución N° 006-2023/CDB-INDECOPI, por afectar la rama de la producción nacional.
La nueva resolución N° 063-2024/CDB-INDECOPI, emitida por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, determina una nueva imposición de derechos antidumping sobre los tejidos 100% poliéster, crudos, blancos o teñidos de un solo color, de ligamento tafetán, y amplía la medida para las telas cuyo ancho oscile entre el 1.80 y los 2 metros. Antes, el límite era de 1.80.
Dicha restricción aplica para los productos cuyo peso unitario figure entre los 80 y 200 gramos por metro cuadrado de tela, y sean elaborados en base a fibras discontinuas con un contenido superior o igual al 85% en peso, cualquiera sea el uso declarado, originarios de la República Popular China. La medida también alcanza, expresamente, a los importadores de tafetán chino que hacen escala desde Malasia para evadir los derechos antidumping del Perú.
En el marco de la Ley N° 31089, que enfrenta las prácticas de elusión de derechos antidumping y compensatorios, Indecopi informa haber verificado un “cambio en el patrón de comercio de las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, desde la imposición de los derechos antidumping vigentes (esto es, a partir de febrero de 2023)”.
“[Se cambio el patrón] Sin haberse comprobado que exista para ello una justificación económica distinta a la de eludir o evitar el pago de los referidos derechos antidumping”, precisa la resolución.
Los tejidos de origen chino materia de presuntas prácticas de elusión que fueron importados durante el periodo posterior a la aplicación de los derechos antidumping vigentes (enero – setiembre de 2023), presentan una variación en el ancho (entre 1.80 y 2 metros) respecto a los tejidos afectos a tales medidas de defensa comercial (ancho menor a 1.80 metros).
Para el Indecopi, esto constituye una modificación menor o no sustancial, pues salvo ese aspecto referido al ancho, “los tejidos objeto de presuntas prácticas de elusión y los tejidos sujetos a derechos presentan aspectos idénticos en el resto de características físicas relativas a la composición, acabado, ligamento, gramaje y tipo de fibra”.
“La modificación menor antes descrita no ha implicado un cambio en las características esenciales del producto sujeto a derechos antidumping, pues sin perjuicio de ello, los tejidos objeto de presuntas prácticas de elusión y los tejidos afectos a las referidas medidas antidumping siguen el mismo proceso productivo para su fabricación, tienen los mismos usos (principalmente, para la confección), son distribuidos bajo los mismos canales de comercialización y se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias”, detalla el documento.
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Los empresarios de Gamarra habían solicitado durante mucho tiempo que se aplicaran derechos antidumping contra las importaciones de tafetán chino. Crédito: ANDINA¿Qué son los derechos antidumping?
Los derechos antidumping son herramientas cruciales utilizadas a nivel internacional para contrarrestar prácticas desleales en el comercio global, específicamente el dumping. Este fenómeno ocurre cuando una empresa exporta productos a un precio significativamente más bajo que el que habitualmente se maneja en su mercado local o incluso al costo de producción. Las empresas utilizan esta estrategia para ganar terreno en mercados extranjeros, desplazar a competidores locales o desestabilizar industrias nacionales.
Dada la naturaleza perjudicial del dumping, muchas naciones implementan derechos antidumping para proteger sus economías. Estas tarifas adicionales se imponen sobre productos importados que se identifican como sujetos a dumping. El objetivo principal de estas medidas es mantener un terreno de competencia equitativo para los productores locales, evitando que enfrentamientos comerciales globales perjudiquen sus negocios.
La medida de imponer derechos antidumping se considera vital no solo para la protección de las industrias nacionales, sino también para preservar y fomentar un comercio justo. Al nivelar el campo de juego, los países aseguran que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones, sin ventajas injustas derivadas de precios artificialmente bajos.
Cabe destacar que la aplicación de los derechos antidumping conlleva un proceso riguroso de investigación y determinación. Los gobiernos deben comprobar que el dumping está ocurriendo y que está afectando negativamente a la industria local antes de imponer estas tarifas adicionales. Esta verificación detallada es esencial para evitar la implementación injustificada de estas medidas y mantener la integridad del comercio global.
El dumping no es un problema menor, y su impacto puede ser vasto y profundo, afectando a sectores completos de la economía nacional. Al imponer derechos antidumping, los gobiernos no solo protegen a sus productores locales, sino que también garantizan el mantenimiento de una competencia justa y equitativa en el mercado internacional.
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La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi había determinado, antes de febrero del 2023, un periodo de derechos antidumping provisional para la importación de tafetán chino. Finalmente, se hizo oficial. Créditos: INDECOPIEl comercio entre Perú y China
En 2009, Perú firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que tuvo un impacto significativo en la relación comercial entre ambos países. Actualmente, dicho acuerdo se encuentra en proceso de modernización para incluir políticas más robustas en áreas como la propiedad intelectual, las inversiones y la diversificación de productos.
Durante el año pasado, China se consolidó como el principal socio comercial de Perú, desplazando significativamente a Estados Unidos, que ocupaba esa posición anteriormente.
Según los datos recientes, el 36% de las exportaciones peruanas tuvieron como destino el gigante asiático, mientras que Estados Unidos recibió solamente un 14 %. Esta diferencia marca una reestructuración importante en la balanza de comercio exterior del país sudamericano.
El intercambio comercial con el gigante asiático no solo se ha reflejado en las exportaciones. Perú logró alcanzar un superávit de US$14.000 millones en su comercio total durante el año pasado. De ese total, un asombroso 76% (US$10.000 millones) provino de su relación comercial con China.
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Perú y China han reforzado lus lazos comerciales en los últimos años, con un fuerte envión por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En imágenes, junto al presidente chino Xi Jinping. Créditos: JADE GAO/Pool vía REUTERS********
BCRP: Perú alcanzó récord histórico de inflación continua a un dígito
La entidad señaló que, en comparación con otros países de Sudamérica y México, Perú registra el periodo más largo de inflación de un solo dígito desde enero de 1951.
Con el resultado de agosto en 2024, se alcanzan 27 años y siete meses continuos con una tasa de inflación de un solo dígito, asegura la entidad.
A nivel regional, si se comparan estos resultados con otros países de Sudamérica y México, Perú registra el periodo más largo de inflación de un solo dígito desde enero de 1951, afirma el BCRP.
Le siguen Chile, México, Colombia y Ecuador con periodos de baja inflación más cortos.
Desde 1997, Perú ha conseguido el período más extenso de inflación por debajo del 10%, desde 1901 que se tienen estadísticas de esta variable. El segundo periodo más largo de inflación de un solo dígito en el país fue el observado entre los años 1921 y 1940.
Este periodo largo de inflación de un dígito, que se inició en febrero de 1997, contrasta con aquel en el que los precios aumentaban a tasas anuales de dos, tres y hasta cuatro dígitos durante los tiempos de la hiperinflación de fines de los años 80, recordó el BCRP.
Así, entre agosto de 1987 y agosto de 1990, la tasa de inflación acumulada fue de 3.5 millones por ciento; mientras que, en este siglo, Perú es el país con moneda propia que tiene la inflación más baja en la región, por debajo del 3%.
Una tasa de inflación baja protege el poder adquisitivo de las familias y reduce la incertidumbre, lo que favorece la inversión y el crecimiento económico, refirió también la entidad monetaria.
El mismo BCRP reconoció que un factor crucial para la mantener la estabilidad monetaria ha sido su autonomía, consagrada y perfeccionada en la Constitución de 1993.
El artículo 84º de la Carta Magna señala textualmente que “el Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica”. Asimismo, desde 2002, el BCRP adoptó el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI), con un rango objetivo de inflación entre 1 y 3 por ciento.
El BCRP precisó que en algunas ocasiones la inflación en el país ha superado el rango meta temporalmente debido a choques de oferta, como el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles o la depreciación cambiaria.
En estos casos, recordaron, han implementado medidas para evitar que esos factores transitorios se reflejen en las expectativas inflacionarias, las que se han ubicado el 77% de los meses dentro del rango meta desde que se adoptó el Esquema de MEI.
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Indecopi: Con la simplificación de trámites municipales se ahorraron más de S/ 18,5 millones
Alberto Villanueva, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), expuso los ejes del plan del organismo ante la a Comisión de Defensa del Consumidor.
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso realizó su primera sesión ordinaria este martes, con la exposición de Alberto Villanueva, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a fin de exponer sobre el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y el plan de trabajo 2024 - 2025.
Durante su participación, Villanueva habló sobre los siete ejes centrales del plan de trabajo de la entidad: la educación, orientación y difusión; protección de la salud y seguridad; mecanismos de prevención y solución de conflictos; fortalecimiento del sistema nacional integrado de protección al consumidor; reactivación económica; gobierno digital en el consumo y la presencia de Indecopi en el Perú.
Sobre las barreras burocráticas, anotaron que se ha impactado a 2.600 personas a nivel nacional, 2.100 funcionarios, empresarios y ciudadanos y 500 a nivel regional fuera de Lima y Callao.
En el 2024 han tenido un total de 323 mil personas impactadas con orientaciones ciudadanas y, en lo que resta del 2024, se llegará a 561 mil personas adicionales, cubriendo la meta de su plan de orientación ciudadana.
En cuanto a las barreras burocráticas, han hecho una serie de simplificación de trámites municipales.
“Hemos hecho una investigación a 150 municipalidades, de las cuales 72 eliminaron voluntariamente 2.378 barreras, que implicaron un ahorro económico de S/ 18′564.273 para la comunidad. Se han iniciado investigaciones en 49 municipalidades que han dado como resultado una serie de capacitaciones cinco municipalidades han eliminado 242 barreras burocráticas a nivel de Lima. Se ha investigado a 150 municipalidades de las cuales 44 eliminaron voluntariamente 719 barreras burocráticas que permitió un ahorro adicional de S/ 3 millones”, comentó.
En reactivación económica, su quinto eje temático de acción, han procedido a una reducción de tasas para las Mypes a nivel nacional en un 25%. En el caso de zonas de emergencia, esta reducción llega hasta el 50%, lo que implica un beneficio para que puedan acceder a los servicios y tener derecho a tramitación en el registro de marcas, productos y servicios de certificación nombres comerciales y marcas comerciales.
“A la fecha 1.124 Mypes han accedido a este beneficio de reducción de tasas y la reducción del 50% para las zonas de emergencias va a llegar por mandato de un decreto supremo expreso, hasta el 31 de diciembre del 2024, la reducción para Mypes sí es indefinida”, agregó.
En Indecopi han desarrollado lo denominado “La ruta del éxito”, dijo Villanueva, que implica que Indecopi articule con otros órganos del Estado para llevar al emprendedor desde la fase inicial de su emprendimiento hacia la última fase para que pueda formalizarse.
Asimismo, en el punto de reactivación económica, como Indecopi tiene competencia de signos distintivos, están desarrollando un producto nuevo llamado Soy Original.
“Como se conoce la Marca Perú, estamos desarrollando la marca Soy Original, respecto de a propiedad intelectual”, dijo. Este distintivo se podría colocar en los establecimientos que para que deseen someterse al proceso y que el consumidor sepa que en ese establecimiento los productos son originales.
Agenda
Al inicio de la comisión se aprobó el Proyecto de Plan de Trabajo para el periodo anual de sesiones 2024 - 2025, que incluyen los puntos:
- Fortalecimiento del sistema nacional integrado de protección al consumidor.
- Mejora de la legislación y seguimiento del cumplimiento de la protección al usuario de servicios públicos regulados.
- Seguimiento al cumplimiento de la protección de los consumidores frente a la publicidad engañosa.
- Seguimiento al cumplimiento de la protección de los usuarios de servicios bancarios, financieros, de seguros y Afps.
- Revisión e implementación de acciones para garantizar el Servicio universal de agua potable y saneamiento, así como de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento.
- Revisión e Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios del servicio de telefonía domiciliaria, telefonía celular, internet y demás servicios de telecomunicaciones en general.
- Revisión e Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios del servicio de electricidad e hidrocarburos.
- Revisión e Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios de servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas –incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las líneas del Metro de Lima y Callao– así como la Hidro vía Amazónica.
- Implementación de medidas de protección frente al comercio electrónico.
- Revisión e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios de productos y servicios destinados a la salud.
- Revisión e implementación de acciones para el debido cumplimiento del etiquetado de alimentos y bebidas.
- Revisión e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios del servicio de transporte urbano, interprovincial, nacional e internacional, en todas sus modalidades fluvial, terrestre y aéreo.
- Revisión e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de atención de usuarios en instituciones educativas públicas y privadas.
- Revisión e implementación de acciones para que aseguren al ciudadano acceso a medidas correctivas y el pago de costas y costos procedimentales, en el supuesto que el ciudadano tenga la necesidad de acudir ante el INDECOPI o los órganos reguladores para asegurar el respeto de sus derechos como consumidor o usuario.
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Martín Mejía del Carpio
A 20 años de Camisea: objetivos cumplidos y retos pendientes
“El 20 de agosto del 2004 marcó el inicio de la operación comercial de Camisea, un logro que fue posible gracias a la confianza de varios inversionistas extranjeros”, escribe el Director general de Cálidda.
Hace 20 años comenzó el proyecto más emblemático del país de las últimas décadas: Camisea. Este megaproyecto es un ejemplo de cómo pueden trabajar conjuntamente el sector privado y público para sacar adelante iniciativas necesarias que beneficien a nuestro país. Las cifras hablan por sí solas, más de S/400.000 millones en ahorros para todos los peruanos, ya que nuestro gas natural llega a las familias de todo el país a través de la generación eléctrica, y en aquellas zonas donde se ha desarrollado las redes de distribución de gas natural, llega a través de la industria, el comercio, el transporte y directamente, a las viviendas.
Hacer realidad Camisea fue todo un desafío. Aunque las reservas de gas natural y líquidos fueron descubiertas en la década de los 80, no fue hasta el año 2000 que el Estado logró adjudicar los contratos de explotación, transporte y distribución.
Luego, en la etapa de construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, se sortearon diversos desafíos como la edificación de la planta de Malvinas en medio de la selva, la construcción del ducto de transporte de gas y líquidos -que tuvo que cruzar la Cordillera de los Andes para llegar a la Costa-, y del ducto de distribución en nuestra tan congestionada Lima, desde Lurín hasta Ventanilla.
El 20 de agosto del 2004 marcó el inicio de la operación comercial de Camisea, un logro que fue posible gracias a la confianza de varios inversionistas extranjeros.
En este proyecto han participado empresas de distintas partes del mundo, como Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Corea del Sur, Argelia, Canadá, España y Colombia; inversionistas privados que han destinado más de S/16.000 millones de sus recursos al Perú, generando empleo de calidad, ingresos fiscales significativos y ahorros directos en los bolsillos de todos los peruanos.
¿Se imaginan qué hubiera sido de todos los peruanos si no se cambiaba la matriz energética al gas natural y, en lugar de ello, seguíamos generando electricidad con diésel? Quizá no lo recordemos, pero esa fue la principal razón para construir los ductos de transporte y distribución hasta Lima, en donde, además de conectar a las centrales eléctricas de Ventanilla y EDEGEL, se incentivó desde el Estado la instalación de un gran parque de generación en Chilca, que ha permitido que hoy tengamos energía eléctrica a precios competitivos y sin intermitencias.
El tiempo ha pasado rápidamente, sin embargo, aún quedan varios desafíos importantes. En el sector transporte, es crucial trabajar con las autoridades para transformar el parque vehicular, reemplazando el diésel, uno de los combustibles más contaminantes y que el Perú sigue importando para satisfacer la demanda interna. Ello permitiría reducir los costos de transporte, aprovechando el precio regulado del gas natural.
En el sector residencial, a nivel nacional tenemos aproximadamente 2,2 millones de conexiones domiciliarias, lo cual equivale a algo más del 20% de las viviendas del país.
Para lograr dicho avance ha sido necesario la construcción de más de 20,000 km de redes de distribución con fondos 100% privados, y también el aporte del FISE, que contribuye en la masificación principalmente a través de la construcción de las redes internas domiciliarias de gas natural. Pero aún queda una tarea grande para llevar el gas natural a otras regiones del Perú que hoy no cuentan con redes de transporte y distribución.
Aquí requerimos de una importante inversión en infraestructura, como lo han hecho Colombia y Argentina, que pueden atender a más del 70% de sus hogares con gas natural. Por ello, es tarea principalmente del Estado, la de generar mayor confianza para atraer inversiones que permitan ejecutar este tipo obras, y replicar el éxito de los últimos años con Camisea.
Hoy, a 20 años de su inicio, es momento de celebrar, pero también de mirar hacia adelante. Quedan otros 20 años de operación para este megaproyecto, necesitamos además de la construcción de mayor infraestructura, los incentivos necesarios para la exploración de hidrocarburos ya que es imperativo hacer realidad más reservas como Camisea para el desarrollo del Perú. Muchas lecciones aprendidas, grandes profesionales y amigos han dejado su huella en este proyecto, contribuyendo al progreso de nuestro país. ¡Felicitaciones a todos los que formaron parte de este maravilloso logro!
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OCDE: Economía peruana en cuidados intensivos | Estado es el mayor problema
Organismo multilateral constata pesimista que producción está ralentizada e Ismael Benavides afirma que este año el PBI decrecerá en -0.4%.
La economía del país está en cuidados intensivos. A diferencia de décadas pasadas en que el Perú crecía a un promedio de 6.8%, como a fines del siglo pasado, y más en el segundo gobierno aprista, desde la administración Humala (2011-2016) asistimos a una crisis tendencial con un crecimiento promedio de apenas 2.3%, recuerda el ex ministro de Economía Ismael Benavides.
Con el añadido que el PBI para este año 2023, según sus cálculos, estará en -0.4% de acuerdo a cifras actualizadas, sobre todo porque en los últimos 6 meses, por no decir 8, el crecimiento del PBI ha estado en negativo.
De forma que ante el optimismo diplomático del Banco Central de Reserva, que calcula un crecimiento del 0.9%, la realidad actual es mucho más cruda, sobre todo después de la aceptación de que la economía peruana ha entrado en recesión, diagnóstico tardíamente aceptado por el mismo titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aquel 20 de octubre cuando ingresaba al Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República.
Las medidas tomadas por el Ejecutivo desde ese entonces no han variado para nada el curso antes descrito. Es más, crecen las voces exigiendo el cambio del equipo ministerial en general y del ministro de Economía en particular.
Como en EXPRESO damos cabida a todas las lecturas serias de las cuentas y la producción nacional, a continuación reseñamos el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado ‘Estudios Económicos de la OCDE-Perú septiembre 2023’ emitido antes de la aceptación oficial de la recesión actual.
Demás está decir que todos los organismos multilaterales muestran pesimismo sobre nuestro país. Ahora se suma la OCDE que sostiene que el crecimiento del Perú se ha ralentizado fuertemente.
El crecimiento económico será de 1.1% en 2023, ello debido a que la política, los fenómenos meteorológicos extremos y las elevadas tasas de interés e inflación están limitando el consumo privado y la inversión.
Si bien, los esfuerzos del gobierno por relanzar la nueva inversión en infraestructuras y varios proyectos de colaboración público-privado anunciados apoyarán la inversión, se prevé que la inversión pública a nivel subnacional sea limitada, debido a una alta rotación tras las elecciones locales.
Desaceleración
En su reporte, la ODCE explicó que la economía peruana se ha desacelerado tras la fuerte recuperación que siguió a la pandemia del COVID-19.
“Tras sufrir una profunda recesión en el 2020, cuando el PBI cayó un 11% debido a la pandemia, la economía se recuperó con fuerza y creció un 13.3% en el 2021. A finales del 2021 el PBI solo superaba un 2% los niveles anteriores a la pandemia en el 2022 la economía creció con una modesta tasa de 2.7%, por debajo del promedio de 3.2% registrado entre el 2016 y el 2019”, recordó.
Sostuvo que la desaceleración fue especialmente pronunciada en el segundo semestre del 2022 cuando la economía creció un 1.7% debido a la elevada incertidumbre política y la inflación por la ralentización de la demanda exterior provocada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
“El escaso crecimiento del 2022 reflejó el desvanecimiento del repunte posterior a Covid – 2019, así como el efecto disruptivo de las protestas sociales en la industria minera. Además, los conflictos mineros alcanzaron los niveles más altos desde el 2017 paralizando la construcción y la producción en el sector”, dijo.
Por Carlos Palacios
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Las obras en Lima Metropolitana, a cargo de las municipalidades, enfrentan diversos problemas que están frenando su avance, como la falta de financiamiento, la burocracia y la corrupción. Además, la falta de coordinación entre entidades y niveles de gobierno genera retrasos y conflictos en la planificación. La inestabilidad política también afecta la continuidad de los proyectos, ya que los cambios en la administración municipal pueden paralizar obras en curso. Por otro lado, el artículo resalta un logro clave para la economía peruana: mantener una inflación de un solo dígito desde 1951, algo notable en un contexto regional de inestabilidad económica, aunque plantea preocupaciones sobre posibles desafíos futuros si la economía global se vuelve más volátil.
Gracias por el comentario. Éxitos profesionales.
Las obras en Lima Metropolitana a cargo de las municipalidades enfrentan múltiples obstáculos que están deteniendo su avance. Entre los principales factores se encuentran la falta de financiamiento adecuado, la burocracia y la corrupción, que dificultan la ejecución de proyectos. Además, hay problemas de coordinación entre distintas entidades y niveles de gobierno, lo que provoca retrasos y conflictos en la planificación. La inestabilidad política también ha afectado la continuidad de obras, ya que cambios en la administración municipal pueden llevar a la paralización de proyectos previamente iniciados.
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El artículo me llamó la atención porque destaca un logro importante para la economía peruana: mantener una inflación de un solo dígito durante un periodo histórico. Me parece impresionante cómo, en un contexto regional donde muchos países enfrentan fluctuaciones económicas significativas, Perú ha logrado mantener una estabilidad relativa desde 1951. Esto refleja un manejo prudente de las políticas monetarias, aunque también me hace pensar en los desafíos que pueden surgir si la situación económica global se vuelve más volátil.
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El artículo resalta la compleja problemática de los incendios forestales en la Amazonía peruana y sus profundas implicaciones socioeconómicas. A pesar del enorme potencial de esta región, su desarrollo se ha visto obstaculizado por diversos factores, entre los que destacan la gestión ineficiente de recursos públicos, políticas tributarias poco efectivas y la deforestación causada principalmente por pequeños agricultores. La investigación del IPE evidencia que, si bien se han implementado algunas medidas para impulsar el desarrollo de la Amazonía, como la creación de fideicomisos regionales, aún persisten grandes desafíos. Es urgente adoptar un enfoque integral que combine la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible, priorizando inversiones en infraestructura, promoviendo la agricultura sostenible y fortaleciendo la gobernanza local. Solo así se podrá aprovechar el potencial de la Amazonía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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El artículo presenta una visión esperanzadora de las iniciativas que el Indecopi está llevando a cabo para mejorar la protección del consumidor y estimular la reactivación económica en el Perú. La eliminación de trabas burocráticas en los municipios ha resultado en ahorros sustanciales tanto para los ciudadanos como para las empresas, destacando el impacto positivo de la gestión pública del Indecopi. Dicha entidad realiza esfuerzos para mejorar la educación, orientación y difusión de los derechos de los consumidores, al mismo tiempo que previene y resuelve conflictos. Los esfuerzos del Indecopi son cruciales para mejorar el bienestar de los peruanos y promover una economía más equitativa y abierta, los hallazgos presentados en el documento son alentadores y demuestran la determinación de la institución de cumplir su misión, pero es crucial persistir en impulsar estos avances y abordar las dificultades que surgen. En resumen, el Indecopi es un factor crucial en el desarrollo de un Perú más moderno, eficiente y equitativo.
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Este articulo nos habla de la Constitución establece que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una entidad autónoma de derecho público. Desde 2002, el BCRP utiliza el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI), con un objetivo de mantener la inflación entre el 1% y el 3%. Aunque en ocasiones la inflación ha superado este rango debido a factores temporales como el alza de precios de alimentos o combustibles, el BCRP ha tomado medidas para evitar que estos efectos afecten las expectativas inflacionarias, logrando que el 77% de los meses desde la adopción del MEI la inflación se mantenga dentro del rango.
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La inseguridad ciudadana en Perú representa un desafío crítico para los pequeños negocios, especialmente para los micro y medianos emprendedores. Con un aumento del 86,1% en la percepción de inseguridad y un alto costo económico asociado a la criminalidad, muchos dueños se ven obligados a destinar recursos a medidas de seguridad y, en algunos casos, a ceder ante extorsiones. Esto no solo afecta su rentabilidad, sino que también frena la reactivación económica del país. Es esencial que las autoridades actúen para restaurar la seguridad y fomentar un entorno más favorable para el desarrollo empresarial.
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El artículo aborda la problemática de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Perú, destacando el fracaso del proceso de formalización debido a la débil gestión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la falta de fiscalización por parte de los gobiernos regionales. Se señala que, a pesar de los esfuerzos, la informalidad y las actividades ilegales han persistido, superando incluso al narcotráfico en términos de ingresos ilícitos. Se resalta la necesidad de fortalecer la rectoría del Minem, asignar mayores recursos y establecer mecanismos efectivos de control y trazabilidad para asegurar un proceso de formalización exitoso. Sin estos cambios, el proyecto de ley actual corre el riesgo de ser insuficiente frente a los grandes intereses económicos en juego.
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La inseguridad ciudadana afecta gravemente a los pequeños negocios en diversas zonas del país, especialmente en Lima y otras ciudades, donde el cobro de cupos es una práctica recurrente. Los negocios son obligados a pagar extorsiones para poder operar, lo que genera grandes pérdidas económicas. Estos cobros ilegales, realizados principalmente por bandas delictivas, impiden la recuperación económica, ya que muchos negocios se ven obligados a cerrar por temor a represalias. Los comerciantes pequeños son los más vulnerables, enfrentando altos riesgos en su intento de reactivar sus actividades tras la pandemia.
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El reto principal radica en mejorar la gestión pública, no solo en términos de inversión, sino también en cómo se manejan los recursos naturales y se fomenta el desarrollo sostenible. Este es un llamado urgente a las autoridades para que enfoquen sus esfuerzos en crear un entorno donde tanto la economía como el medio ambiente puedan prosperar simultáneamente.
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El artículo que nos habla sobre la formalizacion minera en una encrucijada, es un tema muy complejo y preocupante, complejo porque no sólo está involucrabo el Mínimo, sino también los Gobiernos Regionales. Habiendo una mala gestión por ambas partes a mi parecer.
La minería artesanal y de pequeña escala es la más preocupante pues de los cerca de 80 mil registrados por las autoridades, solo 2 mil de ellas han llegado a ser formalizadas.
Nos habla además de un reforzamiento de la rectora del Minem pues la única medida que toma ante este caso es dar más plazos y no hacen nada por mejorar la situación. Por su lado los Gobiernos Regionales no cuentan o no realizan un proceso de fiscalización como se debería, pues no hacen seguimiento y su proceso es deficiente.
En mi opinión, se debería tomar medidas mucho más rígidas ya que muchos de estos negocios de minería artesales que son informales están dando paso a la formación de negocios ilegales, que no favorecen para nada al país y que afectan tanto a los pobladores como a la minería en general, una de las principales fuentes de poder, después del congreso.
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El artículo refleja un panorama crítico de la economía peruana, destacando que la recesión y el decrecimiento del PBI en 2023 (-0.4%) evidencian una crisis estructural que el Estado no ha sabido gestionar. La OCDE subraya que factores internos, como la ineficacia política y las protestas sociales, junto con externos, como la guerra en Ucrania y los fenómenos meteorológicos, han frenado el crecimiento. Aunque el gobierno ha intentado relanzar la inversión en infraestructura, la falta de coordinación y la alta rotación a nivel subnacional limitan los avances, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de una estrategia económica más efectiva.
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El tema de la inversión publica es bastante complicado ya que la inversión pública en Perú, que ha aumentado de S/3.000 millones en 2004 a más de S/56.000 millones en 2024, no ha sido suficiente para cerrar las brechas en infraestructura y servicios básicos. Esto subraya la necesidad de evaluar la gestión de recursos más allá de la simple ejecución del gasto, dado que mayor gasto no implica necesariamente una mejor utilización.
El Índice de Eficiencia en la Inversión Pública (ILEI), desarrollado por Videnza, ofrece una perspectiva integral sobre la gestión de la inversión en municipalidades, evaluando 872 entidades. En la última evaluación, Callao, San Martín y Santa se posicionaron como las más eficientes, mientras que Huancavelica, Cañete y Huancayo enfrentan importantes desafíos en la programación y gestión de proyectos.
La liquidación de proyectos es crítica, ya que permite que los activos generados comiencen a ofrecer servicios públicos, facilitando así el cierre de brechas sociales. Sin embargo, solo Tacna y Coronel Portillo han liquidado más de la mitad de sus proyectos, mientras que en provincias como Pasco y Lima, solo se liquida uno de cada diez.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de mejorar no solo en la ejecución de inversiones, sino en la eficiencia y la planificación de las mismas para realmente impactar el desarrollo regional.
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El texto resalta el importante logro del Perú al mantener una inflación de un solo dígito durante más de 27 años, un récord regional que refleja la solidez de su política monetaria. Este éxito es atribuible, en gran parte, a la autonomía del BCRP, consagrada en la Constitución de 1993, y a la implementación del Esquema de Metas Explícitas de Inflación. La estabilidad inflacionaria ha sido fundamental para proteger el poder adquisitivo de las familias, generar confianza en la economía y fomentar la inversión. El contraste con la hiperinflación de los años 80, cuando los precios crecían descontroladamente, destaca el progreso logrado. Aunque en ocasiones la inflación ha superado el rango meta debido a factores externos, el BCRP ha tomado medidas oportunas para contener sus efectos y mantener la estabilidad económica.
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Perú ha decidido imponer derechos antidumping sobre la importación de tafetán chino, una medida que busca proteger la industria textil nacional de prácticas comerciales desleales. Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio de tensión comercial y esfuerzos por equilibrar el mercado interno frente a la competencia extranjera. La aplicación de estos derechos adicionales refleja una postura defensiva para evitar el daño económico a los productores locales, quienes han enfrentado dificultades para competir con los precios más bajos de los productos chinos.
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El artículo expone una problemática significativa en la gestión pública. Resalta que múltiples proyectos en las provincias de Cusco, Puno y Ayacucho han experimentado incrementos sustanciales en sus costos originales, algunos superando el 50%. Esto evidencia ineficiencias en la planificación, supervisión y ejecución de obras públicas, afectando tanto la calidad como la confianza de la ciudadanía en la gestión gubernamental. Además, sugiere una urgente revisión y mejora en los mecanismos de control y transparencia.En conclusión, la problemática de los sobrecostos en proyectos de inversión pública, como se menciona en el artículo, es un reflejo de la falta de control, transparencia y planificación adecuada. Para abordar esta situación, es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización y asegurar que las obras públicas se desarrollen dentro de los presupuestos estimados, garantizando así la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y la confianza pública. Solo con una gestión más rigurosa y transparente se podrá evitar la repetición de estos sobrecostos y mejorar la calidad de los proyectos entregados.
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Es realmente sorprendente cómo los importadores han buscado maneras de eludir las medidas antidumping impuestas inicialmente, alterando simplemente el ancho del tejido. Es preocupante ver cómo este tipo de prácticas afecta a la producción nacional, incluso con la existencia de regulaciones tan específicas. El Indecopi ha tenido que ampliar las restricciones para frenar este intento de evasión, lo que demuestra lo difícil que es proteger el mercado interno frente a las importaciones masivas que no respetan las normas. Este tipo de subraya casos la necesidad de una vigilancia constante y de medidas cada vez más estrictas para evitar la distorsión del comercio. Definitivamente es un tema que merece más atención.
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Es evidente que la Amazonía enfrenta desafíos serios, no solo por los incendios forestales, sino también por el desaprovechamiento de su inmenso potencial económico y natural. Lo más preocupante es que, a pesar de las políticas implementadas, como la Ley de la Amazonía y los fideicomisos, los resultados no han sido suficientes para reducir las brechas. Asimismo, es frustrante ver cómo un área tan vasta y rica en recursos sigue siendo subutilizada, mientras otros países con menos terreno han logrado potenciar sus economías forestales de manera sostenible. La pérdida de bosques es alarmante y la solución no debería centrarse solo en la tala o quema para pequeñas parcelas. Es urgente repensar las políticas públicas, priorizar proyectos eficientes de infraestructura y crear incentivos que realmente promuevan el desarrollo
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Camisea es indudablemente un proyecto transformador para el Perú, cuyo impacto positivo en la economía y en la vida cotidiana de los peruanos es innegable. Sin embargo, el artículo también subraya acertadamente que el éxito inicial no debe ser motivo para conformarse, ya que aún hay grandes tareas pendientes. Si bien el gas natural ha aliviado la dependencia del diésel y reducido costos energéticos, el progreso en la masificación del gas natural es lento, especialmente cuando se compara con países vecinos, los cuales han logrado avances mucho mayores. Asimismo, el éxito de Camisea no debe ser solo un logro del pasado, sino una inspiración para continuar invirtiendo en la exploración de hidrocarburos, con miras a garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país a largo plazo.
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Mi comentario sobre el artículo es que ya tras 20 años del inicio de Camisea, viene siendo un momento propicio para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos que aún persisten. Este megaproyecto no solo ha transformado la matriz energética del Perú, sino que también ha permitido conectar a millones de hogares al gas natural, generando empleo y estabilidad económica. Sin embargo, La necesidad de ampliar la infraestructura y atraer inversiones es urgente para asegurar que más regiones se beneficien del gas natural. Es fundamental que el Estado fomente un ambiente de confianza para que el sector privado continúe invirtiendo en el desarrollo del país, garantizando así un crecimiento sostenible y equitativo.
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El artículo de la OCDE nos menciona que la economía peruana está enfrentando serios problemas, comparándola con una situación de «cuidados intensivos». La producción se ha ralentizado significativamente y se proyecta que el PBI decrecerá en un 0.4% este año. Además, el exministro Ismael Benavides sugiere que el principal problema es el Estado, indicando que la falta de una gestión eficiente y adecuada política económica podría estar exacerbando la situación. Este análisis refleja una perspectiva pesimista sobre las capacidades actuales del gobierno para enfrentar los desafíos económicos del país.
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El artículo resalta desafíos estructurales en la gestión y desarrollo de la Amazonía peruana y la inversión pública en el país. A pesar de los esfuerzos por impulsar el crecimiento en las regiones amazónicas, como las exoneraciones tributarias y la creación de fideicomisos, el progreso ha sido desigual. San Martín destaca como un ejemplo positivo, mientras que otras regiones, como Loreto, aún enfrentan grandes rezagos.
El gran potencial de la Amazonía, con sus vastos recursos forestales, contrasta fuertemente con su limitado aprovechamiento económico. El Perú sigue perdiendo miles de hectáreas de bosque cada año, mientras que países como Uruguay y Chile explotan mucho mejor sus recursos forestales. Este problema se agrava con la creciente deforestación impulsada por pequeños agricultores.
El tema de la eficiencia en la inversión pública también es preocupante. A pesar del aumento del presupuesto, se observa una gestión deficiente en muchas provincias, con sobrecostos alarmantes y un bajo índice de liquidación de proyectos. Esto evidencia que gastar más no garantiza un uso eficiente de los recursos. Es urgente mejorar la planificación, transparencia y ejecución de los proyectos públicos para cerrar las brechas sociales y de infraestructura, de manera que los fondos destinados verdaderamente impulsen el desarrollo de las regiones más vulnerables del país.
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La OCDE ha señalado que la economía peruana está en una situación crítica, y estoy de acuerdo en que el Estado juega un papel central en este contexto. La ineficiencia en la gestión pública, la corrupción y la falta de políticas coherentes han limitado el desarrollo sostenible del país. Estas deficiencias generan desconfianza entre los inversionistas y afectan directamente el bienestar de la población.
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Me parece sorprendente que Perú haya logrado mantener la inflación en un solo dígito durante tanto tiempo, especialmente si recordamos lo que ocurrió en los años 80 con la hiperinflación disparada. Esto muestra que la estabilidad económica y la autonomía del BCRP han sido fundamentales para cuidar el poder adquisitivo de las familias. Es una prueba clara de que mantener la disciplina económica realmente da resultados a largo plazo.
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En el sector residencial, a nivel nacional tenemos aproximadamente 2,2 millones de conexiones domiciliarias, lo cual equivale a algo más del 20% de las viviendas del país. Esto significa un buen nivel de drecimiento hacia la modernidad.
Gracias po el comenario. Éxitos profesionales
El 20 de agosto del 2004 marcó el inicio de la operación comercial de Camisea, un logro que fue posible gracias a la confianza de varios inversionistas extranjeros.
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Un buen an´çalisis. Hace 20 años comenzó el proyecto más emblemático del país de las últimas décadas: Camisea. Este megaproyecto es un ejemplo de cómo pueden trabajar conjuntamente el sector privado y público para sacar adelante iniciativas necesarias que beneficien a nuestro país. Las cifras hablan por sí solas, más de S/400.000 millones en ahorros para todos los peruanos, ya que nuestro gas natural llega a las familias de todo el país a través de la generación eléctrica, y en aquellas zonas donde se ha desarrollado las redes de distribución de gas natural, llega a través de la industria, el comercio, el transporte y directamente, a las viviendas.
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Esos primers puntos de la Agensa son vitales:
Fortalecimiento del sistema nacional integrado de protección al consumidor.
Mejora de la legislación y seguimiento del cumplimiento de la protección al usuario de servicios públicos regulados.
Seguimiento al cumplimiento de la protección de los consumidores frente a la publicidad engañosa.
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Sobre las barreras burocráticas, anotaron que se ha impactado a 2.600 personas a nivel nacional, 2.100 funcionarios, empresarios y ciudadanos y 500 a nivel regional fuera de Lima y Callao.. Valió la pena.
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